Nayib Bukele se proclama ganador de las elecciones presidenciales de El Salvador en una jornada marcada por los retrasos en el procesamiento de los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral. El mandatario obtiene así cinco años más al frente del país, pese a la prohibición constitucional a su candidatura, luego de una estrategia de acaparamiento de las instituciones salvadoreñas.
Las elecciones presidenciales de El Salvador en 2024 marcan un punto de inflexión en la historia del país. Han pasado casi 90 años desde la última vez que los electores tuvieron, en 1935, a un presidente que buscaba la reelección, el militar golpista Maximiliano Hernández Martínez.
Ahora, Nayib Bukele, hace historia al mantener el cargo con una elección inconstitucional.
Dos horas antes de que el Tribunal Supremo Electoral anunciara los primeros resultados oficiales, el mandatario salvadoreño se proclamaba vencedor de los comicios con el 85% de los votos, y aseguraba contar con 58 de 60 diputaciones para el partido oficial, Nuevas Ideas.
El anuncio lo realizó Bukele la noche del domingo 4 de febrero desde el Palacio Nacional, en el centro histórico de San Salvador, rodeado de miles de seguidores. Aunque a las 7 horas del día siguiente el TSE solo había hecho público el procesamiento de 31.49% de los votos.
“Ustedes han visto cómo El Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro”, dijo Bukele a los asistentes, para concluir: “Ahora, en estos próximos cinco años esperen a ver lo que vamos a hacer”, en referencia a su nuevo mandato en el Ejecutivo.
Con el 31.49% de las actas procesadas Bukele sumaba 1.29 millones de votos en la elección presidencial, seguido por el candidato del FMLN, Manuel Flores, con 110,244; y el aspirante de ARENA, Joel Sánchez, con 96,700. Cifras que volvían prácticamente irreversible un cambio en el resultado final.
Su fórmula para lograr todo el poder incluyó: una enorme maquinaria propagandística para captar la atención del voto; brindar resultados en seguridad al negociar primero con las pandillas y luego someter a todo el país a un régimen de excepción perpetuo. Y, en medio de todo esto, la cooptación de las instituciones de justicia, control constitucional y del poder Legislativo, para avanzar sin obstáculos en el acaparamiento de todo el poder.
Pero ¿cómo tejió Bukele la maraña de hilos que conectan a todos los poderes del Estado a sus manos?
La violencia como caldo de cultivo del miedo
La violencia de las pandillas ha sido un padecimiento crónico para El Salvador. En 2015 este país llegó a su mayor cifra de homicidios con una tasa de 105 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Cuando Bukele asumió el poder en 2019 la tendencia en la disminución de homicidios se había mantenido por cuatro años. Sin embargo, para 6 de cada 10 salvadoreños (58.6%) el problema más grave del país aún era la inseguridad, según registró la encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo).
En el mismo estudio de opinión de Fundaungo tres de cada cuatro salvadoreños también dijeron que ni el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que gobernó los 10 años anteriores, ni la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que mantuvo el poder los 20 años previos debían volver a gobernar.
La desconfianza hacia el sistema de partidos políticos era mayúscula. En ese contexto el triunfo de Nayib Bukele en 2019 le abrió la puerta a sacudir los cimientos del sistema político salvadoreño y adecuarlo a sus objetivos.
Al inicio de su primer mandato, Bukele reeditó las antiguas estrategias de “mano dura” de los gobiernos anteriores bajo el nombre del Plan de Control Territorial: despliegue de fuerzas policiales y soldados en zonas céntricas, así con el control de los centros penales.
Para julio de 2019 El Salvador tenía uno de sus meses con menos homicidios en 20 años, cinco diarios. Números similares a los presentes entre 2012 y 2013 durante una tregua entre el gobierno y las pandillas. En ese momento desde el diario elFaro preguntaron a Bukele: “¿Su administración mantiene algún tipo de diálogo con pandillas?”
