La dictadura Ortega-Murillo ha cancelado 161 personerías jurídicas a organizaciones no gubernamentales que tenían distintos proyectos activos en Nicaragua. Los grandes perdedores con esta decisión son las poblaciones de escasos recursos ubicadas en su mayoría en zonas rurales. Pese a que el régimen sandinista alega que estas organizaciones promueven “el golpismo” y la “financiación del terrorismo”, apenas 21 corresponden a oenegés que trabajan temas de gobernabilidad, un sector al que el sandinismo le declaró animadversión desde su retorno al poder. El grueso de proyectos afectados iban para salud, educación y seguridad alimentaria de los más vulnerables. Este es el golpe que sufren los ciudadanos, incluyendo estudiantes universitarios

Este reportaje fue actualizado el 1 de mayo de 2022 y forma parte de La Redacción Regional (RR)  una alianza entre periodistas y medios que apuesta por el periodismo en profundidad para ofrecer una cobertura permanente de las violencias, desigualdades, corrupción y violación a los derechos humanos en Mesoamérica.

Preámbulo

La persecución de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el poeta Ernesto Cardenal no da tregua, incluso después de muerto el sacerdote icono de la Teología de la Liberación. La mañana del 20 de abril de 2022, mientras la Nicaragua que resiste conmemoraba cuatro años de las masivas protestas sociales que fueron reprimidas con brutalidad por el gobierno sandinista, los diputados leales a Ortega llegaron con una hacha al hemiciclo: descabezaron de un tajo a 25 organizaciones no gubernamentales, mejor conocidas como oenegés. Son las que faltaban, las últimas de un total de 161 clausuradas desde 2018 hasta la fecha. La del religioso trapense se llamaba Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 en un archipiélago enclavado en el Gran Lago Cocibolca. 

En Solentiname, una isla rodeada de tupidos árboles centenarios cuyas raíces se hunden en el manso oleaje y el fango del Cocibolca, funciona la utopía social de Cardenal: una comunidad de pintores primitivistas y artesanos que viven en comunión con este paraje tropical. Aunque Cardenal murió en marzo de 2020 y su sepelio fue profanado por hordas del régimen Ortega-Murillo, la asociación siguió funcionando, reivindicando el legado del poeta. Un desafío en un país donde el gobierno apresa, exilia, destierra y asfixia las voces críticas. Un oasis que comenzó a secarse el 20 de abril, con la clausura de la organización que en parte sostiene esa utopía. 

El orteguismo también cerró la Fundación Luisa Mercado, dirigida por el escritor Sergio Ramírez, y con sede en la ciudad de Masatepe. La de Ramírez es un centro cultural como pocos en Nicaragua: por sus aulas han pasado miles de jóvenes que aprendieron música, tomaron talleres literarios –algunos impartidos por el mismo escritor, Premio Cervantes–, exposiciones de pintura, arte sacro y niños atraídos por el rincón de lectura infantil. En Solentiname, en Masatepe,los Ortega-Murillo han cercenado dos criaderos de cultura.

“Suprimir estas organizaciones y confiscar sus bienes no significa sino la pretensión de silenciar a la sociedad civil y terminar con todas las expresiones de libertad y democracia que este tipo de organizaciones han llevado adelante”, protestó Ramírez desde España, donde se encuentra exiliado. “Estos son los delitos por los cuales se castiga a la Fundación, como se castiga a las demás organizaciones cuyos derechos han sido conculcados el día de hoy por razones similares”, agregó el escritor. 

I. Un albergue cerrado

Marbellí Espinoza, con el corazón latiendo a mil por el susto, corrió al único lugar donde sabía que podía estar segura: el refugio de Oyanka, una asociación de mujeres contra la violencia de género ubicada en Jalapa, un municipio norteño de Nicaragua, cercano a la frontera con Honduras. La mujer había sido golpeada por un sobrino. Con moretones en los brazos, el miedo de Marbellí se volvió terror cuando llegó al albergue y se encontró con el edificio cerrado y vigilado por simpatizantes sandinistas. “Ahora no sé qué voy a hacer”, se dijo a sí misma. “No tengo a dónde ir”, pensó.  

