El ministerio de Medio Ambiente (Marn)  aprobó una nueva clasificación a las actividades industriales bajo la premisa de agilizar las gestiones de licencias. La reciente regulación reduce los requisitos ambientales y beneficia, entre otros monocultivos, a la palma africana. 

La tala de árboles, la contaminación masiva de ríos y el desgaste de los suelos son algunos de los efectos que se atribuyen a la siembra de palma para aceite o palma africana. Por ello, su industria, al igual que la de otros monocultivos, se consideraba de alto impacto en las regulaciones ambientales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) o, al menos, cuando estos abarcaban grandes extensiones de terreno. Sin embargo, ya no es así.

El pasado 14 de octubre, por medio del acuerdo ministerial 204-2019, entró en vigencia un nuevo Listado Taxativo de Proyectos, Obras y Actividades Industriales. El acuerdo establece una clasificación en la que se asigna una categoría a determinada actividad según su impacto en el medio ambiente.

Por medio de las categorías A, B1, B2, y C, se determina el impacto ambiental de cada actividad, donde A es el de mayor impacto, por lo que los proyectos con esta clasificación están sujetos a más requisitos, y C es el mínimo. 

La regulación anterior, vigente desde 2016, establecía que todos los monocultivos que tuvieran más de 500 hectáreas se consideraban actividad A o de alto impacto. De 35 a 500 hectáreas se consideraba B1, de moderado a alto impacto. Y los cultivos por debajo de las 35 hectáreas se consideraban B2, de moderado a bajo impacto. 

En el nuevo reglamento todas las extensiones previamente mencionadas han bajado una categoría. Las extensiones de tierra que superen las 500 hectáreas, sin establecer un límite, se consideran tipo B1. De 45 a 500 hectáreas son B2 y menos de 45 hectáreas entran en una nueva categoría: de bajo impacto ambiental, pero con Plan de Gestión Ambiental (C con PGA). Es decir que las plantaciones que estaban entre 36 y 44 hectáreas bajaron dos categorías.

Byron González, consultor ambiental del Centro de Estudios Urbanos de la USAC, califica de “lamentable” que se haya bajado la categoría a industrias cuyo impacto ambiental ha sido señalado de ser alto y de haber provocado incluso desastres naturales. “Todo apunta a que se trata de un compadrazgo entre el Gobierno y el sector privado”, opina.

Según Alfonso Alonzo, titular del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), existe mucho tabú con respecto a la palma africana y sus efectos en el medio ambiente. Sin embargo, Alonzo asegura que es un cultivo que no puede siquiera recibir mucho tratamiento a base de químicos, pues éstos afectan a la especie encargada de su polinización; aunque reconoce que sí puede haber un problema relacionado con la deforestación. El titular de la cartera de Medio Ambiente también aclara que el nuevo listado taxativo trata de diferenciar entre los pequeños productores y quienes se dedican a la producción industrial.

Deforestación a gran escala

Los efectos del cultivo de la palma africana en las áreas forestales no representan un fenómeno nuevo. El perfil ambiental de Guatemala 2010-2012, elaborado por el Instituto de Agricultura Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, alertaba que el 42 por ciento de toda la deforestación del país estaba relacionada con la expansión de tierras para la ganadería y los monocultivos, entre los que resaltaba la palma africana.

El perfil establece que para 2012 en Petén se había sustituido una extensión de 22,533 hectáreas (equivalentes a un aproximado de la mitad del departamento de Sacatepéquez) de bosque por palma para aceite. Además, 22,967 hectáreas del cultivo total de palma se ubicaban en áreas protegidas, aunque un 90 por ciento de éstas se encuentra en zonas de amortiguamiento del sur de Petén. Las zonas de amortiguamiento son circundantes a las áreas protegidas, en las que se busca un balance entre la preservación ambiental y la sostenibilidad de las comunidades existentes en esos territorios.

Un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB) apunta a efectos más graves en el ambiente. Además de los efectos sociales a los que hace mención el estudio, refiere que las áreas utilizadas para la palma de aceite no pueden ser utilizadas para otros cultivos y que el desgaste de nutrientes en el suelo es tal que, tras 25 años de uso para esta actividad, la planta deja de producir. El área evaluada en la investigación del ICTA-UAB fue el valle de Polochic, en Alta Verapaz.

El más reciente anuario estadístico (2016-2017) de la Gremial de palmicultores de Guatemala (Grepalma) establece que al momento de su elaboración había 1,752 hectáreas de palma (1.6 por ciento de la producción total del país) en cultivos con 25 o más años de antigüedad.

Los datos de Grepalma establecen que Guatemala se constituyó en 2016 en el tercer productor de palma para aceite a nivel mundial, con un estimado de 165,510.53 hectáreas de cultivo para una actividad que representa el 1.2 del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala y que genera 28,000 empleos. 

La producción de palma también se vio involucrada en 2015 en un desastre ecológico en Sayaxché Petén, donde entre 40 y 70 toneladas de peces murieron repentinamente en un tramo de 150 kilómetros del río La Pasión. Por este hecho fue denunciada la empresa Reforestadora de Palmas de Petén (REPSA), pues el hecho se atribuye al desbordamiento de una de sus lagunas de oxidación destinadas al procesamiento de los desechos de palm

No sólo de palma se compone el reglamento

Pero la palma africana no fue el único cultivo que se vio beneficiado en esta modificación a las categorías de impacto ambiental. En 2016 todo monocultivo que empleara más de las 500 hectáreas se clasificaba como A. En el nuevo reglamento las únicas actividades agrícolas que alcanzan esta categoría son la fumigación aérea, la producción de caña de Azúcar en ingenios y el cultivo de banano, el único monocultivo que no sufrió alteraciones con respecto al listado taxativo anterior.

