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Mujer hondureña pasando delante de carteles sobre la píldora anticonceptiva de emergencia.
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La huella del golpe aún limita los derechos de niñas y mujeres en Honduras

La Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) estuvo prohibida durante 13 años en Honduras  por un acuerdo ministerial emitido durante el Golpe de Estado de 2009. El golpe —esa ruptura de la democracia— significó para niñas y mujeres no tener opciones para prevenir un embarazo no deseado, incluso en casos de agresiones sexuales. Aunque hace pocos meses la presidenta Xiomara Castro eliminó la prohibición, la condena social sigue presente en el país.

Este reportaje forma parte de #DesAutorizadas, un especial transfronterizo y multimedia que narra cómo el retroceso democrático impacta en las mujeres de cinco países de Centroamérica. Una alianza de Revista Fáctum desde El Salvador, Contra Corriente desde Honduras, Divergentes desde Nicaragua, Las Indomables, desde Panamá y No Ficción desde Guatemala, con el apoyo de Free Press Unlimited.

Texto: Vienna Herrera / Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen / Podcast: Vienna Herrera / Ilustración: Sofía Castillo

«Yo escuchaba que la PAE era abortiva, entonces era un tema del que no quería saber nada. En los medios de comunicación recuerdo que bombardeaban diciendo que eran pastillas abortistas», contó Nubia Orellana, una joven psicóloga feminista que apenas tenía 12 años de edad cuando prohibieron la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) en Honduras. Y creció en este país con el miedo, la culpa y la desinformación como muchas otras niñas y adolescentes después del golpe de Estado de 2009. 

Nubia contó que en medio de toda la desinformación e ignorancia sobre un tema prácticamente prohibido para discutir, cuando llegó a la universidad tuvo la necesidad de usarla y «empecé a mal utilizarla», dijo.   

Al acercarse a espacios feministas dentro de la universidad, comenzó a informarse sobre la PAE fuera de lo que decían los medios. El contexto era complejo, los gobiernos nacionalistas después del Golpe reforzaron el protagonismo de las iglesias en las decisiones públicas. Nubia comenzó a leer y descubrió que era un método anticonceptivo de emergencia, que utilizarla en esas ocasiones tampoco significaba lo que decían: que da cáncer, infertilidad o que es abortiva. Se involucró en el activismo feminista, a compartir contenidos en sus redes sociales y así, amigas y conocidas se atrevían a preguntarle más sobre la PAE.

Trece años después de la prohibición y de ese golpe de Estado, Honduras tiene por primera vez una presidenta mujer, una que también fue víctima de ese golpe porque ella era primera dama en aquel momento. Pero aunque la presidenta cumplió esa promesa de campaña y la PAE ahora es de libre circulación, todavía no está siendo accesible para todas las mujeres en Honduras. Las farmacias no la tienen en sus catálogos en línea y la Secretaría de Salud no tiene un presupuesto específico designado especialmente para adquirirla. 

En una solicitud de información realizada por este medio, la Secretaría de Salud respondió con el presupuesto total de anticonceptivos sin diferenciar cuánto utilizarían para que la PAE llegue a centros de salud.

«Mujeres me han buscado para preguntar acerca de este tema porque quieren saber cuándo tienen una alta probabilidad de que estén embarazadas, pero varias al final deciden no usarla porque dicen “no, yo no voy a abortar” a pesar de que se les explique que no es un método de aborto, sino que lo que hace es que se impide la fecundación», contó Nubia y explicó cómo esa condena social sobre la píldora y la desinformación ha producido que poco antes de que se eliminara su prohibición, mujeres embarazadas buscaran la píldora pensando que sí es abortiva. 

Ligia Destephen del Grupo Estratégico por la PAE (GE-PAE) —un equipo de mujeres creado en 2012 y que desde entonces no ha parado de exigir este derecho— explicó que, a pesar de la prohibición, la pastilla no se dejó de vender en el país, sino que se volvió clandestina. «Se vuelve más cara y también insegura porque las comprás y no sabés si están vencidas, si realmente es la pastilla, porque nadie la está regulando y hay quienes la compraban pensando que es abortiva o la compran y creen que después de un mes le vas a funcionar para prevenir un embarazo, entonces también ha habido mucha desinformación».

