Tras la salida del exfiscal Juan Francisco Sandoval de la FECI se generó preocupación e intensificaron los ataques en redes sociales hacía más operadores de justicia y otros actores. 

El 21 de junio de este año, los jueces Pablo Xitumul, Erika Aifán, Miguel Ángel Galvez y Yassmin Barrios se presentaron al Ministerio Público con una petición dirigida a la fiscal general solicitando que revisara las denuncias espurias y las desestimara. Los juzgadores resaltaron que aunque cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que deben cumplirse, siguen acumulando denuncias en el Ministerio Público (MP), lo que interpretan como hostigamiento y atentados contra la independencia judicial.

Desde que Jimmy Morales declaró públicamente non-grato en Guatemala a Iván Velásquez, ex comisionado internacional contra la impunidad (CICIG) en 2017, los retrocesos en la lucha contra la corrupción se han reflejado en diferentes instituciones y aspectos del sistema de justicia.

Lo que en 2015 se consideraba esperanzador, como la captura del presidente y la vicepresidenta, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, perdió fuerza y apoyo. Y durante el gobierno de Morales se preparó e inició con un plan para recuperar y continuar con la cooptación del Estado y de la justicia.

Con la llegada de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público y el final de CICIG en 2019, se inició con el desmantelamiento de la lucha contra la corrupción. Una avanzada que sigue hasta la actualidad con una fiscalía semi-inoperante ante los casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno actual o pasado, retrasos judiciales por acciones dilatorias en casos de alto impacto. Así como medidas sustitutivas y cierre de procesos penales en contra de actores clave, como el expresidente Jimmy Morales.

Lo que ha tenido como resultado: una lista de operadores de justicia que han tenido que abandonar el país por temor a represalias en contra de su vida por el trabajo que realizaron. Juan Francisco Sandoval es el nombre más reciente de la lista que ya incluye a dos exfiscales generales: Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, dos jefes de fiscalías: Sandoval y Óscar Schaad, un agente fiscal: Andrei González, una jueza: Claudia Escobar y una magistrada de la Corte de Constitucionalidad: Gloria Porras, entre otros.

Aunque el listado crece, diferentes actores aseguran que el plan continúa en marcha y que la “venganza” en contra de la lucha contra la corrupción aún tiene objetivos pendientes: jueces, como los encargados de los juzgados de Mayor Riesgo, defensores de derechos humanos como Helen Mack y periodistas, entre los que se encuentran Juan Luis Font, Michelle Mendoza y Sonia Pérez. 

Jueces bajo asedio 

En la entrada al Ministerio Público, el lunes 21 de junio, los jueces de Mayor Riesgo A, B, C y D -Yassmin Barrios, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul y Erika Aifán respectivamente-, explicaron ante los medios de comunicación que han sido perseguidos, amenazados y “vigilados por organismos del Estado”. Por lo que presentaron sus denuncias y a través de un memorial solicitaron a la fiscal general, Consuelo Porras, que se pronuncie sobre las denuncias presentadas por operadores de justicia que han sido desestimadas y archivadas. 

Según Juan Luis Pantaleón, director de comunicación del MP, la petición y los documentos de los jueces fueron recibidos. Sin embargo, Porras no emitió ningún pronunciamiento.

La mayoría de denuncias presentadas por los funcionarios del sistema de justicia son en su mayoría persecución y amenazas en contra de su integridad. Los juzgadores aseguran que estas acciones representan obstaculización de la justicia y del ejercicio judicial. 

Impedimentos que van desde denuncias espurias en su contra hasta espionaje y filtraciones dentro de sus juzgados. También enfrentan procesos de retiro de antejuicio -por denuncias que consideran espurias- y pago de multas impuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Todo eso forma parte de las experiencias negativas que los jueces de Mayor Riesgo han denunciado como consecuencia por hacer su trabajo: juzgar posibles delitos.

“A raíz de los últimos sucesos y de las confrontaciones públicas que han existido entre los funcionarios del MP, se ha generado un clima de inseguridad y hay muchos mensajes en la redes sociales en torno a que ‘yo soy la próxima yo soy la siguiente’ -en salir del país-”, asegura la jueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán.

