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BCIE y la financiación de la represa por la que asesinaron a Berta Cáceres

Documentos internos revelan que el Banco Centroamericano de Integración Económica hizo caso omiso de las señales de alarma, llevó a cabo una escasa diligencia debida y mantuvo su apoyo a la construcción de la represa hondureña incluso después de que una persona de la localidad fue asesinada por un soldado en medio de las protestas de las comunidades indígenas y de que otro financiador dijera que era demasiado arriesgado continuar.

La noche del 27 de febrero de 2014, Daniel Atala Midence, el joven heredero de una de las familias más poderosas de Honduras, sintió como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. 

Acababa de enterarse de que la empresa familiar en la que trabajaba como director financiero había conseguido un tramo crucial de financiación para una presa hidroeléctrica que estaba construyendo en las extensas tierras altas del oeste de Honduras.

El proyecto, llamado Agua Zarca, se había retrasado por protestas de grupos indígenas locales que afirmaban que la presa destruiría un río sagrado y diezmaría las poblaciones de peces de las que dependían para alimentarse. Tras el asesinato de un manifestante, el inversionista inicial, que también era uno de los constructores, se retiró. 

Así que la familia Atala y su empresa, Desarrollos Energéticos S.A de C.V. (DESA), estaban contando con que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financiara el proyecto. Cuando Atala, de 27 años, supo que el BCIE había firmado un largamente anticipado préstamo a DESA por 24,4 millones de dólares, respiró aliviado. 

«Me siento 50 lbs lighter«, escribió en WhatsApp a su novia, en uno de los miles de mensajes escritos en un español salpicado de palabras en inglés, recopilados en el marco de un juicio civil en Honduras y obtenidos por OCCRP. Al principio, le dijo, le preocupaba que el BCIE no aprobara el contrato de préstamo, que además incluía otros 20 millones de dólares de prestamistas holandeses y finlandeses, que iban a ser administrados a través del BCIE.

“Foc, [Fuck] estaba cagado”, escribió en otro mensaje.

El préstamo no sólo salió adelante, sino que puso en marcha un proyecto que acabaría en tragedia. 

Dos años después de los mensajes nocturnos de Daniel Atala a su novia, la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, que lideraba una campaña contra la construcción de la presa, fue asesinada a tiros en su dormitorio por un escuadrón de sicarios dirigido por un antiguo francotirador de las fuerzas especiales hondureñas.

Berta Cáceres fue asesinada en marzo de 2016 por su oposición al Proyecto Agua Zarca. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente
Berta Cáceres fue asesinada en marzo de 2016 por su oposición al Proyecto Agua Zarca. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente

Los matones fueron contratados por el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, según la corte hondureña que lo sentenció el año pasado a 22 años de prisión por su participación en la orden y planificación del asesinato, junto con otros siete hombres. Castillo, quien aún puede apelar su condena, no respondió a peticiones de comentarios hechas por periodistas de esta alianza. Los fiscales hondureños no han acusado a Daniel Atala de jugar algún rol en este asesinato.

Se han escrito cientos de páginas sobre el asesinato de Cáceres y sus repercusiones posteriores en Honduras. Sin embargo, poco se ha revelado sobre cómo el BCIE accedió en un principio a ayudar a financiar el proyecto de Agua Zarca.

Ahora, una investigación realizada por OCCRP y Columbia Journalism Investigations revela que el banco -que afirma dar prioridad a los proyectos sostenibles desde el punto de vista medioambiental y que reducen la pobreza- ignoró varias señales de alarma cuando se asoció con DESA y sus poderosos propietarios, la familia Atala.

OCCRP obtuvo auditorías internas confidenciales que indican que el BCIE tenía “la necesidad de analizar la capacidad financiera y técnica de los promotores [del proyecto] para realizar sus aportes” antes de aprobar el préstamo de 24,4 millones de dólares. Los auditores señalaron que la empresa estaba valorada en sólo 2 millones de dólares, y aun así estaba asumiendo un proyecto de 50 millones. 

