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Capítulo 2: El gordo y el conejo

Cuando rondaba los 30 años, Juan Luis Bosch se convirtió en una referencia para los grandes empresarios de Guatemala. Protagonizó un enfrentamiento con el presidente Vinicio Cerezo que mostró que los presidentes democráticos no podían ignorar al sector privado.  

Este es el tercer reportaje de la serie: “Juan Luis Bosch: un hombre que ríe y calla“, que publicará No Ficción a lo largo de la semana.  

Salen muy contentos en esta fotografía El Gordo y El Conejo. Es difícil precisar cuándo fue tomada, pero podría corresponder a los años en los que El Conejo era presidente de la República. A esos apodos respondían desde la infancia Juan Luis Bosch y su amigo del colegio Óscar Berger, respectivamente. Bosch porque durante muchos años tuvo sobrepeso —si bien también es conocido como “Lish”. Berger, por sus grandes orejas y dientes —aunque él solía decir que era porque era muy ágil jugando al béisbol. 

El Conejo parece ocupado, como si estuviera en mitad de alguna actividad oficial, y se hubiese encontrado con algún simpatizante que le solicitó tomarse una foto. Pero El Gordo no era un seguidor cualquiera. Teniendo en cuenta quién era El Gordo, de hecho, es posible que la situación fuese la inversa: que quien se detuvo para pedirle la foto a él, fuera el presidente. 

Hay países en los que el poder político y económico parece una enorme estructura anónima y lejana, difícil de entender o desentrañar para la mayoría de ciudadanos. En Guatema, el poder puede ser algo más sencillo: un grupo de personas —casi todos hombres, casi todos blancos— que no solo se conocen entre sí, sino que, con frecuencia, son amigos desde la infancia, se llaman por sus apodos, estudiaron en los mismos colegios, tienen parientes en común o emprendieron negocios o aventuras políticas juntos.        

Para Juan Luis Bosch, El Gordo Bosch, Óscar Berger podía haber alcanzado la cúspide del poder político, la Presidencia de la República, pero no dejaba de ser su viejo amigo El Conejo, un abogado no muy brillante que había tratado de triunfar en los negocios y finalmente se había dedicado a la política. Para Berger, Bosch no era solo un gran empresario más que le había apoyado en sus campañas. Era El Gordo; hijo de Alfonso Bosch, sobrino de Arturo Gutiérrez, hermano mayor de Felipe; la cabeza de una gran corporación cuyos negocios podía describir con detalle y que tenía dinero suficiente para complicarle o facilitarle la vida enormemente como presidente.**

En el Liceo Javier, un colegio jesuita para hombres, se educó en los años 60 y 70 una parte importante de la actual élite económica.  Allí se conocieron personas cuyas relaciones han influido en la historia reciente del país. (Foto: Oliver de Ros)

Los dos amigos se conocían por estos apodos desde la infancia. Berger es algo mayor que Bosch, pero ambos fueron juntos al Liceo Javier, un colegio católico para varones, de la orden de San Ignacio de Loyola, en el que se educaron muchos líderes políticos y empresariales actuales. 

Bosch y Berger emergieron a la vida pública en el mismo momento: a finales de la década de 1980, cuando ambos rondaban los 35 años, durante el primer gobierno del actual sistema constitucional. Y la aparición de ambos como actores poderosos estuvo marcada por las mismas circunstancias: disputarle el poder al primer partido oficial: la Democracia Cristiana (DC) y al primer presidente civil: Vinicio Cerezo.  

Berger, un descendiente de migrantes belgas que llegaron al país en el siglo XIX, participó en la fundación del Partido de Avanzada Nacional. Esta agrupación fue formada por un grupo de jóvenes empresarios y políticos conservadores  —muchos de ellos exalumnos del Javier— que aspiraban a modernizar la derecha, ser el partido hegemónico en el país e impedir que políticos socialdemócratas como Cerezo moldearan la Guatemala del futuro. 

Bosch alcanzó en esos años la presidencia de la Cámara de Industria y la coordinadora de todas las cámaras, el Cacif, y como líder gremial se enfrentó a un reto similar. Bosch se esforzó por detener las políticas de Cerezo, que buscaban fortalecer el Estado y recaudar más impuestos, y disuadir a futuros políticos con ideas similares. 

Ambos tuvieron bastante éxito. 

Bosch emergió del periodo de gobierno de la DC como uno de los líderes principales de los grandes empresarios. Durante esos años demostró su capacidad y su dureza.

Berger fue uno de los actores dominantes de la política nacional en los años 90 y la primera década del nuevo siglo. Sus ideas fueron también dominantes. Fue electo alcalde de la Ciudad de Guatemala en 1991; su primer partido, el PAN, alcanzó la presidencia en 1996 con Álvaro Arzú, su segundo partido, la Gran Alianza Nacional, le llevó a él a la presidencia en 2004; y de su administración surgió otro candidato, Alejandro Giammattei, que fue electo mandatario en 2019. 

Bosch emergió del periodo de gobierno de la DC como uno de los líderes principales de los grandes empresarios. Durante esos años demostró su capacidad y su dureza. La DC no pudo cumplir sus planes de gobierno, sus intentos de reforma fiscal fracasaron, el partido no volvió a formar parte de un gobierno. Otros partidos que trataron de aplicar políticas similares, encontraron el mismo destino: la feroz oposición de Bosch.

