El caso B410 ha puesto el foco sobre un tema del que se habla poco, pero que es uno de los métodos más utilizados por las empresas para pagar menos impuestos: simular compras y ventas. Este tipo de evasión necesita un insumo: grandes cantidades de facturas. Conseguirlas era una de las especialidades de B410.

Los clientes que acudían al sexto nivel de la Torre Masval, en la zona 9 capitalina, donde funcionaba la estructura B410, podían adquirir servicios con una gran demanda en Guatemala: anonimato y la posibilidad de pagar mínimos impuestos.

B410 podía proveer una empresa o un testaferro para hacer algún negocio y lograr que su nombre no figurase en documento público alguno. 

Los abogados detrás de la estructura también podían suministrar facturas por supuestos gastos que no se produjeron para así evadir impuestos.

Esto permitió a ciertas personas recibir contratos públicos por obras y servicios que posiblemente no se realizaran, según la hipótesis de la SAT.  Al menos nueve empresas creadas y administradas por B410 fueron utilizadas para sustraer Q82 millones de fondos públicos de esta manera, según la SAT.

Pero esta es solo una parte de la historia. Y posiblemente, una menor, en términos del dinero afectado. 

Uno de los motivos que explican por qué los abogados de la estructura B410 crearon tantas empresas –al menos 410, de ahí el nombre con el que la SAT ha bautizado al grupo– es porque algunas de ellas se utilizaban para emitir facturas falsas. 

Esto tenía el propósito de permitir que clientes de la estructura lograran evadir el Impuesto Sobre la Renta (ISR), apropiarse del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o ambas cosas a la vez. 

La evasión fiscal cometida por los clientes de B410, ascendería a unos Q300 millones. Y esta cifra podría aumentar hasta los Q800 millones, según la SAT. 

Estas cifras colocarían al caso B410 cómo uno de los mayores fraudes fiscales detectados nunca en el país. 

Esos Q800 millones serían suficientes para, por ejemplo, cubrir casi todo el presupuesto de un año de un gran hospital nacional como el San Juan de Dios o el Roosevelt. 

Es posible que estas facturas falsas fueran utilizadas por las mismas personas que compraron empresas a B410 para desfalcar a instituciones públicas. 

Es decir, estas personas, desconocidas por ahora, no solo habrían robado fondos del Estado. Además, habrían hecho lo posible por no pagar impuestos sobre esos ingresos sustraídos y quedarse con el IVA que les pagó el Estado.      

Pero otras empresas, reales y conocidas, también utilizaron facturas proveídas por B410 para, presuntamente, evitar el pago de impuestos.

Entre ellas, se encuentran grandes constructoras de obra pública que obtuvieron millonarios contratos con el Estado durante el gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024). 

Cómo ha publicado La Hora, que tuvo acceso a la denuncia presentada por la SAT, en este grupo están empresas como Aspetro o 4 Carriles. La primera pertenece a Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva. Y la segunda, tiene vínculos con Gustavo Alejos (aunque él lo niega). 

Los tres empresarios han sido sancionados por Estados Unidos por involucrarse en actos de corrupción. 

Alejos, además, ha enfrentado cinco procesos legales diferentes por pago de sobornos o amaño de contratos públicos, en casos investigados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)..

Ahora, gracias a la investigación del caso B410, sobre estos empresarios no solo pende la sospecha de haberse enriquecido a través de prácticas corruptas. También, sobre ellos recae la acusación de no haber pagado los impuestos que les correspondían por los cientos de millones de quetzales que ganaron.

En esta segunda parte de Los Misterios de B410, te explicamos cómo funcionaba este mecanismo y cómo la venta de facturas y la simulación de transacciones se ha convertido en uno de los obstáculos principales para recaudar impuestos en Guatemala.

¿Por qué algunas empresas están interesadas en conseguir facturas?

Porque las utilizan para pagar menos impuestos. Por ejemplo, usan facturas para ahorrarse ISR, uno de los tributos más importantes que pagan las empresas. 

