Un atentado violento contra el ambientalista Ramiro Lara y la condena, aunque menor, de un terrateniente por delitos ambientales en “El Carrizal” marcan una rara victoria para los defensores del medio ambiente en Honduras, uno de los países más peligrosos para los que denuncian la deforestación en la región.
Poco antes de la medianoche del 15 de septiembre de 2023, cuatro hombres encapuchados y vestidos completamente de negro caminaron por un callejón al norte de la plaza central de Santa Rosa de Copán, uno de los municipios más grandes del occidente de Honduras.
Uno de ellos se adelantó en la oscuridad hasta quedar bajo la luz de un poste cercano. Luego se detuvo frente a la casa del ambientalista Ramiro Lara, sacó una pistola y disparó 22 veces contra la vivienda.
Lara y su familia dormían adentro, y una de las balas atravesó una ventana del segundo piso, en la que colgaba la bandera de Honduras. Más de una docena de proyectiles dejaron marcas en el marco blanco y en la pared pintada de color marrón. Cuando la policía llegó a la mañana siguiente, encontró una pila de casquillos de bala esparcidos frente a la casa.
En los meses previos al atentado, Lara había dedicado su tiempo a denunciar un aumento pronunciado de la deforestación en el municipio y sus alrededores, especialmente en una zona conocida como “El Carrizal”. Allí, miembros de la comunidad le habían pedido ayuda para presentar una denuncia contra un terrateniente que talaba árboles cerca de una microcuenca llamada “La Hondura”, la cual, según los activistas locales, abastece de agua a cerca del 25% de la ciudad.
Era un patrón vinculado al rápido aumento de la población en la zona, que comenzó poco después de la elección de Aníbal Erazo Alvarado como alcalde de Santa Rosa de Copán. Desde que Alvarado asumió el cargo en 2010, la población del municipio ha crecido de poco menos de 40.000 habitantes a más de 70.000.
Este rápido crecimiento llevó a las autoridades municipales a ampliar los límites territoriales de la ciudad, lo que, según Lara y otros activistas, ha dañado el medioambiente y puesto en riesgo varias fuentes de agua, como “La Hondura”.
“Este problema de la pérdida de las áreas boscosas en los alrededores de Santa Rosa tiene una trayectoria de muchos años en el gobierno local y estamos hablando en este caso del alcalde”, afirmó un miembro del Instituto de Conservación Forestal (ICF) de Honduras, quien pidió el anonimato por razones de seguridad.
De hecho, decenas de fuentes consultadas por InSight Crime acusaron al alcalde Alvarado de encabezar una amplia red de corrupción integrada por actores poderosos que se han beneficiado de la expansión de la ciudad a costa de sus recursos naturales. Aseguran que el alcalde y otros empleados municipales entregan licencias y permisos de construcción a cambio de sobornos, terrenos y otros beneficios económicos.
Alvarado ha negado estas acusaciones, pero el atentado contra Lara evidenció los riesgos que enfrentan quienes se oponen a este modelo de desarrollo. Aunque él y su familia resultaron ilesos, el mensaje fue claro.
Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del medioambiente. Según la organización Global Witness, en 2023 el país registró la mayor cantidad de asesinatos per cápita de activistas ambientales, y al menos una docena de defensores del territorio fueron asesinados en 2024.
Grupos comunitarios locales y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condenaron el ataque. Y la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (ASONOG), donde trabajaba Lara, afirmó en un comunicado de prensa que el atentado buscaba silenciar sus esfuerzos por denunciar los abusos y malas prácticas de “ciertos actores poderosos” en la zona.
“Les causa incomodidad”, señaló ASONOG.
Orígenes humildes
Cuando se les pregunta a los habitantes de Santa Rosa de Copán por la familia Alvarado, muchos evocan con cariño los recuerdos de la famosa chanchita horneada que su orgullosa matriarca, María Olimpia Alvarado, preparó durante más de seis décadas en hornos artesanales de barro. Doña Olimpia, como era conocida con afecto, provenía de orígenes humildes y, según contó el alcalde en una entrevista con InSight Crime casi un año después del atentado contra Lara, ella le inculcó desde niño una fuerte ética del trabajo y un sólido sentido moral.
Su oficina está adornada con imágenes de ella. Mientras hablaba, detrás de él se veía una foto enmarcada de su madre frente a uno de sus famosos hornos. Sobre esta colgaba una gran pintura de las manos de su madre sosteniendo las patas cocidas de un cerdo que acababa de sacar del horno.
