Históricamente las comunidades indígenas han sido invisibilizadas, olvidadas, criminalizadas y reprimidas. La crisis sanitaria y financiera ocasionada por la COVID-19 a nivel mundial ha evidenciado y empeorado la situación para estos grupos que conforman alrededor de la mitad de la población y con quiénes el Presidente Giammattei aún no ha intentado tener un diálogo directo.

El 22 de mayo, ya transcurridos más de dos meses desde el primer caso de Coronavirus en el país, el presidente Alejandro Giammattei comenzó a gestionar reuniones a las que llamó Consejo de Estado con diferentes actores de la sociedad civil, incluidos el Procurador de la Derechos Humanos, miembros del sector privado organizado, pastores evangélicos y representantes de la Iglesia Católica.

Sin embargo, la convocatoria no incluyó a ningún representante de los pueblos originarios. Ni a esa primera reunión, ni a la segunda del 5 de junio donde se presentó la Comisión Presidencial Contra el Coronavirus (COPRECOVID), ninguna etnia maya, xinka o garífuna fue invitada como parte de las nuevas mesas colaborativas del Ejecutivo y las discusiones de reforma constitucional al sector justicia.

Ante la omisión del Presidente, algunos líderes de las comunidades indígenas expresan:

“Queremos pedirle formalmente al Gobierno que incluya, entre las personas que tienen libertad de actuar, la figura de las autoridades indígenas, de las comadronas y de los curanderos que practican la medicina maya, aunque no seamos funcionarios públicos buscamos que se reconozca el trabajo que hacemos. En las disposiciones se incluye a los repartidores de comida rápida, pero nosotros vivimos a 40 kilómetros del casco urbano, no vamos a pedir comida”, expone Miguel Abil, autoridad ancestral del pueblo Ixil en Nebaj, Quiché.

El sentimiento de exclusión se materializa en las disposiciones dictadas con el fin de evitar contagios, según expuesto por miembros de diferentes pueblos indígenas. Sobretodo el no reconocimiento de las autoridades indígenas ni de quienes practican la medicina maya ─como las comadronas y los curanderos─ dentro del personal esencial que puede incumplir el toque de queda, a pesar del rol fundamental que juegan en sus comunidades.

Estas actitudes han provocado que algunas poblaciones indígenas se auto-organicen y consideren que el Presidente Giammattei no les representa:

“Nosotros en Totonicapán cuando conocemos las disposiciones, entendemos que él es un presidente para un sector de la población y que atiende esas necesidades. Consideramos que es muy sectorizada la forma en que él comunica y que esa la razón por la que no hay información específica sobre la enfermedad en los idiomas”, dice Andrea Ixchíu, activista maya k’iche, ex autoridad de Recursos Naturales de los 48 cantones de Totonicapán.

Los pueblos indígenas sobreviven la pandemia sin apoyo estatal

Aunque las palabras invisibilizar o invisibilización no existen como verbos, según la Real Academia Española (RAE), lo que sucede con el 43.8% de los guatemaltecos indica lo contrario. Según el Censo poblacional de 2018, ese es el porcentaje de población indígena en Guatemala, pero en el gabinete de Gobierno del país actualmente hay una sola funcionaria garífuna, entre 15 hombres ladinos de los 14 ministerios, más el Presidente y el Vicepresidente.

“Ha habido una relación histórica de invisibilización del Estado y de los Gobiernos hacia los pueblos indígenas, que tiene que ver con el racismo estructural sobre el que está construido el Estado guatemalteco. Una negación permanente desde nuestra existencia, hasta la negación permanente al acceso a los servicios públicos, aún cuando somos una población mayoritaria que tributa y que genera ingresos para el PIB del país”, expone Andrea Ixchíu. 

Esta desigualdad se representa también en que el 43% de la población indígena en Guatemala se encuentra en el estrato económico más bajo de la sociedad, respecto a un 19% de la población mestiza en esta posición de acuerdo con el informe “Entre el suelo y el cielo”, presentado por Oxfam en marzo 2019.

