Guatemala fomenta la sostenibilidad ambiental con programas de educación y leyes para proteger sus recursos naturales.
Cada 26 de enero, el mundo celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, fecha que busca crear conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. Esta conmemoración tiene su origen en 1975, cuando, en el Seminario de Belgrado, 70 países definieron en la Carta de Belgrado los principios de una educación que promueva el desarrollo sostenible y responsable.
En Guatemala, esta tarea es encabezada por instituciones como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), que trabajan juntos para integrar la educación ambiental en comunidades y escuelas.
La educación ambiental, respaldada por leyes como el Decreto 38-2010 y la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89),ha generado resultados concretos en el país. Según indica Norma Joj del Conap, se han impulsado programas como EDUCONAP, que lleva talleres y diplomados a comunidades cercanas a las áreas protegidas.
A la fecha, han desarrollado 23 cursos con 1,629 participantes.
Joj destaca que, en 2024, en Olopa, Chiquimula, la Escuela Oficial Urbana Mixta Regional implementó un proyecto de eco bolsas reutilizables, reduciendo en un 80% el uso de bolsas plásticas. Este tipo de iniciativas fomentan hábitos sostenibles en las comunidades.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, desarrolla proyectos como el diplomado «Guardianes Ecológicos», que incluye módulos sobre cambio climático, residuos sólidos y buenas prácticas ambientales. Este programa, respaldado por la Universidad de San Carlos, certifica a jóvenes como educadores ambientales, quienes luego implementan planes de acción en sus comunidades.
Retos a enfrentar
Sin embargo, los desafíos persisten. Según Julia Flores, asesora técnica de la Dirección de Formación y Participación Social (Difopas) del MARN, «muchas personas dicen yo no tiro basura‘ pero al salir a las calles vemos lo contrario. Siempre esperamos que otros asuman la responsabilidad».
Flores también señala que la falta de recursos económicos, como presupuesto para imprimir materiales educativos, limita el alcance de los programas.
Por otra parte, resalta el sólido marco legal que el país se tiene en materia ambiental. Por ejemplo, la ley de áreas protegidas establece las bases para conservar la biodiversidad; la de educación ambiental la integra en todos los niveles escolares y la Política Nacional de Educación Ambiental promueve alianzas entre instituciones y organizaciones para fortalecer las capacidades en educación ambiental.
Jóvenes y comunidades como agentes de cambio
Fomentar la participación es clave para garantizar un futuro sostenible, sostienen las expertas. Iniciativas como el Reto Naturalista GT, organizado por Conap, motivan a los jóvenes a explorar la biodiversidad y registrarla en plataformas como eBird y Naturalista.
En comunidades como Totonicapán y Quetzaltenango, la educación ambiental ha reducido problemas como la tala ilegal, mientras que en Sacatepéquez, veteranos del ejército lideran campañas de limpieza y reforestación.
Además, programas como «Guardianes Ecológicos» fomentan la participación de mujeres y jóvenes e integran el tema de género como eje transversal en sus actividades.