Oyanka era la única oenegé dedicada a auxiliar a mujeres violentadas en esta zona del país, en el departamento de Nueva Segovia, donde el machismo provoca al año más de 500 casos de violencia de género y hasta tres femicidios. El refugio era una de las insignias de esta organización que nació en 1993 como un programa de género para acompañar a las mujeres de la zona y que en 1998 se constituyó ante el Ministerio de Gobernación. Atendía entre dos y ocho mujeres violentadas a diario. “Siempre había mujeres en el refugio y las recibíamos con sus hijos”, dice Idanil Peralta, una mujer de piel morena, estatura media, risueña y con un tono de voz alegre. Pero ahora no hay espacio ni para Marbellí ni para nadie más. En agosto de 2021, cinco meses antes de que Marbellí fuese agredida, el gobierno de Daniel Ortega canceló la personería jurídica de Oyanka. La clausuró. El refugio, que hoy está vacío, permanece rodeado de paramilitares sandinistas que lo vigilan.

Sin ninguna otra salida,  mujeres como Marbellí siguen buscando a las defensoras de Oyanka. Idanil, por ejemplo, reconoce que ahora le toca maniobrar casi en la clandestinidad. A su lado, Marbellí, madre soltera de 44 años, trata inútilmente de esconder los moretones de los brazos. “Lo único que puedo hacer por ahora es aconsejar, porque ya no trabajamos como antes. El Gobierno nos persigue y no entendemos por qué”, dice la defensora con desazón.

En realidad, el gobierno autoritario de Ortega y Murillo no sólo “persigue” a Oyanka. Desde abril de 2018, tras las inéditas protestas sociales que fueron reprimidas con balas letales por policías y paramilitares, inició una nueva fase represiva que consistió en el decapitamiento masivo de oenegés. El objetivo del régimen, similar al que comienza a perfilarse en otros países  de la región como Guatemala o El Salvador, es acallar las voces críticas. Pero lo que desde esos gobiernos todavía es una amenaza, Ortega lo ha materializado en hechos concretos; y la guadaña se ha extendido hasta las universidades. A finales de febrero de 2022, el Parlamento controlado por el oficialismo ha cancelado 107 personerías jurídicas a organizaciones no gubernamentales que tenían distintos proyectos activos en el país. Y el régimen ya ha anunciado que la cacería está lejos de terminar.

Ese mismo mes, el gobierno presentó un informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y según ese documento, hasta 2019 existían 1,797 Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) nicaragüenses consideradas como “vulnerables al financiamiento al terrorismo (FT)”. La invocación del terrorismo, y en otros casos de lavado de dinero, ha sido la principal arma oficial para decir que las organizaciones serán “revisadas” o silenciadas.

II. Legalizar una cacería

En Nicaragua, ser parte de una organización que visibiliza los principales problemas del país es una actividad prescrita, pero la cacería final arrancó en octubre de 2020, cuando se creó la Ley de Agentes Extranjeros que criminaliza la financiación internacional. 

Dicha ley nació sin espacio de discusión con los afectados. En agosto de 2020, el Secretariado de ONG Internacionales, una entidad que aglutinaba a buena parte de las oenegés que se verían afectadas, informó que estas gestionaban cada año más de 25.5 millones de dólares en cooperación solidaria en Nicaragua. Más de 550 mil personas en las comunidades más remotas del país eran los beneficiados, según el Secretariado. 

En un intento por frenar la nueva ley, el Secretariado expuso al régimen que las organizaciones firmantes (32 en aquel momento) habían cumplido las obligaciones legales y fiscales, contenidas en los marcos regulatorios existentes, reportando sus fondos, donaciones, actividades y obligaciones a Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Ingresos, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Instituto Nacional Tecnológico, ministerios y alcaldías.

A través de una carta, solicitaron a Ortega “analizar” nuevos mecanismos que no provocaran una “situación de paralización” de las actividades. “Dicha propuesta de Ley crea un mecanismo de registro y reportes mensuales que podrían ser imposibles de manejar, dada la enorme cantidad de personas que tendrían que registrarse, los complicados procedimientos y la corta periodicidad que se establece”, cuestionaban.

Pero los Ortega Murillo no cederían y, en octubre, se aprobó la ley y decidieron cancelar las personerías jurídicas de las organizaciones mientras, en paralelo, confiscaron sus bienes. En el papel, la ley obliga a toda organización o ciudadano nicaragüense que trabaje para “gobiernos, empresas, fundaciones u organizaciones extranjeras” a registrarse, informar de sus gastos e ingresos, y avisar en qué gastarán los fondos extranjeros. En la práctica, la cacería y el cierre de las organizaciones se legalizó.