Para atender la crisis por la COVID-19 por el Ejecutivo lanzó 10 programas de ayuda, dos están dirigidos solo para las viviendas con energía eléctrica y quién tenga acceso a los recibos. Hay otros tres enfocados en los empleados del sistema de salud pública, los trabajadores informales de áreas urbanas y otro para los empleados suspendidos por la crisis. Dos iniciativas están dirigidas a la niñez y el adulto mayor. Una para que las empresas puedan acceder a créditos bancarios. Y solo dos programas enfocados en alimentación y apoyo directo a las familias en pobreza: las cajas Juntos Saldremos Adelante y el programa de dotación alimentaria. Ninguno con pertinencia cultural.

“Dentro de la pandemia no se ha tomado en cuenta a las poblaciones indígenas, en los programas se puede ver que las comunidades rurales no tienen acceso por no tener luz, no tener internet o no formar parte de los listados ya establecidos. En puntos como el occidente y la parte norte del país, nos han denunciado que no han recibido la ayuda. Ninguno de los 10 programas ha tenido impacto directo para con los pueblos indígenas”, dice Byron Paredes, defensor de Pueblos Indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Las justificaciones gubernamentales ante la exclusión de los pueblos

Sobre los problemas expuestos por los diferentes miembros de las comunidades indígenas el ex secretario de comunicación de la Presidencia, y ahora viceministro de Cultura y Deportes, Carlos Sandoval, aseguró que se han elaborado más de 483 piezas en idiomas mayas, desde la Academia de Lenguas Mayas. Esta ha sido la única noción de inclusión de los pueblos originarios durante la pandemia. 

Según Sandoval, la información se encuentra en la página web de la Academia y se ha abordado: “el tema COVID, lo relacionado con los programas de apoyo a las familias vulnerables y de todo lo que se tiene contemplado para apoyar a las familias guatemaltecas.”

Carlos Sandoval listó al menos 27 radios departamentales en las que se han reproducido los mensajes. No-Ficción visitó y buscó el contenido mencionado (COVID-19 y Coronavirus) por Sandoval en la página de la Academia de Lenguas Mayas pero solo hubo dos resultados, de comunicados escritos y ninguno multimedia, y el sitio web de esta entidad se muestra “en renovación”, aunque sí permite navegar.

El defensor de pueblos indígenas, Byron Paredes, reconoce la existencia de los mensajes traducidos, pero asegura que no ha habido difusión efectiva.

Se cuestionó a la comunicación del Presidente Giammattei sobre los reclamos de los grupos indígenas que han denunciado que sus costumbres y pensamientos no han sido tomados en cuenta dentro de las disposiciones. El hoy viceministro de Cultura respondió:

─El Presidente de la Nación busca integrar todas las opiniones correspondientes para tomar una decisión de cuál va a ser el rumbo del país. Sobre todo, porque no hay un manual escrito de cómo enfrentar el COVID y qué medidas se deben de tomar. Las medidas no se basan directamente en un grupo objetivo, se basan en lo mejor para el país: en movilidad, salubridad, resguardo.

Por ejemplo, si usted me dice que no hemos tomado en cuenta a los sectores que tienen bares porque trabajan de noche y porque todos ellos tienen que ser escuchados… Claro que van a ser escuchados, en su momento. Porque el sector nocturno en este momento no está disponible y no está abierto. Y, sin embargo, y por lo mismo, no es el momento de ser escuchados.

─Pero, no se puede comparar al sector nocturno y ponerlo al mismo nivel del casi 50% de la población que conforma los pueblos indígenas…

─No, es que yo estoy poniendo un ejemplo. Porque a ellos (los representantes indígenas) sí se les ha escuchado, se han reunido con el gobernador.

Jordán Rodas, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), ve con preocupación que no exista representación de la población indígena maya, que conforma el segundo grupo mayoritario en el país, ni en el Consejo de Ministros ni en el Consejo de Estado. “Pretender a espaldas de los pueblos indígenas abordar problema nacionales es seguirnos equivocando e invisibilizando a este importante sector de la población”, expresa el PDH. 

En la reunión del “Consejo de Estado”, el único que cuestionó al presidente Giammattei al respecto fue Rodas, pero no recibió una respuesta del mandatario. Según relata el Procurador, su pregunta fue ignorada y se procedió a darle la palabra a otro invitado. Pero dos semanas después, el 5 de junio, no le permitieron participar de la segunda reunión del “Consejo de Estado” por “falta de espacio para mantener el distanciamiento social”.

