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La investigación devela cómo operó una red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2013 y 2014, que se benefició con el cobro de comisiones ilícitas alrededor de Q19 millones para agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal. En dicha estructura participaron varios exjefes de esa institución en complicidad con funcionarios y particulares.

El caso Traficantes de Influencias se trata de una delas líneas de investigación derivada del caso La Linea, centrada en el cobro de comisiones ilícitas a empresarios para la tramitación rápida de expedientes de crédito fiscal en la que se coludían funcionarios de la SAT con personas particulares.

La investigación estableció que el sindicado Geovanni Marroquín Navas en complicidad con los funcionarios de la SAT, Álvaro Omar Franco Chacón, Carlos Enrique Muñoz Roldán, Alfonzo Romeo Castillo Castro, Ariel de Jesús Guerra Castillo, ofrecía servicios de agilización de expedientes para la devolución del crédito fiscal, por  lo cual cobraban comisiones de hasta el 11.5% del valor pagado por el Banco de Guatemala. Mientras que Alfredo Muñoz Ledo Carrillo, Mario Roberto Leal Castillo y Felipe Alejos Lorenzana, captaban los clientes y participaban de las comisiones.

Por este caso se solicitó retirar el antejuicio al diputado Felipe Alejos y Adrián Rolando Rodríguez Arana, juez Séptimo de Instancia Penal. Posible comisión de los delitos de prevaricato y denegación de justicia.

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