Este breve artículo analiza tres aspectos del inicio de lo que se ha llamado “la revolución de los frijoles”
El sábado 21 de noviembre alrededor de ciento cincuenta jóvenes prendieron fuego al ala derecha del Congreso de Guatemala. Al instante comenzaron a circular imágenes en vivo, a través de pequeños videos y grabaciones por las redes sociales. Pronto se ampliaron y alcanzaron resonancia internacional, incluyendo artículos del New York Times y de la BBC. Al mismo tiempo, a tres cuadras de distancia, alrededor de veinte mil personas protestaban frente al Palacio Nacional. El motivo principal, o catalizador más bien, fue la reciente aprobación de US$12.800 millones de dólares por parte del congreso, el presupuesto más grande de la historia de este país del istmo centroamericano. Este breve artículo analiza tres aspectos del inicio de lo que se ha llamado “la revolución de los frijoles”, principalmente: (1) quién es el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, (2) la crisis del presupuesto en un contexto de pandemia y huracanes centroamericanos, (3) el significado de las jornadas de protesta y de la quema parcial del congreso.
1. ¿Quién es y qué representa el actual presidente de Guatemala?
El presidente Alejandro Giammattei inició sus funciones en enero del 2020, después de haber participado, pobremente, en tres elecciones presidenciales y una por la alcaldía capitalina. Hijo de una familia pudiente con fincas cafetaleras en los alrededores de Antigua Guatemala[1], Giammattei pertenece a la élite del país, con pasaporte italiano y guatemalteco, rasgo que denota su adscripción al abolengo colonial blanco. En 2006 fue director del sistema penitenciario, cargo desde el cual se le acusa del asesinato de siete reos en una operación policial dentro de una cárcel de máxima seguridad.
Giammattei es parte de la clase finquera anticomunista que funda sus negocios sobre las masacres castrenses de indígenas y ladinos pobres entre 1954 y 1984. En 2019, Giammattei recibió el beneplácito del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)[2] para conducir la rearticulación política de la alianza entre empresariado y Ejército después de las manifestaciones pacíficas del 2015 al 2017.
2. Un país colapsado: pandemia, huracanes, presupuestos
De raíz, el gobierno actual se funda en la apropiación elitista del dinero de las arcas estatales. Entre abril y mayo 2020, la pandemia constituyó la excusa idónea para justificar préstamos y ampliaciones presupuestarias[3]. Dichos préstamos sumaron un total de US$1,238 millones, de los cuales no se conoce el paradero ante una agenda deficiente para enfrentar la Covid-19, sin que en ningún momento las maquilas, fincas agroexportadoras y bancos entraran en confinamiento. En noviembre, los huracanes Eta e Iota se han vivido como verdaderas catástrofes sociales.
Con cientos de deslaves, aldeas aisladas, desbordes de ríos, los huracanes sólo acrecentaron la crisis por la cual miles de centroamericanos dejan la región en busca de EE.UU., debiendo sortear la persecución militar en su paso por Guatemala y México, como sucedió en octubre reciente[4]. En este plano el Congreso de Guatemala aprobó el presupuesto para el 2021.
El monto de US$12.800 millones –Q.99,700 millones de quetzales[3]– ni siquiera se invertiría en carteras de salud para combatir la pandemia. Antes bien, aumentaba el presupuesto del propio congreso, reducía drásticamente lo asignado el año pasado a la Procuraduría de los Derechos Humanos y al Programa contra la Desnutrición. Con banderas blancas, desde marzo cientos de mujeres, niños y hombres pedían comida en las calles de Guatemala. Gran indignación causó una investigación hace un mes sobre los gastos de la presidencia en jamón serrano, camarones jumbo y salmón[5] en plena pandemia, una semana antes de la aprobación del presupuesto.
3. La quema del congreso: breve análisis
Desde agosto, decenas de personas manifestaban los sábados frente al Palacio Nacional, ubicado en el centro de la capital. En la plaza pintaron la pregunta “¿Dónde está el dinero?”. Aún había temor por la pandemia y la gente retomaba, con temor, el trabajo en medio del tráfico en la ciudad más grande de Centroamérica. Con la aprobación del presupuesto 2021 el martes 18 de noviembre, varias personalidades de la farándula local (una chef de origen griego, un cantante de ska y una nutricionista) difundieron videos llamando a una manifestación el sábado siguiente.
Con acentos de clase alta guatemalteca, los llamados apelaban a un mayor espectro a los realizados en las semanas previas. Pronto grupos de estudiantes de universidades pública y varias privadas (USAC, Landivar, Del Valle) se organizaron cada una para asistir. Como en abril de 2015, las redes sociales habían permeado en la convocatoria de clases medias, ilustradas. Empero algo distinto sucedía: figuras populares como La Pirulina –una activista popular, representante del comercio llamado informal– rebasaron el discurso del llamado ciudadano por uno de profunda indignación, claridad política, insulto de la calle y hasta orines rabelesianos[7].
La quema del Congreso se hizo hacia las dos y media de la tarde el sábado 21 de noviembre 2020. Primero fue recibido con sorpresa, una mezcla de temor y euforia. Desde hacía dos días circulaban en las redes dibujos del congreso en llamas o botellas de licor Quetzalteca usadas como bombas molotov, algo muy distinto al espíritu de las manifestaciones de abril a mayo 2015. Había gran expectativa. Hacia las dos de la tarde se congregaban miles de personas en el parque o plaza central, en lo que se calcula alrededor de 20 mil manifestantes.