Jordán Rodas asegura que fue invitado, y luego no recibido. El viceministro de Cultura dice que no fue convocado, a pesar de que Rodas contaba con la invitación, y que el espacio fue una limitante. Sin embargo, en las fotografías de esa reunión aparecen varios representantes del sector privado.

De la resistencia a la organización, y a un paso de la articulación

“Ningún gobierno del Estado guatemalteco ha reconocido ni entendido lo que es realmente el país: plural, multiétnico, con mucha riqueza cultural. Pero no solo en términos turísticos, también en conocimiento, experiencias y expresiones culturales”, explica Miguel Abil, autoridad Ixil.

Las comunidades indígenas mayas: Kakchiquel, K’iche, Ixil, Tz’utujil y el pueblo Xinca, incluidos y entrevistados en este reportaje coinciden en las mismas problemáticas y en la decadencia que ha resultado de la crisis por el nuevo coronavirus. 

Esto ha obligado a las diferentes autoridades de los pueblos indígenas a mantener el orden y el cumplimiento de las disposiciones gubernamentales, a través de diferentes métodos que no son los tradicionales, ya que las asambleas y reuniones no están permitidas para evitar contagios.

Según Miguel Abil, existe mucha confusión en todos los niveles, desde cómo acceder a los programas gubernamentales hasta “la falsa expectativa de que el Gobierno en cadena nacional aseguré que la ayuda está en camino pero que en los territorios que más lejos y arrinconados del país no llega esa ayuda”.

“Los programas sociales lanzados desde el Gobierno para los departamentos no han llegado a las personas que los necesitan. Hemos visto que los políticos los utilizan como brecha para que en tiempo de campaña, puedan decirle a la gente ‘yo te di una bolsa’”, denuncia la coordinadora del Parlamento del Pueblo Xinca en Guatemala, Emmy Gómez, en el oriente del país.

Aún cuando el Presidente Giammattei aparece en cadena nacional y asegura que el programa es exitoso, al momento de entrevistar a los beneficiarios, en las poblaciones indígenas ─sobretodo las rurales─ insisten en que a sus territorios no ha llegado ese apoyo.

Parte de la confusión alrededor de los mensajes presidenciales, según miembros de las diferentes etnias, se debe a la falta de información específica en los idiomas. Tanto en el pueblo Ixil como en los territorios que forman parte de los 48 Cantones de Totonicapán se han dirigido esfuerzos propios para la traducción de las recomendaciones y disposiciones gubernamentales. Esto sucede, aún cuando el artículo cuatro de la Ley de Emergencia, manda a que la Academia de lenguas Mayas de Guatemala contribuya para que la información sea difundida en todos los idiomas legalmente reconocidos.

“Creen que por salir con un altoparlante, de comunidad en comunidad, hablando en español y diciéndole a la gente que se lave las manos por 20 segundos y use mascarilla ya han cumplido con la función de informar”, denuncia Andrea Ixchíu.

Ixchíu desde Totonicapán, coincide con la antropóloga y activista maya Kakchiquel de Chimaltenango, Sandra Xinico, al indicar que hace falta explicaciones de la COVID-19 en los idiomas maternos y en el contexto de las comunidades indígenas, los detalles sobre qué es la enfermedad, cómo funciona en el cuerpo, cuál es la sintomatología y los protocolos de atención, así como qué hacer en caso de un contagio y quiénes son los más vulnerables.

El acceso a información detallada y específica podría ayudar a las comunidades indígenas a tomar mejores decisiones y protegerse más efectivamente para no contraer el virus. Porque, como la PDH ha constatado, existe mucho desconocimiento de la enfermedad al punto de que debieron intervenir en un intento de linchamiento en la aldea Xejuyup en Sololá.

“Falta información en contexto para comprender que nuestra cultura cambió, que aunque tenemos la práctica de acompañarnos y visitarnos esto no lo tenemos que hacer porque pone en peligro nuestras vidas. Explicar que este cuidado es personal pero también comunitario, y por qué hay que cuidar más a los ancianos y las ancianas que son de mucho valor en nuestras comunidades”, insiste Sandra Xinico,

Transmitir las cadenas nacionales solo en español ha significado confusión. y en algunos casos ha provocado pánico, como sucedió en el pueblo Tz’utujil en Sololá.Yamanik Cholotio, maya tz’utujil de esta comunidad dice: “ver las imágenes de personas muriendo en la calle o ataúdes transportados por personas con trajes especiales, asustó a muchas personas”. 