La condena internacional no tardó en llegar.  

“Bajo la excusa de calificación de ‘agente extranjero’ a cualquier entidad física o jurídica que sea beneficiaria o mantenga vínculos de cooperación internacional, dicha ley pretende silenciar a las personas y organizaciones identificadas como opositoras y evitar cualquier ejercicio de libertades públicas, como la de expresión, asociación, la de participar en la dirección de los asuntos públicos, derecho de protesta y derecho a defender derechos”, cuestionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El golpe ha sido letal, sobre todo para los más vulnerables que se beneficiaban de los programas de estas organizaciones, como Marbellí en Jalapa.

Junto a “Agentes Extranjeros”, a finales de 2020 también fueron creadas otras tres leyes encaminadas a acallar las voces críticas: la “Ley de Ciberdelitos”, con la que el gobierno puede imponer hasta ocho años de prisión si considera que un periodista o un ciudadano publica algo en su contra en redes sociales. La “Ley del Pueblo”, o mejor conocida de “traición a la patria”, usada contra opositores que supuestamente promueven sanciones internacionales contra el régimen. Y, por último, la Ley de Cadena Perpetua que todavía no ha sido aplicada. 

Todas las anteriores solo son nuevos instrumentos para legalizar una persecución que tiene rastros desde el tercer gobierno de Ortega. Oyanka, por ejemplo, dejó de trabajar en paz en 2015. Entonces, el gobierno acosaba a la institución: las defensoras recibieron amenazas de autoridades municipales y policiales porque, cuando no eran escuchadas en las instancias correspondientes, denunciaban los casos a través de Radio Voz de Mujer. La emisora les fue donada por organismos internacionales y se escuchaba en varias comunidades de Jalapa, pero, en 2015, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), suspendió la licencia y confiscó los equipos que tenían para transmitir las denuncias. El primer zarpazo fue precisamente una mordaza contra la voz de las mujeres. 

El segundo golpe fue el boleo institucional que impidió que Oyanka tuviera la certificación para continuar operando en el país. El tercero y definitivo fue la cancelación de la personería jurídica.

El día que la Asamblea Nacional canceló a Oyanka, Idanil sintió que todos sus derechos, por los que había luchado, fueron quebrantados. “Me sentí débil, con miedo y tuve muchas ganas de llorar”, relató. “Yo quisiera hacer algo por las mujeres, pero es que no puedo. No hay en qué movernos, no tenemos abogados… Yo respondo por ellas pero a veces es complicado”, dice. 

 III. Asfixiar a los que ayudan

Nicaragua es el eterno país más pobre de Latinoamérica después de Haití. Una nación en la que el Estado no logra suplir todas las necesidades de la población y son, precisamente, estas organizaciones auspiciadas en su mayoría por la comunidad internacional las que históricamente alivian el déficit. 

Con las 107 oenegés canceladas hasta ahora, los sectores más afectados son salud y educación. Dos ámbitos con carencias estructurales en Nicaragua. Y aunque “Agentes Extranjeros” está diseñada para atacar a las oenegés críticas, la data recabada por DIVERGENTES revela que solo seis organizaciones de índole extranjera clausuradas hasta ahora se la han aplicado. En cambio, el gobierno ha echado mano a otras normativas preexistentes como la Ley 147, “Ley General de Personas Jurídicas sin fines de Lucro” y la “Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. 

DIVERGENTES elaboró una base de datos a partir de los decretos aprobados por la Asamblea Nacional y las publicaciones del Ministerio de Gobernación en el diario La Gaceta sobre las cancelaciones de organizaciones, ya sean de organismos sin fines de lucro, asociaciones, fundaciones y clubes. Todas fueron clasificadas según el sector de apoyo que ejercían. En esta lista se excluyen los tres partidos políticos cancelados por el gobierno. Existe un grupo de nueve oenegés que pidieron la cancelación de su personería jurídica por falta de recursos financieros entre diciembre del 2018 y septiembre del 2020.

Pese a que el gobierno alega en su discurso que estas organizaciones promueven la “desestabilización”, “el golpismo”, y la “financiación del terrorismo”, apenas diez corresponden a oenegés que trabajan temas de gobernabilidad, un sector al que Ortega le declaró animadversión desde su retorno al poder en 2007, pues criticaban su deriva autoritaria. 

