¿Se puede auditar un lugar violento? ¿Es posible cuestionar alcaldes o jefes departamentales de una entidad estatal siendo también un funcionario público? ¿Cómo fiscalizar donde hay caciques políticos dueños del territorio? Esta es la historia de un grupo de vecinos de Chiquimula que pide rendición de cuentas a las entidades públicas en la frontera nororiental de Guatemala.

Imagina que trabajas en una entidad administrativa del Estado. Cada mes te toca hacer el reporte de cheques, cuadrar el sistema contable, revisar el presupuesto, ingresar gastos y contratos al portal de Guatecompras, o al de Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). Pero entonces empiezas a notar que hay algunas compras dudosas. Hay sobrevaloración. Y contratos de personas que no cumplen con los requisitos para los puestos de trabajo.

Ves los datos, las cifras, los documentos, y los ingresas. Ese es tu encargo. Nada más eso…

“¿Te atreverías a cuestionar a los que deciden? ¿Fiscalizarías estas anomalías, o guardarías silencio?”, como pregunta Luis Compá Martínez, administrador de empresas, y trabajador en la Dirección Departamental de Educación (DIDEDUC) de Chiquimula, en el nororiente de Guatemala. Además dirige, desde 2018, la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia, integrada por una decena de comisiones ─distribuidas en 26 municipios─ dedicadas a la auditoría social; él también representa a su departamento.

Compá cuenta que en Guatemala hay muchos administradores y contadores de entidades públicas que pasan detectando pequeñas anomalías aquí y allá, en las adquisiciones que autorizan los jefes departamentales, o los políticos locales. Pequeños casos de corrupción que funcionan como gotas de agua que van perforando una piedra, año tras año, mes tras mes. Cosas que no dejan tranquilidad. Cosas por las que hay que guardar silencio o pierdes tu trabajo. Cosas que suceden durante años sin que nadie diga nada.

Ante todas estas anomalías, quedan como testigos las personas que ocupan los puestos más bajos en el escalafón del Estado,  que ingresan los datos a los portales abiertos de gobierno, observando, colocando datos sospechosos, contrataciones poco transparentes, compras dirigidas a los amigos de los políticos locales socavando poco a poco todo el Sistema.

“Subir los datos es una forma de ser transparentes. Pero si nadie los ve, y nadie los audita, no pasa nada. Se salen con la suya. Y son los ciudadanos los que siempre pierden”, dice Compá que, junto a su equipo en el área de inventarios del DIDEDUC del oriente de Guatemala, se ha organizado para fiscalizar posibles actos de corrupción dentro de su zona de trabajo  y luego en todas las entidades públicas de Chiquimula. Por supuesto, dice, se han vuelto incómodos para muchos personajes con poder en su comunidad.

La historia de este administrador de empresas y sus compañeros en la Dirección Departamental de Educación es la que también narra la lucha contra la corrupción de la Comisión Ciudadana por la Transparencia y Probidad de Chiquimula. Esta lleva, a la fecha, más de cinco años funcionando. Desde 2016, se han enfrentado a la Policía Nacional Civil, a la Municipalidad, al Ministerio Público, al Gobernador, al Área de Salud de Chiquimula. “Pero todo empezó cuando fiscalizamos al Ministerio de Educación, donde trabajamos”, dice Compá.

El gran dilema: auditar el lugar donde se trabaja

En 2015 llegó el colmo. Los integrantes de esta comisión de auditoría social de Chiquimula lo recuerdan bien. Fue una de las primeras batallas que los obligó a unirse, a formar frente común. A organizarse. Incluso se llegó a instancias de denuncia. Empezó cuando en el DIDEDUC se anunció que contratarían un nuevo jefe departamental de educación para Chiquimula. Se publicó la convocatoria en la página de guatempleos. Llegaron los currículums. Algunos trabajadores de la misma institución, con años de experiencia, aplicaron al puesto de trabajo. Y al final, nada. Las altas autoridades decidieron contratar a un experto en turismo. ¡Turismo!

El departamento administrativo cargó los documentos al sistema. El contrato. Los honorarios. Las primeras facturas del recién contratado. Y dijeron: “suficiente”.

El nuevo jefe de Educación en Chiquimula, experto en hoteles, pero sin conocimientos en enseñanza, se llamaba Nimeiry Abraham Martínez Soto. Era contratista del Estado, dedicado a servicios de transporte. Y su esposa, Rafaela Ines Vásquez Villagrán, estaba contratada por el Congreso de la República como secretaria ejecutiva del diputado y representante por Chiquimula, Boris Roberto España Cáceres.

