Según los informes Consentir el daño (gobierno de Guatemala) y Éticamente imposible (gobierno de Estados Unidos) entre 1946 y 1948, en Guatemala se realizaron experimentos que implicaron la inoculación deliberada de enfermedades de transmisión sexual a 1,826 personas. Estos fueron realizados por profesionales de la salud de Estados Unidos en acompañamiento y consentimiento de guatemaltecos.
Texto: Santiago Xitumul / Edición: La Linterna
Durante la campaña de la segunda vuelta electoral 2023, ha circulado desinformación para afectar al candidato Bernardo Arévalo, respecto a que su padre, el presidente Juan José Arévalo, tenía conocimiento de dichos experimentos.
Exfuncionarios en Guatemala y Estados Unidos de 2010 afirman que Juan José Arévalo no tenía conocimiento de lo que ocurrió, como la mayoría de funcionarios de Estado, porque «los documentos evidencian la intención deliberada de ocultar datos», explica la investigación.
Durante el gobierno de Juan José Arévalo, como parte de un experimento científico del gobierno de los Estados Unidos, que 1,826 personas, entre soldados, privados de libertad, personas internadas en el hospital psiquiátrico, trabajadoras sexuales y niñez en orfandad, se les inoculó deliberadamente con sífilis, gonorrea y chancro.
En redes sociales y por mensajes de WhatsApp se ha asegurado que el expresidente aprobó tales experimentos. La misma candidata presidencial, Sandra Torres, lo dijo durante un foro de presidenciables, lo cual, a la luz de los documentos con los que se cuenta, no es cierto. Aquí te contamos lo que se sabe hasta ahora.
Antecedentes de los experimentos
La penicilina fue descubierta gracias a los experimentos realizados por Alexander Fleming en 1928, pero, sería quince años después que se convertiría en un medicamento de uso universal. Es decir, a inicios de la década de los 40.
«La penicilina marcó el comienzo de la era de los antibióticos. Antes de su descubrimiento no existía un tratamiento eficaz para infecciones como la neumonía, la gonorrea o la fiebre reumática», se describe en un folleto conmemorativo de 1999 de la Sociedad Americana de Química (SAQ), respecto a la penicilina.
En dicho documento, la SAQ establece que por el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la penicilina tuvo un desarrollo amplio en Estados Unidos. Pero para que este antibiótico fuera de uso generalizado, pasó por una serie de investigaciones en que se atentó contra la salud y seguridad de diversas poblaciones.
El antecedente de los ensayos realizados en Guatemala se encuentra en Alabama, en Estados Unidos, En el ensayo de la Universidad de Salamanca (USAL), El experimento Tuskegge / Miss Evers’ Boys. Estudio de la evolución de la sífilis en pacientes negros no tratados de Agustín del Cañizo se establece que en 1932, el Servicio Público de Salud (SPS) de Estados Unidos realizó un estudio para evidenciar la evolución de la sífilis específicamente en la población negra en Tuskegee, Condado de Macon en el Estado de Alabama.
Lo ocurrido en Alabama es conocido como los experimentos de Tuskegee en donde se seleccionó a 400 hombres con sífilis y 200 sin sífilis. Según los médicos, para comparar la salud y longevidad de quienes estaban infectados con los que no.
«En ningún momento se les aplicó tratamiento a pesar de que la penicilina estaba disponible en la década de los 40», confirma el documento de la USAL.
Guatemala y el inicio de la inoculación
Fue en 2010, mientras investigaba en los archivos de la Universidad de Pittsburgh, sobre los experimentos de Tuskegge, que la médica Susan M. Reverby halló que en Guatemala hubo prácticas similares.
En un informe de 2011, Reverby describe las acciones dirigidas por el médico John Cutler del SPS y el subdirector de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP), antecesora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Cutler había participado, una década antes, en los experimentos de Tuskegge.
En Guatemala, durante la época de los 40 ya existía entre la comunidad científica el estudio del tratamiento con antibióticos, entre ellos la penicilina, según el doctor Carlos Padilla, director de Sanidad Pública de principios de los años 30.
Uno de los documentos del Fondo de Salud Pública que se encuentran en el Archivo General de Centroamérica de 1931, relata que el doctor Padilla, estableció unas «recomendaciones» respecto a lo ocurrido en la II Conferencia de Directores de Salubridad, en Washington:
«Como se nos indicara que el modelo del Servicio Sanitario de Alabama es aplicable a nuestras condiciones económicas y sociales… pase previa recomendación de la Fundación Rockefeller», describe Padilla, según el informe de la comisión presidencial para el esclarecimiento de los experimentos Consentir el daño hecho público en octubre de 2011.
«La experimentación con penicilina con enfermedades venéreas en Alabama ya no fue sostenible y se trasladó a Guatemala, aprovechando los vínculos de autoridades técnico-científicas…siempre bajo métodos de prueba en seres humanos», detalla el médico Rafael Espada en el prólogo de Consentir el daño elaborado durante el gobierno de Álvaro Colom, del que el mismo Espada fue vicepresidente.
Este informe salió a la luz luego de que en 2010, el mismo año que la científica lo descubrió, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, llamara a su homólogo, Álvaro Colom, para disculparse por lo ocurrido. Ambos mandatarios decidieron que era necesario crear una comisión para esclarecer los hechos.
Fue Espada, un reconocido cardiólogo en ambos países, designado para presidir la comisión, quien documentó para esclarecer lo ocurrido más de seis décadas atrás.