Otras nueve son oenegés relacionadas con la defensa de los derechos humanos. La del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) fue una de las primeras lápidas que Ortega plantó en su cementerio de oenegés en diciembre de 2018, sacando de en medio a una de las organizaciones más rigurosas y aguerridas que denunciaba los atropellos en el país. 

Sin embargo, el grueso de las afectadas trabaja en el ámbito del desarrollo humano, y particularmente salud y educación. En el sector salud son 19 las clausuradas y en el educativo son 29. Estas 29 incluyen las ocho universidades privadas que fueron canceladas y confiscadas a finales de 2021 e inicios de 2022. Entre ellas está la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), cuna de la rebelión estudiantil en 2018. 

Entender la magnitud de la afectación en la población es complicado, sobre todo porque los funcionarios y exdirectores de las oenegés tienen miedo de hablar con la prensa. Sin embargo, hay ejemplos que dimensionan el problema: al menos 18 mil estudiantes han quedado en el limbo después de la confiscación de los ocho centros de estudio superiores privados.  

O como este otro: en la comunidad San Juan de la Penca en Chinandega, occidente de Nicaragua, Blanca Azucena Centeno perdió el sueño de por fin hacerse de una manzana de tierra para poder sembrar maíz y venderlo en el mercado local. “Ya tenía las semillas mejoradas, la capacitación y las ganas ni se diga. Solo esperábamos echar a andar el proyecto”, cuenta esta mujer de 62 años de edad, madre de cinco hijos y abuela de seis niños.

Blanca era socia de Mujeres en Acción, una cooperativa auspiciada por la Fundación Oxfam Intermón. Uno de los principales proyectos que se fue por el caño, después que Ortega canceló a Oxfam, fue el otorgamiento de créditos a mujeres sin acceso a tierra a través de la Coordinadora de Mujeres Rurales.

 “Todas estábamos alegres porque por fin íbamos a tener esa independencia por la que siempre hemos luchado. Creímos que podía hacerse realidad”, dice Lisseth Escalante Zavala, vicepresidenta de la cooperativa. El proyecto empezaría a andar a finales de 2021 e inicios de 2022. Sin embargo, el 16 de agosto de 2021, el régimen canceló la personería jurídica de Oxfam alegando incumplimiento en sus obligaciones legales y obstaculización en “el control y vigilancia” ante el Ministerio de Gobernación “respecto a sus estados financieros y la recepción origen y beneficiarios de sus donaciones”. Señalamientos que las organizaciones han negado en todo momento. De hecho, han denunciado que Gobernación impone una serie de trabas o no les recibe los documentos aludidos. 

En las zonas rurales del país es complicado que las mujeres puedan tener acceso a créditos para comprar tierras. Las casas financieras piden garantías sobre sus casas. Sin embargo, en las zonas atendidas por la cooperativa, al menos el 80 por ciento de los dueños de las viviendas son hombres. Por eso el proyecto era importante para ellas, porque con esta organización no iban a tener el obstáculo que les han puesto toda la vida por el hecho de ser mujeres. “Nosotros no nos metimos en nada político. Al final de cuentas Nicaragua necesita el apoyo de estos organismos para cambiar la visión y defender los derechos humanos”, dice Lisseth Escalante, que todavía no logra entender por qué el gobierno cerró Oxfam. 

 “Las que perdimos fuimos las mujeres de la cooperativa que nos beneficiábamos del desarrollo de los proyectos. Ahora ya no vamos a tener ese apoyo que teníamos antes. Estamos como a la intemperie”, se lamenta Blanca.

Pero hay más. Entre las organizaciones canceladas hay una docena que brindaban programas de seguridad alimentaria, atención para el desarrollo, pobreza, nutrición, gestión ambiental, agricultura familiar y vivienda; cinco de ellas eran organismos internacionales. 

IV. “El comandante nos quitó el apoyo de Oyanka y todo ha empeorado”

El cierre del albergue de Oyanka también da perspectiva: está en abandono. Las paredes están polvosas. La pintura morada que las feministas usan como color de lucha está opaca y faltan varios barrotes de las ventanas. Ya nadie entra al recinto. En la cuadra, los vecinos advierten que es riesgoso estar ahí, tomar fotografías o videos. “En la otra esquina está un paramilitar que anda en una moto y está atento por si alguien quiere llegar al lugar”, expresó una ciudadana que pidió el anonimato por seguridad. DIVERGENTES hizo un recorrido en la zona y constató la seguridad de la que habló el vecino. Todas las fotografías se hicieron a bordo de un vehículo. Esta se ha vuelto la única manera de hacer periodismo con relativa seguridad en Nicaragua. 