En el caso de este impuesto, de hecho, es la propia legislación del país la que incentiva a hacerlo. 

El meollo de la cuestión reside en que para las empresas hay dos formas de pagar este impuesto. Uno es el llamado “régimen general” y el otro el “opcional simplificado”. 

Y aunque, en teoría, se debe elegir entre uno y otro, lo que sucede en realidad es que las empresas más grandes saben cómo combinar ambos para reducir su contribución al ISR. 

El “régimen general” es el más utilizado por negocios grandes con muchos clientes. En esta modalidad, una empresa paga un 25% de ISR sobre sus ganancias. 

Es decir, el contribuyente calcula los ingresos que tuvo, le resta los gastos que la ley le permite deducirse, y sobre la cifra que quede, si es que hay un beneficio, se tributa un 25%.

En tanto que el régimen “opcional simplificado” es más común entre empresas más pequeñas o  profesionales que prestan servicios y se llama así precisamente porque requiere menos cálculos que el “general”. 

Se paga un 5% sobre los primeros Q30 mil que se ingresen cada mes y un 7% sobre lo que exceda esa cifra. El impuesto se recauda directamente, sin contemplar que la empresa tenga o no beneficios. No hay deducciones posibles.

Esta disparidad entre los dos regímenes crea una oportunidad que las empresas más grandes y sus contadores no suelen dejar escapar.  

Piensen en una constructora que está en el “régimen general” y que tributa un 25% sobre sus ganancias. 

Un día, esta empresa crea otra más pequeña, la inscribe en el “opcional simplificado” y, le transfiere algunos bienes: por ejemplo, la propiedad de sus camiones y retroexcavadoras.  

A continuación, ambas empresas firman un contrato de arrendamiento. La grande pagará cada mes una renta a la pequeña por el uso de la maquinaria. 

¿Por qué? Porque así, la empresa grande puede deducirse el pago de esa renta y, con ello, reducir los beneficios que declara a la SAT y sobre los que tendría que pagar un 25%. 

Claro, esa renta se convierte en un dinero que la pequeña tiene que declarar. Pero dado que la pequeña está en el régimen opcional simplificado tributa por sus ingresos que factura entre el 5% y el 7%.  

Así la empresa grande se genera un ahorro, que puede ser del 20%.  

En otras palabras, existe un gran incentivo para que una empresa más grande se rodee de otras más pequeñas que le facturen servicios y así aprovechar este mecanismo. 

El objetivo de este mecanismo contable es siempre lograr desgravarse ingresos que tributarían al 25% en el negocio principal y convertirlos en ingresos que tributan al 5% o el 7% en los negocios secundarios. 

¿Es legal tener empresas y subempresas para facturar?

Sí. Y según explicó el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y ex alto cargo de la SAT, Abelardo Medina, es una de las debilidades principales que tiene el diseño del ISR.

De hecho, según expuso Medina, es muy común que los asesores fiscales recomienden a las empresas recurrir a esta técnica. 

Pero este juego con los dos regímenes del ISR se puede usar de una forma más o menos legítima y también se puede abusar para intencionalmente evadir el pago de impuestos. Esto sí sería ilegal. Y esto es lo que, según la SAT, sucedía en el caso B410.

¿Por qué sí sería ilegal lo que hacia B410 y sus clientes?

Para la SAT, lo esencial reside en dirimir qué tan artificial o simulada es la relación entre la empresa grande sujeta al “régimen general” y la pequeña que está en el “opcional simplificado”. 

Si, por ejemplo, una gran cadena de restaurantes crea una empresa más pequeña a la que subcontrata para que le provea servicios de reparto de comida a domicilio, esto podría considerarse legítimo. Sobre todo, si la empresa de “delivery” es real y tiene los medios para hacer su trabajo.  

En la ley hay un incentivo fiscal para que la cadena de restaurantes externalice el “delivery”, cierto, pero la empresa grande también puede argumentar a la SAT que la relación con la pequeña tiene un sentido económico.