Esta situación, alimentada por el temor y el anuncio de un cierre parcial del área de salud, generó reacciones violentas que provocaron que la comunidad de Santiago a la orilla del lago de Atitlán quedara incomunicada y sin personal de salud. Las autoridades acordaron reabrir los servicios de salud en menos de tres días. 

A pesar de las disposiciones estatales que no toman en cuenta la pertinencia cultural, los líderes indígenas han buscado guiar y concientizar a la población de las comunidades. El Pueblo Xinca, por ejemplo, ha adoptado reuniones virtuales por internet para organizarse; en Totonicapán la comunicación se apoya a través de volantes denominados “mosquitos”; y en Nebaj se buscó el apoyo de los jóvenes de la Universidad Ixil para hacer las traducciones necesarias.

Aunque aún no existe un frente unido de comunidades mayas ni de comunidades indígenas, ya se iniciaron las conversaciones y los acercamientos que no han podido madurar con mayor velocidad por la crisis sanitaria generada por el nuevo Coronavirus. 

El miedo de los pueblos excluidos ante la presencia de su histórico agresor

A la necesidad de información se le suma la estrategia del Gobierno de Alejandro Giammattei de utilizar al ejército para repartir las cajas del programa de ayuda “Juntos saldremos adelante”. “El reciente conflicto armado en la historia de Guatemala demanda (a través de los Acuerdos de Paz) que se tomen consideraciones históricas a la hora de poner a un pueblo oprimido frente a su opresor, por el impacto que esto tiene sobre las comunidades, explica Alejandra Colom, antropóloga y catedrática universitaria que ha trabajado de cerca con poblaciones indígenas.

Los cinco de 26 pueblos originarios que hay en el país, incluidos en esta publicación coincidieron en que es re-victimizante utilizar soldados para entregar alimentos y acordonar comunidades indígenas enteras. Desde el conflicto armado que duró 36 años con comunidades arrasadas, pasando por la masacre de la cumbre de Alaska en octubre de 2012 en la que murieron seis miembros de 48 Cantones en Totonicapán, e incluyendo la resistencia al proyecto minero El Escobal por parte del pueblo Xinca en Jalapa que ha sido criminalizada desde 2013, la población indígena de Guatemala ha sido oprimida y agredida históricamente por miembros del ejército.

“No hay palabras para expresar lo que esto representa, pero es una ofensa que nos hace recordar y nos pone en manos de nuestros victimarios. Nuestra gente lo recibe no por estar conforme, sino por miedo. Existe el pensamiento de que es mejor callarse porque de lo contrario hay represión”, dice Miguel Abil.

“El gobierno con su aparato de propaganda para el ejército intenta vendernos la idea de que el temor al ejército garantiza seguridad. Es una relación que somete a la gente, que sabe que cuando hay un soldado en la comunidad nadie se va a animar a hacer nada, porque matan. A mí me molesta y me ofende, personalmente, me parece terrible y una estrategia para justificar estos ejércitos armados” considera la activista k’iche, Andrea Ixchíu.

En Patzún, el primer municipio puesto bajo un cordón sanitario ante un posible contagio comunitario que aún no ha sido comprobado, la población considera que el despliegue militar fue “muy simbólico”. Según Sandra Xinico, en el territorio “hubo comunidades arrasadas durante el conflicto armado interno, que tuvieron la misma sensación al estar rodeados y con toque de queda, lo que provocó más estrés en las personas. Yo siento que fue malintencionado y con intención de controlar a la población”.

No existe interés por incluir y atender a la población indígena

Aún no existe ningún puente directo entre el presidente Giammattei y los líderes indígenas, aunque el Gobierno asegure que sí se les ha escuchado.

“Tenemos un contacto con un secretario de la Vicepresidencia, no es directo, pero tenemos propuestas que estamos elaborando y vamos a intentar que sean factibles y posibles, pero -acercarse al Gobierno- es muy difícil”, expone el líder ixil, Miguel Abil. 