Más preocupante aún es que las personas que estaban detrás de DESA -la familia Atala y Castillo- «no tenían experiencia en proyectos de generación de energía» cuando se aprobó el préstamo para construir Agua Zarca, según la auditoría. 

En los mensajes de texto que envió a su novia sobre el préstamo, Atala hablaba con franqueza de esta falta de experiencia. «Me siento mal. Ahora I owe [debo] 44,4 millones de dólares…. Soy empleado del BCIE… por los próximos 13 años, tengo que generar ese montón dinero…. I’m freaking out, bruh [Me estoy volviendo loco, hermano]».

«Dannyyyyy!!!!», respondió ella. «Todas, absolutamente todas las empresas se endeudan».

«No tanto», respondió él. «¿[Mi tío y mi padre] cómo no están cagados [nerviosos], confiando tanto pisto [dinero] en dos huirros [niños]?»

Las auditorías muestran que el BCIE hizo caso omiso de múltiples advertencias sobre los riesgos del proyecto, desde preocupaciones por daños medioambientales, hasta informes de que DESA estaba alimentando tensiones con la comunidad local. Los documentos no dejan claro por qué el banco pasó esto por alto, pero la familia Atala tenía buenos contactos en Honduras y en el propio banco. 

El padre de Daniel, José Eduardo Atala Zablah, accionista de la empresa propietaria de DESA, había sido director del BCIE en Honduras por dos años en la década de los 2000. Su tío, Jacobo Atala Zablah, es un destacado empresario hondureño que dirigió el Banco BAC, uno de los mayores prestamistas del país. En 2021, Contracorriente y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, socios de OCCRP, revelaron que Jacobo Atala ayudó a crear varias empresas offshore para Porfirio Lobo, presidente de Honduras entre 2010 y 2014.

Ni José Eduardo ni Jacobo Atala Zablah respondieron a solicitudes de comentarios hechas por periodistas de esta alianza.

Roberto David Castillo Mejía fue sentenciado a 22 años de cárcel por ordenar y planificar el asesinato de Berta Cáceres. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente.
Roberto David Castillo Mejía fue sentenciado a 22 años de cárcel por ordenar y planificar el asesinato de Berta Cáceres. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente.

En sus mensajes de texto a su novia, Daniel Atala dijo que el BCIE se había tomado demasiado tiempo para aprobar el préstamo. «Tuve que usar mis Frank Underwood backchannels [canales traseros de Frank Underwood]», dijo —una referencia al intrigante personaje principal de la serie de Netflix «House of Cards».

En el mensaje siguiente explicó que se refería a «Jacko», usando un apodo para su tío Jacobo.

Atala afirmó en una respuesta escrita a preguntas de OCCRP que simplemente había estado alardeando para sonar más importante. 

«No se utilizaron canales traseros de ningún tipo para hacer aprobar esta financiación y si hubo un texto a una novia diciendo algo contrario a eso fue sólo con la intención de cortejar, intentando parecer más interesante o en la búsqueda de más conversación, como hacen los hombres jóvenes cuando están en un noviazgo», dijo.  

Añadió que se había llevado a cabo una diligencia debida «extremadamente amplia» antes de que su empresa recibiera el préstamo para la represa, y subrayó que su padre había dejado su cargo de director en el BCIE años antes.

«Eso no parece un conflicto de interés, pero entiendo que esta información no encaje en la historia que ustedes están intentando vender», dijo.

Sin embargo, Wout Albers, un abogado de derechos humanos que representa a la familia de Cáceres en una demanda civil contra el FMO, otro banco que prestó dinero para el proyecto, dijo que el papel de José Atala en DESA debería haber encendido las alarmas en el BCIE.

El banco «debió darse cuenta de que conceder un préstamo de 24 millones de dólares a su ex director creaba la impresión de conflicto de intereses, o al menos de nepotismo», dijo.

El presidente saliente del BCIE, Dante Mossi, dijo a OCCRP en una entrevista que no podía defender la decisión del banco de prestar dinero para la presa de Agua Zarca. Dijo que era uno de los muchos préstamos fallidos que heredó cuando asumió su cargo a fines de 2018, y calificó el proyecto como una «vergüenza.»