La respuesta del mandatario en ese momento fue: “No tenemos ninguna comunicación con las pandillas. De hecho, creo que no tendría sentido pensar algo así. Hemos decretado emergencia en los penales, hemos cortado comunicaciones, hemos desarmado estructuras, incautado armas, droga, dinero, capturado a más de 2 000 pandilleros en dos meses. (…) sería absurdo estar negociando por un lado y siendo tan drásticos por el otro”.
Pese a esto en 2020 publicaciones de elFaro, e investigaciones iniciadas por la fiscalía en el caso Catedral, reveladas un año más tarde, dieron cuenta de los vínculos del nuevo gobierno con líderes pandilleros.
El punto de inflexión, sin embargo, se dio en marzo de 2022 cuando se rompió la tregua con las pandillas y en un solo fin de semana se reportaron 87 personas asesinadas. Se implementó un “régimen de excepción” para la persecución penal que se ha vuelto la norma y que no se ha levantado hasta la fecha.
Bajo este régimen se reducen las garantías constitucionales. Por ejemplo, la policía puede realizar detenciones sin orden judicial e incluso sin informar las razones. El aprehendido puede ser detenido por hasta 15 días sin contar con derecho de defensa.
A la fecha alrededor de 76 mil personas se encuentran detenidas bajo el régimen de excepción y las drásticas medidas bajo esta figura fueron una de las principales cartas electorales.
Bukele promovió hasta pocos días antes de las elecciones, desde las propias cuentas de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, las detenciones bajo el régimen en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) entre los éxitos de su gestión. A la vez que criticó al gobierno estadounidense por una presunta intervención en las elecciones de El Salvador.
Los efectos del régimen van más allá de ser un disuasivo para la violencia. Hasta agosto del año pasado el gobierno salvadoreño había informado de la liberación de al menos 7 mil personas detenidas bajo esta medida.
Seis días antes de los comicios, durante una visita al centro de detención “La Esperanza” conocida como “Mariona”, una de las vendedoras de paquetes alimenticios para los aprehendidos, ubicada en los alrededores del penal se acerca al grupo de reporteros en cobertura.
-¿Pasó algo?, ¿saben si hay traslados?, preguntaba preocupada la mujer de alrededor de 65 años, suéter azul y gorro café, y que asiste en las ventas de uno de los puestos informales donde los visitantes adquieren paquetes de alimentos, medicinas y productos de higiene para sus familiares detenidos.
La mujer dice que tiene a un nieto detenido en el penal, que lleva casi 21 meses tras su aprehensión en una redada masiva en una colonia de San Salvador, pero que la madre del joven ya ha sido informada de que obtuvo su carta de liberación. Su esperanza es que tras las elecciones se haga efectiva. Prefiere no opinar sobre las votaciones, dice que solo espera que su nieto salga de prisión.
La reelección de Bukele ha estado estrechamente ligada a esta política de seguridad. Este 4 de febrero, tras emitir su voto en el concurrido centro de votación de la Avenida Olímpica, Bukele brindó una conferencia de prensa y salió al paso de las críticas.
“Nosotros no estamos sustituyendo a la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo. El pueblo dice `queremos un régimen de excepción, queremos la política de seguridad`”, dijo Bukele, para luego concluir: “Y hoy, en unas horas vamos a saber si quieren que continúe este presidente y qué configuración quieren en la Asamblea Legislativa”.
En su conferencia tras emitir su voto Bukele también reiteró el mensaje que usó en campaña para pedir el voto para su partido en la Asamblea Legislativa: “si perdemos un solo diputado, no podrían aprobar el régimen de excepción y seguiríamos la lucha contra las pandillas, pero sin la herramienta que nos ha funcionado”.
🗳️ #Elecciones2024SV | Nayib Bukele en conferencia de prensa, rompe el silencio electoral durante la jornada de la elección.
— FOCOS (@focostv) February 4, 2024
📹 @ADimas01 pic.twitter.com/DXrrFhCjBm
Control de las instituciones: las piezas del dominó
Los resultados de las legislativas.
Una pieza clave en el control de las instituciones del país la obtuvo el presidente Nayib Bukele en 2021 al obtener la mayoría, junto a sus aliados, en la Asamblea Legislativa. Es por eso que la elección del Legislativo era clave para consolidar este dominio.
