La Corte de Constitucionalidad, una vez más, puso trabas al trabajo de fiscalización de la SAT, que seguirá sin poder conocer la identidad de los propietarios de una empresa.
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Cuando el año pasado el Congreso aprobó una ley para bajar algunos impuestos, muchos observadores dirigieron su mirada a los principales beneficiarios de esta medida: los ganaderos.
Pero para los grandes empresarios del país y sus bufetes de abogados, el problema de esta ley estaba en otra parte.
El decreto 31-2024 no solo contemplaba una rebaja de impuestos para los ganaderos. También incluía algunos artículos destinados a fortalecer a la entidad que recauda impuestos en el país, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La nueva ley facultaba a la SAT a dos cosas principalmente:
• Conocer quiénes son los accionistas de una empresa y qué porcentaje de las acciones posee cada uno.
• Recibir de forma gratuita e inmediata información de los contribuyentes que esté en manos de entidades como el Registro Mercantil, entre otras.
Esta información no iba en ningún caso a ser pública. La nueva ley solo iba a facultar a la SAT a tenerla para fiscalizar mejor a los contribuyentes y, en especial, a los más grandes.
Esto no gustó a entidades como el CACIF.
Aparentemente, para ellos no había problema en que el Congreso aprobara una reducción de impuestos para un grupo en particular –los ganaderos– sin mayor justificación, como criticaron algunos expertos.
Lo que sí les incomodaba era que la SAT tuviera más dientes. Desde su punto de vista, esto era una violación a su derecho a la privacidad.
Así que llevaron el caso a la Corte de Constitucionalidad (CC). La Corte recibió cuatro acciones de inconstitucionalidad contra las medidas que otorgaban más poder a la SAT.
El propio CACIF, representado entonces por Carmen María Torrebiarte, del Grupo Cobán, fue una de las entidades que actuó.
Y finalmente, la semana pasada, en el último día de abril, la CC concedió el amparo y dio la razón a los grandes empresarios.
La decisión es provisional, a la espera de que la CC tome una decisión definitiva.
Pero dadas las dificultades que ha tenido el país para legislar sobre cualquier cosa que tenga que ver con impuestos y empresas, no está muy claro que pueda producirse un cambio de opinión.
En el país, por ejemplo, aún no es posible que la SAT acceda a información bancaria de los contribuyentes de manera automática.
En otros países, los recaudadores de impuestos pueden comparar sin muchas trabas la declaración de impuestos de alguien con el estado de sus cuentas bancarias y así comprobar si está declarando todos sus ingresos.
En Guatemala, la SAT solo puede hacer esto con la autorización previa de un juez.
Además, la SAT solo comenzó a tener facilidades para solicitar información bancaria a partir de 2016.
En ese año, el Congreso aprobó una reforma legal para establecer este procedimiento.
Pero dos años después, la CC decidió intervenir sobre el asunto.
Entonces, como ahora, los empresarios ganaron. La Corte decidió dar la razón a una empresa que presentó un amparo y dejó sin dientes a la SAT.
La CC después, en 2019, se retractó. Pero en gran parte, por presiones internacionales, para evitar que Guatemala sea calificado como un país que no combate el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Desde entonces, los jefes de la SAT, como hizo Marco Livio Díaz, han repetido que necesitan poder acceder a información bancaria de los contribuyentes de forma automática, sin necesidad de un permiso judicial.
Esto mejoraría la recaudación sin subir impuestos.
(Precisamente lo que los grandes empresarios suelen exigir).
Los jefes de la SAT también han pedido poder conocer quiénes son los accionistas de una empresa y más facilidades para disponer de información mercantil.
Sin embargo, por el momento, la CC no parece dispuesta a considerar legal ninguna de estas medidas.
¿Por qué la decisión de la Corte de esta semana es importante?
Al menos, por dos motivos:
• Porque mantiene alejada a Guatemala de los estándares internacionales. En otros países es común que las autoridades exijan saber quiénes son los propietarios de una empresa.
De hecho, ahora se producirá la siguiente paradoja.
En el Reino Unido es pública la identidad de los accionistas de una sociedad. Y cuando los grandes empresarios de Guatemala se establecen allá, cumplen sin que nada suceda.
Pantaleón, el mayor grupo azucarero del país, está registrado en el Reino Unido. Si alguien quiere saber quiénes son sus accionistas solo debe consultar este registro, que es público y gratuito. Sin embargo, en Guatemala, la CC considera ilegal que esta información sea siquiera conocida por las autoridades.
• Porque limita el trabajo de la SAT, una institución que ha mejorado su desempeño en los últimos años. Como ya contamos en No Ficción, gracias a la implantación de la factura electrónica, la SAT fiscaliza más y ha logrado detectar grandes casos de fraude, como B410 o Eureka.
Sin embargo, ahora la CC dificulta que la SAT siga adquiriendo capacidades.
En Guatemala nunca faltan motivos para justificar la necesidad del anonimato. Pero no solo son los manifestantes encapuchados o algunos usuarios de redes sociales quienes recurren a él. También algunos de los empresarios más poderosos del país.