El fraude comienza cuando las operaciones que la empresa grande realiza con la pequeña son totalmente simuladas o inexistentes, cómo se presume que sucedía en el caso B410. 

Por ejemplo, si la empresa de “delivery” en realidad no tiene empleados y quien se encarga del servicio son los trabajadores de los restaurantes. O si, sencillamente, esa cadena no ofrece comida a domicilio.

En esos casos, aunque las dos empresas, cumplan con declarar y pagar sus impuestos, están evadiendo. 

Están simulando una relación comercial que solo existe sobre el papel y solo existe porque otorga un beneficio fiscal. 

Esto sería un primer nivel de abuso. Pero el fraude puede ir más allá si, por ejemplo, la empresa de “delivery” no declara sus ingresos a la SAT. 

En esta situación el fraude sería doble. La cadena de restaurantes deja de pagar ISR deduciéndose gastos inexistentes. Y la de reparto directamente evade el impuesto.

¿La simulación comercial es lo que sucedió en el caso B410?

La SAT no ha explicado todos los detalles y es posible que diferentes clientes de la estructura la utilizaran para diferentes niveles de abuso y evasión. 

Pero tras analizar las conferencias de prensa de la SAT y la denuncia de la defraudación de B410, todo hace pensar que esto era al menos una parte de lo que sucedía.

La estructura creaba pequeñas empresas difíciles de rastrear. Estaban controladas por testaferros profesionales que podían esconderse. 

En algunos casos, la única dirección conocida de la empresa era una casa en la colonia Banvi II, zona 7 de la capital, a la que la SAT ni siquiera ha podido acceder por el momento argumentando que es una “zona roja”, controlada por pandillas. 

En otras palabras, B410 creaba y vendía sociedades que simplemente podían permitirse no declarar sus ingresos. 

¿Cómo cobrar sus impuestos a una empresa a la que no se puede localizar?

Los abogados de B410 debían saber esto. Y también ser conscientes de que las empresas pequeñas inscritas en el régimen “opcional simplificado” son cientos de miles y que la SAT tiene dificultades para fiscalizarlas. 

Esto permitía a los clientes de la estructura lograr la doble evasión. 

Compraban a B410 una de sus empresas fantasma o, al menos, las facturas de la misma. 

A continuación, simulaban una relación comercial entre su empresa real y la fantasma.

El objetivo era que en su negocio verdadero, mediante la emisión de facturas proporcionadas por las empresas fantasma, lograra reducirse ingresos que debían tributar un ISR del 25%. 

La empresa fantasma, en teoría, tendría que declarar y pagar ISR por esta venta. Pero como su dirección o sus representantes conocidos por la SAT no podían localizarse, simplemente podía evadir sus obligaciones. 

Aún en el caso de que llegara a detectar el fraude, la SAT no podría localizar a quién lo cometió.

Lo que quizá no tuvieron tan en cuenta los abogados detrás de B410 es que este tipo de fraude, en la actualidad tiene una vulnerabilidad. 

En el pasado, cuando las facturas solo se emitían en papel, es posible que una estructura como B410 hubiese escapado al radar del SAT con más facilidad.

Pero todo cambió con la implementación de las facturas electrónicas. Estas comenzaron a ser introducidas gradualmente desde 2018 y en la actualidad son obligatorias para todos los contribuyentes, que deben presentar formularios en línea con información sobre las facturas que pagan o emiten. 

Esto facilita a la SAT detectar este tipo de simulación. A través del análisis masivo de datos pueden detectar patrones anómalos de facturación.

¿Y qué sucedía con el Impuesto al Valor Agregado? 

Al mismo tiempo que lograban evadir ISR, los clientes de B410 podían utilizar un mecanismo muy similar para apropiarse del IVA.

Este impuesto es peculiar porque, las empresas no solo lo pagan, también lo recaudan para el Estado. 

Es un tributo que grava el consumo de un bien o un servicio con una tasa que es, generalmente, del 12%. 

Las empresas cuando compran algo lo pagan. Y cuando venden algo, lo cobran. 