Sin embargo, a las 7 horas del 5 de febrero sigue sin oficializar los resultados y admite su fracaso en la transmisión de resultados. Un comunicado oficial del TSE, publicado en horas de la madrugada reconoce esto: “debido a múltiples acciones que han dificultado el desarrollo de las actividades de transmisión de resultados preliminares y por falta de papel de seguridad y otros factores ajenos a la voluntad del TSE”.
Al cierre de esta edición la única indicación de un posible resultado en las elecciones legislativas estaba en las declaraciones de Bukele, durante su celebración en Palacio Nacional, proclamando que el partido oficial sumaba 58 de 60 diputaciones.
Asegurando además que esta “sería la primera vez que en El Salvador existe un partido único en un sistema democrático”.
El camino del mandatario a la reelección ha sido como la caída de una serie de piezas de dominó. En 2019 irrumpió en la Asamblea Legislativa acompañado de policías y militares para exigir la aprobación de créditos para su plan de seguridad contra las pandillas.
Aunque la Constitución salvadoreña prohíbe en seis artículos la reelección inmediata de presidentes, Nayib Bukele, fue habilitado por el tribunal electoral para competir por un segundo mandato. Esto fue posible con una resolución en septiembre de 2021 de la Sala de lo Constitucional impuesta por el partido oficial, Nuevas Ideas, tras su control del Legislativo.
Aprovechando la cresta de la ola de su popularidad amenazó a los diputados con poner en práctica el artículo 87 de la Constitución que reconoce el derecho del pueblo a la insurrección. Al polarizar la opinión pública sobre el Legislativo cosechó el control de la Asamblea en las elecciones de 2021.
En una suerte de Autogolpe de Estado esta nueva Asamblea Legislativa del 2021 destituyó a la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la Nación. De esta manera despejó el camino para eludir la prohibición constitucional de reelección inmediata y a la vez cualquier posible investigación de la fiscalía.
La última pieza en caer fueron las reformas aprobadas a la normativa electoral en cuanto al número de escaños del Congreso y la fórmula para la asignación de los cargos. Además, de la reducción de municipios del país para acentuar el verticalismo del poder del Ejecutivo respecto a las municipalidades.
Con el control de la Asamblea Legislativa Bukele obtuvo la aprobación sin debates de la extensión del régimen de excepción durante casi dos años. Esa misma Legislatura hizo posible que en junio de 2023 se concretara la reducción en el número de diputaciones de 84 a 60 congresistas.
También se cambió el método de asignación de escaños y se pasó del sistema “Hare” a la fórmula D’Hondt, usado en sistemas para favorecer la consolidación de partidos políticos grandes. Con estas modificaciones, junto a una reducción del número de diputados por departamento se incrementó el umbral de votos necesarios para obtener una representación.
La apuesta de Bukele era clara, que la imagen del Presidente arrastrara el voto hacia los congresistas, aprovechando que en estos comicios la elección del Ejecutivo y Legislativo son simultáneas y así consolidar todo el poder.
Nuevas Ideas sería el partido hegemónico que controlaría el Legislativo. El poder judicial previamente ya había sido tomado y la fiscalía había sido entregada a un aliado político del Ejecutivo, y todos los hilos del poder llevarán a un solo hombre: Nayib Bukele.
La campaña de Bukele fue clara en descalificar los votos a diputados de oposición como “votos” para liberar a pandilleros. Todo esto sin recibir ninguna sanción por el Tribunal Supremo Electoral por campaña negra:
La oposición ahora dice que es mentira que ellos quieren quitar el Régimen de Excepción.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 31, 2024
Pero ellos mismos, todos ellos, lo afirmaron.
No permitamos que nos regresen al pasado. pic.twitter.com/vjgZjhx4EO
Para la diputada Claudia Ortíz, del partido VAMOS, los cambios en la asignación de escaños por departamento fueron clave, ya que la anterior fórmula permitía “una mayor pluralidad política. Esta reforma también ingresó a la Asamblea Legislativa por el mecanismo que le llamamos dispensa de trámite. No hubo discusión y el cálculo de escaños usó datos del último censo de población que fue en 2007”, destacó la congresista.