Colectivos feministas participan de la celebración del 8M en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen
Colectivos feministas participan de la celebración del 8M en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen

El contexto en el que prohibieron la PAE

El acuerdo publicado en La Gaceta que quitó la prohibición señala que «grupos extremistas» promovieron la prohibición «como una evidente proliferación de discursos de odio o anti-ideología de género aprovechando la ruptura del orden constitucional, con el fin de promover iniciativas que violentan o restringen los derechos de las mujeres».

El Congreso Nacional hizo su primer intento de prohibir la PAE en abril de 2009. La exdiputada liberal, Martha Lorena Alvarado, presentó el proyecto de ley pidiendo la prohibición de su uso, venta y distribución, al igual que «cualquier política o programa relacionado, así como la distribución pagada o gratuita y comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia en farmacias, droguerías o cualquier otro método de adquisición». El decreto se respaldó en un dictamen del Colegio Médico de Honduras en el que señalaron que ésta era abortiva; en aquel momento el presidente del colegio era el doctor Mario Noé Villafranca.

Aunque el decreto fue aprobado por el Congreso Nacional, el entonces presidente, Manuel Zelaya, al que le dieron el golpe de Estado de 2009, lo vetó por considerarlo inconstitucional. Ese veto declaraba que la píldora había circulado libremente en el país desde hacía 10 años, que la Organización Mundial de la Salud confirmó que no era abortiva y que prohibirla «atentaba y lesionaba las garantías y libertadas declaradas en al Constitución de la República y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Honduras».

Sin embargo, a apenas cuatro meses después del golpe de Estado, el doctor Mario Noé Villafranca, quien se convirtió en el ministro de Salud del gobierno de facto, prohibió la PAE mediante un acuerdo ministerial. En 2019, cuando Villafranca era diputado en el Congreso Nacional, pidió que se revisara la prohibición después de hablar con organizaciones de mujeres sobre la PAE.

«Si bien la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) dijo algo en su momento, recapacitaron y dijeron que no es abortiva y por el bien de nuestras adolescentes y de evitar embarazos no deseados, en algo que ya tiene una posición la FDA y la misma iglesia católica debe ser considerado por la comisión de salud de este soberano Congreso Nacional de Honduras», dijo Villafranca señalando que sentía preocupación sobre adolescentes violadas que no tenían opción para evitar un embarazo. 

Después de la intervención de Villafranca, nadie más en el Congreso Nacional tocó el tema. El Grupo Estratégico por la PAE se reunió con cada ministro y ministra de Salud que ocupó ese cargo desde el 2009.

Las organizaciones señalaron que, aunque algunos ministros eran más abiertos e incluso les decían que tenían razón, aseguraban que no podían eliminar la prohibición porque necesitaban respaldo del mismo Poder Ejecutivo. 

Ilustración sobre la píldora del día después en Honduras. Por Sofía Castillo

Las víctimas de los 13 años sin PAE: sobrevivientes de la violencia sexual

En 2009, cuando la PAE fue prohibida, el Ministerio Público recibió unas 1241 denuncias de niñas y mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, para 2022, hubo casi 3 mil casos denunciados. El Centro de Derechos de Mujeres recopiló un dato impactante: de esas 3 mil denuncias, la Secretaría de Salud registró que menos de 50 buscaron atención médica en instituciones públicas después de la agresión. Es decir, menos del 2 por ciento.

Las víctimas de todos los casos de violencia sexual en el país desde 2009 carecieron de opciones para evitar un embarazo no deseado, así como de un protocolo que indicara una ruta que no fuese revictimizante. Varias organizaciones habían trabajado en un protocolo desde 2016; sin embargo, no se había aprobado porque incluía la PAE. Ese fue el país que dejó el golpe de Estado a las niñas y mujeres de Honduras.

