La aprobación de indemnizaciones y aumento de salarios para diputados plantea dudas sobre el uso de recursos públicos y la ética en la administración del Estado. Mientras el Congreso justifica estas medidas como un reconocimiento al trabajo de los legisladores, la población y organizaciones civiles las perciben como un abuso que profundiza la crisis de confianza en las instituciones guatemaltecas.
El Congreso de la República aprobó una medida polémica a finales de noviembre: una mayoría de diputados decidió recetarse un aumento de 112% a su salario, pasando de Q24,150 a Q45,000, con la posibilidad de recibir una indemnización por cuatro años de trabajo que podrán cobrar si no son reelectos.
Esta decisión ha vuelto a poner el foco en un tema complejo que se ha convertido en un problema creciente para las finanzas públicas: el pago de indemnizaciones a funcionarios y cargos públicos.
Cada año, el Estado de Guatemala desembolsa alrededor de Q500 millones en indemnizaciones para funcionarios del sector público. El monto aumenta a medida que también lo hacen los salarios.
Estas compensaciones, muchas veces, se pagan a personas que no fueron despedidas en un sentido estricto, sino a cargos contratados a cambio de favores políticos que perdieron la confianza de las nuevas autoridades o altos funcionarios que abandonan su puesto porque quieren o porque consiguen un trabajo mejor. Pero también a actores relevantes del Sector Justicia que han recibido sueldos que superan hasta 30 veces el salario mínimo en Guatemala.
Con la aprobación del presupuesto 2025, al terminar su periodo laboral, diputados electos por voto popular, debido a esta medida recién aprobada, serán compensados con una indemnización de cientos de miles de quetzales, con la que se pudo construir una escuela o comprar insumos básicos para un centro asistencial.
Un deja vu de indemnización dos décadas después
No es la primera vez que los diputados del Congreso de Guatemala intentan aumentar su salario o buscan recibir una compensación. La historia de las indemnizaciones para los legisladores se remonta a más de dos décadas atrás, cuando el 27 de noviembre de 2003, el Congreso aprobó el acuerdo legislativo 44-2003, que estableció un salario de Q50 mil mensuales para los diputados, además de una indemnización de un mes de salario por cada año trabajado.
En aquel entonces, 71 diputados aprobaron ese beneficio. La bancada oficialista que lideraba el legislativo era el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido donde el ex dictador Efraín Ríos Montt era su máximo dirigente.
Tras fuertes críticas y bastante presión social, los diputados del 2003 se vieron forzados a desistir y derogaron el aumento y las indemnizaciones con nuevo decreto (56-2003), con el que se prohibió el pago de indemnizaciones para los diputados del Congreso, el Presidente y Vicepresidente de la República y los funcionarios electos o designados por el Ejecutivo y Legislativo.
Sin embargo, poco tiempo después, en 2004, varios abogados presentaron una inconstitucionalidad contra el decreto que anuló el aumento salarial de los diputados, con el que lograron que la Corte de Constitucionalidad beneficiara a los funcionarios públicos que no habían sido electos por voto popular, argumentando pactos colectivos y la necesidad de indemnización para altos cargos del sector justicia.
La resolución de la CC permitió que instituciones como el OJ, la CC y la Procuraduría de Derechos Humanos desembolsaran, desde entonces, cuantiosas sumas en compensaciones.
Una CC que avaló sus propias indemnizaciones
Ahora los diputados de la X legislatura han logrado equiparar sus funciones con los magistrados de alto rango judicial, aunque carecen de los mismos requisitos constitucionales para ocupar un cargo del mismo nivel, como obtener lo mínimo de una licenciatura académica.
Para ser diputado en Guatemala, solo basta ser mayor de edad y obtener los votos suficientes.
Críticos han señalado que estas indemnizaciones para diputados violan los principios laborales básicos. Los diputados no pueden ser considerados formalmente trabajadores del Estado, sino que ocupan su puesto mediante elección popular y no pueden ser despedidos ni ser agraviados en su derecho laboral durante el periodo para el que fueron votados.
En el sector privado, este beneficio solo se otorga en casos de despido injustificado. Sin embargo, en el sector público, las compensaciones se han convertido en una norma para altos funcionarios, incluso cuando cambian de puesto por voluntad propia o son designados para ocupar otra función dentro del Estado, como cuando un magistrado de CSJ es designado para convertirse en magistrado de la CC.
Esta decisión de aumento salarial y derecho a una indemnización para los diputados ha motivado la presentación de varios amparos e inconstitucionalidades. ¿Pero quién tiene que decidir si indemnizar o no a los diputados es constitucional? La tarea recae en la CC, en la que precisamente hay varios magistrados que antes trabajaban en el Organismo Judicial (OJ). Cuando fueron designados para la CC, cobraron cuantiosas indemnizaciones del OJ.
El magistrado Néster Vasquez Pimentel, por ejemplo, cobró en 2021 una indemnización de más Q1.3 millones del OJ.
Y el suyo no es el único caso. La también magistrada titular, Leyla Lemus Arriaga, llegó al cargo tras pasar por la secretaría general de la Presidencia, que le indemnizó con Q85 mil por 15 meses de trabajo.
Y el magistrado suplente, Paulino Jiménez Texaj, también recibió una indemnización de más de Q750 mil por sus años trabajados en el OJ.
La pugna de indemnizaciones para funcionarios públicos no solo incrementa el costo de mantener a los legisladores, sino que también genera críticas sobre el abuso de privilegios versus las necesidades de la ciudadanía. Y la CC ha pedido informes al Congreso para evaluar esta decisión legislativa, que carece, hasta el momento, de una justificación similar a la que plantearon los abogados hace más de 20 años.
