El caso refiere a la desarticulación de una estructura que procedió a la sustracción de Q. 471 millones desde el Departamento de Finanzas del Ministerio de la Defensa nacional durante el gobierno de Alfonso Portillo del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Por estos hechos se presentó acusación en contra de ocho militares de alto rango.
Los militares acusados fueron Enrique Ríos Sosa (hijo del general Efraín Ríos Montt), Sergio Hugo Cárdenas Sagastume, Randolfo
Leonel Chacón Álvarez, Luis Alberto Gómez Guillermo, Moisés Eduardo Galindo Ruiz, Luis Catarino Estrada Valenzuela, Miguel Ángel Salguero Torres, Pedro Adolfo Catalán Muñoz, por los delitos de Peculado y Falsedad Ideológica en forma continuada, en virtud de haber sustraído la referida cantidad clasificando los gastos como secreto militar.
En 2013, el juez Décimo de Instancia Penal, cerró el proceso en contra de los ocho militares, decretando sobreseimientos, con
el argumento de que hubo manipulación en la obtención de los medios de prueba y que los mismos ya habían sido valorados. Sin embargo, en el año 2015 la Sala Primera de Apelaciones del ramo Penal resolvió enviar a juicio a los ocho militares retirados, considerando que “existe fundamento serio para el enjuiciamiento público de los imputados por los delitos de falsedad ideológica y peculado”.