El equipo de Luis Compá, esta vez no se quedaron con la resignación habitual: el asco. Esta vez presentaron una denuncia. Sin embargo, enfrentar al experto en turismo y sus protectores políticos desde el Congreso tuvo consecuencias: “Un compañero fue destituido. Y muchos de nuestros colegas que intentan aplicar por oposición a un mejor puesto de trabajo desde entonces han sido vetados e intimidados”, recuerda Compa.

Aquí hay monstruos: la violencia auditable (el contexto)

Chiquimula es una ciudad calurosa. Arde. Siempre está encendida, pero es una temperatura que va más allá de sus 38ºC o 40ºC grados habituales, ya que durante más de una década, este departamento ha ocupado los primeros puestos de violencia homicida. En 2011, fue el puesto número cuatro por muertes violentas. En 2013, alcanzó los 80 homicidios por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media nacional. Y en la actualidad su puesto no ha cambiado como uno de los más violentos de toda Guatemala.

“¿Se puede auditar la violencia? ¿Se puede tratar de buscar por qué pasan las cosas por medio de los accesos a la información pública?”, cuestiona Luis Compá, que recuerda que luego de su primera batalla de fiscalización contra la institución en la que trabaja, todos sus compañeros se sintieron con ganas de continuar en la búsqueda de nuevas explicaciones. “Nos llamaba la atención la violencia del departamento. Y queríamos saber por qué en Chiquimula se estaban matando”, dice.

Si preguntas en Chiquimula a cualquier vecino, te dirá que a lo mejor todo está así porque están muy cerca de la frontera. Y evitará los detalles.

Un ex fiscal del departamento, actualmente abogado independiente, dice que la reconfiguración de poderes en Chiquimula es constante. “Siempre se mantiene caliente, se llena de monstruos y mitos y violencia”, dice y agrega que “existe el contrabando y el narcotráfico”. 

“Nosotros no fiscalizamos el tema del narcotráfico. Auditamos la administración pública. Lo que queríamos saber era por qué la Policía Nacional Civil (PNC) no investigaba, no trabajaba, no paraba los asesinatos”, dice Luis Compá. Y pronto se toparon con que el patrón se repetía: ninguna autoridad de Chiquimula toleraba que fuera cuestionada. 

Durante una visita a Chiquimula, en febrero de 2020, un agente de la PNC que se paseaba frente a la Comisaría 23 relató brevemente a No-Ficción que la violencia en Chiquimula, según sus observaciones, se debe sobre todo a disputas por tierras en las áreas rurales.

El agente recordó que existe la Comisión Ciudadana por la Transparencia y Probidad de Chiquimula, y que en 2017, estos vecinos descubrieron que dentro de los inventarios de la institución faltaban 30 radiopatrullas en el departamento. También descubrieron que no había una sola motocicleta, y que el teléfono de la PNC tenía una deuda impagable y se mantenía inactiva por lo que nadie, al sufrir un robo, podía llamar a los agentes para pedir ayuda. En Chiquimula había solamente un PNC por cada mil habitantes.

“Al solicitar la información, lo primero que nos preguntó la PNC fue si teníamos personería jurídica. Pero para obtener estos datos, tuvimos que explicar que cualquier ciudadano tiene derecho a auditar a las instituciones públicas”, recuerda Wilfredo Laparra, otro de los miembros de la Comisión de Auditoría de este departamento.

La PNC negó en principio la información. Y se tuvo que intervenir mediante charlas con varios diputados del departamento, como Bernabé Portillo de Lider y Gabriel Heredia de la UNE, y con el gobernador departamental, para que los comisarios entendieran que no era un ataque a la manera en que administraban las cosas, sino un intento de parar la violencia en Chiquimula mediante los accesos de información pública y entender las necesidades del departamento para combatir los homicidios.

La comisión de auditoría social todavía recuerda que, a pesar de todo, los agentes de la PNC llevaron la información hasta la puerta de sus casas. Llegaban más de 20 agentes, en dos radiopatrullas, casi en horario nocturno, para dar respuesta a los accesos de información pública. “Era una forma de aparentar que tenían el control. Nosotros solo queríamos ayudar. Los agentes duermen en el piso. No tienen condiciones humanas para el trabajo. Y eso también lo queríamos fiscalizar”, dice Laparra.

El subcomisario Yury Ramírez, durante la visita a Chiquimula, se excusó de no poder atender una entrevista debido a que estaba en una diligencia en la frontera con Honduras. “Algo se hizo, algo cambió”, resumió brevemente sobre la falta de radiopatrullas y agentes que se denunció en 2017.

