El caso del asesinato del obispo Juan José Gerardi se reactivó la semana pasada en Guatemala. Después de 27 años, la jueza Abelina Cruz, ligó a proceso, al último de los 13 acusados que faltaba por ser detenido, el ex sargento e integrante del Estado Mayor de la Defensa Rubén Darío Morales, acusado por ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio
“Tengo miedo” fue la primera reacción de Morales al ser procesado en el Juzgado de Mayor Riesgo “D” por la jueza Abelina Cruz. El ex sargento es considerado como el sospechoso que llegó con una cámara fotográfica a la Casa Parroquial de San Sebastián, la madrugada del 27 de abril de 1998, poco tiempo después del asesinato de Gerardi.
Morales, de 61 años, estaba fuera del mapa desde hace más de una década, tan solo un mes antes de ser procesado se desempeñaba como constructor en Luisiana, Estados Unidos, pero paradójicamente fue deportado y capturado en suelo guatemalteco el 27 de abril, un día después del aniversario No. 27 del asesinato de monseñor.
“Existen muchas dudas y preguntas sin responder en el caso Gerardi, la captura de Morales abre una puerta para buscar conocer la verdad de lo sucedido en 1998”, dijo a No-Ficción, Nery Rodenas, el director ejecutivo de la Oficina de Derechos humanos del Arzobispado de Guatemala (Odahg), después de que el acusado fuera procesado.
Rodenas recordó que pese al juicio de 2001 y que el caso es reconocido como un crimen de Estado, existen dudas sobre la posible implicación de más actores dentro de este caso.
La jueza Abelina Cruz, conocida por beneficiar a actores ligados a corrupción, indicó que existen indicios suficientes para abrir un proceso contra Morales y lo envió al centro de detención preventiva para varones de la zona 18 y fijó un plazo de dos meses para que la Fiscalía Especial del caso Gerardi presente pruebas en el arranque de la etapa intermedia.
Morales pretendía declarar. En el primer intento por desarrollar la audiencia de primera declaración, el acusado indicó que tomaría la palabra. Sin embargo, todo fue suspendido porque su primer abogado defensor renunció cuando la jueza Cruz le negó el tiempo para leer y familiarizarse con la acusación.
Posteriormente, en la audiencia del 5 de mayo, Morales optó por mantener silencio y su nueva defensa intentó argumentar que las acusaciones del Ministerio Público (MP), carecían de fundamento por no indicar con exactitud la hora en la que fue visto en la parroquia el día del asesinato.
Un falso testimonio, una cámara y el último acusado
En 2001, en medio de un ambiente hostil en tribunales, se realizó el juicio por el asesinato de Gerardi, los fiscales y jueces del caso estuvieron bajo amenaza constante y los acusados eran el coronel retirado Byron Lima Estrada, su hijo, el capitán Byron Lima Oliva y el exsargento Obdulio Villanueva.
Durante el proceso, que inicio el 21 de marzo de ese año, declararon más de 40 testigos, algunos de alto perfil como el expresidente Álvaro Arzú Irigoyen o la activista Helen Mack. Además, entre los citados por el Ministerio Público estaba Rubén Darío Morales.
Morales, era conocido por trabajar para el Estado Mayor, sostener el rango de sargento y haber sido visto dos veces públicamente con una cámara fotográfica, la primera en el juicio por el asesinato de Pedro Sas Rompich, un campesino que había sido acusado de supuestamente atentar contra Arzú cuando era presidente y su seguridad le disparó en un confuso incidente. Luego fue visto en el parque San Sebastián horas después del asesinato de Gerardi.
El ahora detenido declaró en 2001 asegurando que no tomó fotografías del lugar y posteriormente desapareció, los fiscales ya no pudieron localizarlo en su vivienda en la zona 13 capitalina, su familia negó saber su paradero y ahora reaparece deportado y procesado como el último de los acusados pendientes.
Los condenados y los vacíos del caso
De acuerdo con la Fiscalía Especial, por el caso de la muerte de Gerardi se identificaron a un total de 17 sospechosos, solo 5 de ellos eran civiles, los demás prestaban servicios al Estado. En 2001, solo cuatro personas fueron condenadas y el tribunal tercero de sentencia penal determinó que el móvil del asesinato del arzobispo Gerardi fue por motivaciones políticas tras la publicación del informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), en la que se recopilaron las violacions de Derechos Humanos cometidas durante el Conflicto armado Interno en Guatemala que duró 36 años. El 90% de la violencia fue atribuida al Ejército.
Los militares Lima (padre e hijo) y Obdulio Villanueva fueron condenados a 30 años de prisión por ejecución extrajudicial. Todos han fallecido. En 2003, Villanueva fue asesinado durante un motín en el centro preventivo para varones de la zona 18, fue decapitado en una trifulca que según las versiones oficiales se debió a una disputa de poder en el penal.
Lima Oliva murió en prisión en 2016 durante un ataque directo en su contra, que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) atribuyó al narcotraficante Martín Montiel, conocido como “El Taquero”, por una disputa de poder dentro del penal.
Mientras que Lima Estrada falleció en 2019 en el Centro Médico Militar a los 85 años por problemas de salud, después de cumplir 20 años de prisión por el caso Gerardi.
El cuarto y último condenado, que todavía vive, es el sacerdote Mario Orantes acusado de ser cómplice en el asesinato, cumplió una condena de 20 años de prisión pero por buena conducta fue liberado en 2013 tras cumplir la mitad de la pena.
En el primer juicio también fue juzgada Margarita López, quien era empleada doméstica de la casa parroquial, pero fue liberada por falta de pruebas. Finalmente ninguno de los 5 procesados o incluso el actual y último detenido han sido acusados o considerados de ser “el autor intelectual del asesinato”.
El caso de asesinato de Gerardi evidenció la implicación de varios efectivos del Ejército y la principal hipótesis del señala que monseñor fue atacado por haber publicado el REMHI, titulado: “Guatemala Nunca más”. No obstante, los autores materiales, tras 27 años, no han podido ser identificados.
Por este motivo, la Odahg considera que el proceso contra Morales es de suma importancia porque más allá de lograr determinar su responsabilidad en el asesinato abre una puerta para averiguar la posible implicación de altos mandos del Estado Mayor de la Defensa durante el gobierno de Álvaro Arzú en el asesinado de Gerardi.