Ante la situación que presenta el viceministro Sandoval, los gobernadores ─junto con los alcaldes─ según la autoridad ancestral Ixil, no son una opción: “a nosotros no nos quieren ver ni nos quieren escuchar, las autoridades locales no quieren entendernos y no nos consideran un aporte, sino que nos ven como una competencia”.

La PDH ha estado activa desde la defensoría de los pueblos indígenas, aunque las denuncias formales han sido pocas y el margen de acción de la institución es muy limitado. “Hemos recibido denuncias por hambre y pobreza, por violencia selectiva, como vapuleos y linchamientos, también hay denuncias por falta de servicios de salud, de información y de servicios laborales. Entre otras cosas que no han sido en el marco de la pandemia”, explica el defensor Byron Paredes. 

Desde el Congreso de la República, la diputada Vicenta Jerónimo del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) asegura que existen esfuerzos por apoyar a las comunidades indígenas pero que no hay suficientes diputados interesados que los respalden.

“El sistema de Guatemala no tiene una política para responder a los pueblos indígenas, en general con o sin crisis de Coronavirus. Se han aprobado varios presupuestos y préstamos en el Congreso para que se ejecute en la red de salud y en los programas para la crisis, pero aún así han colapsado los hospitales y la ayuda no ha llegado”, denuncia la diputada Jerónimo.

La diputada es indígena del pueblo Mam. Ella mantiene comunicación con las autoridades de su comunidad y recibe denuncias sobre la politización de la ejecución y entrega de la ayuda, en lo que coincide con las denuncias de la población Xinca. Aunque Vicenta Jerónimo ha cuestionado a las autoridades del Ministerio de Desarrollo y de Agricultura, no ha recibido respuesta sobre cómo se eligen los listados ni quiénes serán los beneficiarios.

Hubo intentos por conocer los esfuerzos estatales destinados a la traducción de la información desde el inicio de la pandemia, por parte del diputado Aldo Dávila, del partido WINAQ. Sin embargo, el 5 de marzo ─antes del primer caso por Coronavirus en Guatemala─ el ex viceministro de salud, Rodolfo Galdamez, no le supo responder ni cuántos idiomas hay en el país. Dávila insistió y se molestó por las respuestas y la asistencia tardía del funcionario, lo que escaló en ataques del presidente Giammattei hacia el diputado Dávila, al que llamó “esperpento” en cadena nacional.

Jordán Rodas, PDH, explica que se han violado distintos derechos de la población indígena. Desde el derecho a la información, ya que “no conocen realmente por qué les piden estar encerrados tanto tiempo”. También el derecho a la alimentación que se ve afectado por el encierro y la falta de oportunidades laborales, lo que suma también el derecho al trabajo que ha sido vulnerado por la pandemia, “no ha sido posible que los programas lanzados para este propósito lleguen a esta población”. Y luego el derecho a la educación durante la crisis que en el área rural no se puede comparar con las áreas urbanas donde hay internet y opciones virtuales.

“Si no se incluye a los pueblos indígenas, se corre un gran riesgo de que las disposiciones para evitar contagios no sean efectivas. No solo por falta de conocimiento sino también por no considerar las condiciones reales: como puede ser no tener agua para lavarse las manos”, considera el PDH, Jordán Rodas.

Mientras todos los trámites y esfuerzo burocráticos ante la COVID-19 avanzan en los organismos ejecutivo y legislativo, sólo algunas comunidades indígenas cuentan con centros de salud funcionando, pero la mayoría sigue viviendo con miedo, confusión, sin saber cuándo llegará la ayuda, o los contagios, y aún más grave: en medio la pobreza y el hambre. 

Y aunque los pueblos indígenas siguen en resistencia, organizados y en la mayoría de casos siendo autónomos e independientes del Estado de Guatemala, el reconocimiento y la inclusión sigue siendo una de las luchas principales para esta población, incluso más importante durante una pandemia.

“Queremos que se nos tome en cuenta, pero no como que nosotros somo pobrecitos, no. Sino ver que nosotros también sabemos y pensamos, que podemos aportar al país. Se habla de convocar a mente brillantes, pero las mentes brillantes no son solo los que fueron a la universidad. ¿Y nosotros no tenemos mente pues?”, expresa el líder ixil, Miguel Abil.