Aifán tiene a su cargo casos de alto impacto contra la corrupción desde el 2016, cuando se inauguró el juzgado de Mayor Riesgo “D”. Algunos de los expedientes que lleva son los de Construcción y Corrupción, Odebrecht, Comisiones Paralelas 2014, Comisiones Paralelas 2020, Financiamiento FCN, Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero. Y condenó a nueve empresarios por pagar sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. 

Por estas razones, Helen Mack, activista de derechos humanos y presidenta de la Fundación Myrna Mack, considera que en el juzgado de la jueza Aifán se concentra gran parte de la estructura de corrupción de los últimos siete años.

 “Es claro que la jueza Aifán ha conocido y tiene bajo su control jurisdiccional investigaciones de personas de alto perfil económico o político. Y que nunca se imaginaron vinculadas a un proceso penal, dilucidando su situación jurídica -esperando que se defina o no su responsabilidad en algún hecho-. Eso pone a los jueces de mayor riesgo, en mucho riesgo. No por gusto se les denomina así a esos juzgados”, dice el Presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), el Juez Carlos Ruano. 

«Estoy un poco preocupada porque todo esto ha generado un contexto de inseguridad. Han aumentado en redes sociales las amenazas en mi contra, así como las campañas de desprestigio», Erika Aifán.

La jueza ha recibido ataques y amenazas en su contra desde 2006 cuando era juez de primera instancia penal en Jutiapa, de donde fue trasladada a Cuilapa, Santa Rosa, y finalmente a la Torre Tribunales en la ciudad de Guatemala. Ya en el juzgado de mayor riesgo “D”, sufrió vulneraciones a su seguridad y a la de los casos en su posesión cuando personal entre sus oficiales realizó grabaciones y extrajo información relacionada con estos expedientes. Ante esta realidad, resguardar su integridad y la de su familia son de sus preocupaciones más importantes.

“Estoy un poco preocupada porque todo esto ha generado un contexto de inseguridad. Han aumentado en redes sociales las amenazas en mi contra, así como las campañas de desprestigio, el contexto de los antejuicios que están en trámite y algunas situaciones en torno al traslado del juzgado del que se ha hecho referencia”, explica Aifán.

Hasta el momento, Ericka Aifán en toda su carrera suma más de 75 acusaciones en su contra y tiene un proceso de retiro de antejuicio vigente. La CSJ ya designó a la jueza Beyla Estrada, esposa del exsecretario de Comunicación Social de la presidencia en el gobierno de Jimmy Morales, como la encargada de realizar la investigación y pesquisas para recomendar si se le retira o no la inmunidad a Aifán.

Este año, la jueza de Mayor Riesgo tuvo que pagar una multa que le impuso la CSJ por recusaciones que presentó en contra de dos magistrados por el antejuicio del exjuez Mynor Moto. Le cobraron Q500 por cada recusación. Y la canceló con la colaboración  de otros jueces.

“En este momento mi decisión ha sido estar aquí y enfrentar todos los proceso que han instaurado en mi contra. Toda la criminalización que ha sido ejercida en mi contra la he estado enfrentando, he estado presentando los recursos y las acciones legales tanto nacional como internacionalmente”, dice Erika Aifán sobre la situación. Y continúa: “esperamos que la honorable CSJ actué apegada a derecho, de no ser así, agotaré los recursos a mi disposición”.

Los ataques e intimidaciones en contra de Pablo Xitumul se han incrementado en los últimos años. En 2018, denunció intimidación tras reportar que había sido insultado por una persona particular y que un policía nacional civil(PNC) le había fotografiado en el incidente. Luego en 2019, reportó ante la PNC y el MP insultos y una agresión por parte de un inspector. Según el juez Xitumul, el inspector de la policía le solicitó que se bajara de su vehículo pero el juzgador se negó por no estar cometiendo ninguna falta. Lo que provocó que el agente le insultara y luego le agarrara por el cuello.

Este conflicto resultó en un investigación interna en la PNC contra el inspector José Cuxaj, quién a su vez solicitó el retiro de antejuicio del juez Pablo Xitumul por supuesto abuso de autoridad.

Al igual que Erika Aifán, Xitumul se encuentra a la espera de que se resuelva ese antejuicio en su contra, en el que ha tenido que accionar legalmente varias veces para evitar lo que considera anomalías: como la elección del juez pesquisidor para su caso y que la CSJ aceptara el trámite de retiro de antejuicio, a pesar de que la Junta de Disciplina Judicial había rechazado esas denuncias.

