En el nuevo siglo, Juan Luis Bosch se alejó de la primera línea de la actividad gremial o política. Pero siempre que fue necesario, salió al rescate de los empresarios.  La crisis que desató la CIGIG fue el último de estos episodios que requirieron la presencia de Bosch.  

Este es el quinto reportaje de la serie: “Juan Luis Bosch: un hombre que ríe y calla” publicada por No Ficción.  

En esta fotografía de 2018 no aparece Juan Luis Bosch. No está, aunque de alguna manera sí. 

Es su hermano Felipe Bosch —de perfil, a la izquierda, en primer plano— el que está en un juzgado, esperando ser procesado. 

Pero este no es un juicio contra algo que Felipe hizo por iniciativa individual o beneficio propio. Es un proceso contra un conjunto de familias —entre ellas, la de los Gutiérrez-Bosch— y contra una práctica que había sido común entre la élite guatemalteca: la de financiar en secreto a los partidos políticos dominantes. 

Juan Luis no está en la foto pero pudo estarlo.  

Desde que abandonó los cargos en la Cámara de Industria y en la coordinadora de todas las cámaras, el Cacif, a principio de los años 90, Bosch fue desapareciendo de las escena pública. Poco a poco, su rostro dejó de ser familiar para los guatemaltecos.  

Para la mayoría de la población, se convirtió en un integrante más de esa élite anónima a la que solo pueden intuir en los helicópteros que sobrevuelan la capital o en las caravanas de vehículos blindados con vidrios opacos que circulan por las calles. 

Fue su primo Dionosio Gutiérrez Mayorga quien se convirtió en el rostro público de la familia. Dionosio se dedicó a comprar espacio televisivo “prime time” para mostrar un programa de entrevistas que él conducía, lo que le convirtió en uno de los empresarios más conocidos en el país.

Juan Luis Bosch, en cambio, se concentró en los negocios. Y en especial en la expansión de todas las actividades de la familia no relacionadas con la alimentación: telefonía, energía, desarrollo inmobiliario… A veces aparecía en revistas de negocios, en las que se era tratado como un gurú empresarial. Pero, en gran parte, se mantenía en un segundo plano, dedicado a una discreta vida familiar.  

Hasta el fallecimiento de su mamá, Isabel Gutiérrez, en 2020, Bosch solía desayunar con ella cada jueves siempre que estaba en la capital. También organiza un viaje familiar anual. En 2016, por ejemplo, fueron a República Dominicana, en donde la familia posee fábricas de pastas y galletas y molinos de harina. 

Pero todo esto no significa que Bosch dejara de ser poderoso. Su figura transicionó desde una presencia constante ante el público, a no necesitar ningún retrato para ejercer su influencia. El cambio no significó dejar de dominar; representó saberse un nombre cuya única mención representa dominio.  

Hablar de Bosch se convirtió en sinónimo de hablar de la cúspide del sector privado, el llamado G-8, la cúpula dentro de la cúpula.  

Las diferentes cámaras o el Cacif se dedican a las batallas diarias; a ocupar los puestos que al sector privado le corresponden en multitud de instituciones públicas; a reunirse con diputados o ministros. Pero en las situaciones más delicadas, no solo es necesaria la participación de las cámaras, si no la presencia de la verdadera cúpula. Y en especial, de los integrantes más activos y respetados de ella: hombres como Juan Luis Bosch.  

“El primer el alarido de ‘vamos adelante’, ‘eso mero’; el primer aplauso, siempre viene de Juan Luis”, comentó en un reciente video institucional un expresidente de la Cámara de Industria, Thomas Dougherty. 

“Como son entusiastas dan la cara, porque hay muchas familias que no lo hacen”, dijo Roberto Gutiérrez, refiriéndose a su primo Juan Luis en una entrevista para este reportaje concedida en 2017.

Por eso, en los últimos años, cada vez que volvió a sonar el nombre de Bosch fue en los momentos de crisis. Y uno de esos momentos fue precisamente el que condujo a la fotografía de su hermano Felipe en un juzgado, en 2018.

Bosch no aparece en ella pero, en realidad, había trabajado los dos años anteriores  para que esta imagen nunca se produjera.

Las cinco letras

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no parecía la típica institución que fuera a generar aversión en el sector privado. 

No iba a dedicarse a hurgar en el doloroso y violento pasado del país —como había hecho la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Tampoco pretendía criticar la desigualdad o el racismo imperante —como solían hacer otras agencias de Naciones Unidas. 

La CICIG parecía enfocada en algo menos político y más práctico. La Comisión llegó para ayudar a la justicia guatemalteca a desmantelar los grupos del crimen organizado que utilizaban su vínculo con el Estado para matar, robar o contrabandear con impunidad.

Durante años, los grandes empresarios habían criticado la falta de visión de los políticos corruptos; habían insistido en el daño que le producía a la economía el contrabando; se habían quejado de todo el dinero que debían invertir en la seguridad de sus negocios.

La CICIG llegó, en parte, para atender estos problemas y por eso no generó un rechazo unánime entre los empresarios. 

Algunos de ellos sí se mostraron contrarios, pero lo que cuestionaban era el hecho de que si se establecía la Comisión, Guatemala cedía una parte de su soberanía a la comunidad internacional para que persiguiera delitos en su territorio. Esto era algo que muy pocos países habían hecho. Y, en la mente de algunos empresarios, era un precedente peligroso.  

Pero los objetivos de la Comisión no estaban bajo discusión. El país vivía entonces desbordado por la violencia y la criminalidad —la tasa de homicidios crecía sin parar y en 2009 alcanzó su pico histórico en tiempos de paz —y eso era algo que los grandes empresarios señalaban una y otra vez.

Finalmente, tras mucho debate, la CICIG fue invitada a instalarse en el país en 2007. Y quién lo hizo fue Óscar Berger, el viejo amigo de Bosch, alguien próximo a la élite.

