El 20 de noviembre en la madrugada se aprobó en el Congreso de la República de Guatemala la Ley de Competencia. Es la primera con la que cuenta el país y una de las primeras victorias del gobierno de Bernardo Arévalo y de la bancada Semilla.

La noche de ayer fue histórica en el Congreso. Por primera vez, se aprobó la ley de competencia, que obligará al Estado a perseguir prácticas que las empresas han realizado durante décadas: fijar precios, repartirse mercados, organizarse para excluir competidores. Esto, a partir de ahora, será prohibido y podrá significar el pago de multas millonarias.

Tras muchos años de debate, Guatemala contará con una Ley de Competencia. Diputados y funcionarios se felicitan y celebran su victoria política. ¿Pero qué implicará exactamente este ley y qué no?

Lo primero: aún no conocemos el texto aprobado. Pero todo indica que la propuesta original de la Ley se ha mantenido.

Aparentemente, la ley no ha perdido “dientes”, ni sufrido cambios sustanciales. No es perfecta, pero sin duda, este ha sido un logro para el partido oficial y el presidente Bernardo Arévalo.

Los promotores de la ley la retratan como una medida que tendrá un impacto profundo en los consumidores. Se habla de bajadas de precios o el fin de monopolios.

Y sí, esto puede suceder porque es el fin último de la ley. Pero las cosas serán más complicadas.

La nueva ley no va regular los precios del pollo, el azúcar o los medicamentos, aunque estos puedan ser altos. Ni tampoco van a prohibir que una empresa se haga enorme y acapare un mercado prácticamente entero.

Es decir, que nadie espere inmediatamente medicamentos más baratos en las farmacias o gasolina a precios más accesibles. Tampoco el gobierno obligará, por ejemplo, a Cementos Progreso a vender partes de su negocio solo porque es una empresa enorme. Ni forzará que los azúcareros o los licoreros dejen de ser un cartel.

Lo que sí va a prohibir la ley son ciertas conductas. Será punible que dos o más empresas se repartan el mercado, fijen precios o cuotas, en vez de competir. También podría perseguirse que una empresa tome decisiones únicamente orientadasa evitar que le surjan competidores.

Además, se creará una nueva Superintendencia de Competencia, que será la encargada de investigar y probar que estas conductas están sucediendo y justificar por qué son dañinas para el mercado o los consumidores. Esto no será tarea sencilla.

Obviamente, las empresas se defenderán. Podrán negar las averiguaciones o argumentar que no causan mayor daño o que su conducta está justificada. Al final, será el directorio que la Superintendencia de Competencia el que decidirá quién tiene la razón. Y aún sus resoluciones podrán llevarse a los tribunales.

La eficacia de la ley dependerá de muchos factores.

Dependerá de si la nueva Superintendencia de Competencia cuenta con el personal y los recursos para investigar. También dependerá de quiénes integran el directorio de la nueva institución y si son independientes. Dependerá de si los tribunales interpretan bien lo que los legisladores han querido regular con esta ley.