El número de diputados se redujo de 84 a 60 en el Congreso de El Salvador. Los cambios en la ley también establecieron, por primera vez, la posibilidad de que el voto en el extranjero eligiera a sus congresistas. La modificación de la asignación de los escaños también incluyó en la jurisdicción de la capital San Salvador -donde alguna parte de la población adversa los efectos del régimen de excepción- los votos para diputados que se emiten desde el extranjero cuando el documento de identidad consigna la residencia en el exterior. La capital, por ejemplo, pasó de 24 diputados a solo 16, y la mayoría de distritos perdieron en uno a tres escaños, lo que dificulta a la oposición lograr una representación más activa.
A su vez, señala la diputada Ortíz, la reducción de municipalidades de 262 a 44 municipalidad también representó un gran cambio para el sistema político que acentuará el verticalismo del poder del Ejecutivo en El Salvador. “Surgió el descontento de los alcaldes, incluso en el mismo partido oficial, al no poder atender a las comunidades y no tener el Fondo de Desarrollo Municipal que el Ejecutivo traslada a los municipios”, señala la diputada.
En su lugar estos fondos se han concentrado en la Dirección de Obras Municipales (DOM), una instancia que según una investigación de FocosTV concentró en 2023 asignaciones de $266.5 millones a empresas sin experiencia de funcionarios y afiliados a Nuevas Ideas.
Un recorrido por las calles de San Salvador hace fácil reconocer las obras gestionadas por la DOM: conos y carteles de color cyan, el tono del partido oficial, entre otras.
Los casos de probable corrupción que nadie más investiga
En la recta final de las elecciones presidenciales y legislativas al menos tres grandes investigaciones periodísticas han sido comentadas en la opinión pública salvadoreña. La primera fue la investigación de elFaro que revela las negociaciones del gobierno con un líder pandillero para recapturar, a través de un cartel mexicano, a otro dirigente criminal, Élmer Canales Rivera, alias Crook, previamente liberado por el gobierno.
Luego la Revista Factum detalló en una investigación que la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), cuya creación fue una de las promesas de campaña de Bukele en 2019, indagaba tres casos de corrupción que tocaban al entorno del mandatario y el partido Nuevas Ideas cuando fue cerrada abruptamente.
Por último, FocosTV, descubrió como 12 diputados de Nuevas Ideas y tres primos de Bukele (entre otros 27 funcionarios) fueron beneficiados con $4.9 millones en créditos estatales para adquirir inmuebles en vecindarios de lujo en El Salvador. La mitad de estos préstamos fueron asignados en medio de la crisis sanitaria y social por la pandemia de covid-19.
Pese a estos escándalos los resultados electorales en el Ejecutivo y el Legislativo parecen no haber variado.
Previo a los comicios en una entrevista con la candidata a la vicepresidencia Celia Medrano del partido Nuestro Tiempo, de corte progresista, advertía sobre el debilitamiento de las instituciones democráticas de El Salvador.
“No ha sido una competencia entre partidos políticos, más bien ha sido una competencia contra los recursos del Estado”, dijo la candidata. Para Medrano “el bukelismo es un fenómeno que trasciende las fronteras del Salvador, es un germen que se está esparciendo en toda la región con proyectos populistas antidemocráticos bastante demagógicos que esconden, sobre la base de modernización e innovación proyectos de corte militarista y que regresan a los peores capítulos de la historia de América Latina del siglo pasado”.
También en esta línea una de las congresistas más activas en la oposición desde el FMLN, la diputada Anabel Belloso, destacó que durante la campaña el discurso dominante del régimen fue la apelación al “miedo”.
“Mucha gente tiene miedo hasta de ir a votar, porque creen que si votan diferente van a saber qué votaron y puede tener repercusiones. Esto es algo que atenta contra todo proceso democrático”, destacó la diputada.
La resistencia en algunas comunidades
En las zonas urbanas afectadas por el temor a las pandillas antes y ahora sometidas al control territorial del “régimen de excepción”, aún no es del todo común encontrar una oposición articulada de ciudadanos. Pero hay algunas excepciones en las zonas rurales.