Mientras la CICIG persiguió a bandas de policías, narcotraficantes y algunos políticos, ningún gran empresario pareció cuestionarla. 

Por primera vez un expresidente —Alfonso Portillo— era procesado por corrupción. Altos mandos policiales estaban presos por robar cargamentos de droga. Las redes de adopciones ilegales —un negocio fabuloso de la décadas anteriores— comenzaban a ser perseguidas. Por primera vez, el asesinato de un líder social cometido por narcotraficantes — el activista Víctor Gálvez, era investigado a fondo y resuelto. 

Estos eran los delincuentes y el tipo de delitos para los se había creado la Comisión. Y casi nadie ponía en duda esto.

Los primeros cuestionamientos se escucharon, y más bien en voz baja, a partir de 2010, cuando la Comisión comenzó a perseguir a los grupos de exterminio de delincuentes que habían operado en el Ministerio de Gobernación durante la presidencia de Berger.  

Según puso en evidencia la CICIG, en el caso Pavón, durante el mandato de Berger se produjeron al menos dos episodios de “limpieza social”. El primero consistió en el asesinato de al menos tres reos que se fugaron del penal de El Infiernito en 2005. El otro ocurrió durante la toma de la cárcel de Pavón en 2006, cuando fueron asesinados siete presos. Este operativo fue conocido como “Operación Pavo Real”. En aquel momento, el director del Sistema Penitenciario era el actual presidente Alejandro Giammattei. 

En estos casos fue implicado al exministro de Gobernación Carlos Vielmann (2004-2007), un respetable productor de cal, ex alumno del Liceo Javier, ingeniero y expresidente de la Cámara de Industria —tres características que compartía con Juan Luis Bosch— al que la CICIG acusaba de ser el líder de una estructura de “limpieza social”.

Para la élite, lo problemático de este caso no solo era quién estaba implicado —uno de ellos—, sino el propio delito que se perseguía. 

Sí, probablemente se habían cometido abusos policiales bajo el mando de Vielmann, razonaban los empresarios, pero no podía equipararse a los asesinos y secuestradores con quiénes los habían tratado de exterminar. Los “verdaderos” criminales eran los primeros, no los segundos. 

Sin embargo, eran los asesinos y secuestradores quienes ofrecían sus testimonios a la CICIG, precisamente para encarcelar a los funcionarios que los habían tratado de asesinar. Esto, para algunos, era lo opuesto a la justicia.

Como explicó años más tarde el expresidente Berger durante uno de los juicios que enfrentó Vielmann, la Comisión debía centrarse en los delitos que, según él, sí generaban inseguridad: las extorsiones, el asesinato de pilotos del transporte público, la invasión de fincas, y no en perseguir a hombres honestos. 

Aún así, en 2010, los procesos de la CICIG en contra de grandes empresarios eran algo aún puntual. Y tampoco era sencillo argumentar que un caso como el que se emprendió en contra del exministro —por ejecuciones extrajudiciales— no fuera el tipo de caso para el que se había creado la Comisión.

Pero todo esto comenzó a cambiar en 2015. A partir de entonces, los razonamientos que se habían hecho en voz baja para defender a Vielmann fueron, poco a poco, convirtiéndose en el pensamiento dominante entre la élite.  

La ola y el tsunami

Desde los primeros meses de 2015, la CICIG puso en marcha un ola de acusaciones en casos de corrupción sin precedentes en la historia del país. 

La ola tuvo una primera fase que se centró en el sistema político y puso en evidencia lo que los empresarios habían criticado con frecuencia: que el país era gobernado por personas sin muchos escrúpulos que llegaban al poder para enriquecerse. 

Inicialmente, el sector privado vió con simpatía la ola anticorrupción. Cuando estalló La Línea, el caso de defraudación aduanera, contra el entonces presidente Otto Pérez Molina; la ciudadanía se movilizó para pedir su renuncia y algunas grandes empresas se sumaron al paro nacional que se organizó.  

Los restaurantes Pollo Campero, propiedad de la familia de Juan Luis Bosch, también cerraron y en sus redes sociales compartieron mensajes de apoyo a la protesta. El hermano de Juan Luis, Felipe, y su primo, Dionisio Gutiérrez, también pidieron al presidente que renunciara. La coordinadora de las cámaras empresariales, el Cacif, afirmó que “la renuncia del mandatario” “se hace importante”. 

Con las graves acusaciones del MP y la Cicig se hace importante la renuncia del mandatario.

— CACIF (@CACIFGuatemala) August 24, 2015

La CICIG acusaba a Pérez Molina y otros altos funcionarios de lucrarse con los sobornos que se pagaban en la aduanas a cambio de no pagar impuestos. Y aunque Pérez Molina no había sido un presidente hostil con los empresarios, estos graves señalamientos eran suficientes para que no vieran con malos ojos su caída.  

Nos unimos al #Paro27A porque somos #MásGuateQueNunca pic.twitter.com/ayWhfTOCfF

— Pollo Campero Guatemala (@CamperoGT) August 27, 2015

Para el Cacif, la lucha contra el contrabando o el fraude en las aduanas había sido una exigencia recurrente. De hecho, habían utilizado este argumento para rechazar las subidas de impuestos: antes que una reforma tributaria, debían cobrarse los impuestos que ya existían, repetían. 

Además, este era un caso centrado en los funcionarios que pedían las mordidas. Solo unos pocos particulares fueron señalados de pagar los sobornos, y estos eran pequeños importadores, propietarios de comercios en el centro de la Ciudad de Guatemala. 

El proceso, tal y como fue presentado, buscaba extirpar una estructura criminal en particular —llamada La Línea— que se embolsaba los impuestos que debía cobrar el Estado. Era claro que esto constituía un daño muy concreto para la sociedad y que los causantes del daño eran los funcionarios. 

Pero La Línea condujo a la CICIG a adquirir una gran cantidad de información de cómo había operado el gobierno de Pérez Molina. Y esto desencadenó una segunda parte de la ola anti corrupción: el llamado tsunami. 

