Desde una realidad más concreta, los movimientos de la fiscal general Consuelo Porras denotan un frenesí de venganza, pero de cierta forma calculado.

La captura y criminalización del ex presidente y del ex tesorero de 48 cantones, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, respectivamente, constata esta semana que el Ministerio Público nunca le ha apostado a jugar al ajedrez, ni a un juego de RPG por turnos, porque ni siquiera detecta un contrincante o acaso algún enemigo amenazante, más allá del tiempo que se le agota.

El presidente Bernardo Arévalo, mientras tanto, juega a la pasividad, al respeto a las formas y al discurso democrático. Su campo de batalla —si es que existe— se desarrolla desde una especie de multiverso donde las normas constitucionales, en efecto, se acatan. Arévalo gobierna en una dimensión desconocida de justicia.

Desde una realidad más concreta, los movimientos de la fiscal general Consuelo Porras denotan un frenesí de venganza, pero de cierta forma calculado. Se asoma, cada cierto tiempo, para medir qué tanto le dejan ampliar sus propias limitaciones, y respaldada por una dictadura jurídica y altos jueces pro impunidad, se atreve a dar pasos cada vez más cercanos a una quimera de derrocamiento.    

Sin pruebas concretas de fraude electoral, sin lograr llevar las elecciones de 2023 ante un tribunal, el desquite imperioso de Consuelo Porras a cargo del Ministerio Público se ha orientado —como ojo de Sauron en llamas— contra quienes se organizaron para desafiarla y contrariarla en aquello de cuestionar el voto ciudadano.

El statu quo antidemocrático ha decidido imaginar “terroristas” dentro de las protestas ciudadanas de 2023.

Percibir “obstrucción a la justicia y la acción penal” en las manifestaciones pacíficas que se convocaron alrededor de la sede del Ministerio Público en defensa de la democracia.

Sospechar “instigación a delinquir” en las asambleas de los pueblos originarios de Sololá, Jalapa y Totonicapán, cuando en consenso colectivo salieron a las calles para proteger su voto.

Fantasear con el delito de “asociación ilícita” en el paro nacional que duró 106 días para exigir la renuncia de Consuelo Porras al vulnerar el último proceso electoral.

La organización indígena de 48 Cantones de Totonicapán, de momento, es la que más daño ha llevado. Dos de sus líderes ancestrales han sido capturados. En la lista de criminalización de la protesta social, le sigue la Alcaldía Indígena de Sololá, con la petición de retiro de inmunidad del ex alcalde Édgar Tuy, hoy gobernador de ese departamento.

La fiscalía mantiene en el misterio el nombre de otras dos personas a las que acusa de liderar, según comprendemos desde sus argumentos, algo como “una organización ancestral de crimen organizado”.

No son los primeros ni tampoco, al parecer, serán los últimos. Arévalo lleva meses observando, casi sin inmutarse, la caída de muchos de sus allegados y miembros de su partido: el maniatado legalmente Movimiento Semilla. La ex diputada Ligia Hernández fue procesada por el delito de financiamiento electoral no registrado. Pacheco, el ex presidente de 48 Cantones, ocupa (incluso tras su captura) el cargo de viceministro de desarrollo en el Ministerio de Energía y Minas. Eduardo Masaya, abogado y miembro de Semilla, fue capturado al intentar dar batalla por recuperar el Colegio de Abogados.

Tanto ellos, como ahora los líderes indígenas capturados que convocaron las protestas en defensa de la democracia, no son culpables de otra cosa que no sea atreverse a pelear contra una estructura que mantiene secuestradas las instituciones estatales en beneficio de quienes roban fondos públicos por oficio.

Arévalo fue electo para luchar por esa misma causa. Pero su abdicación de defender a los que lo defendieron siempre queda envuelta por el halo etéreo de sus palabras:

“El golpe del Ministerio Público no es un golpe solamente contra Luis Pacheco y sus compañeros de la Junta Directiva de 48 Cantones de 2023. No es un golpe solamente contra el liderazgo de los pueblos indígenas y ancestrales. Es un golpe artero contra el pueblo de Guatemala“.

O: “señores diputados y señoras diputadas, tienen ustedes en sus manos la posibilidad de impedir que esta gavilla de criminales siga actuando impunemente desde el Ministerio Público”.

Es lo que dice. Y se deslinda.

Al Ministerio Público, dentro de un sistema de justicia capturado, poco independiente, representante de una dictadura judicial, todavía le queda un año para jugar desde sus propias y por de más atípicas reglas. La venganza tiene tiempo, aunque poco. En el otro lado del tablero antidemocrático, mientras todo apremia, aún no hay claridad para que un Arévalo antagonista de por iniciada la partida.

Y el optimismo, quizás, en las próximas semanas, corresponderá a la protesta ciudadana 2.0.