La violencia sexual es más común de lo que reflejan los datos. Durante la manifestación del 8 de marzo de 2023, muchas horas antes del anuncio de la liberación de la PAE, frente al Congreso Nacional una joven vestida de blanco levantaba un rótulo que decía «píntame si has sufrido violencia sexual». La mayoría de las mujeres participantes de la protesta se le acercaron, todas de edades diferentes. Algunas agarraron la pintura con timidez, otras limpiaron lágrimas de sus rostros después de dejar sus huellas de forma simbólica sobre la ropa blanca recibieron un apretón de mano de alguna amiga que también llevaba pintura en sus manos. Al final de la protesta quedaba muy poco espacio para pintar, el blanco de la ropa de la mujer con el cartel casi se había desvanecido.

En enero de 2023, el gobierno hondureño aprobó el uso de la PAE solo en casos de violencia sexual. Esta aprobación se dio en el marco del Protocolo de Atención a Víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. 

Una de las organizaciones que más se involucró en esto fue Médicos Sin Fronteras, que en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán tiene clínicas para atender a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y durante los últimos dos años atendieron a 1326 personas por casos de violencia sexual.

Laureliene Lasserre, oficial de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras, explicó que este protocolo recién aprobado está basado en el de Médicos Sin Fronteras, «la píldora anticonceptiva de emergencia es un medicamento esencial en el protocolo, forma parte de una etapa que es la prevención del embarazo, pero el protocolo también es un protocolo mucho más amplio que pide una atención prioritaria integral. En ese sentido, se debe brindar una atención médica lo más rápido posible».

Sin embargo, las denuncias son apenas un pequeño porcentaje de la violencia real. Según un informe del Centro de Estudios de la Mujer (CDM), apenas el 10% de las sobrevivientes de una violación sexual la denuncian y, quienes no denuncian es debido a que la sociedad a través de sus instituciones, refuerza y reproduce «la idea de que la víctima es responsable de lo que le sucede, generando estigma y culpa en ellas», explica el informe.

La abogada Gabriela Girón de la organización Optio, dedicada al avance de los derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica explicó que, a pesar de los datos tan altos de denuncias, no todas las agresiones sexuales llegan a ser denunciadas porque no todas las mujeres quieren someterse a una evaluación en las condiciones actuales.

 «Muchas veces las evaluaciones médicas incluyen estar con un médico forense en un lugar no muy adecuado, por ejemplo, en Tegucigalpa [(la capital del país]) no cuentan con espacio porque el espacio y el lugar no es el adecuado para que a ellas les puedan hacer una inspección médica entonces. Una inspección por un caso de violación es como una inspección general de todo el cuerpo, entonces muchas mujeres no seé quieren someter a eso, no se quieren someter al interrogatorio, al juzgamiento de las personas,. no quieren regresar al lugar ende donde fue la violación, no quieren buscar a todas las personas que pudieron haber sido testigos de esa agresión sexual», explicó la abogada Girón.

Ecuménicas por el Derecho a Decidir es una de las organizaciones que forma parte del GE-PAE. Ana Ruth García, la directora, cuenta que a menudo atienden casos de niñas embarazadas por violencia sexual. «En estos momentos estamos atendiendo tres casos, tres niñas embarazadas producto de violaciones, [una de ellas] ella ejercía trabajo doméstico y su violador la amenazaba, ¿cómo va a hablar en estas condiciones una niña? Que no tiene información ni científica, ni educación sexual integral, ni educación laica», se cuestionó Ana Ruth, de Ecuménicas.

Feministas manifiestan el 8M en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen
Feministas manifiestan el 8M en Tegucigalpa. Foto CC/Fernando Destephen

Los derechos sexuales y reproductivos en la mesa de negociación

Pero a pesar de este paso que dio el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, éste no está libre de estigmatizar el uso de PAE a través del discurso religioso. En 2022, el ministro de Salud Jose Manuel Matheu dio declaraciones en las que aseguraba la necesidad de dialogar con la iglesia católica y la Conferencia Episcopal sobre el uso de la píldora. 