La diferencia entre IVA pagado y recaudado, es la suma que una empresa debe entregar a la SAT. 

Si una empresa ha vendido más de lo que ha comprado, que sería lo lógico si un negocio funciona, tiene que pagar esa diferencia a la SAT. 

Si sucede lo opuesto, que ha pagado más IVA del que ha cobrado, el contribuyente no solo no paga IVA –en teoría, ya lo ha hecho– si no que genera un crédito fiscal a su favor.

Por ello, este sistema también se presta al fraude mediante el uso de facturas falsas. 

Además, como sucede con el ISR, la existencia de varios regímenes con tasas diferentes de IVA respaldados por la ley, lo estimula aún más. 

Si una empresa infla artificialmente el IVA que ha pagado a sus proveedores, en la práctica, puede apropiarse del IVA que ha recaudado de sus clientes.

Esta era otra de las utilidades que tenían las empresas creadas por B410. Sus facturas falsas, emitidas por empresas fantasma, permitían a una empresa con ingresos reales inclinar a su favor la cuenta del IVA para acumular crédito fiscal.  

Como sucedía con el ISR, el empresario real, después, no tenía por qué preocuparse de nada. Las empresas que emitían las facturas, al ser imposibles de localizar por la SAT podían no declarar ese IVA recaudado. 

O, en el caso de que quisieran aparentar legalidad, podían utilizar otras facturas falsas de otras empresas fantasmas para equilibrar su cuenta del IVA.

Según varios contadores consultados, este mecanismo es muy sencillo y muy común de llevar a cabo, mediante el uso y manipulación de lo que se puede reportar dentro de los formularios del IVA que cada empresa envía a la SAT. 

¿Quién se benefició de todo este fraude de IVA e ISR?

Aquí, hasta donde sabemos, hay al menos dos grupos. 

Por una parte, están las misteriosas personas que adquirieron empresas a B410 y las usaron para ganar contratos públicos por Q82 millones. 

La SAT sospecha que los servicios acordados nunca se realizaron. Esto, en al menos un caso, fue confirmado por el Ministerio de Salud, que la pasada semana denunció que una de las empresas de B410 se utilizó para sustraer Q11 millones del presupuesto del Hospital San Juan de Dios.  

Las personas detrás de estas sociedades, por tanto, no solo, desfalcaron dinero público. También lograron no pagar ISR por esos ingresos. Y, por si fuera poco, se apropiaron del 12% de IVA que les pagó el Estado por servicios inexistentes. 

Todo gracias a las empresas y las facturas falsas que proveía B410. 

La identidad de quiénes cometieron este fraude es uno de los misterios que el Ministerio Público, que ahora tiene el caso en sus manos, deberá revelar.

Pero hay otro grupo de, al menos 16 beneficiarios, que sí son conocidos. Estos, en su mayoría, son constructores de obra pública que, presuntamente, recurrieron a B410 para pagar menos impuestos.

Según lo que expuso la SAT en la presentación del caso, estas 16 constructoras compraban bienes y servicios a un grupo de empresas fantasma creado por B410.  

Las empresas fantasma proveyeron a las constructoras: llantas, repuestos, arrendamiento de maquinaria o mano de obra por valor de Q375 millones en el periodo investigado. 

Solo que, según la SAT, nada de esto era real. Eran facturas falsas compradas a B410. Todo era una forma contable de pagar menos ISR y apropiarse del IVA que estas constructoras cobraban de su cliente principal: el propio Estado.

La SAT ya ha inhabilitado a estas constructoras como contribuyentes. Al no poder facturar, no han tenido más remedio que acercarse a la SAT y comenzar a pagar los impuestos adeudados. 

Según la SAT, ya se han recaudado unos Q24 millones relacionados al caso B410. 

¿Quiénes son estas constructoras que formaban parte de B410?

Entre ellas se encuentran algunos de los principales grupos de constructores de carreteras que emergieron tras la ola anti corrupción del periodo 2015-2020.  