Esta nueva fase sería más problemática para los grandes empresarios. 

Para ellos, dentro de este tsunami anti corrupción, ya no sería tan fácil discernir cuál era el daño que estaba tratando de evitar la CICIG. Tampoco si muchos de los acusados eran los verdaderos causantes del problema; ni cuál era el objetivo de la Comisión al sacudir como nunca antes el panorama político del país.

El sistema al desnudo

Pérez Molina se había enriquecido ilegalmente ya desde la campaña electoral, confirmaron las averiguaciones de la CICIG. 

El caso Cooptación del Estado evidenció cómo el entonces candidato y otros miembros de su partido habían recibido múltiples donaciones de empresas y particulares. Estos regalos tenían el objetivo de ganarse el favor del candidato favorito en las elecciones y, posiblemente, obtener a cambio contratos o favores públicos. No estaba muy claro si estas donaciones eran regalos directos al bolsillo de Pérez Molina y su círculo o si eran contribuciones para financiar su campaña o ambas cosas porque este dinero no aparecía en la contabilidad del partido. 

Después, el presidente había dividido los ministerios y las instituciones públicas entre sus personas más cercanas y había otorgado el derecho a cada uno de ellos a cobrar los sobornos que rutinariamente se pagaban en ellas a cambio de adjudicar contratos o realizar pagos. 

El presidente, como capo de la estructura, tenía una parte de casi todos los “negocios”. Y como la CICIG evidenció, casi todo lo que se hacía en el Gobierno era un negocio.

Esto se revelaría en varios casos que estallaron a partir de 2016. Decenas de funcionarios o altos cargos que cobraban sobornos a cambio de favores o recibieron donaciones anónimas durante la campaña fueron capturados. Y con ellos también los empresarios que les sobornaban o financiaban. 

Estos ya no eran comerciantes chinos o árabes de la 18 calle de la capital, como había sucedido con La Línea. Eran algunos de los principales ejecutivos del país, eran ex presidentes de las cámaras empresariales, eran reputados inversores extranjeros, era la respetable élite nacional que con frecuencia había criticado la corrupción.  

Ahora ya no había un solo Carlos Vielmann presentándose como víctima de la CICIG. Había muchos, y el tipo de argumentos que se habían escuchado para defenderle se repitieron hasta convertirse en el discurso dominante entre la élite. 

Sí, la corrupción era un problema y era un error contribuir a ella. Pero no se podía equiparar a los “verdaderos” causantes de la misma: los políticos, con quiénes se veían forzados a vivir en ese sistema: los empresarios. 

Ellos no pagaban sobornos, eran extorsionados por los funcionarios. Eran los candidatos los que pedían que las donaciones electorales fueran anónimas, no era idea de los empresarios.  

Sin embargo, para ellos, la CICIG estaba exhibiendo en sus conferencias de prensa y en los tribunales a las dos partes por igual. Y, como había sucedido en el caso de Vielmann, estaba utilizando los testimonios y las pruebas aportadas por los funcionarios —los “verdaderos criminales”— para perseguir al sector privado, las “víctimas” del sistema. 

Había empresarios que llevaban meses en prisión preventiva, sufriendo el cruel sistema penitenciario y las demoras del sistema judicial. 

Otros eran sometidos a la humillación de ser capturados y desfilar ante las cámaras de televisión, esposados y con gesto desorientado, en su camino a la torre de tribunales, en la zona 1 de la capital. 

Otros se veían en la situación de escapar del país y convertirse en fugitivos. 

Los más afortunados, como le sucedió al hermano de Juan Luis Bosch, Felipe, eran citados ante el juez, pero igualmente se exponían a las fotografías, a aparecer en los noticieros con su cara de no querer estar ahí y que todo el mundo supiera que estaban siendo juzgados. 

Estas eran las penalidades que siempre habían sufrido “los verdaderos” delincuentes sin que hubiera generado muchas críticas de la derecha o el sector privado. Pero ahora eran ellos quienes padecían el sistema de justicia del país. Y lo hacían, además, con la consciencia de que su sufrimiento era algo aplaudido por muchos. Algo, incluso, que muchos disfrutaban.  

Como había sucedido durante el gobierno de Cerezo, la CICIG había despertado miedos arraigados en el sector privado: el temor al comunismo, a sentirse desplazados, a que el país cambiara por la influencia de extranjeros, a que se les considerara a ellos, que crean riqueza y empleos, como los principales responsables de la situación del país.

Pero todo esto —la publicidad, el saber que los procesos en su contra eran algo popular que podía ser utilizado políticamente— llevó a los grandes empresarios a hacerse muchas preguntas sobre cuál era el objetivo de la CICIG.

¿A dónde conducía esta lucha anticorrupción? ¿No terminaría por dañar la economía? Se estaba tratando de destruir el sistema político tradicional, pero ¿para sustituirlo por cuál? 

Como había sucedido durante el gobierno de Cerezo, la CICIG había despertado miedos arraigados en el sector privado: el temor al comunismo, a sentirse desplazados, a que el país cambiara por la influencia de extranjeros, a que se les considerara a ellos, que crean riqueza y empleos, como los principales responsables de la situación del país.  

Todo eso había vuelto. Y por eso, era necesario el regreso de Juan Luis Bosch, el hombre que había liderado la rebelión contra Cerezo.

La casa de Bosch

Para el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, un veterano fiscal colombiano que se había enfrentado en su país a capos del narcotráfico, la visión no debió ser muy intimidante. 

Aunque, de alguna forma, la situación estaba diseñada para intimidar.

Era uno de esos discretos eventos en los que, con frecuencia, se decide el destino de Guatemala.

Ocurrió un día en el segundo semestre de 2016. Y allí, en una elegante casa de una de las zonas nobles de la Ciudad de Guatemala, Iván Velasquez se había reunido con un buen número de los empresarios más importantes del país, según explicaría después en una entrevista en Plaza Pública. 