El 8 de marzo de 2022, la presidenta Castro recibió a una comitiva de organizaciones feministas para escuchar sus demandas. Tras la reunión, la presidenta prometió públicamente que enviaría para aprobación al Congreso Nacional la Ley Integral Contra las Violencias hacia las mujeres; no dijo nada sobre la PAE, a pesar de haber sido  una promesa de campaña para los primeros 100 días. Ligia Destephen del GE-PAE dijo que en esa reunión sí hablaron sobre la PAE, pero la presidenta les mencionó que eso le competía al ministro de Salud.

El ministro Matheu había declarado en diciembre para la cadena BBC que la píldora solo se aprobaría en casos de violencia sexual, «para las mujeres que no fueron víctimas sexuales, deben de aprender a exigir al hombre que use preservativo, deben aprender también que hay otros métodos de anticoncepción. No vamos a usar la píldora para que haya un desenfreno sexual, vamos a usar la píldora del día después para la que es víctima de una violación, para el que tenga un sexo irresponsable, debe hacerse responsable», dijo y nadie del Ejecutivo respondió a esta declaración con una posición coherente con el contenido de las promesas de campaña de la presidenta Castro. 

Pero esta postura del ministro Matheu no es de extrañar, tomando en cuenta que Xiomara Castro llegó al poder en alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH). En el momento en que anunciaron la alianza, Contracorriente le consultó a la abogada Maribel Espinoza, ahora diputada por el PSH, sobre el plan de gobierno en agenda de género, a lo que respondió que esas ideas quedaron en el pasado.

 «Parte de los acuerdos a los que hemos llegado es que estamos todos en contra del aborto, de los acuerdos que hemos consensuado es un sí a la vida. Nosotros creemos que la piedra fundamental de la sociedad es la familia y seguiremos apoyando esa base esencial de la sociedad y la alianza lo tiene claro», mencionó Espinoza, quién al día siguiente del anuncio sobre la liberación de la PAE se presentó al Congreso Nacional vestida de negro . Sin embargo, esa cita de Espinoza confirma que parte de los acuerdos de esa alianza incluían los temas de salud sexual y reproductiva.

Además de esto, poco después del 8 de marzo del año anterior, hubo una reunión entre organizaciones feministas, el ministro Matheu y la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque. Según varias fuentes que se encontraban en el lugar, la ministra —reconocida dentro del Partido Libre por su trayectoria feminista— apoyó al ministro Matheu en algunos de sus argumentos sobre lo «dañina que es la píldora» y dijo a las mujeres que no era el tiempo para que la presidenta entrara con un tema así.

Contracorriente abordó a la ministra Roque en aquel momento, quién confirmó haber estado en la reunión como mediadora, pero negó haber tomado esa postura, pero que tenían preocupaciones de que «en ciertos sectores y ciertas mujeres jóvenes de las zonas más urbanas, utilizan la PAE como si fuese un método anticonceptivo rutinario y eso tiene graves consecuencias de salud» dijo la ministra Roque, a la vez que aseguró que la agenda de mujeres y salud sexual se estaba utilizando «como una forma atacar al gobierno».

El día del anuncio de la liberación de la PAE, Castro salió junto al ministro Matheu firmando el acuerdo; la presidenta no se refirió públicamente de nuevo sobre la PAE y el ministro únicamente dijo a medios que «había un secreto a voces aquí que esa pastilla la adquirían, se supone, en lugares que todo el mundo conoce y que no estaba autorizada. Entonces ahorita el darse golpes de pecho como que están defendiendo algo que es por religión y todo, no corresponde». 

Minutos después del anuncio, diputados del Congreso Nacional salieron a dar sus opiniones. Uno de ellos fue el médico del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, quién a través de Twitter dijo que la PAE no era una licencia para tener relaciones sexuales indiscriminadamente y que, aunque no era abortiva, tenía efectos adversos. Otra fue la diputada y ex presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, que declaró que los verdaderos beneficiarios de la PAE son «los violadores que se la darán a sus víctimas».

El PSH es el partido al que pertenece el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que en la legislación pasada, cuando era diputado por otro partido, apoyó al Partido Nacional para impedir la despenalización del aborto vía el Congreso Nacional, cuando era posible cambiar el artículo que lo prohíbe con 86 de 128 votos, ahora se necesitan 96 para esa reforma.