Las personas involucradas
La información sobre lo ocurrido se encuentra principalmente en la correspondencia de Cutler y es ahí donde se detalla las personas que fueron, de manera arbitraria y sin consentimiento, parte de estos experimentos.
Fueron parte de los experimentos 424 personas del “Asilo de Alienados”, 205 reos de la Penitenciaría Central, 524 soldados del Ejército de Guatemala, siete trabajadoras sexuales del Hospital de la Profilaxia Sexual, algunas fueron inoculadas por la bacteria o bien, que ya eran portadoras de las mismas.
De la niñez del Hospicio Nacional, 515 pasaron por pruebas serológicas al igual que 151 niños y niñas en Puerto de San José.
En las conclusiones del informe Consentir el daño se describe que al menos 10 médicos guatemaltecos y «un número indeterminado» de médicos estadounidenses estuvieron involucrados en los experimentos.
«Los documentos evidencian la intención deliberada de ocultar datos y desinformar a las autoridades superiores de la época», explica la investigación.
Jorge Solares, director ejecutivo de la comisión presidencial, comentó en el foro Aspectos éticos de la investigación de sífilis en Guatemala, realizado en 2013, que en el caso de Guatemala hay dudas respecto a todos los responsables. «Ya que existe la nómina de las autoridades de Salud de la época, pero no hay ninguna que diga quién autorizó los experimentos».
«Hay que tener cautela para no señalar a alguien que solo por ocupar un cargo en la administración, se le declare culpable», afirmó Solares en el foro realizado ese año en el hotel Tikal Futura.
Esto fue compartido por José García Noval, al comentar, en el mismo encuentro de profesionales, que tanto Consentir el daño y Éticamente imposible informe realizado por el Gobierno de Obama, sobre el caso, señalan a personas como responsables sin prueba de que lo hayan sido.
En el informe guatemalteco sí se describe que «los documentos de archivo ponen de manifiesto el consentimiento, colaboración y en muchos casos el servilismo de autoridades guatemaltecas de nivel intermedio en el ámbito de la salud pública».
Además, hace énfasis en que estos nombres responden a una forma de trabajo de otras instituciones médicas estadounidenses como el Servicio Público de Salud de EE.UU, el Laboratorio de Búsqueda de Enfermedades Venéreas (LBEV), la Surgeon General, y la Oficina Sanitaria Panamericana.
Estos son los funcionarios de salud pública que participaron o estuvieron informados de dichos experimentos, según el informe realizado por el Gobierno de Guatemala.
Arévalo y la desinformación
Cuando Bernardo Arévalo pasó a segunda vuelta, el 25 de junio, inició una ola de desinformación en la que se afirma que su padre, Juan José Arévalo Bermejo, fue responsable delos experimentos. Incluida la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, quien lo dijo públicamente en un foro la noche del 14 de agosto.
«Tal vez la candidata debería leer el informe que salió durante su gobierno porque está la lista de los nombres de las personas que sabían y claramente dice que eso nunca llegó a conocimiento de las más altas autoridades», le increpó el hijo del expresidente a la contendiente de la UNE durante el foro.
«Le vamos a enviar a la candidata el informe firmado por su marido para que se entere de cual fue la realidad», finalizó.
Ciertamente, hasta ahora, las investigaciones revelan que el expresidente desconocía lo que aconteció durante su mandato.
Según la doctora Susan Reverby, en una entrevista publicada por Prensa Libre en octubre de 2010, no hay documentación que evidencie que Arévalo (padre) tenía conocimiento de ello.
«Quienes ayudaron a llevar a cabo el estudio estaban a cargo de la Sección de Enfermedades de Transmisión Sexual del Departamento de Salud de Guatemala. Si había alguien más arriba de ellos, no consta en los archivos que revisé», afirmó la experta estadounidense.
El exvicepresidente Rafael Espada, comentó a La Linterna la importancia de revisar los informes realizados. «Le están dando un giro político al perjudicar a Arévalo [hijo] al hablar mal de su papá, cosa que no tendría que ser así. En los documentos está muy clara la información».
Esta opinión también fue compartida por exfuncionarios del Gobierno de Arévalo (padre), luego de que se hicieran públicos los experimentos. En una nota del Diario de Centroamérica del 4 de octubre de 2010, Óscar Barrios y Alfonso Bauer, expresidente del Congreso y exministro de Economía y Trabajo, respectivamente, afirmaron que en aquel tiempo no se conocía nada de los experimentos.
El caso en la actualidad
En 2015, 774 sobrevivientes y familiares de las personas que fueron parte de los experimentos, pusieron una denuncia contra la Universidad John Hopkins, la Fundación Rockefeller y el grupo farmacéutico Bristol-Myers por su participación en los experimentos. Dichas organizaciones rechazaron su participación.
«Busca incorrectamente asignar “culpabilidad por asociación” en ausencia de compensación por parte del gobierno federal de los Estados Unidos», explica un artículo de CNN en Español de un comunicado de la Fundación Rockefeller de ese año.
También, en 2015, tras la denuncia de los familiares de las víctimas, en Guatemala, el vicepresidente Alfonso Fuentes Soria, afirmó en una conferencia de prensa que se buscaba (en Estados Unidos) un resarcimiento económico y moral a tres familias de las personas afectadas.
En 2019, un juez de Maryland, dictaminó que las instituciones antes mencionadas deben enfrentar proceso judicial por mil millones de dólares por su involucramiento en los experimentos.