El propietario de la casa era Juan Luis Bosch y allí estaban presentes no solo Bosch y su hermano Felipe, sino también una veintena de integrantes de la cúpula. Habían convocado al fiscal colombiano para mostrarle su preocupación por la actividad de la CICIG.

Bosch había formado parte de los “comités estratégicos” del sector privado en los principales momentos de crisis para los empresarios del pasado reciente del país. 

El empresario participó en las negociaciones que condujeron a la renuncia y huida del presidente Jorge Serrano Elías, tras su fallido intento de autogolpe de Estado en 1993, como relata la académica Rachel McCleary en su libro: “Imponiendo la Democracia”. 

Siempre que hubo serios intentos de reforma fiscal, Juan Luis Bosch también estuvo presente. El pago de impuestos bajos forma parte esencial del modelo económico en el que había prosperado. Y como él dejó claro en una de las pocas entrevistas que concedió en los últimos años, es un firme creyente de que las tasas tributarias no deben tocarse, y de que el Estado tendrá más ingresos solo en la medida en que la economía crezca y se cobren los impuestos que ya existen.  

Esa sería la posición del sector privado que siempre se encontrarían los ministros de Finanzas y la que Bosch defendió ante ellos. 

En su libro “Rendición de Cuentas”, Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas, entre 2008 y 2010, señala a Juan Luis Bosch como el líder de la cruzada empresarial que evitó que se aprobara la reforma fiscal que él promovió.

Fuentes Knight menciona haber estado presente en varias reuniones en elegantes casas de la zona 14 de la capital, en las que Bosch hacía presentaciones para explicarle a él, y al entonces presidente Álvaro Colom, por qué la reforma fiscal no debía producirse.  

“Bosch ejercía en la práctica un importante liderazgo en el seno del G8”, escribe el exministro. Fuentes Knigh asegura que, en una ocasión, para dejar patente su malestar, Bosch “en presencia del presidente, hizo una presentación y luego abandonó la reunión sin escuchar reacciones”. 

El empresario había estado en multitud de discretas reuniones con altos funcionarios en residencias privadas. Estos encuentros, normalmente, habían sido útiles para llegar a acuerdos muy lejos de la atención pública. 

La sola presencia de la cúpula expresando cuál era su opinión sobre un tema había sido un poderoso factor disuasivo para los políticos. Así había sucedido, de hecho, con la reforma fiscal de Fuentes Knight que finalmente perdió el apoyo del presidente Colom y una parte de su gabinete.

Como explicó en una ocasión el académico experto en élites, Fernando Valdez, la cúpula controla alrededor del 25 por ciento de la economía y “puede poner de rodillas al fisco” si así lo desean. “Simplemente pagando sus impuestos en el último día del mes, pueden poner problemas en el flujo de caja para pagar los salarios (del Estado)”, dijo Valdez en una entrevista con uno de los autores de este perfil.

Cada vez que se había producido una reunión privada entre cúpula empresarial y gobierno, esta relación de poder había estado presente. Y esto había favorecido la negociación, que es precisamente lo que Bosch y los otros grandes empresarios buscaban cuando invitaron al fiscal Velásquez en 2016.

Pero el comisionado de la CICIG ni era guatemalteco —según explicó, no recuerda quiénes eran muchos de los presentes— ni buscaba una carrera política en el país; ni, en realidad, necesitaba nada de la cúpula.

Quizá esto explique lo que sucedió durante la reunión y en los siguientes meses en el país.

Aunque todo ocurrió en la casa de Bosch, lo que pone relieve su protagonismo entre la élite, no fue él quien invitó a Velasquez. 

Según explicó el comisionado, el contacto lo hizo Jose René González-Campo, entonces presidente del Cacif y hombre cercano a Bosch —en la actualidad es uno de los ejecutivos principales de CMI, la corporación familiar dirige Bosch y que posee entre otros negocios, los restaurantes Pollo Campero.

Siempre según la versión de Velásquez, González-Campo le citó para hablar porque había “mucha preocupación” en el sector empresarial. La intranquilidad provenía del caso Cooptación del Estado. Era un caso con tantas ramificaciones que el desasosiego era creciente. 

El comisionado aceptó la invitación. Dice que fue solo y se encontró con “20 ó 30 de los más importantes empresarios de Guatemala”. Le dijeron, siempre según su testimonio, “que ya habían aprendido la lección y que esto tenía que parar”. Con “esto” se referían a las investigaciones de la CICIG.  “Que si no parábamos, lo que había que hacer era ponerle una cerca al país, rejas al país, porque todos quedarían presos”, asegura que dijeron en casa de Juan Luis Bosch. 

La propuesta consistía, según interpretó Velásquez, en “un pacto de punto final”. La CICIG se detenía, y ellos, a cambio, se comprometían a “no volver a hacer cosas”. 

Los empresarios estaban mostrando a Velasquez su preocupación y abriendo la puerta a la negociación. No era necesario explicitar que si el Comisionado se negaba a abrir esa puerta, los empresarios quizá ya no serían tan amistosos con la Comisión. 

Pero Velasquez no quiso negociar. Como solía repetir, la justicia no se negociaba. Los límites, les dijo, serían las pruebas. 

El 90 por ciento

La CICIG no solo no paró, sino que, meses después de la reunión, varios de los asistentes fueron acusados en casos investigados por la Comisión. Sus nombres fueron mencionados en conferencias de prensa, su imagen apareció en los medios. 

Primero llegó Corrupción y Construcción, un caso que estalló en julio de 2017 y cuya investigación se fue ampliando a lo largo del año siguiente. 

En este proceso acabarían implicados prácticamente todos los principales constructores de obra pública del país por pagar sobornos o financiar campañas en secreto. 

Uno de los implicados fue Jose René González-Campo, el expresidente del Cacif que organizó la reunión en la casa de Bosch, quien durante un cuarto de siglo había dirigido el grupo Precon, un gran fabricante de estructuras de concreto. Gónzalez-Campo estaba acusado de financiar la campaña del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi en 2011 (Construcción y Corrupción Fase II).