Su padre también era un hombre centrado, según contó el alcalde. Alvarado recordó un día en que, al pasar por una finca cercana de camino a casa, vio una mata de banano que sobresalía por encima de una cerca. Con su machete, cortó algunos frutos. Pero al llegar a casa, su padre lo reprendió —contó— y lo obligó a devolver los bananos a su dueño.
“Yo no le estoy enseñando eso”, recordó que le dijo su padre.
Desde ese momento, Alvarado entendió los valores que le querían inculcar sus padres.
Pero la vida no fue fácil. Alvarado tiene nueve hermanos y, tras la muerte de su padre cuando él tenía apenas nueve años, comenzó a trabajar para ayudar a su familia. Más adelante, asistió a clases nocturnas en una escuela pública de medicina mientras durante el día trabajaba en la construcción, cargando tráileres. No era mucho, dijo, pero era un trabajo duro, y le permitió ayudar a su madre y pagarse los estudios.
En uno de sus seminarios, recordó que un profesor les pidió a los estudiantes pensar qué querían hacer al graduarse. Alvarado tenía experiencia en la construcción y la medicina, pero su visión era otra: la política. En concreto, la política local.
“[Me dije a mí mismo] yo voy a ser la fuerza”, contó desde su despacho. “De donde vengo yo [y mi familia] hemos sido luchadores toda la vida”.
Tras terminar sus estudios, Alvarado consiguió un empleo como jefe de Desarrollo Social en la administración del entonces alcalde Juan Carlos Elvir. Y cuatro años después, en 2006, se convirtió en regidor municipal.
Durante su gestión, Alvarado aseguró que adoptó el hábito de mantener un contacto cercano con la comunidad, especialmente en el barrio Santa Teresa, donde creció. Caminaba por las calles, tocaba puertas, escuchaba quejas y trataba de elaborar propuestas para ayudar a sus vecinos, dijo.
En 2009, se postuló para la alcaldía. Su madre también estaba en la papeleta.
Cuando llegaron las elecciones, contó que muchos residentes le dijeron que votarían por el hijo de doña Olimpia.
“Entonces, gracias a mi mamá, también yo surjo de alcalde”, afirmó.
Una comunidad busca apoyo
Fue en agosto de 2023 cuando algunos pobladores de El Carrizal se acercaron por primera vez a ASONOG, la organización donde trabajaba Lara. Habían descubierto una zona de unas cinco hectáreas que había sido arrasada y querían que la organización de la sociedad civil alertara a las autoridades.
Los residentes dijeron a InSight Crime que, desde que Alvarado asumió la alcaldía, era cada vez más frecuente ver a contratistas y desarrolladores inmobiliarios talando árboles en Santa Rosa de Copán. Pero lo que más preocupaba a los habitantes de El Carrizal era que esta pérdida de cobertura arbórea ponía en riesgo cuatro fuentes de agua, entre ellas la microcuenca “La Hondura” y otras dos de las que dependía directamente la comunidad.
Dos pozos se encuentran en lo alto de las montañas que rodean El Carrizal, en Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras. Crédito: Parker Asmann
Las autoridades hondureñas declararon oficialmente a “La Hondura” como área protegida en 1988. Esto significaba que el municipio era responsable de salvaguardar la microcuenca y los recursos naturales que la rodean. En la práctica, esto incluía trabajar con otras entidades para desarrollar un plan de manejo y una campaña de reforestación, así como realizar actividades de vigilancia para prevenir la deforestación y la tala ilegal.
Santa Rosa de Copán cuenta con dos fuentes principales de agua: el río Higuito y la microcuenca “La Hondura”, que se alimenta de varios pozos subterráneos. Y a medida que la mancha urbana de la ciudad se expande, quedan menos espacios verdes con cobertura forestal. Esto ha generado mayor erosión del suelo y menor infiltración de agua de lluvia al subsuelo, lo que impide recargar los pozos y ha provocado una crisis hídrica.
Tras la reunión, ASONOG accedió a formar un equipo —del cual Lara pasó a formar parte— para apoyar a los pobladores. En una entrevista con InSight Crime, Lara explicó que su labor consistía en asesorarlos sobre cómo presentar la denuncia, organizar un comité ambiental e investigar quiénes vivían en la zona donde se estaba produciendo la deforestación.
Durante la investigación, Lara y su equipo centraron su atención en dos hermanos: Dennis y Hernán Sierra Valladares. Ambos trabajaban, en distintas capacidades, para una empresa de bienes raíces de Santa Rosa de Copán. Hernán fue identificado como el propietario del terreno. Pero Dennis no figuraba en ningún documento.