Una de estas la constituye la comunidad de Santa Marta, municipio de Victoria, en el departamento de Cabañas. Ubicada a unas dos horas y media en vehículo de San Salvador, la comunidad se encuentra formada por familias de retornados al país tras la guerra civil salvadoreña (1980-1992). Esta población ha creado a través de su organización local proyectos de infraestructura, cultivos, educación y salud para sus integrantes.
Seis líderes de esta comunidad Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco, Saúl Rivas y Fidel Recinos fueron detenidos el 11 de enero de 2023, acusados por un supuesto asesinato durante la guerra civil acusados de privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Estos dirigentes impulsaron desde la década de los años 2010 restricciones a la minería metálica que finalmente concluyeron con una prohibición a esta práctica en 2017.
En una visita a la comunidad, cinco días antes de las elecciones, Peter Nataren, el treintañero vicepresidente de la cooperativa Nueva Heroica Santa Marta, señala que la captura de sus dirigentes en 2023 fue realizada en el marco del régimen de excepción, pese a que la acusación en su contra era por delitos no contemplados en la misma.
En una sala para de reuniones de la cooperativa, junto a los invernaderos de vegetales orgánicos, el dirigente cooperativista advierte que estas acciones, de una fiscalía bajo el control del oficialismo, buscan someter cualquier voz disidente. En el caso de Santa Marta por su liderazgo en la oposición a la minería metálica.
“Esta comunidad también fue militarizada en ciertos momentos durante el año pasado, muchos jóvenes han emigrado por miedo a que esta situación también les traiga represalias con el régimen”, dice Nataren. Los dirigentes apresados se encuentran bajo arresto domiciliar desde septiembre de 2023.
Para Nataren si Santa Marta no hubiese tenido la capacidad de responder a tiempo con una estrategia comunicativa y de relaciones internacionales a favor de sus detenidos la comunidad pudo verse más afectada. Según el cooperativista en la primera audiencia del proceso la fiscalía presentó una lista de 73 personas como objetivos.
Este tipo de organización, sin embargo, no es la más generalizada en el país. El cooperativista se lo adjudica a la identidad propia de la comunidad basada en la defensa de la memoria histórica, proyectos de desarrollo autogestionados y su esfuerzo por construir sus propios sistemas de educación. Mientras que otras “comunidades históricas” están divididas entre el apoyo a Bukele y su crítica, pese a lo cual el líder cooperativista considera que hay señales de organización entre otras comunidades y sectores populares.
La valla cyan que acompaña a Bukele
El domingo 4 de febrero una constante se repitió en los centros de votación de El Salvador. La extendida presencia de vigilantes electorales, es decir representantes de partidos que dan fe del transcurrir de los comicios, de color cyan.
La maquinaria del partido Nuevas Ideas se hizo omnipresente: toldos cerca de los centros de votaciones, simpatizantes con camisetas de la agrupación, souvenirs de toda clase con los colores del partido o el rostro del mandatario.
En el centro de votación de Avenida Olímpica, dónde Bukele emitió el sufragio, el despliegue alcanzó niveles de mitin político a unos pasos de las urnas electorales. Tambores, cohetes, equipos de sonido con música estridente, porras, banderas del partido, toldos con la N blanca sobre el fondo cyan.
Debajo del espectáculo, sin embargo, se encuentra el resultado de una estrategia de cinco años para concentrar el poder. La instalación de un sistema con un partido hegemónico, el cual, desde las ciencias políticas, se define como una agrupación gobernante institucionalizada que monopoliza el espacio político utilizando la coerción, el patrocinio, el control de los medios de comunicación y otras acciones para negar a los opositores cualquier posibilidad real de competir por el poder.
Así bajo la bandera cyan con el control del Ejecutivo y el Legislativo por cinco años más, así como su dominio sobre el Poder Judicial, y otras instituciones de balance, la hegemonía para Bukele parece estar garantizada. Sin contrapesos institucionales, ni una oposición política efectiva, el único límite a este dominio recae en la voluntad de una sola persona.