Algunas de sus acciones legales para evitar que el proceso de retiro de antejuicio le han costado multas de parte de la CSJ, como la más reciente que canceló de Q500 para él y otra del mismo monto para su abogado. El juez Xitumul recusó al juez pesquisidor Eduardo Galván Casasola, por conocer el antejuicio dos veces consecutivas.

Para destituir a uno de estos jueces, el proceso de antejuicio debe avanzar. Los jueces pesquisidores designados por la CSJ deben escuchar a las partes involucradas y hacer una recomendación a los magistrados de la Corte sobre si retirar o mantener el derecho a antejuicio del juez o jueza en cuestión.

Luego los magistrados de la CSJ deben decidir si se levanta el derecho a antejuicio y se permite al Ministerio Público investigar al juzgador involucrado. Y que enfrente el proceso que se derive de la investigación de la fiscalía. Este es un proceso que puede durar meses y en el que se pueden interponer recursos legales.

“Venir y cambiar a los jueces, para que ya no sean ellos, es buscar un juez adhoc. Un juez que pueda favorecer con sus resoluciones, o un juez que ya no resuelva como están resolviendo estos jueces” , dice Carlos Ruano de AGJI. Y continúa, “la independencia del juez es una garantía para la ciudadanía de que hay tribunales independientes y que la Ley se va a aplicar a todos por igual sin ningún privilegios”.

El 31 de agosto de este año, el procurador Jordán Rodas Andrade se reunió con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para discutir el Anteproyecto de Presupuesto 2022 para la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Sin embargo, a pesar de que el tema era el monto que necesita la institución para funcionar, Rodas recibió comentarios negativos en alusión a su labor como uno de Álvaro Arzú, presidente de la comisión, quien dijo que “los soldados sí defienden a las personas”.

Además, el PDH fue cuestionado por el monto que solicitó y sus intenciones para gastarlo. Y representantes, como Lucrecia de Palomo, le criticaron por darle “me gusta” a una publicación de Manfredo Marroquín, expresidente de Acción Ciudadana.

Jordán Rodas Andrade, ha sido una de las figuras más mencionadas y cuestionadas por los netcenters y ha también sido objeto del desprestigio y acoso virtual. Desde que inició su mandato, ha tenido participaciones en momentos clave de la lucha contra la corrupción. Un ejemplo son los recursos legales que interpuso para evitar la salida de la CICIG y sus funcionarios. Y, recientemente, ayudó al exfiscal Juan Francisco Sandoval a dar una última conferencia de prensa y salir del país, bajo resguardo.

Sin embargo, estas acciones han resultado en represalias en contra de la institución que dirige. Este es el tercer año que el Congreso de la República complica el acceso de la Procuraduría de Derechos Humanos al presupuesto asignado para su funcionamiento, con retrasos en la transferencia de fondos o recortes en el monto final.

“El presupuesto ha sido históricamente una manera de presión. A todos los procuradores nos han quitado dinero y nos mandan mensajes, quizás menos abiertos que los que vemos ahora. Durante mi período como Procurador, solo un año recibí el presupuesto completo”, expone Jorge de León, expdh.

Además, miembros de la comisión de Derechos Humanos del Congreso -dirigida por Álvaro Arzú Escobar- han hecho comentarios sobre el actuar de Jordan Rodas, el cual ha sido calificado por Arzú de ser “activismo político ideológico”.

Ante las presiones de las que ha sido objeto, el procurador Jordan Rodas dice que va a terminar sumandato, “el 20 de agosto del próximo año cumpliendo la Constitución, la Ley y con mi conciencia tranquila. No le debo nada a nadie y esto me hace ser plenamente magistrado de conciencia”.

“Deberían de leer un poquito la Constitución y la Ley del Procurador para por lo menos disfrazar su mala intención pero con buenos argumentos”, dice Jorge de León, ex-pdh. “Tienen un sentimiento de venganza evidente y si cambian al PDH, si terminan de cooptar el Estado -que ya funciona para sus fines perversos-, logran terminar de coronar un aparato que les es útil”, continúa De León.