Además de ser una fuente importante de agua, “La Hondura” es un atractivo turístico, y según Lara, pensaban que los hermanos planeaban construir varias cabañas en las montañas que la rodean.
Fue por esa época que Lara recibió un recordatorio de lo peligroso que podía ser este trabajo. Una noche, dijo, recibió una llamada de Bayron René Hernández. Hernández era juez municipal de Santa Rosa de Copán, lo que lo convertía en la máxima autoridad del sistema judicial local y de todos los procesos judiciales —aunque eso no lo salvó después de sus propias faltas—. También era el “hombre de confianza” del alcalde Alvarado y un intermediario clave dentro de la presunta red de corrupción, según varios regidores entrevistados por InSight Crime.
La llamada fue extraña. Según Lara, Hernández le dijo que se estaba metiendo en un problema que no era de su competencia. Lo que él interpretó como una amenaza.
“Lo sentí como a la defensiva y queriéndome intimidar”, contó a InSight Crime.
Aun así, ASONOG y Lara siguieron adelante, y el 10 de agosto de 2023, un representante de la junta comunitaria de El Carrizal presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público. Días después, un equipo técnico de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, del ya mencionado ICF y de la unidad ambiental de la alcaldía visitó la zona y constató que unas tres hectáreas de bosque habían sido taladas.
Los inspectores también se encontraron con Hernán Sierra, uno de los dos hermanos bajo sospecha. Le informaron de la denuncia y le preguntaron si contaba con los permisos correspondientes para talar árboles. Él respondió que no, por lo que las autoridades le ordenaron la suspensión de los trabajos.
La semana siguiente, las autoridades recibieron otra denuncia sobre un grupo de personas que talaban árboles en la misma zona. Regresaron, esta vez acompañadas de la policía, y nuevamente encontraron a Sierra. Los agentes le leyeron sus derechos, lo detuvieron y lo acusaron de explotación ilegal de recursos naturales.
Sierra negó los cargos y fue liberado poco después.
Aproximadamente una semana después, algunos hombres armados dispararon contra la casa de Lara.
“Fue una represalia”, dijo Lara a InSight Crime meses después del atentado. “Desafortunadamente está involucrado el personal vinculado a la municipalidad y mal llamados ‘inversionistas’ que están asociados con ellos”.
Pocas semanas después, Lara y su familia huyeron de la región.
Una municipio ‘verde’
Era una mañana fresca y parcialmente nublada cuando la corporación municipal de Santa Rosa de Copán celebró su última sesión pública de 2023. Un abogado, en representación de la empresa Inversiones La Roca, un proyecto de urbanización habitacional, asistió para presentar al alcalde Alvarado y a los 10 miembros de la corporación.
El sitio del proyecto se encontraba en el extremo noreste de la ciudad, justo al borde de la única carretera que conduce al vecino departamento de Lempira. La zona era conocida como el sector de la Sabana de Villa Belén, y el municipio la había catalogado como de “interés forestal”. Esta categoría —que equivale, en términos generales, a un área de conservación— tenía como objetivo proteger el bosque existente y evitar la expansión urbana no autorizada.
Por lo tanto, la empresa necesitaba la aprobación de la comisión municipal de infraestructura urbana antes de poder obtener las licencias y permisos necesarios para avanzar con la construcción. Los concejales municipales son los encargados de coordinar con esta comisión, y su labor de supervisión incluía, entre otras cosas, visitar el terreno antes de decidir sobre la viabilidad del proyecto.
Pero estos y otros mecanismos de control suelen ser cooptados y no han logrado frenar la deforestación. Desde que Alvarado asumió como alcalde en 2010, por ejemplo, la rápida expansión de la ciudad ha reducido a la mitad el tamaño de bosques protegidos como el que rodea Villa Belén, según contaron a InSight Crime activistas locales, habitantes y varios concejales.
Proyectos como este son los que, según Lara y otros ambientalistas, ponen en riesgo el suministro de agua de la ciudad.
“La ciudad tiene un gran problema de agua”, dijo a InSight Crime un funcionario de derechos humanos que pidió no ser identificado por razones de seguridad. “Aquí se recibe agua cada 12, 13, 14 días en las casas, […] y eso es insuficiente para el consumo humano”.
El tema surgió en el caso de Inversiones La Roca. Como parte de su propuesta, la empresa y la corporación municipal negociaron una serie de concesiones para proteger el medioambiente y garantizar el acceso al agua y otros servicios básicos en la zona. La compañía era propietaria de unas 21 hectáreas de terreno y pretendía desarrollar un poco más de la mitad. También propuso instalar un reservorio y definir un plan de reforestación para mitigar el impacto ambiental del proyecto.