«No sé qué se le metió en la cabeza a la junta directiva que aceptó este proyecto», dijo. 

Los graves riesgos sociales del proyecto de la presa deberían haber sido obvios para cualquier persona familiarizada con el contexto hondureño, dijo Mossi – en particular la complejidad de la propiedad de la tierra en los territorios tradicionales del pueblo indígena Lenca.

«Si yo hubiera sido presidente [en ese momento] este proyecto nunca habría sido aceptado porque sé que se trata de tierras comunales, no se puede comprar una parcela de tierra en esa región».

La actual administración interina del BCIE no respondió a múltiples solicitudes de comentarios hechas por esta alianza.

Cada año la conmemoración de la lucha de Berta Cáceres en contra de proyectos como el de Agua Zarca, es liderada por el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la organización que ella fundó y que sigue exigiendo justicia por su asesinato. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente.
Cada año la conmemoración de la lucha de Berta Cáceres en contra de proyectos como el de Agua Zarca, es liderada por el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la organización que ella fundó y que sigue exigiendo justicia por su asesinato. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente.

Nuevos y repetidos fallos

La comunidad de Berta Cáceres, el pueblo indígena lenca, se había opuesto a Agua Zarca desde el principio, alegando que dañaría un río sagrado, mataría a los peces de los que dependían para alimentarse y destruiría sus medios de vida. La presa era uno de los más de 40 proyectos hidroeléctricos que el gobierno de Honduras había aprobado sin consultar a los grupos indígenas que se verían afectados.

En 2013, manifestantes lencas establecieron un bloqueo en el lugar, pero pronto se enfrentaron a ataques violentos y al acoso de guardias de seguridad y tropas militares. Las obras se suspendieron meses después, cuando uno de los manifestantes, Tomás García, murió por disparos de un soldado hondureño.

Los conflictos en torno a la presa provocaron la retirada del socio de DESA en el proyecto, la empresa constructora china Sinohydro Corporation Limited. Un financiador clave del proyecto, el Fondo Mezzanine Centroamericano (CAMIF), respaldado por el BCIE, también se retiró después de que un grupo de activistas indígenas liderados por Cáceres presentara una protesta formal ante el mecanismo de quejas del Banco Mundial, que era copropietario de CAMIF. 

Documentos internos del BCIE, obtenidos por reporteros, dicen que CAMIF informó al BCIE en febrero de 2014 que se retiraba del proyecto porque la nueva queja «elevaba el riesgo del proyecto al máximo». (Daniel Atala cuestionó esta versión de los hechos, diciendo que su empresa había decidido «no buscar financiamiento con CAMIF» debido a un desacuerdo sobre el costo del préstamo). 

El BCIE ya había aprobado el préstamo por 24,4 millones de dólares, pero aún no había firmado formalmente su desembolso. Según una auditoría del proyecto, la salida de CAMIF debería haber sido una señal de alarma para la dirección del banco, 

En cambio, los funcionarios del banco y los gerentes de país en Honduras “hicieron creer, o por lo menos no realizaron la debida diligencia, y argumentaron [que] la salida de CAMIF del financiamiento [ocurrió] por razones de oportunidad de inversión, sin valorar adecuadamente que más bien… respondía a una denuncia por afectación a comunidades vecinas”, escribió el auditor en su informe.

«Esta situación no fue investigada adecuadamente en el BCIE».

El informe, escrito en 2018 —casi dos años después del asesinato de Cáceres— por el auditor interno jefe, ofrece una imagen muy crítica de los errores internos del BCIE en el proyecto, e identificó  «nuevas y repetidas fallas en los sistemas de controles y equilibrios» que deberían haber evitado que se invirtiera en la represa.

La auditoría señala que un evaluador ambiental externo contratado por el BCIE había advertido en febrero de 2014 que DESA estaba alimentando las tensiones con la comunidad local, y que su dependencia de las fuerzas militares y policiales para la seguridad en el sitio había aumentado el conflicto.