Aunque en Guatemala nunca se ha destituido a un PDH, para destituir a Jordan Rodas existe un procedimiento establecido en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. De acuerdo con esa ley, los diputados que integran esa comisión deben evaluar las acusaciones presentadas en contra del PDH y darle una audiencia para presentar su defensa. Si la Comisión consigue las pruebas que justifican la remoción del Procurador, deben presentar una moción ante el pleno y lograr al menos 105 votos para la destitución.

Según algunos diputados -como Lucrecia Hernández- existen esfuerzos por remover a Rodas provenientes de la alianza oficialista -quienes han mostrado expresado rechazo a las acciones del PDH- dentro del hemiciclo.

“La alianza oficialista se maneja a partir de lo que yo llamo las ‘5 ps’: diputados que votan si hay proyectos, plazas, privilegios, plata o ejercicio de poder. No me extrañaría que en algún momento haya una línea o un lineamiento que venga incluso desde el mismo ejecutivo y que la alianza oficialista esté dispuesta a dar el paso de desaforar al Procurador”, dijo Lucrecia Hernández, diputada del partido Semilla.

Sobre los posibles escenarios que se divisan para él, Jordan Rodas dice que “algunos quisieran que me escondiera bajo la cama, pero no lo voy a hacer. El temor jamás me debe paralizar. Tengo que cumplir mi mandato como Procurador”.

Los otros objetivos

Los ataques, las intimidaciones y campañas de desprestigio es considerado por diversos actores como un plan elaborado, que avanza. “Esto se ha ido preparando y poco a poco se han ido acomodando las piezas”, considera Jorge León Duque, ex-pdh. 

Además de los operadores de justicia antes mencionados, personas de sociedad civil también han sido objeto de campañas de desprestigio y hostigamiento en redes sociales por la labor que desempeñan en el país. 

En este grupo se incluye a los defensores de Derechos Humanos por ser considerados una amenaza, según se explica en el informe criminalización Fundación Myrna Mack. “Reutilizando el concepto del “enemigo interno” estas redes de poder Ilícito criminalizan, promueven el discurso de odio y difunden campañas de desprestigio en forma sistemática para “neutralizar” a quienes se interponen en sus acciones delictivas y ponen en riesgo su estatus de impunidad”, expone la publicación.

“En el estudio -sobre criminalización-, vimos todo de cómo se fue determinando quiénes éramos los objetivos. Lo actualizamos y revisamos 329 denuncias del MP y se reitera quienes somos los objetivos. Y que utilizan dos tácticas: una es la mediática y otra la guerra jurídica. La primera es el acoso mediático a través de las redes, donde se inventan cosas y hacen operaciones psicológicas, e igual sucede con la guerra jurídica. Porque lo que ha hecho el pacto de corruptos es declararle la guerra al estado de derecho, a la justicia”, insiste Helen Mack,  activista de derechos humanos.

Otro grupo que se ha visto amenazado por este plan en contra de los avances anticorrupción son los periodistas independientes, como las corresponsales Michelle Mendoza de CNN y Sonia Pérez de Associated Press (AP). Y un caso en específico que ha llegado a citaciones por parte del Ministerio Público es Juan Luis Font, director de ConCriterio.

Font tuvo en el pasado una relación profesional con Erick Archila, exministro de Energía y Minas en el gobierno del Partido Patriota, sindicado en casos de corrupción y capturado en Estado Unidos. Font y Archila fueron socios en la creación de la revista periodística llamada ContraPoder.

“Por ambicioso e insatisfecho que soy”, expone Juan Luis Font al iniciar su relato sobre cómo conoció a Erick Archila siendo editor de El Periódico y conductor del programa A primera hora en Emisoras Unidas. “Yo que había crecido en Crónica, lo que más ilusión me hacía era hacer montar una revista. Cuando me encuentro a un tipo que está dispuesto a invertir en una respuesta, rápidamente digo que sí, y dejo El Periodico y Emisoras Unidas.

En sus más de 23 años de labor periodística, Juan Luis Font ha colaborado en más de cinco proyectos informativos, en prensa, radio y televisión. Su voz es una de las más reconocidas en el país, por lo que sus comentarios y publicaciones generan reacciones.