La Comisión Ciudadana de Ambiente (COCAM), una organización de la sociedad civil que analiza proyectos que implican un cambio en el uso del suelo, también respaldó la propuesta, siempre y cuando se cumplieran las condiciones acordadas.
Para los regidores que se oponían, esto no resultaba sorprendente. Afirmaron que, en lugar de rechazar propuestas, la COCAM suele colaborar con la alcaldía para encontrar formas de aprobar proyectos urbanísticos, incluso cuando otras organizaciones de la sociedad civil advierten que podrían dañar el medioambiente. El resultado, según estos críticos, es que la COCAM carece de la autonomía necesaria para actuar como un ente de control eficaz.
Al final de la sesión de esa mañana, el alcalde Alvarado y los 10 concejales municipales votaron 7 a 4 a favor del proyecto habitacional.
Aunque la empresa accedió a ciertas medidas ambientales, organizaciones de base como ASONOG reaccionaron en contra cuando se conoció la aprobación. Cualquier desarrollo que destruya más zonas verdes, argumentaron, pone en riesgo a las futuras generaciones.
ASONOG argumentó que aprobar el cambio de uso del suelo en Villa Belén no correspondía al tipo de desarrollo sostenible que Alvarado había prometido. Tan solo dos semanas antes, el alcalde había declarado públicamente a Santa Rosa de Copán como un “municipio verde”. En cambio, señalaron, el proyecto abría la puerta a la destrucción de una parte importante de las ya deterioradas áreas verdes de la ciudad.
“Esta moción representa una burla a las aspiraciones y demandas de la ciudadanía para la preservación del ambiente”, afirmó ASONOG en un comunicado.
Muchos también sospechaban que algo más se cocinaba tras bambalinas. Según un funcionario de derechos humanos —que ha revisado muchas de las denuncias—, las autoridades locales habían recibido en los últimos años varias quejas sobre la manera arbitraria en que se otorgaban permisos y licencias para el desarrollo urbano.
Pero el alcalde no se inmutó. Aseguró que la nueva iniciativa priorizaría “la conservación del medioambiente, el desarrollo sostenible [y] la implementación de acciones concretas para mejorar la calidad de vida” de los habitantes.
Un defensor del territorio obligado a huir
Mientras el caso de Sierra avanzaba en el sistema judicial, Lara y su familia se trasladaron a más de 300 kilómetros de distancia, a Tegucigalpa, la capital de Honduras. Desde allí, Lara continuó su labor con ASONOG y monitoreó distintas amenazas contra los defensores del medioambiente en el occidente del país y en otras regiones. También siguió de cerca el caso en El Carrizal.
Según una copia del expediente judicial obtenida por InSight Crime, los investigadores habían reunido pruebas sustanciales contra Sierra. El ICF elaboró un informe técnico que indicaba que el terreno deforestado estaba solo entre 400 y 500 metros de la microcuenca “La Hondura”. Es decir, formaba parte del área protegida que rodea el sitio.
Técnicos de la unidad ambiental de la Fiscalía regional también inspeccionaron el terreno y determinaron que Sierra no contaba con los permisos correspondientes para talar árboles en esa zona. Al hacerlo, no solo se agravaba la erosión del suelo, sino que se ponía en riesgo directo el suministro de agua proveniente de la microcuenca.
La Fiscalía también recopiló testimonios de vecinos que indicaron cuándo se talaron los árboles y quiénes estuvieron involucrados. Además, obtuvieron fotografías tomadas en el lugar que mostraban decenas de troncos abandonados, así como una carretera de tierra que atravesaba una amplia zona prácticamente despejada de árboles. Sierra figuraba en toda la evidencia, y pronto sería sancionado por ello.
Mientras tanto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos asumieron el caso de Lara. Ambas comenzaron a recopilar la información necesaria relacionada con el atentado para presentar su solicitud de asilo ante las autoridades de Estados Unidos.
Pero el proceso avanzaba con lentitud. Fue un periodo difícil para él. Estaba preocupado por su familia y seguía trabajando en casos relacionados con Santa Rosa de Copán, donde organizaciones de la sociedad civil como ASONOG habían centrado su atención en otro caso cada vez más polémico: el proyecto habitacional en Villa Belén.