El fenómeno se repite en otras industrias, como la de producción animal, la exploración minera –de B1 a C con PGA –, los restaurantes, las discotecas, las iglesias y los helipuertos –de B1 a C –, entre otros. Todas han disminuido. 

Mario Godínez, ex decano de la facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos (USAC) y activista ambiental, señala que hay una serie de políticas nuevas en el Marn que afectan a los pequeños productores. 

Godínez señala no estar sorprendido por los beneficios que recibieron algunos sectores en las nuevas regulaciones. “Recordemos que sectores como el agroindustrial, varias iglesias y personas que hacen uso de helipuertos le dieron su apoyo al Gobierno, en especial con el tema de la Cicig”, sentenció.

El ministro de ambiente señala que es resultado de un proceso de más de dos años y medio en el que de manera muy incluyente se logró dialogar con todos los sectores. 

Al ser cuestionado si entre estos sectores se había escuchado el argumento de alguna organización ambiental, Alonzo señaló que no porque estas organizaciones no son usuarias del sistema de licencias ambientales del Marn y porque considera que –”Con todo respeto” – sus planteamientos están desfasados con las necesidades actuales.

“Nos sentamos con los ganaderos, con los sectores médicos, con las iglesias, con la agroindustria, la cámara de comercio, restaurantes. Por eso digo a mucho orgullo que, de parte del Marn, fuimos incluyentes”, enfatizó.

Julio Mérida, director ejecutivo de la Asociación de Productores Independientes de Banano (APIB), confirmó estos acercamientos, a pesar de que la producción de banano fue el único monocultivo al que no se le redujeron requisitos.

Mérida explicó que su discusión se centró en las unidades de medición para las categorías, ya que se les había planteado a los productores de banano que podrían ser cuencas acuíferas en lugar de hectáreas, algo con lo que el sector no habría estado de acuerdo, pero que, al quedar de nuevo en hectáreas, los productores de banano no tienen oposición a la forma en que quedó su actividad en el reglamento.

Las dudas de los consultores

Pero, ¿En qué consisten los cambios al reglamento? El desarrollo de un proyecto o actividad industrial debe ser aprobado por el Marn. Para ello, la Cartera de Ambiente cuenta con el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), que se complementa con el documento recién publicado.

Es decir que mientras el Listado Taxativo indica qué categoría le corresponde a cada actividad, el RECSA define cuáles son los requisitos para cada una de estas categorías.

El acuerdo, publicado el 16 de agosto en el Diario de Centroamérica y vigente desde mediados de octubre establece un nuevo sistema de ordenamiento de las actividades. Con la creación de la nueva categoría de bajo impacto ambiental con Plan de Gestión Ambiental, se elaboraron también nuevos formularios para cada categoría con los requisitos por cada una, los cuales pueden ser descargados de la página del Marn.

Un sector que mostraba incertidumbre ante los cambios en las políticas del Marn es el de los consultores ambientales. Uno de sus temores era que la reducción de requisitos para muchas industrias hiciera menos necesaria su labor dentro de los procesos de aprobación de proyectos. El otro, tener que adaptarse a una nueva serie de requisitos en un proceso que ya identifican como complicado.

Ante esta situación, la Asociación de Consultores Ambientales de Guatemala (Asocogua) y el Marn han avanzado en acercamientos que incluyeron una capacitación a los consultores sobre el nuevo listado. 

Las disposiciones del Marn establecen que se implementarán nuevos formularios para cada una de las categorías. Cada uno de estos formularios determina todos los requisitos, de forma y fondo, para que los proyectos sean aprobados.

Pese a que estaba previsto que los consultores pudieran descargar los formularios nuevos a partir de esta semana (cuando entró en vigencia el nuevo listado taxativo), la página del Marn aún no los tiene disponibles. 

Sin embargo, la indicación que recibieron los consultores por parte del Marn es que aún queda un período de adaptación en el que se irán implementando poco a poco las nuevas medidas. 

Fragmento del Acuerdo Ministerial 199-2016, listado taxativo anterior. 

Fragmento del Acuerdo Ministerial 204-2019, listado taxativo publicado en agosto de este año.

Mirella Archila, presidenta de Asocogua, cree que es un paso positivo que finalmente se haya aprobado una nueva regulación. Archila argumenta que desde hace varios años  los consultores han planteado la elaboración de instrumentos que hagan más fácil las gestiones y reduzcan la burocracia. 

No obstante, agrega que aún hay muchos elementos por considerar. Primero, asegurarse de que, efectivamente, haya una política de control ambiental. Pero, además, señala problemas como la forma en que se define el impacto ambiental a través de una unidad de medida, como hectáreas con los cultivos o metros cuadrados en las construcciones. Ya que considera que puede haber más elementos que representen un impacto ambiental, como por ejemplo de qué manera se realizará el cultivo o qué actividad se desarrollará en cada inmueble y cómo ello puede repercutir en el ambiente.

“Habría que evaluar todos los aspectos que generan algún riesgo de impacto ambiental e incluirlos en las clasificaciones”, puntualiza la presidenta de Asocogua.

Las últimas modificaciones al RECSA tuvieron lugar en 2018. Sin embargo, de momento este instrumento continúa vigente. Así lo expresó Ronnie González, promotor ambiental del Marn, durante la capacitación a consultores ambientales sobre el nuevo listado taxativo.

No obstante, los esfuerzos dentro de la cartera de Ambiente van encaminados a desarrollar todo un sistema orientado a facilitar los trámites para la aprobación de proyectos. Será en los próximos meses cuando se conozcan los otros instrumentos legales y se pueda determinar si su objetivo va encaminado también a la protección ambiental y de los recursos naturales.