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional; Xiomara Castro, presidenta del Ejecutivo y el secretario e hijo de la presidenta, Hector Manuel Zelaya, en  una misa en la basílica de Suyapa. Foto Jorge Cabrera
De izquierda a derecha: Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional; Xiomara Castro, presidenta del Ejecutivo y el secretario e hijo de la presidenta, Hector Manuel Zelaya, en una misa en la basílica de Suyapa. Foto Jorge Cabrera

En esa sesión, Luis Redondo dijo que «si estuviera en mi decisión, compañeros diputados, yo no pediría que fueran 96 votos, si no la totalidad, los 128 diputados del Congreso Nacional. Eso es lo que yo siento y pienso. Si por esa razón vamos a ser criticados, por defender la vida, por defender la familia, no nos importa». 

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Para la ginecobstetra Soledad Díaz, es importante analizar que cuando se estaba negociando para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia a inicio de este año, el recurso de inconstitucionalidad sobre el aborto por 3 causales que estaba interpuesto ante la Sala de lo Constitucional desde junio de 2021 fue respondido fallando en contra.

De igual forma, cuando los diputados del Congreso Nacional anunciaron que habían llegado a un acuerdo, el diputado por el Partido Nacional, Tomás Zambrano, dijo que las negociaciones habían logrado que no se permita el aborto a través de la Corte Suprema de Justicia, dando a entender que ese tema había formado parte de las negociaciones para la elección de la CSJ.

Con pancartas, los colectivos Feministas exigen la ley de casa refugio durante la celebración del 8M. Foto CC/Fernando Destephen
Con pancartas, los colectivos Feministas exigen la ley de casa refugio durante la celebración del 8M. Foto: CC/Fernando Destephen

La condena social sobre la píldora

Nubia cuenta que ha visto amigas iniciar embarazos por la falta de educación sexual, porque tal vez tuvieron relaciones sexuales sin protección o les falló el método, pero no buscaron una PAE de forma clandestina porque creían que era abortiva.

 «Es parte de su decisión, pero pareciera que es una decisión que la hacen más desde su culpa inculcada, desde esa culpa imaginaria que nos han insertado desde que estamos bien chiquititas. Entonces es triste ver a madres, ver amigas, conocidas, ejercer la maternidad forzada y que se tienen que sentir feliz con su bebé y con esto no digo de que no sean felices o que les cuestiono su felicidad, pero las condiciones como se dan no son las óptimas y claro que trae consecuencias emocionales y físicas», explicó Nubia.

El problema de esa condena social es que esta también se da en el personal de salud, quienes según un estudio de la Plataforma Somos Muchas son las personas que más han denunciado a mujeres en casos de aborto en la última década.

Una enfermera de un hospital de Honduras que prefirió no dar su nombre para evitar complicaciones por hablar de este tema, dijo que podrán llegar mujeres a pedir la PAE a centros de salud y si está a cargo un médico, un ginecólogo, en contra de la misma, «no se le va a indicar porque él está en contra a pesar de que la puede indicar y aunque la tengamos aquí. Es un dilema bien grande», explicó y añadió que incluso este año en su hospital hubo enfermeras que denunciaron casos de aborto.

Ligia Destephen del GE-PAE dijo que aun hay mucho trabajo por realizar para lograr la despenalización social del aborto, «Al final sí tiene que ver con la obstaculización del disfrute de la sexualidad, de eso que ha sido histórico, el querer reprimir y controlar cómo nos comportamos las personas sexualmente y más las mujeres, pero no estamos solas. Hay otras mujeres en el mundo que están disfrutando de estos derechos que a nosotras nos han negado, y son mujeres felices, no son malas mujeres», finalizó.

Este reportaje forma parte de #DesAutorizadas, un especial transfronterizo y multimedia que narra cómo el retroceso democrático impacta en las mujeres de cinco países de Centroamérica. Una alianza de Revista Fáctum desde El Salvador, Contra Corriente desde Honduras, Divergentes desde Nicaragua, Las Indomables, desde Panamá y No Ficción desde Guatemala, con el apoyo de Free Press Unlimited.

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