Idanil, la fundadora de Oyanka, se siente desarmada ante Marbellí y su sufrimiento. No hay albergue ni recursos para ayudar a esta víctima de violencia de género. Es una situación pareja: Oyanka dejó de atender a más de 200 mujeres que sufren violencia doméstica, psicológica y que tienen demandas para recibir pensión alimenticia de parte de sus exparejas. Sin contar las capacitaciones sobre los derechos que las mujeres tienen en la sociedad.

— ¿Quiénes son los más afectados con el cierre de Oyanka?
— Las mujeres. Ellas ahora quedan desamparadas — responde con rabia. 

Wendy Lisseth Centeno también siente rabia porque no puede librarse de su agresor. Rabia y miedo a decir verdad. Un sentimiento que no la paraliza. En San Fernando, un municipio colindante a Jalapa, ha denunciado las amenazas que un vecino le ha proferido de manera constante. Las últimas semanas ha bregado entre la Policía y la Fiscalía, pero no ha encontrado respuesta. Un silencio institucional que realza la importancia del acompañamiento de Oyanka. 

El agresor de Wendy no solo la acosa cuando la encuentra en la calle: también llegó hasta su casa con un machete para amenazarla a ella y a sus hijas. “Tengo miedo, pero si no llevo el caso, todo se va a quedar así como si nada y yo debo cuidar a mis hijas”, dice la mujer de 32 años. 

“Yo sé que con Oyanka acompañándome ya esto hubiera terminado. Pero desde que el comandante (Daniel Ortega) nos quitó el apoyo de ellas, esto ha empeorado. Los hombres no nos respetan, se siente con mayor derecho sobre uno y nuestras denuncias ahí están engavetadas. Ahora estamos solas. ¿Quién nos va a defender? La ley en San Fernando no funciona”, dice Wendy. 

Idanil lamenta que la situación de Wendy y sus hijas esté siendo ignorada por las autoridades municipales. Pero no puede hacer mucho porque ni siquiera cuentan con aquellas voluntarias que estaban prestas al llamado para acompañar a las mujeres a interponer la denuncia. La persecución ha limitado sus acciones y el exilio de algunas integrantes del equipo ha debilitado el trabajo de campo.

Aunque Idanil no tiene el dato exacto de cuántas mujeres ha acompañado Oyanka en los últimos años, porque las oficinas fueron confiscadas con todas las pertenencias y archivos dentro, sostiene que la violencia machista disminuyó hasta en “un 90 por ciento en Jalapa”.

 V. El laberinto de los “Agentes extranjeros”

Lucrecia y Abigail observan desde adentro de una camioneta con vidrios oscuros las oficinas de Oyanka en Jalapa. Están atónitas, comentan entre ellas el cambio que han ejecutado las autoridades del Ministerio de Educación en el local. 

“Mirá, le quitaron el cuadro que estaba de frente”, dice asombrada Lucrecia. “Ahí en esa silla estaban unos papeles. Me da una rabia, se quedaron con todo”, responde Abigail. Ambas mujeres formaban  parte de la clausurada directiva de Oyanka.

La organización no solo perdió su personería. El régimen sandinista, tal y como ha hecho con otras organizaciones y medios de comunicación, le confiscó sus propiedades: las oficinas donde llegaban a analizar los casos de las mujeres que denunciaron violencia intrafamiliar y el albergue para las mujeres violentadas o en riesgo de muerte.

“El primer golpe de la dictadura es la cancelación”, explicó un abogado consultado por DIVERGENTES que solicitó el anonimato. “Con esto logra paralizar las actividades de la organización y no les permite que continúen operando”.

Para que una organización sea cancelada y confiscada hay dos caminos: que se niegue a someterse a la “Ley de Agentes extranjeros” o que no pueda sortear el laberinto burocrático impuesto por el régimen. Aunque no hay un dato exacto, hay varias oenegés que cerraron para no someterse a la normativa. Entre las primeras que se negaron está Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que durante más de 25 años trabajó en la capacitación de periodistas en Nicaragua; y PEN Nicaragua, un grupo de escritores, poetas y periodistas que promueven la libertad de la palabra. 