Después, en junio de 2018, le llegaría turno al hermano de Bosch, Felipe, quien fue acusado en el caso Financiamiento electoral ilícito FCN-Nación de financiar en secreto la campaña que llevó a la presidencia a Jimmy Morales. 

La investigación de CICIG estableció que Felipe Bosch y otros integrantes de la cúpula  —Castillos, Novellas, Vilas, Paiz — aportaron casi 1 millón de dólares que nunca fueron declarados a la autoridad electoral y que sirvieron para costear la contratación de fiscales de mesa para el día de la elección. También pagaron asesores para Morales. 

Los grandes empresarios podrían haber hecho esta donación de manera legal sin problema. La cantidad de dinero implicada no era muy alta y tampoco se demostró que ellos pidieran algún favor a cambio.  Sin embargo, los empresarios habían optado por hacer la donación de manera ilegal: deliberadamente ocultando el origen real del dinero.  

Felipe Bosch y los otros miembros de la élite reconocieron los hechos, pidieron perdón y presentaron la donación como un aporte al funcionamiento de la democracia. 

Uno de los implicados en el caso, Rodrigo Arenas, argumentó que el aporte se había hecho en secreto a petición de Jimmy Morales porque su partido no tenía capacidad para gestionarlo y quería mantener la imagen de una campaña “austera”

Este no fue uno de los casos más graves que desveló la CICIG. Es probable que ninguno de los acusados terminaría en la cárcel.  Sin embargo, este caso fue clave en la relación de los empresarios con la CICIG.  

Primero porque afectó a la verdadera élite, literalmente, las personas más ricas del país. Segundo, por cómo sucedió todo: en público, en conferencias de prensa y ante las cámaras. Y tercero por lo que tenía de revelador. 

El caso puso el foco en una práctica cuya existencia se había sospechado durante décadas pero que nunca se había probado: la cúpula sí donaba dinero a sus candidatos preferidos y lo hacían de manera coordinada. Ahora, se veían forzados a salir de la comodidad que había implicado el anonimato. 

Quizá, en la elección de 2015, la donación secreta había ocurrido a petición de Morales, como argumentaba Rodrigo Arenas. Pero lo cierto es que desde 1985 se habían celebrado comicios presidenciales y nunca una empresa conocida de CMI o un Bosch o un Gutierrez, o prácticamente ningún miembro de la élite, había aparecido en los reportes de financiación que se hacían públicos.

En realidad, existía un desconocimiento casi total sobre quién financiaba las campañas. Los informes que se presentaban a la autoridad electoral casi siempre contenían los nombres de los propios candidatos del partido u otros militantes conocidos.

Se vivía en la ficción de que los principales contratistas del Estado —que tienen prohibido ser donantes—, o las grandes empresas, carecían de interés en influir en los políticos o en evitar que sus enemigos llegaran al poder. 

Esto permitía a la élite desvincularse del sistema político y poder criticarlo como si fuera algo a lo que no contribuían en absoluto.

Era tan notorio que los reportes a la autoridad electoral eran inverosímiles, que los propios candidatos reconocían que incumplían la ley. Así lo hizo Pérez Molina en una entrevista concedida a uno de los autores de este perfil en 2011 y publicada en el diario elPeriódico:  

—Su campaña electoral es de las más caras, si no la que más. Sin embargo, los reportes que se envían al TSE no son creíbles. ¿Cómo pueden los ciudadanos tener certeza de quién les financia?

—Aquí hay gente que a uno le dona dinero, pero no quiere que su nombre aparezca. Y tienen cien razones para hacerlo, en primer lugar porque es una posibilidad real que el gobierno les persiga. Yo di la directriz de que a todos los donantes se les pidiera que su nombre pudiera aparecer. Pero el 90 por ciento pidió anonimato y por eso nosotros no podemos dar los nombres.

La CICIG había comenzado a arrojar luz sobre quiénes estaban en ese 90 por ciento.  Muchos eran empresarios “emergentes” que pretendían hacer fortuna gracias a fondos o favores públicos. Otros eran criminales: la vicepresidenta de Pérez Molina, Roxana Baldetti, está pendiente de extradición a Estados Unidos por recibir dinero del narcotráfico.  

Pero, además de estos dos grupos, había un tercero que tradicionalmente había considerado que los dos anteriores eran los causantes de casi todos los males del país:  los miembros de la cúpula.

Juan Luis Bosch, el financista

Juan Luis Bosch nunca fue un importante proveedor del Estado, pero eso no significa que sus negocios no se vieran afectados por decisiones públicas. 

Desde hacía décadas, la corporación familiar se beneficiaba de exenciones o incentivos fiscales y dependía de un sistema arancelario que reducía sus costos y encarecía los de la competencia extranjera. Desde comienzos de los años 90, además, había invertido cientos de millones de dólares en sectores como la energía y las telecomunicaciones, que eran estrictamente regulados por el Estado y que dependían de concesiones estatales.

Los políticos podían beneficiar o perjudicar a CMI. Y desde 1985, Juan Luis Bosch se había preocupado de influir sobre ellos. 

En una entrevista para este reportaje, el expresidente Vinicio Cerezo recordó que, en 1985, durante la campaña que le llevó a la presidencia, conoció a Bosch y varios de sus parientes. 

“Ellos nos ofrecieron ayuda económica para la campaña electoral”, dice en el despacho de la fundación que dirige, la Fundación Esquipulas, en la zona 13 de la capital. “Para que no nos pidieran favores después, mi tesorero decía: ‘en lugar de un millón (de quetzales), mil por mil”. El dinero llegaba con comodidad porque entonces la Ley Electoral no tenía demasiadas exigencias. “Generalmente, eran cheques que entregaban al candidato. Nuestro tope eran 10.000 quetzales” (En 1985 esto equivalía a un rango de entre 2,700 dólares y 6,000 dólares de ese momento, por la complejidad del sistema de cambio del momento)

—¿Y podían darle hoy 10.000 y mañana otros 10.000?