Primero circularon fotografías de jóvenes, mujeres y hombres, con mascarilla o capuchas, destruyendo con pica y aerosol parte del monumento a Álvaro Arzú, expresidente y exalcalde de Guatemala, símbolo del criollismo blanco, anticomunista, acusado de grandes desfalcos. Hacia las tres de la tarde circularon videos de jóvenes encapuchados, armados con palos y gasolina, trepándose a las ventanas del Congreso. Contrario a otros países, en Guatemala el congreso está ubicado en plena calle, sin rejas previas. Extrañó que sólo hubiera alrededor de 20 policías uniformados, no antimotines, en una manifestación precisamente contra el congreso.
Los jóvenes quemaron los dinteles de madera y, luego de empujar la puerta principal, lograron entrar, pintando con grafiti el exterior y el interior del edificio. Permanecieron alrededor de quince minutos sin la reacción de los antimotines, situación que creó desconfianza respecto al involucramiento del gobierno en la propia destrucción del edificio. Asimismo, en el presupuesto 2021 se justificó la construcción de un nuevo edificio, propiedad del congreso, por US$13 millones [Q.100 millones de quetzales][8]. Circularon fotografías de antimotines dentro del congreso ese mismo día, mientras otras imágenes mostraban extinguidores y tambos azules en la entrada.
Se interpretó dicha acción en términos de justificar la represión policial a la manifestación, deslegitimar la protesta, hacer olvidar el escándalo del presupuesto. Empero, si resulta cierto que infiltrados hayan iniciado la quema de la ventana, no menos evidente es que el descontento de los jóvenes manifestantes se coló e hizo suya la acción. En ningún momento se logró entrar al hemiciclo propiamente y sólo a algunas oficinas aledañas, de donde la gente sacó cervezas Stella de los refrigeradores del congreso. La quema del congreso, colmada de contradicciones y mediaciones, refiere tanto a una fase del Estado guatemalteco presto a destruir sus edificios-insignia –o buses– como a la rabia popular que hace del acto un símbolo de un nuevo momento de las luchas por la democracia desde abajo.
4. Algunas reflexiones: ¿qué se ha aprendido?
Los eventos están aún en proceso. Se vaticinan oportunidades que parecieran retomar lo mejor de lo aprendido desde las jornadas del 2015 y 2017, por supuesto, con nuevos peligros históricos:
- (1) La presión pacífica del 2015 que fue capaz de arrinconar éticamente al CACIF, al sistema partidista guatemalteco y al ejército, para apoyar la destitución del presidente General Otto Pérez Molina y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
- (2) La toma de la plaza durante la conmemoración de la independencia del 2017, momento que precedió al masivo, si bien momentáneo, cerco del congreso con los diputados al interior. Quizá este sea el precedente directo a lo que se desató en las luchas callejeras en la jornada del 21 de noviembre 2020.
- (3) Los paros nacionales de agosto 2015 y septiembre 2017. Se ha ganado perspectiva, en mi opinión, al relacionar directamente al congreso, la presidencia y el CACIF, como un capital narco y aprovechamiento de remesas de migrantes, un Estado basado en la prebenda quasi-aristocrática y la democracia como compra-venta de favores de inversión estatal.
Pero, así como ha cambiado el grado de rabia y claridad desde las protestas, también el CACIF y el congreso lo han ganado como alianza narcotraficante-militar, sobre quién o quiénes se constituyen en enemigo de sus intereses. Una vez más el núcleo de la liberación en Guatemala, en mi perspectiva, serán las comunidades mayas indígenas en alianza con la protesta urbana. El genocidio de 1982 en el altiplano guatemalteco fue continuidad con la campaña de asesinatos y masacres de ladinos urbanos organizados en 1966-1968 y 1978-1980, algo que no se suele traer a colación en el estudio de la guerra en Guatemala. La claridad política construida sobre esos eventos de raíz histórica es crucial. Más que la apuesta por darle cabeza a un movimiento – una interpretación que no termina de ser hobbesiana internamente–, es la que puede posibilitar una transformación profunda que ya no debe pensarse únicamente en términos nacionales, sino regionales, de integración distinta pero potencialmente aliados.
Si algo enseñó el 2015 en Guatemala, en retrospectiva, es la capacidad de vibrar en conjunto entre San Pedro Sula (Honduras) y ciudad de Guatemala, entre otras. A como van las cosas, no estamos lejos de que esto comience a suceder en El Salvador o la Nicaragua de la dictadura orteguista-murillista. Los movimientos paralelos en Ecuador (octubre 2019) y Perú (noviembre 2020) responden a similares circunstancias a las que vivimos en Centroamérica: el congreso se ha convertido en síntesis de la crisis del capital oligárquico, dictadura parlamentaria, reconfiguración de las tradiciones conservadoras y patriarcales, una memoria que se afirma en el detrimento de sujetos y sujetas popular-barriales. Será necesario aprender a vernos más, con conocimiento territorial que forme parte del mismo nervio vivo que atraviesa el continente.
Sergio Palencia Frener[9]
Nueva York, 29 de noviembre 2020