“Se trata de una clara manipulación que persigue paralizar el funcionamiento de organismos que el Gobierno considera contrarios a sus lineamientos, en evidente violación a los derechos humanos universales, la libertad de pensamiento y de difusión, la democracia y el Estado de Derecho”, declaró hace un año la organización, fundada por Cristiana Chamorro, excandidata presidencial para los comicios de 2021 y hoy presa política de Ortega por un supuesto caso de lavado de dinero. 

En el otro extremo, aquellas que intentaron cumplir con la ley rápido se dieron cuenta cómo funciona la trampa legal. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) decidió registrarse, pero denuncia que cada vez que llegan a la ventanilla de inscripción les exigen nuevos requisitos, lo que imposibilita finalizar el trámite. La CPDH ha sorteado estos obstáculos, pero a finales de febrero de 2022 han denunciado que el Ministerio de Gobernación la ha situado al margen de la legalidad al no recibir sus estados de cuenta financieros. “Presentamos nuestros estados financieros ante el Ministerio de Gobernación y fueron rechazados. No entendemos las razones, no hay ninguna razón válida”, dijo en una conferencia de prensa el vicepresidente de la junta directiva de la CPDH, Denis García.

En lo que denuncia la CPDH está la daga de la “Ley de Agentes Extranjeros”. Las oenegés deben cumplir una serie de requisitos tortuosos que torpedean el funcionamiento diario. Para entenderlo, DIVERGENTES habló con tres directores de oenegés que siguen en funcionamiento en Nicaragua. Algunos, por obvias razones de seguridad y evitar represalias, accedieron a conversar sin ser identificados. “Es un burocratismo que mata”, advierte una de las fuentes. 

En principio, para poder inscribirse como “Agente Extranjero” ante del Ministerio de Gobernación, las organizaciones deben tener una “constancia de cumplimiento” que emite la oficina de Control de los Organismos sin fines de lucro de dicha cartera. Y en ese trámite hay quienes se quejan de recibir indicaciones solo de forma verbal; o por la no recepción de la información que acredita los registros de juntas directivas o estados financieros. Esto se aplica mayormente a organismos más dados a la denuncia pública, explica desde el exilio Haydée Castillo, exdirectora del Instituto de Liderazgo de la Segovias (ILLS), oenegé clausurada en 2018 por “desestabilizar al país y formar parte del intento de golpe de Estado”. 

Aquellas que logran inscribirse, se enfrentan a laberintos kafkianos definidos al arbitrio de los funcionarios de Gobernación. Por ejemplo, explica uno de los directores consultados, les llegan a exigir reportes presenciales y semanales para dar cuenta de todos los movimientos de la organización. “Es absurdo porque hay que pedir permiso hasta para comprar una escoba”, ejemplifica. “Nos ha tocado contratar un contador exclusivo para que pueda cumplir con los interminables requisitos que imponen. Siempre falta un requisito, lo subsanas, pero ya sabés que surge otro. Y en ese ir y venir, se van venciendo algunos documentos que te permiten operar”, dice otro director. 

Cada donación que las oenegés reciben deben ser reportadas hasta tres veces antes de ser recibidas, y también cuando caen a la cuenta bancaria. Al final del año, todo se repite. “El nivel de escrutinio ha llegado a absurdos como el de exigir hojas de ruta de los vehículos para justificar gastos de combustibles. El gran problema es que el reglamento está redactado de forma tan abierta que queda sujeto a la interpretación del funcionario”, se queja otra directora de una oenegé que intenta sobrevivir en los laberintos de Gobernación. 

El Ministerio también produce “demoras administrativas” en la aprobación; y eso causa que las organizaciones paguen tarde otras obligaciones con el Estado, como la seguridad social, la Dirección General de Ingresos y el Ministerio de Trabajo. Luego, esas otras instituciones aplican multas aunque la tardanza fue responsabilidad del mismo Estado.  

Y a todo esto hay que sumar las multas discrecionales que impone Gobernación por incumplir requisitos. La ley establece que quienes operen al margen de la normativa pueden ser multados hasta con medio millón de dólares. “Hay demasiados absurdos, como que no te aceptan una reunión de junta directiva si uno de los miembros participó de manera virtual. Otras veces tenés que viajar de madrugada a Managua,porque imponen horas específicas para entregar los informes”, se queja una de las directoras consultadas. 

