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El 29 de octubre de 2018 un caso de la CICIG evidenció una estructura criminal paralela en  el Ministerio de Gobernación que entre 2004 y 2007 se dedicó a realizar ejecuciones extrajudiciales. Se les imputa tres asesinatos extrajudiciales y cuatro personas que sufrieron torturas. Se trata de siete hechos distintos a los que fueron imputados en casos anteriores.

El 22 de octubre del año 2005 se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel de alta seguridad de Escuintla, denominada “El Infiernito”. Las autoridades pusieron en marcha el Plan Gavilán con el objetivo de recapturar a los prófugos. La que parecía ser una orden normal dentro de las fuerzas policiales ante una situación como la fuga, era sólo la fachada legal de lo que posteriormente se convertiría en ejecuciones extrajudiciales organizadas desde la cúpula del Ministerio de Gobernación y la PNC.

El caso incluyó ordenes de capturas contra el exviceministro de Gobernación, Kamilo José Rivera Gálvez, y el exministro de Gobernación, Carlos Roberto Vielmann Montes, quién en ese momento se encontraba detenido en Madrid, España, desde el año 2010 y enfrentaba una acusación en ese país por los mismos delitos. La Audiencia Nacional de España dictó sentencia sobre el caso de Vielmann en marzo del año pasado con discrepancias de los jueces que componían el tribunal. Dos de ellos, Concepción Espejel y Juan Pablo González fallaron en favor del exministro. Para ellos “la existencia de una relación de dependencia jerárquica respecto de los autores materiales no determina que el superior ordene, autorice o tenga conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo”. Mientras que el tercer juez, José Ricardo de Prada, consideró que Carlos Vielmann debió ser condenado a los 160 años que pedía la Fiscalía por “comisión por omisión”.

 

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