CITA DEL DOCUMENTO:

La Condición “Copia del informe y del Plan de Acción Ambiental y Social definitivos a satisfacción de los inversionistas y de los cofinanciadores, entre ellos el BCIE, se dio por cumplida con el Informe Ambiental y Social realizado por la firma GAI, del 4 de febrero de 2014, denominado “Follow-Up Social Due Diligence” PHAZ GAI, que advertía lo siguiente:

  1. DESA no cumplió con todos sus compromisos sociales anteriores, en parte porque la compañía no tenía un plan de acción establecido.
  2. DESA no comprendía el alcance de la complejidad de aspectos de las tierras y problemas étnicos en el área afectada.
  3. La dependencia de DESA de contar con seguridad provista a través de las fuerzas militares y policiales en el campo aumentó el nivel de tensión y conflicto.
  4. Este es ahora un proyecto de Categoría A de acuerdo con los Estándares de Desempeño de la IFC y requerirá monitoreo independiente frecuente, particularmente durante la fase de construcción. (Anteriormente estaba catalogado en Categoría “B”)

Sin embargo, el BCIE decidió seguir adelante y aprobó el desembolso del préstamo para DESA ese mismo mes, lo que desencadenó los mensajes de texto de alivio de Daniel Atala a su novia.

El BCIE también omitió múltiples señales de alerta sobre el propio DESA. La auditoría de Agua Zarca señaló que «no se realizó ningún análisis de la capacidad financiera» de DESA antes de que el BCIE aprobara el préstamo. Si el banco lo hubiera hecho, señala el documento, debería haberse preocupado de que una empresa con un valor contable de apenas US$2 millones estuviera tomando un préstamo tan grande, especialmente cuando estaba dirigida por empresarios sin experiencia en proyectos de generación de energía. El banco justificó la aprobación señalando que el proyecto contaría con un supervisor externo, pero el auditor dijo que esa supervisión debió haber sido un requerimiento básico del proyecto y no “un plus”.

«Nuevamente, se asume erróneamente que el promotor [DESA] es el principal interesado en que todo salga bien», escribió el auditor. «Pero, igualmente, es el principal interesado en ocultar información si algo sale mal».

CITA DE UN DOCUMENTO:

Como se puede apreciar, desde el cumplimiento de condiciones previas a formalizar se anuncian riesgos que no estaban considerados al momento de la aprobación, o que no se conocían. No obstante, ningún ejecutivo o área de soporte tuvo el criterio para advertir esto a instancias superiores para reevaluar la operación. En nuestra opinión esta forma de actuar es familiar en el Banco. Ante la posibilidad de errores u omisiones, las instancias del front office prefieren enmendar sin avisar, interpretar, o francamente omitir condiciones, por recelo o sospecha de recibir reprimendas de parte de la instancia que aprobó la operación (generalmente el Directorio), o en el peor escenario, [de] que se anulen operaciones que ya estaban aprobadas. Lo que, en nuestra opinión, requiere una revisión y discusión de la cultura y forma de presentar y aprobar o improbar operaciones.

Alberto Cortés, director del BCIE en Costa Rica en el momento del asesinato de Cáceres, ha sido por mucho tiempo un crítico de la gestión de este proyecto por parte del banco. Cortés afirma que se alarmó cuando se enteró de que un activista que protestaba contra un proyecto financiado por el BCIE había sido asesinado, e impulsó la investigación interna sobre el proyecto que desembocó en la auditoría obtenida por los periodistas.

Cortés dijo que pudo descubrir, a través de búsquedas en Google, que Castillo, el presidente de DESA, era un ex oficial de inteligencia militar que había sido multado en 2009 por el Tribunal Supremo de Cuentas de Honduras por vender equipos informáticos a precios excesivos a las fuerzas armadas de su país. En el mismo caso, Castillo también fue censurado por cobrar dos sueldos estatales como oficial militar y empleado de la empresa nacional de electricidad. (Ni Castillo, actualmente en prisión, ni sus abogados respondieron a las solicitudes de comentarios).