Pagar para aprobar
Durante la primera sesión abierta de 2024, la corporación municipal revirtió su decisión sobre el proyecto de urbanización en Villa Belén. Según explicó la corporación, el alcalde Alvarado tenía un conflicto de interés. En concreto, según documentos obtenidos por InSight Crime, el 8 de junio de 2022, el presidente de Inversiones La Roca vendió un terreno en Villa Belén a Josué Aníbal Erazo Otero, uno de los hijos del alcalde Alvarado.
A simple vista, no había nada irregular en el acuerdo, según el abogado que facilitó la compraventa. Pero una nota manuscrita —firmada y sellada con la huella dactilar del hijo del alcalde meses después— afirmaba que la transacción formaba parte de un intercambio de favores para la aprobación del proyecto de Inversiones La Roca.
“El 8 de septiembre de 2022, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, recibí una escritura de compraventa de un terreno a cambio del uso del suelo de 50 manzanas para Inversiones La Roca”, decía el documento obtenido por InSight Crime, el cual también contenía el sello del Instituto Municipal de la Propiedad.
El documento también respaldaba el reconocimiento público del alcalde sobre un conflicto de intereses durante la sesión municipal. La adquisición de un terreno en Villa Belén por parte de su hijo representaba un posible incentivo económico para que el alcalde votara a favor del proyecto.
“Esto es un acto de corrupción tremendo”, dijo el abogado a InSight Crime.
Ni el presidente de Inversiones La Roca, ni el abogado que representó a la empresa en el proyecto habitacional de Villa Belén, ni el hijo del alcalde respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por InSight Crime. El alcalde Alvarado tampoco respondió a una lista detallada de preguntas remitidas a él y a su despacho.
Mientras tanto, otros miembros de su administración también comenzaron a ser objeto de escrutinio. Más adelante ese mismo año, en noviembre de 2024, la policía de Santa Rosa de Copán arrestó a Hernández —el juez municipal y hombre de confianza del alcalde— mientras recibía lo que las autoridades calificaron como un soborno en efectivo de 100.000 lempiras (casi US$4.000).
Según la Fiscalía, Hernández trabajaba junto a un abogado local y exigía pagos a ciertos empresarios a cambio de agilizar la aprobación de permisos de operación. El abogado supuestamente buscaba “clientes” para Hernández y luego entregaba los pagos ilegales.
Alvarado destituyó rápidamente a Hernández. Este, quien se desempeñaba como juez municipal desde 2018, negó los cargos y fue liberado mientras espera el juicio.
Victorias pírricas
En octubre de 2024, Lara y su familia recibieron la noticia de que las autoridades estadounidenses habían aceptado su solicitud de asilo y serían trasladados a Costa Rica. Por un lado, sintió alivio al saber que su familia estaría a salvo. Por el otro, la idea de abandonar su país lo destrozaba.
“Llegaron a ese extremo y a uno le cuesta aceptar que por estar haciendo el bien […] hay personas que están dispuestas también a quitarle la vida”, lamentó Lara al recordar el atentado que obligó al desplazamiento de su familia.
“Es una lástima, pero esa es la realidad de las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente [en Honduras]”.Crédito: Parker Asmann.
Hubo un pequeño rayo de esperanza: Sierra fue condenado por delitos ambientales, y un juez lo sentenció a dos años de prisión y al pago de una multa de 10.000 lempiras (menos de US$400) por el caso de El Carrizal. Su equipo de defensa presentó varias apelaciones, pero la sentencia fue ratificada. Fue una victoria poco común para los defensores del territorio.
Aun así, nadie ha rendido cuentas por el atentado contra Lara, y las amenazas al medioambiente persisten en Santa Rosa de Copán.
Y, además, el alcalde Alvarado sigue en el poder. En las elecciones primarias de marzo de 2025, obtuvo 6.828 votos —el 84,7% del total—, y será el candidato del Partido Liberal cuando se postule por quinta vez a la alcaldía en noviembre de 2025.
Y aunque el proyecto de urbanización en Villa Belén fue rechazado por la corporación municipal en enero de 2024, cuando InSight Crime visitó la zona unos meses después, encontró decenas de árboles talados en el sitio y materiales de construcción esparcidos. Todo indicaba que las obras habían continuado de alguna forma, pese al fallo.
En Honduras, varios activistas dijeron a InSight Crime que las redes de corrupción que saquean el medioambiente con frecuencia cuentan con respaldo legal, económico y político para hacerlo abiertamente.
“Nos encontramos en un estado de indefensión”, dijo Lara a InSight Crime desde un lugar no revelado en Estados Unidos.
Publicado originalmente en InsightCrime