“Ahorita siento que el costo es altísimo, pero también siento que yo como periodista no sería lo que soy si no hubiera hecho ContraPoder. Y yo estoy contento con lo que soy. Y me avergüenza o más bien me sorprende que me estigmaticen como periodista de izquierda”, asegura el periodista Font.

La vulnerabilidad a la que se encuentran sujetos estos actores y operadores de justicia tiene como denominador común ataques provenientes de de netcenter y una campaña de desprestigio apoyada por organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo. Y en algunos casos también citaciones e investigaciones abiertas por parte de la fiscalía. La mayoría de entrevistados coincidió en que la situación en la que se encuentra la justicia, tras la salida de Juan Francisco Sandoval, no es esperanzadora y se necesita de una ciudadanía activa para contrarrestar los efectos de la “venganza”.

“Es la ciudadanía la que tiene que despertar, me parece que es la única manera de que el funcionario sienta ese contrapeso y esa exigencia de rendición de cuentas del ciudadano”, dice Jorge de León, expdh.

A lo que Helen Mack suma, “que esto cambie va a depender de nosotros porque el ciudadano tiene que entender que somos gente con derechos. Las exigencias de antes y por lo que inició el conflicto armado es lo mismo que se estaba pidiendo en 2015, y las mismas que EEUU pide resolver porque son las causas y las raíces de la migración: Las asimetrías de poder económico y político. A casi 30 años de la guerra, nuestros indicadores son peores que durante el conflicto. ¿Cómo no va a ser una élite depredadora?”

El niño del tambor es el netcenter

En Guatemala si se habla de Lord Vader la mayor parte de personas que sigue de cerca la politica nacional ya no piensa en Star Wars sino en un perfil de twitter que dirige cientos de cuentas anónimas con un único objetivo: desacreditar y sembrar temor entre los activistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos.

Estas cuentas, cuyos propietarios siguen en la incógnita, y entre se encuentran algunas como La Panel Blanca, reproducen los ataques e incluso el lenguaje que utilizaban las unidades de inteligencia del Ejército entre los años 70 y 80 en Guatemala. Ahora, desde la virtualidad, son inofensivas en términos de integridad física, sin embargo la capacidad de multiplicación, de viralidad y de presencia virtual se han convertido en una poderosa herramienta de hostigamiento. 

El ritmo de la marcha y los nombres de los actores involucrados como objeto del plan se mide a través de los ataques y campañas de desprestigio que se observan en las redes sociales, orquestadas por “netcenters” y reafirmadas por organizaciones conocidas como la Fundación contra el Terrorismo y su presidente, Ricardo Méndez Ruiz.

Lo que parecen mensajes “orgánicos” -y no relacionados entre sí- como peticiones para que la fiscalía investigue u opiniones negativas de usuarios, sumados se convierten en una especie de hostigamiento virtual. El cual consiste de acciones apoyadas y replicadas a través de varias cuentas -la mayoría perfiles falsos y recientemente creados- para apoyar la narrativa original: el acoso en redes sociales.

Existe poca documentación aún del origen y el propósito final de estas campañas realizadas a través de netcenters. Sin embargo, la Oficina de Washington en América Latina (WOLA) y la Fundación Myrna Mack, realizaron el informe “Criminalización, ataques mediáticos y discurso de odio, una reacción de las redes ilícitas”. En este documento se explica cómo el objetivo de estos ataques es “deslegitimar y desmotivar la lucha contra la impunidad y la corrupción, atacando a operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos porque los consideran una amenaza a sus intereses criminales”.

El informe expone estas campañas en redes sociales como una estrategia orquestada por las redes económico-políticas ilícitas, que reutilizan el concepto contrainsurgente del conflicto armado: “enemigo interno”, para promover discursos de odio y desprestigiar en forma sistemática a los actores que ponen riesgo su “estatus de impunidad”, y neutralizarlos.

Juan Francisco Sandoval fue objeto de esta persecución virtual durante años, algo que denunció pero no tuvo seguimiento por parte del Ministerio Público*. Tras su salida, las campañas de desprestigio ya anuncian nuevos objetivos.

“Indudablemente el panorama es bastante sombrío en todo el país. Hay una articulación muy eficiente para los fines perversos de algunas entidades y de personas: una maquinaria que está trabajando a cabalidad para los fines perversos.”, considera Jorge de León Duque, exprocurador de Derechos Humanos.