«Si yo pude encontrar esto con una búsqueda en Google, ¿cómo es posible que la comisión que estaba a cargo de la debida diligencia, del análisis, no haya podido descubrirlo?», dijo.

«[El BCIE] no cumplió con los requisitos básicos y la evaluación de riesgo que normalmente debe hacer un banco serio», dijo.

Los múltiples problemas señalados por los auditores, junto con la continua oposición de la comunidad local a la represa, «debería haber obligado a los constructores del proyecto a implementar nuevos procesos de consulta y socialización, lo que habría evitado tragedias como la muerte de Berta [Cáceres].»

Diversos pueblos originarios han protestado y exigido justicia por el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres y el despojo sufrido por proyectos extractivistas desarrollados sin consulta. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente.
Arsenia Álvarez de 56 años, originaria de la comunidad garífuna de Sambo Creek, celebra el resultado del juicio contra David Castillo, quien fue declarado culpable por el asesinato de Berta Cáceres. Tegucigalpa, 5 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.

Enajenación de la deuda con descuento

Cuando la noticia del asesinato de Cáceres saltó a los titulares, empezaron a llover las condenas a Agua Zarca. 

Los dos coinversionistas del BCIE, el banco de desarrollo holandés FMO y la financiera finlandesa Finnfund, se retiraron formalmente del proyecto en julio de 2016 y dejaron al BCIE como único prestamista internacional. Aunque el banco dejó de entregar más dinero al proyecto, ya había desembolsado 9,4 millones de dólares. 

Esta deuda no sólo estaba en mora, ya que DESA había dejado de pagar su préstamo poco después del asesinato, sino que se había convertido en una bomba política. El proyecto de la presa también había acumulado decenas de quejas de parte de comunidades locales. Cuando se suspendió la construcción en julio de 2016, el BCIE había recibido 71 de esas quejas, 43 de ellas sin resolver, según una evaluación interna vista por periodistas.

Dante Mossi, saliente presidente del BCIE, en una entrevista con Contracorriente en Tegucigalpa. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente.
Dante Mossi, saliente presidente del BCIE, en una entrevista con Contracorriente en Tegucigalpa. Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente.

Mossi, quien asumió la presidencia del banco a fines de 2018, calificó la deuda de Agua Zarca como un «activo tóxico», pero dijo que el banco no estaba en condiciones de simplemente perdonar el préstamo. 

«El proyecto salió mal [pero] teníamos una obligación allí, así que dije: ‘Vendámoslo a la mejor parte’».

En marzo de 2019, el banco acordó vender la deuda a una empresa llamada Swiss International Wealth Management (SIWM) por 500.000 dólares. De acuerdo con un memorando interno del BCIE sobre ese acuerdo, la empresa suiza planeaba alcanzar otro acuerdo con DESA para adquirir sus acciones, lo que le daría el control de todo el proyecto de la presa. (Daniel Atala se negó a comentar si esto había sucedido, citando un acuerdo de confidencialidad que había firmado). 

SIWM había hecho la oferta casi un año antes, en la primavera boreal de 2018, antes de que Mossi fuera nombrado presidente del banco. Guillermo Bueso, el director ejecutivo del banco más grande de Honduras, Banco Atlántida —un buen amigo de Mossi desde la universidad— había escrito al BCIE para «hacer una presentación inicial» entre el banco de desarrollo y SIWM.

En un principio, el BCIE se negó a seguir adelante con la venta porque dijo que no tenía suficiente información sobre SIWM. En algún punto en los meses siguientes, sin embargo, reabrió las conversaciones. No está claro si esto ocurrió antes o después de que Mossi asumiera la presidencia del banco a finales de 2018. 

Poco después de que SIWM compró la deuda, su matriz británica, Portofino Holdings, pasó por una serie de cambios de propiedad hasta que acabó en manos de Bueso —el banquero hondureño que había presentado la firma suiza al BCIE y que conocía personalmente a Mossi.