Haydée Castillo sostiene que si bien no han invocado de manera masiva “Agentes Extranjeros” para cancelar oenegés, eso no implica que no esté cumpliendo su cometido de asfixia. “Me parece que la ley fue creada como una manera de auto aniquilamiento. Ni siquiera tenés que intentar el proceso, porque es casi imposible cumplirlo”, dice. 

“En Nicaragua hay aproximadamente 4 mil organizaciones registradas y te puedo decir que un aproximado de 100 organizaciones fuimos objeto directo por parte del régimen, porque estamos más vinculadas a la denuncia a las violaciones a derechos humanos”, sostiene Castillo. “Pero luego hay una gran cantidad de carácter social que prácticamente y progresivamente son aniquiladas con la Ley de Agentes Extranjeros”. 

Oyanka es una de estas. El abogado consultado por DIVERGENTES lo resume con claridad: el segundo golpe, al confiscar sus propiedades, “lo que consigue es no solo intervenir, sino garantizar que no van a poder levantarse del primer impacto y que al no tener nada con qué sobrevivir, cerrar definitivamente en el país”.

Tras la cancelación de la personería jurídica, en agosto de 2021, las mujeres que conformaban la junta directiva de Oyanka decidieron ocupar las oficinas y el refugio para evitar que las autoridades confiscaran ambos edificios.

Aguantaron hasta las irregulares elecciones sin competencia del siete de noviembre. “Después de las elecciones la Policía llegó al lugar y no nos dejaron entrar nunca más”, recuerda Idanil. Las últimas confiscaciones contra las otras organizaciones ocurrieron a finales de enero 2022, luego de que el régimen eliminara las personerías jurídicas de ocho universidades privadas del país. La Asamblea, después de la cancelación, aprobó de manera urgente e irregular, tres leyes para hacer parecer como lícito un nuevo atropello. 

Yader Morazán, abogado experto en la administración de justicia nicaragüense, señala que la creación de las tres leyes y los nuevos centros de educación superior, en la misma infraestructura de ocho universidades cerradas, es un acto de confiscación, cuya figura está prohibida en la Constitución de Nicaragua. Morazán explica que la Carta Magna es clara cuando estipula que las universidades y“sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación, ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales”.

El Consejo Nacional de Universidades (CNU), al apoderarse de las instalaciones universitarias, transgrede el artículo 44 de la Constitución Política que prohíbe las confiscaciones. “Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”, señala la Constitución.

Pero nada de esos atropellos le ha importado al gobierno y sus simpatizantes. La celebración de la confiscación de la Upoli es el mejor reflejo de esta política avasalladora: estudiantes que se identifican como simpatizantes del Gobierno de Ortega bailaron el martes ocho de febrero en el recinto privado convertido en estatal. 

“¡Aunque te duela! ¡Aunque te duela! El comandante aquí se queda. Daniel, Daniel, el pueblo está con él”, cantaban y bailaban un grupo de la Upoli. “Aquí estamos en rectoría, donde tuvimos un montón de reuniones discutiendo y peleando por los estudiantes. Ahora ya no es necesario eso, porque la universidad es pública”, dijo Verónica Gutiérrez, integrante de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), ligada al sandinismo.

Tres días más tarde, en otro intento de confiscación, un pueblo alejado 248 kilómetros de Managua dio un nuevo ejemplo de resistencia. 

VI. El levantamiento  de los ‘Fabrettistas’

El jueves 10 de febrero de 2022, en el poblado de San José de Cusmapa, en el departamento de Madriz, un grupo de padres de familia decidió tomarse una escuela. Los pobladores se habían enterado de que el Ministerio de Educación, en la campaña anti ‘agentes extranjeros’, ordenó confiscar una de las escuelas rurales patrocinada por la Fundación Fabretto, una organización religiosa con sedes en Estados Unidos, España y Reino Unido. El Mined se lo había hecho saber a través de una llamada telefónica al director de la escuela de Cusmapa.

La información se regó como pólvora en el pueblo. Los padres de familia decidieron reunirse ese mismo día y quedaron de acuerdo que al sonido de las campanas de la Iglesia todos marcharían hacia el oratorio. 