—Sí.

Cerezo dijo que Juan Luis Bosch jamás le dio dinero en persona, sino que lo traían los colaboradores del presidente, entre ellos Mario López Estrada, quien se convertiría en su ministro de Comunicaciones y uno de los hombres más ricos del país.

En las siguientes elecciones, las de 1991, el nombre de Bosch volvió a aparecer. Esta vez como uno de los promotores de lo que fue conocido como Grupo Pirámide. Este colectivo pretendió agrupar a los principales empresarios del país para que concentraran sus esfuerzos de financiación electoral y así garantizar la derrota de la Democracia Cristiana de Cerezo, que para entonces, se había convertido en indeseable para el sector privado.

El papel de Bosch se haría relevante de nuevo, en la emergencia de la candidatura a la presidencia de Óscar Berger y su partido: La Gran Alianza Nacional (GANA). 

En una entrevista para este reportaje, el empresario azucarero y extesorero de las campañas Berger, Alfredo Vila, explicó que “los Bosch en alguna medida apoyaron las campañas. Venían personalmente, cada uno por separado”, dijo.

El papel de Bosch se haría relevante de nuevo, en la emergencia de la candidatura a la presidencia de Óscar Berger y su partido: La Gran Alianza Nacional (GANA).

Ya en el poder, a partir de 2004, Vila recuerda que cada dos meses un grupo de empresarios llegaba a Casa Presidencial para discutir el panorama político. Juan Luis Bosch integraba la comitiva. “Eran personas con las que el presidente se sentía cómodo”, dijo Vila, quien niega cualquier injerencia empresarial.

El sucesor de Berger, Álvaro Colom (2008-2012) no tuvo las mejores relaciones con los empresarios. Pero quién ocupó la presidencia después, Pérez Molina, sí fue más próximo al sector privado, y de nuevo uno de los parientes de Bosch apareció vinculado a su primera campaña, la de 2007. 

Pérez Molina no le dijo a la prensa quién lo financiaba, pero sí a la embajada de Estados Unidos, que redactó un informe sobre el tema que después sería filtrado por la organización Wikileaks. 

“Después de cierta resistencia del sector privado más importante, Pérez Molina aseguró que está recibiendo apoyo de los Castillo, los Novella, los Herrera y Dionisio Gutiérrez, que pueden considerarse las cuatro familias más ricas de Guatemala”, afirma el memorando diplomático.

Esos apellidos nunca habían figurado en los reportes de financiación que presentaba el candidato.  Después, Pérez Molina, reconoció que él y varios de sus ministros se reunían todos los martes con algunos de los grandes empresarios del país. 

Ahora, en 2018, gracias a la investigación de la CICIG, un Bosch aparecía de nuevo financiando en secreto una campaña política. Y esto ya no era un rumor, era una certeza.

La voz del Cacif

La fotografía de Felipe Bosch sentado en el banco de un juzgado puso en evidencia que las maniobras de los grandes empresarios para detener a la CICIG no habían funcionado. 

La reunión en la casa Bosch no había inducido a una negociación o un abordaje diferente de sus casos. Los procesos habían continuado y llegado a implicar a los propios asistentes a la reunión.  

Esfuerzos posteriores, como un viaje que realizó Juan Bosch a Washington, tampoco rindieron frutos inmediatos.  

Bosch y otros grandes empresarios acudieron a la capital de Estados Unidos, en diciembre de 2016 para hablar con congresistas de ese país o sus equipos. Ellos niegan que el propósito de estos encuentros fuera cabildear contra CICIG o tratar de que la administración del presidente Barack Obama dejara de financiar o apoyar a la Comisión.

Sin embargo, un editorial del diario Prensa Libre, que tradicionalmente no ha sido un medio crítico con el sector privado, señaló que uno de los temas que se abordó en este viaje fue el descontento que generaba entre los empresarios el comportamiento del entonces embajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson. El funcionario era uno de los principales apoyos de la CICIG en el país.

Posteriormente, otros grandes empresarios aparecerían también vinculados a la financiación de lobbies para tratar de expulsar a Robinson o a Iván Velasquez o dañar la reputación de CICIG.

Estos intentos tuvieron algunos éxitos. La CICIG pasó de ser un tema de consenso a uno controversial en Washington, al menos para los grupos más conservadores. Congresistas republicanos como Marco Rubio se esforzaron por suspender parte del financiamiento de la Comisión. Y un respetable periódico popular entre la élite estadounidense, el Wall Street Journal, publicó columnas de opinión que dieron crédito a teorías conspirativas sobre cómo la Comisión era una herramienta de la izquierda o del gobierno ruso.    

Quizá esta corriente de opinión influyera sobre lo que sucedió después: la administración de Donald Trump no salió al rescate de la CICIG cuando la institución más lo necesitaba. Pero los esfuerzos de Bosch u otros empresarios no tuvieron logros inmediatos. 

Todd Robinson se mantuvo en el cargo los tres años habituales en los embajadores estadounidenses. Su sucesor, Luis Arreaga, si bien utilizó un lenguaje más moderado, insistió en que su agenda era la misma de Robinson. 

Además, durante su mandato, Estados Unidos continuó persiguiendo la corrupción en el país. Entre 2017 y 2020, fiscales de Estados Unidos pidieron la extradición de uno de los principales ejecutivos del país por lavado de dinero: Acisclo Valladares, de la telefónica Tigo. También forzaron el cierre de un banco —Bancredit— por el mismo motivo. Y procesaron a uno de los políticos más poderosos del país: Manuel Baldizón por recibir financiación de narcotraficantes.  

En realidad, durante meses, nadie pudo alterar lo fundamental: la CICIG seguía haciendo su trabajo: el tsunami parecía tener fin.  