Una operación de deuda cuestionable
Por James O’Brien y Edin Pasovic/OCCRP
Un informe interno del BCIE escrito después de que se aprobara la venta, así como documentos corporativos del Reino Unido y Suiza, muestran que, lejos de ser una firma con una larga trayectoria en la gestión de patrimonios, Swiss International Wealth Management había cambiado su nombre y su propósito no mucho antes de hacer su oferta para comprar la deuda de Agua Zarca.
Aunque la empresa suiza fue fundada técnicamente en 1982, era un fabricante de herramientas y moldes de metal llamado R. Bachmann AG hasta finales de 2017, cuando cambió para convertirse en una firma de gestión de patrimonio, y se nombraron nuevos directores. 
Los registros corporativos suizos no revelan más que esto, pero un informe interno del BCIE obtenido por el OCCRP explica que Swiss International Wealth Management fue luego adquirida en 2018 por una empresa del Reino Unido propiedad de un británico, Andrew Peat, quien dijo ser el único inversor en el proyecto.
“Este esquema es el comúnmente utilizado por Andrew Peat para realizar las transacciones en las que él incurre, y de esta manera mantener independencia en sus inversiones”, decía el informe del BCIE.
La participación de Peat inicialmente levantó alertas en el BCIE después de una verificación de diligencia debida, pues había sido nombrado en un caso de fraude civil presentado ante el Distrito Sur de Nueva York, en el que se le acusa de participar en un esquema de inversión que estafó a inversionistas de edad avanzada. Los registros judiciales muestran que el caso fue desestimado en 2015.
«Se identificaron algunas demandas en contra del Señor Andrew Brian Peat y compañías asociadas a dicha persona, por reclamaciones relacionadas con incumplimiento de deberes fiduciarios y otras obligaciones contractuales, fraude y negligencia», dijo el BCIE en su informe interno.
Peat —que no pudo ser localizado para comentar estos hallazgos— no sería el propietario de SIWM durante mucho tiempo.
Pocos meses después de que Swiss International Wealth Management adquirió con éxito la deuda de Agua Zarca, su empresa matriz en el Reino Unido, Portofino Holdings, sufrió varios cambios de propiedad. 
En primer lugar, la mayoría de las acciones de Portofino se transfirieron a un miembro de la junta directiva del Banco Atlántida, Fernando de Mergelina. En julio de 2021, la propiedad mayoritaria se transfirió de nuevo, esta vez a una empresa hondureña propiedad directamente de Guillermo Bueso. 
Dado que los registros suizos no revelan los accionistas corporativos, los reporteros no pudieron establecer si Portofino sigue siendo propietaria de SIWM en la actualidad, o si la estructura de la deuda sigue siendo la misma.

Pero el banco decidió seguir adelante con la venta de todos modos, pues el caso fue desestimado y no se habían presentado demandas legales contra la propia empresa SIWM.

Bueso no respondió a las solicitudes de comentarios. Swiss International Wealth Management, que desde entonces cambió su nombre, tampoco respondió.

Kush Amin, especialista legal de Transparencia Internacional, revisó la cadena de transacciones que llevó a que Agua Zarca terminara aparentemente en manos de Bueso, y dijo que demostraba «una clara falla en el proceso interno para la venta de estos activos.»

«¿Existe alguna prueba de que el banco llevara a cabo la diligencia debida sobre la fiabilidad y la experiencia pasada de Swiss International Wealth Management que les permitiera vender el préstamo (increíblemente sensible desde el punto de vista político) con un enorme descuento?», preguntó. «¿Hubo otras ofertas? 

Mossi declaró a OCCRP que era “buen amigo” de Bueso desde cuando ambos estudiaban en la Universidad de Vanderbilt, donde se conocieron tomando vino y queso gratis en un acto estudiantil. Dijo que cuando se incorporó al banco y vio la propuesta de SIWM, reconoció inmediatamente que la empresa estaba relacionada con Bueso a pesar de que su nombre no estaba en el documento.

«Conozco al grupo cercano que trabaja con Guillermo Bueso», dijo.

Sin embargo, aseguró que su relación con el banquero no influyó en la venta de la deuda. 