“Al ver lo que estaba pasando decidimos que no íbamos a quedarnos en el ‘si hubiéramos hecho esto’. Por eso nos organizamos, para evitar que ocurriera lo mismo con nosotros”, relata Carlos, un padre de familia que participó en la defensa del centro escolar.

Al día siguiente, viernes, algunos pobladores no esperaron a las campanas. A eso de las 6:30 a.m. llegaron al centro para resguardarlo. Tres horas después, cuando las campanas por fin repiquetearon, unas doscientas personas caminaron hasta el colegio y se sumaron al grupo de avanzada. Para cuando llegó la Policía a ejecutar la orden, el pueblo entero estaba dentro de Fabretto. 

En San José de Cusmapa está enterrado el cura de origen italiano y mecenas de la fundación. Solo el agradecimiento que la gente de este municipio le guarda al religioso puede explicar la osadía que tuvieron los padres de familias al tomarse la escuela y evitar que funcionarios sandinistas confiscaran el inmueble. Hombres y mujeres se atrincheraron en el colegio sin importarles que la Policía los rodeara. Más llamativo aún, muchos de esos ciudadanos, entre ellos maestros, son simpatizantes sandinistas. 

A diferencia de otros municipios, San José de Cusmapa no está “atiborrado” de banderas del FSLN. Hay que recorrer todas las calles para encontrar una que otra colgada en alguna casa o en el tiangue. “Aquí es mitad y mitad. El alcalde es sandinista pero ganó porque es popular y porque es fabrettista”, cuenta Indira, una madre de familia que aceptó hablar con DIVERGENTES bajo la condición de identificarla con un nombre ficticio. La Fundación Fabretto ha formado en Cusmapa a alrededor de 60 maestros de preescolar y 27 profesores de primaria. Al menos 150 estudiantes de 23 comunidades periféricas están apoyadas indirectamente por el centro con los almuerzos, formación de maestros y materiales didácticos.

Indira tiene 42 años, está casada y tiene dos hijos. Participó en el resguardo del centro. Esta mujer fue una de las más sorprendidas por la decisión del Gobierno de eliminar la personería jurídica de la Fundación. “Fabretto nunca se metió en esos temas espinosos de política. Siempre obedeció su misión”, justifica. “Es que Fabretto es el corazón de Cusmapa”, añade Indira. “Es nuestra identidad”, repite. “En San José de Cusmapa somos fabrettistas”. 

La misión de Fundación Fabretto era lograr que los niños, niñas, familias y comunidades de las áreas más desfavorecidas de Nicaragua, “alcanzaran su máximo potencial y mejoraran sus oportunidades de futuro mediante programas de educación”. Hasta la cancelación de su personería, la organización atendió a más de 40 mil niños, niñas y jóvenes en nueve centros educativos y más de 440 escuelas públicas. 

Durante más de 60 años, Fabretto ha trabajado en las comunidades rurales y urbanas más vulnerables de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Chinandega, Managua, Masaya, Granada y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), ofreciendo alternativas para mejorar el futuro de los beneficiados para romper el círculo de la pobreza en el que vivían.

Karla, una mujer de verbo encendido que participó de la protesta, considera que el tema político no tiene nada que ver con el levantamiento del pueblo para resguardar las instalaciones del centro. Considera que si se percibe así, es porque en el contexto actual cualquier persona que va en contra del régimen, es tachada como traidora por el partido. “Y no necesariamente tiene que ser así. Yo toda mi vida he sido sandinista, mis abuelos lo fueron, mis padres lo son, yo lo soy, soy sandinista, pero tengo clara mi vista y puedo ver lo que está ocurriendo. El Gobierno ha hecho cosas buenas, pero no todo lo que hace es bueno”, sostiene Karla.

En este pueblo entre montañas ni Karla ni sus vecinos creen en la cacería de los Ortega Murillo contra las oenegés. El pueblo de San José de Cusmapa asegura que mantendrá la lucha. 

“Es que todos hemos sido beneficiados directa o indirectamente por Fabretto. Y no vamos a permitir que nos quiten el centro. Fabretto es el corazón de Cusmapa”, dice Karla.

*Este reportaje forma parte de República Finquera, un proyecto de cobertura del autoritarismo en Centroamérica y México de la Redacción Regional, una alianza entre medios y periodistas de la región, entre ellos No Ficción.