Bosch había recurrido a las técnicas que habían sido eficaces en el pasado: las reuniones privadas, las peticiones de negociación, la presión internacional. Nada de eso había impedido la fotografía de su hermano Felipe, sentado en el banquillo de las acusados, a mediados de 2018.

Pero a los grandes empresarios aún les quedaba una carta: dejar claro, ante todo el país, cuál era su posición sobre la CICIG.  

Hasta ese momento, el malestar había ido creciendo, pero se había manifestado de maneras sutiles. Un ejemplo es cuando en 2017 Felipe Bosch afirmó que él no consideraba al entonces presidente Jimmy Morales “un político corrupto”, pese a los señalamientos que ya tenía en su contra por recibir donaciones anónimas.  

Pero a finales de 2018, después de la foto de Felipe Bosch en el banquillo de los acusados, decidieron ser directos. El elegido para lanzar el mensaje fue el entonces presidente del Cacif: Marco Augusto García Noriega, un ejecutivo de larga trayectoria vinculado a Juan Luis Bosch. 

García Noriega fue directivo del banco Reformador, del que fue accionista principal Bosch y es representante de algunas de las empresas de Bosch en España.

En noviembre de 2018,  en una cumbre internacional ante empresarios de toda América Latina, García Noriega leyó un discurso que decía: “el tema de la corrupción se desvió de ser un tema legal, a un tema de ideología, un tema partidista, un tema para desprestigiar al empresario, como si fuera el única persona que es sujeto del delito. Esto lo vemos como una política del populismo. Lo que muchos empresarios han sufrido, han sido persecuciones selectivas. Bajo el lema de la lucha contra la corrupción se han cometido graves injusticias con gran perjuicio de la economía”.

Esta declaración implicaba hacer público que el sector privado ya había elegido bando: el de los contrarios a la CICIG, que para entonces ya era muy numeroso. También evidenciaba que los empresarios asumían la idea de que la Comisión era un arma de la izquierda. No negaban la veracidad de las acusaciones de CICIG. Más bien, por primera vez, mostraban de manera explícita el agravio que llevaban años sintiendo: ¿por qué se les perseguía a ellos y no a los “verdaderos delincuentes”?   

Que un presidente del Cacif se pronuncie sobre un tema no es algo sencillo. Requiere que haya consenso entre los directivos de las diferentes integrantes de la organización. Esta suele considerarse una debilidad del Cacif, lo que le impide reaccionar rápido o ser más audaz. Pero es también una de sus fortalezas principales. Porque cuando un presidente del Cacif emite una opinión,  la sociedad guatemalteca sabe que su voz es la de todos los grandes empresarios y que no habrá fisuras, al menos no en público.

Por eso, cuando García Noriega se pronunció contra la CICIG quedó claro que por su boca hablaba la cúpula y que la cúpula deseaba enviar un mensaje: no harían nada para defender a la Comisión. Cualquiera era libre para atacarla.

El crimen

No es sencillo esclarecer quién mató a una institución con tantos enemigos como la CICIG. 

Hasta el momento, no han aflorado evidencias que indiquen que el Cacif o Juan Luis Bosch tuvieron un papel decisivo en la desaparición de la Comisión, o en lo que ocurrió después de su muerte: la persecución de quiénes la apoyaron o trataron de continuar su trabajo. 

Pero lo que es seguro es que desde el discurso de García Noriega, los grandes empresarios callaron en cada vez que fue necesaria su voz para proteger la institucionalidad. Y quien quiso actuó contra la Comisión. 

Los empresarios, el grupo más poderoso y mejor organizado del país; el grupo que suele emitir comunicados de condena cuando un grupo de campesinos corta una carretera, fue incapaz de pronunciarse para proteger la lucha contra la corrupción.    

La CICIG se fue del país en 2019 gracias a la decisiones de un presidente, Jimmy Morales, acusado en varios de sus casos. 

La principal candidata presidencial que hubiera evitado la expulsión de la Comisión —la exfiscal general Thelma Aldana— no fue inscrita por el Tribunal Supremo Electoral y no pudo participar en las elecciones. 

Además, Aldana comenzó a ser denunciada por casos de corrupción. Su sucesora en el cargo, la nueva fiscal general Consuelo Porras, apoyó estas investigaciones. Sobre Aldana, que fue un apoyo decisivo para la CICIG, ahora pesan tres órdenes de captura. Porras fue incluida en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos que elabora Estados Unidos en 2021.  Aldana hoy vive en Estados Unidos y no puede regresar al país por temor a ser procesada. 

La fiscalía que había trabajado con la CICIG y que quedó a cargo de sus casos —la FECI—  no pudo contratar  a gran parte del personal nacional que había formado parte de la Comisión y poco a poco fue desmantelada por Consuelo Porras. El jefe de la FECI durante años —Juan Francisco Sandoval— fue despedido y hoy también vive en Estados Unidos por miedo a ser encarcelado.  

Algunos de los casos de la CICIG comenzaron a desmoronarse en las cortes, a veces, gracias jueces o magistrados implicados en casos de la Comisión. Los diputados, decenas de los cuáles también tenían acusaciones de CICIG, trataron de reformar leyes para suavizar el castigo en los delitos de corrupción.

El sector privado siempre calló o apoyó abiertamente estas decisiones.

En los comicios de 2019 fue electo un nuevo presidente—Alejandro Giammattei— que había sido procesado  —y exculpado— por participar en ejecuciones extrajudiciales durante los años de Vielmann.  En el Congreso fueron reelectos diputados acusados por la Comisión y la FECI de vender sus votos a una compañía telefónica —Tigo— o cobrar los salarios de supuestos empleados que no existían. En las más altas cortes, se mantuvieron magistrados acusados por la FECI de conspirar con políticos acusados de corrupción para asegurar su nombramiento.

Los principales poderes públicos del país sufrieron una enorme pérdida de legitimidad. Como en 2015, cuando se supo que el presidente y la vicepresidenta de la República recibían una cuota del contrabando en las aduanas, el sistema se mostraba al desnudo ante los ojos de la ciudadanía. Pero, esta vez, los grandes empresarios decidieron mirar a otro lado. 