Según los datos ofrecidos por la SAT, estas 16 constructoras facturaron más de Q4 mil 300 millones a instituciones públicas en los últimos años.

Y varias de ellas, tienen en común el haber sido señaladas de corrupción.

Entre los implicados destaca, por ejemplo, SCM, una de las constructoras que ganaron más contratos durante la gestión del presidente Jimmy Morales (2016-2020). 

SCM pertenece al ingeniero Alejandro Matheu. 

Según testimonios a los que accedió El Faro, Matheu fue uno de los constructores que financió en secreto la campaña electoral del sucesor de Morales, el presidente Alejandro Giammattei (si bien esta investigación, en manos del actual Ministerio Público, aún no ha avanzado). 

En la lista están también dos de los mayores beneficiarios de obra pública durante la gestión de Giammattei: Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva, de Aspetro, y Gustavo Alejos, de 4 Carriles.

Los López fueron incluidos por Estados Unidos en la llamada Lista Engel de sancionados debido al pago de sobornos a cambio de contratos (aunque estos empresarios no tienen procesos abiertos en Guatemala). Alejos, por su parte, ya ha sido condenado por amañar contratos públicos de compra de medicamentos y ha sido procesado por todo tipo de delitos de corrupción. 

Otro caso es el de José Rodolfo Guerra Díaz, líder de una familia de Petén que posee múltiples constructoras, y que prosperaron gracias a sus vínculos con la política, según han documentado varios medios. 

Uno de los hijos de Guerra Díaz, Gabriel Guerra Villeda fue procesado en el caso Cooptación del Estado, por financiar ilegalmente la campaña del presidente Otto Pérez Molina (2012-2015).

¿Es causalidad que tantas empresas del mismo gremio estuviesen entre los clientes de B410? Es posible que no. Y es posible que las facturas falsas no solo sirvieron para evadir impuestos, sino también para encubrir sobornos o el financiamiento de campañas políticas. Pero este, como la identidad de quiénes usaron B410 para desfalcar al Estado, es otro de los misterios del caso que aún faltan por desentrañar.

¿Por qué es tan importante el caso B410? 

Por la magnitud del monto defraudado, pero también porque revela un problema mucho mayor: las dificultades que enfrenta la SAT para cobrar impuestos como el ISR a quienes tienen más ingresos.

Según datos difundidos por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en 2022, había algo más de 165 mil contribuyentes en el “régimen general” del ISR, el que tributa un 25% sobre ganancias. Aquí tendrían que estar, entre otros, los principales empresarios del país. 

Sin embargo, según ICEFI, algo menos de 7 mil fueron los que realmente declararon ganancias a la SAT y por tanto pagaron ISR en 2022. (El resto es posible que solo pagase Impuesto de Solidaridad -ISO- que es impuesto que funciona a manera de anticipo al ISR, el cual se cobra existan o no utilidades o beneficios en las empresas).

Es decir, según lo reportado por ICEFI, el 94% de los grandes contribuyentes del país, en teoría, no tienen beneficios en su actividad económica.

¿Cómo es posible? 

Porque, como explicó el experto Abelardo Medina, prácticas como la compra de facturas, la simulación de operaciones o el crear multitud de empresas en otros regímenes de ISR solo para deducirse sus facturas, son comunes y, en parte, legales. 

Solo el hecho de que empresas en el “régimen general” puedan deducirse totalmente gastos que luego se declaran en el régimen “opcional simplificado” u otros, a través de pequeñas empresas, según cálculos de ICEFI, representa una pérdida para la recaudación equivalente al 2.9 por ciento del PIB. 

Hablamos de unos Q16 mil millones, más que el presupuesto del Ministerio de Salud en 2024.

Medina estima que cerrar este vacío que permite defraudar al Estado debería ser una de las prioridades principales del Congreso. Si no, según dijo, las estructuras dedicadas a la venta de empresas o facturas como la de Norman Tejeda hace una década o, ahora, B410, seguirán activas. 

“B410 no ha sido el primero ni va a ser el último caso mientras no se cambie la ley”, dijo Medina.