Compá dice:

─Cuando uno comienza a fiscalizar nunca sabe qué se va a encontrar. Levantas una piedra en Chiquimula y encuentras que algo está mal, que hay corrupción. La gente no está acostumbrada a la rendición de cuentas.

─¿Fiscalizar desde la ciudadanía es un trabajo de riesgo?

─Depende de los lugares. La corrupción es como un cáncer. Aquí se audita con miedo. Pero nos gustó entender lo que estaba pasando. Logramos evidenciar un problema. Y para continuar tuvimos que cambiar de estrategia. Bajar el perfil. Y obtener información a través de los portales abiertos. Poco a poco hemos construido una red con auditores y administradores en varias dependencias estatales. Lo siguiente que queríamos saber era todo lo relacionado a las personas que se contratan en las instituciones públicas, porque lo que sabíamos era que siempre han formado parte de una gigantesca estructura en Chiquimula.

Fiscalizar en tierra de caciques

Al hablar de cómo se obtiene un empleo en algunas instituciones públicas de Chiquimula muchos son honestos: conoces a alguien que conoce a alguien y, con suerte, ese alguien conoce a algún cacique importante que te logre asegurar un puesto.

En la municipalidad de Chiquimula, el síndico primero, José Humberto Orellana; y el concejal primero, Franklin Moscoso, conversan sobre los caciques con poder en el territorio. Obvian, claro, que su jefe y líder del Comité Cívico Nacional La Muta, Rolando el Chato Aquino Guerra, de casi 80 años de edad,lleva más de 20 años como alcalde de Chiquimula. En seis ocasiones se han presentado solicitudes para retirarle la inmunidad, pero nunca ha caído.

Orellana, el síndico primero de Chiquimula, justifica que en en este municipio todos se conocen. Pero que hay actores con más habilidad que otros. Junto a Moscoso dice que el mayor de los caciques de Chiquimula en este momento está débil: Baudilio Hichos, ex diputado, acusado de fraude por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) al participar en dos contratos que se suscribieron de manera irregular entre autoridades del Instituto guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y empresas vinculadas a su persona..

Hichos ha estado en la política desde 1990  ─el mismo tiempo que el alcalde Aquino, quien se considera su enemigo político─ y en el Congreso desde 1994. “Su influencia es grande”, dice Orellana y explica que en varios momentos muchos de sus familiares han sido contratados en cargos públicos importantes para atender proyectos estatales. 

Una muestra de ello es que cuatro jueces de Chiquimula y uno de Zacapa son sus sobrinos, comenta Moscoso; mientras que el magistrado presidente de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de ese departamento, César Augusto Ávila Aparicio, es esposo de Heidy Mariela Hichos Posadas, sobrina del ex congresista.

Su hermano, Mario Arturo Hichos, dirigía un usufructo de proyectos viales en Chiquimula. El Registro Nacional de Personas (Renap) en Chiquimula, fue dirigido por Rosa Carranza Lemus, esposa de Mario Estuardo Hichos Bracamonte, sobrino del ex diputado. También laboran en esa dependencia Claudia Xiomara Villafranca Villeda y Aura Ivania Calderón Monzón, ambas esposas de sobrinos de Baudilio Hichos.

Los dos concejales mencionan también al alcalde de Ipala, Esduin Javier Tres quiebres¸ pero sin entrar en muchos detalles. También a los narcotraficantes, “lo que se oye”, dicen, como Giovanni España, Byron Berganza o El Ché Manuel.

Al cuestionar a Orellana y Moscoso sobre el trabajo de la auditoría social, explican que “si no tiene fines políticos, lo ven como algo importante y tolerable”. Y al abordar un reportaje de Ojoconmipisto, en el que se señala que algunos integrantes esta corporación municipal, han sido sancionados por Q1.4 millones por la Contraloría General de Cuentas, defienden que “todos los señalamientos han sido desestimados”.

“Sabemos que hay ciudadanos por ahí que están auditando. Pero, ¿Se ha preguntado acaso cómo tienen tiempo para poder estar haciendo solicitudes de Acceso a la información? ¿Cómo trabajan? Lo que vemos nosotros es que se han sindicalizado para nunca perder sus puestos en el Ministerio de Educación. Y así consiguen tiempo para decir que hacen algo por la transparencia. Pero habría que ver cuál es el interés. A la fecha habido respeto mutuo”, dice dice el síndico primero de Chiquimula, José Humberto Orellana.