«Cuando vi el nombre de alguien a quien conocía, me recusé de la reunión del consejo para tratar la propuesta suiza», dijo, y añadió: «Y sin embargo, desde el punto de vista financiero, fue una decisión muy buena».

Amin dijo que la relación previa de Mossi con Bueso, y el hecho de que la operación se llevara a cabo después de que Mossi asumiera la presidencia ejecutiva del banco, justificarían una investigación de parte del banco.

«El hecho de que [la deuda] al parecer terminara siendo propiedad personal de Bueso (a través de sociedades presididas por otros directivos del Banco Atlántida) justificaría una investigación del BCIE dada su amistad con Mossi».

Echarle leña al fuego

Según una propuesta para la venta de la deuda a Swiss International Wealth Management, el BCIE esperaba que la transacción pudiera ayudar a «reactivar el sector energético [hondureño]».

Lo que quería decir con esto era que los 500.000 dólares que ganara con la venta del préstamo se donarían al gobierno hondureño para lo que denominó una «campaña de socialización». El objetivo de la campaña era conseguir el apoyo de comunidades indígenas a un nuevo proyecto de ley sobre cómo se debe consultar a estos grupos acerca de los nuevos proyectos de desarrollo.

Mossi le dijo a OCCRP que estaba a favor de ese plan.

“Lo que le dije a la junta es: ‘Miren: podemos mantener este activo tóxico en nuestros libros, o podemos deshacernos de él y con los ingresos de lo que tenemos, básicamente podemos ayudar al gobierno a hacerlo bien».

Según escribieron funcionarios del BCIE en un informe interno sobre la venta del préstamo, esto podría ayudar a agilizar los procedimientos gubernamentales para futuros proyectos energéticos, mantendría abierta la posibilidad de reiniciar el estancado proyecto de Agua Zarca y facilitaría potencialmente el desarrollo de otros proyectos en el futuro. 

«El apoyo que brindará el BCIE a la República de Honduras permitirá no solo propiciar la definición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, sino también abrirá la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de inversión que han estado paralizados por el vacío en la reglamentación», dice el informe.

Una solicitud de acceso a la información pública presentada por Contracorriente, socio hondureño de OCCRP para este reportaje, confirmó que la donación de 500.000 dólares se había efectuado, y que iba a ser «utilizada exclusivamente para apoyar la estrategia de socialización para la aprobación» del nuevo proyecto de ley, conocido como OIT 169.

La hija de Berta Cáceres, Berta Zúniga Cáceres, asiste al juicio en contra de David Castillo, por el asesinato de su madre. Foto Archivo Contracorriente.
La hija de Berta Cáceres, Berta Zúniga Cáceres, asiste al juicio en contra de David Castillo, por el asesinato de su madre. Foto Archivo Contracorriente.

Amin, el especialista de Transparencia Internacional, dijo que el uso de los 500.000 dólares para la «campaña de socialización» revelaba cosas nuevas sobre la venta inicial del préstamo.

«Es posible que hayan ocultado la venta del préstamo al amigo de Mossi por una fracción de su valor y, simultáneamente, hayan tenido la intención de hacer que el mismo préstamo valiera mucho más, en caso de que el proyecto de ley prosperara».

El proyecto de ley OIT 169 era «ampliamente impopular entre… las comunidades indígenas de Honduras», dice Karen Spring, coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras, que reúne a unas 30 organizaciones de Estados Unidos y Canadá que apoyan a la sociedad civil en Honduras. 

«Básicamente lo rechazaron, [diciendo]: ‘Esto no es suficiente, no protegerá nuestros derechos. No lo apoyamos’».

El OIT 169, dijo, fue un intento de «legalizar la violación de los derechos de las comunidades indígenas mediante la promulgación de leyes para facilitar la entrada de más proyectos y ofrecer más flexibilidad para iniciativas económicas, incluidos los proyectos de generación de energía y el despojo de tierras.»

*Mariana Castro es fellow de Columbia Journalism Investigations, una unidad de investigación periodística de la Columbia Journalism School.

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