Quizá muchos de ellos eran conscientes de que todo esto era perjudicial. Quizá muchos de los causantes o los beneficiarios principales de esta ola pro impunidad, eran políticos que no les generaban simpatía. 

Y sin embargo, el silencio. 

Entre 1987 y 1988, durante las amenazas de golpe de Estado, Juan Luis Bosch se había enfrentado a una disyuntiva. Podía defender la institucionalidad y con ello apoyar a un presidente —Cerezo— que no le gustaba. O bien podía callar y beneficiarse del desgaste que le generaba a ese presidente las amenazas de golpe de Estado de sectores radicales en el Ejército y la derecha. 

Había elegido lo segundo. El silencio.

Ahora, el dilema se repetía. Podía apoyar la lucha contra la impunidad, aunque esta hubiera alcanzado a su propia familia y múltiples amigos. O podía callar y permitir que los sectores pro impunidad se abalanzaran sobre la institucionalidad del país.  

De nuevo, había elegido lo segundo. Los beneficios de esta opción fueron instantáneos.

Pese a las evidencias en su contra, que incluían documentos y testimonios directos de los hechos, Felipe Bosch y el resto de grandes empresarios nunca pudieron ser procesados por sus donaciones secretas a la campaña de Jimmy Morales.  

Primero, un fiscal, Rafael Curruchiche, pidió que se cerrara el caso aplicando una medida llamada criterio de oportunidad. Este mecanismo permite a un acusado de delitos leves no enfrentar un juicio si se compromete a no reincidir y hacer una reparación a la sociedad. 

Cuando la jueza a cargo del caso, Erika Aifán, denegó el criterio de oportunidad, otro juzgado le impidió procesar a los empresarios. Desde entonces, no hay noticias de este proceso. 

La jueza Aifán hoy también vive en Estados Unidos por temor a ser encarcelada. El fiscal Curruchiche es el actual jefe de la FECI. Al igual que Consuelo Porras, Currichiche forma parte de la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos. 

En una entrevista de 2017 para este reportaje, José Rene González-Campo, el empresario que organizó la reunión de Iván Velasquez con la cúpula, recordó que cuando llegó a la presidencia del Cacif en 2016 buscó la mentoría de Juan Luis Bosch. 

En una ocasión, Bosch le dijo algo que quedó grabado en su memoría. Le advirtió que por “falta de política”, los empresarios eran preguntados sobre temas que deberían responder los funcionarios. Bosch, el hombre cuyo silencio había bastado para influir sobre la historia reciente del país, le dijo: “la gente nos da mucho más poder del que tenemos”.

***

Hace más de 15 años, en una boda familiar en Quetzaltenango, donde aún reside parte de la familia Gutiérrez, Juan Luis Bosch platicaba con su primo Roberto sobre un libro que le había gustado y ambos habían leído, The Rise and Fall of the Great Powers, del profesor de Yale Paul Kennedy, un análisis sobre el poder político en el mundo a lo largo de cinco siglos. 

En su reseña sobre el libro, Michael Howard, crítico de The New York Times, escribió que la teoría de Kennedy es que a medida que los Estados incrementan su poder, mayor es la proporción de recursos que deben dedicar a mantenerlo.

Después de la pérdida de su padre, después de asumirse como el adulto de la casa, después de impulsar la empresa familiar hasta convertirla en una transnacional, de enfrentarse o influir sobre varios presidentes y de liderar a los empresarios más poderosos del país, Juan Luis Bosch leyó a un autor que escribía: “Hay una respuesta patriótica de derecha muy característica que dice que no estamos realmente en declive, que sólo acabamos de perder nuestra voluntad. O que tenemos que volver a los viejos estándares, reafirmar las virtudes que nos hicieron grandes”.

Bosch tenía ya entonces —y mantiene— los valores que, cree, construyeron la virtud de CMI. Esos valores son responsabilidad, excelencia, integridad y respeto. CMI convirtió esas palabras en una sigla: R-E-I-R.

De esas siglas habla en el único WhatsApp que contesta en 2017 a una de las autoras de este perfil. Era el cuarto y último intento de hablar con él. Se le hicieron dos preguntas: en qué le han defraudado los políticos y qué es el poder empresarial en Guatemala. 

Bosch saluda amable y envía adjunto una nota oficial, firmada por él, en la que agradece el interés por su empresa y sus puntos de vista y escribe: “CMI, como mi persona, seguiremos siempre basados en nuestros principios REIR. Nuestro compromiso es que nuestra región centroamericana y el Caribe se desarrollen en toda su dimensión, en lo cual contribuiremos siempre. Nuestro esfuerzo continuará en todo lo que contribuya a bajar los costos y generar empleo de calidad y competitivo, que sea producto de inversiones con clara contribución para la sociedad de cada país en donde participemos respetando siempre las leyes y democracias e instituciones de cada país”.

Y eso es todo. Amable, pero respondiendo lo que quiere, como quiere. Tal vez esa sea la gran definición del poder del esquivo y silencioso Juan Luis Bosch: mantenerse serio, decir poco, sostener la tensión hasta el final. REIR mejor.

Lee aquí el primer reportaje aquí: Introducción: Juan Luis Bosch, un hombre que ríe y calla

Lee el segundo reportaje aquí: Capítulo 1: El chico de la corbata rojiza

Lee aquí el tercer reportaje: Capítullo 2: El gordo y el conejo

Lee aquí el cuarto reportaje: Capítulo 3: Una transnacional de tres letras

Este reportaje forma parte de la serie “Juan Luis Bosch: un hombre que ríe y calla“. Bosch no es sólo uno de los hombres más ricos de la región, también es un empresario inteligente y duro, que ha influido en momentos decisivos de la historia reciente del país. Para conocer más sobre él, lee los demás capítulos de este perfil.