En efecto, varios integrantes del equipo de Luis Compá dentro del DIDEDUC están sindicalizados. Crearon un sindicato propio. Lo justifican, como ellos cuentan, como algo necesario para luchar por algunos derechos laborales, y evitar ser etiquetados dentro del sindicato que pertenece a Joviel Acevedo, el líder magisterial que usa su organización en favor de los gobiernos de turno.

Orellana recalca que, ante cualquier requerimiento de información por parte de cualquier ciudadano, la municipalidad de Chiquimula ha intentado “ser transparente”, dice.

En 2017, de hecho, la Comisión Ciudadana por la Transparencia y Probidad de Chiquimula decidió auditar la feria patronal del Departamento. Fiscalizar al alcalde Aquino y a toda su administración. “Tuvimos que aprender desde dónde estábamos trabajando”, recuerda el activista Luis Compá. “Empezar a entender que Chiquimula es peligroso. Comprendimos que teníamos las herramientas necesarias desde un inicio. Somos contadores, somos administradores de empresas. Sabemos cómo funcionan los portales de gobierno. Cómo se alimentan. Y cómo pedir la información sin sufrir muchos desgastes”, añade.

Una fiesta de pueblo sospechosa

Cuando escarbaron en la feria patronal, el equipo de fiscalizadores ciudadanos de Chiquimula descubrieron que la corporación municipal mentía. El alcalde Aquino salió en redes sociales y medios locales indicando que varios eventos de la fiesta municipal eran gratuitos y que habían sido patrocinados por BANRURAL o la Cervecería Centroamericana S.A.. Pero la Comisión publicó los cheques que habían servido para pagar todo con recursos públicos. Así, se demostró que la Municipalidad gastó Q395 mil 396.10 en la feria, con varias empresas beneficiadas. La fiesta no fue gratis.

“La gente por primera vez tenía acceso a la verdad. Los montos de cuánto nos cuesta en realidad la feria. Y a quiénes habían contratado”, señala Compá.

Este grupo de vecinos en Chiquimula poco a poco ha ido articulando redes para enfrentar un contexto como el que existe en este departamento del nororiente de Guatemala. Empezaron tres personas, y ahora se pueden contar al menos 20 personas, donde se incluye gente de los mercados, abogados, estudiantes universitarios, otros contadores y administradores que trabajan para otras dependencias públicas.

Cuando un empleado cuestiona las decisiones de sus jefes en el sector público no es nada fácil. Luis Compá hace un recuento de las veces que los han vigilado, de cómo les han tomado fotografías en sus lugares de trabajo, o de las ocasiones en las que les han negado sistemáticamente el acceso a la información pública y han tenido que buscar apoyos legales, con organizaciones como Acción Ciudadana, para que puedan obtener los datos solicitados. Incluso llegar a instancias penales.

Una vez, cuenta Compá, el equipo de vecinos logró que la Contraloría General de Cuentas se activara al denunciar que el Hospital de Chiquimula había comprado materiales de construcción sobrevalorado y más del necesario, logrando multas para los responsables. Otra vez, consiguieron que la Procuraduría de Derechos Humanos interviniera en una denuncia de acoso laboral dentro del DIDEDUC cuando una de sus integrantes, la contadora Karen Pinto, descubriera usos indebidos de los vehículos asignados al área de educación de Chiquimula, viajes a la capital injustificados y asignaciones de combustible al personal de finanzas.

En 2019, durante el año electoral, organizaron un evento para auditar a los candidatos a alcalde de los municipios. Quiénes eran. Qué proponían. Y cómo consideraban la transparencia en la lucha contra la corrupción dentro de sus propuestas políticas.

Con el nuevo gobierno de Alejandro Giammattei, los vecinos de Chiquimula han intentado también incidir en el proceso de elección de gobernadores departamentales, para establecer un mecanismo por oposición. Y a lo largo del primer semestre de 2020, se han dedicado a la fiscalización de los recursos que se han asignado para combatir los contagios de la COVID-19 en su departamento.

“La transparencia y la corrupción nunca pueden ir juntas”, dice Compá. E imagina una Guatemala en la que cualquier funcionario público, en cualquier puesto de trabajo de gobierno, se atreva a denunciar cuando detecta alguna anomalía. Que los que toman decisiones sepan que los ciudadanos pueden plantar resistencia sobre el uso del dinero de todos los guatemaltecos. Y así evitar actos de corrupción.

“Los Fiscalizadores” Es un proyecto periodístico de No-Ficción y Acción Ciudadana, junto al Centro de Asistencia Legal Anti Corrupción en Guatemala para contar la historia de los colectivos ciudadanos que existen en Guatemala para auditar y fiscalizar la falta de transparencia en sus comunidades.