Juan Luis Bosch presidió el Cacif en una ocasión, entre 1988 y 1989, fue su momento de máxima exposición pública. Después, volvió al anonimato en el que prefieren mantenerse la mayoría de los grandes empresarios de Guatemala. (Foto: Revista Crónica)   

Una nueva generación

Pese a su juventud, menos de 35 años, a finales de los años 80 Juan Luis Bosch había emergido ya como uno de los empresarios más influyentes del país. 

En las dos generaciones anteriores la familia se había dedicado a hacer fortuna. También habían participado en política, pero principalmente en asuntos de interés gremial, como la defensa de las exenciones fiscales casi totales que disfrutaba la industria avícola. 

Pero con Bosch al frente, la familia pasó a la primera línea de la política nacional. 

Desde mediados de los 80, Juan Luis fue tejiendo las relaciones que le garantizarían influencia en la nueva Guatemala democrática. 

Participó en la fundación del diario Siglo XXI, que renovó la prensa nacional y dio voz a los grandes industriales. También fue uno de los primeros miembros de Fundesa, un laboratorio de ideas del sector privado. 

Con el tiempo, Bosch también se integró al consejo de fiduciarios de la Universidad del Valle y formó parte de numerosas iniciativas de formación de líderes empresariales y de promoción del libre comercio.

Vinicio Cerezo asumió la presidencia en enero de 1986. Su triunfo en las elecciones de noviembre de 1985, en las que compitió contra Jorge Carpio, fue claro, con un 70% de los votos.

Pero en Guatemala si algo otorga liderazgo y reconocimiento a un empresario es participar en las cámaras empresariales. Especialmente, si ese empresario demuestra capacidad de trascender sus intereses personales o los de su familia, y se erige en defensor del sector privado en su conjunto. Y, más aún, si ese empresario se enfrenta durante su gestión a una situación clave: uno de esos momentos históricos en los que se definen las reglas del juego entre gobierno y sector privado.

Bosch fue ese empresario. Y durante la presidencia de Cerezo ocurrió uno de esos momentos históricos. 

En esos años, los primeros de la democracia, políticos y empresarios aún no sabían muy bien qué esperar unos de otros. Durante su mandato, Bosch se enfrentó a Vinicio Cerezo, un presidente que pensó que podría dictar la política fiscal del país sin tener el apoyo de los grandes empresarios. Pero, como líder principal de su gremio, él le mostró a Cerezo que Guatemala, aún en democracia, no podía ser gobernada contra la voluntad de la élite.  Y que los grandes empresarios estaban dispuestos a todo —o casi todo— para imponer su voluntad.

Bosch, como líder principal de su gremio, le mostró a Cerezo que Guatemala, aún en democracia, no podía ser gobernada contra la voluntad de la élite.

Una huelga de empresarios

En la medianoche del 8 de octubre de 1987, las luces estaban prendidas en el decimocuarto nivel del edificio de la Cámara de Industria, en la zona 4 de la Ciudad de Guatemala. Para todo aquel que pasara por la Avenida de la Reforma y viera la espigada torre, resultaba evidente que algo estaba pasando en la sede de una de las organizaciones más poderosas del país.

La capital y otras partes del país llevaban desde el 7 de octubre, dos días, viviendo una situación inédita: los grandes empresarios habían declarado una huelga indefinida. El motivo de la huelga era la entrada en vigor de una nueva reforma fiscal que subía algunos impuestos a las empresas y personas de más ingresos. Sus negocios permanecerían cerrados hasta que el gobierno de Vinicio Cerezo no se retractara de la implantación de la reforma fiscal

En opinión del sector privado, la subida de impuestos solo empobrecería al país y alimentaría a una clase política corrupta. 

Los supermercados, centros comerciales, ventas de vehículos y algunas de las principales tiendas estaban cerradas. Las gasolineras dejaron de expender combustible y se habían formado colas kilométricas en las pocas que seguían abiertas. El transporte extraurbano tampoco funcionaba y había dejado varadas en la capital a miles de personas, sin poder regresar a sus pueblos.

Aquella mañana, el sector privado había anunciado que movilizaría a un millón de agricultores en las principales poblaciones del país en los días siguientes. 

La ciudad era un caos. Estallaron bombas en algunos comercios y viviendas de políticos fueron ametralladas. Nadie sabe, hasta la fecha, quienes propiciaron estos actos de violencia. 

En el segundo año de la democracia, ocurrió un hecho poco frecuente: una huelga de empresarios promovida por prácticamente todas las organizaciones patronales del país. (Foto: Hemeroteca/Oliver de Ros)

Las vidrieras del Palacio Nacional habían sido apedreadas y una manifestación promovida por políticos conservadores había sitiado el Ministerio de Finanzas. 

Los rumores sobre movilizaciones de tropas y la posibilidad de un golpe de Estado contra el presidente Cerezo comenzaban a crecer.

En un país en el que raramente se han organizado huelgas eficaces, en el que los sindicatos son débiles y los movimientos sociales habían sido perseguidos durante años, los empresarios estaban ocupando la calle. Lideraban una rebelión de las élites sin precedentes.

El gobierno resistía. Cerezo sabía que era popular y que una mayoría en el Congreso lo apoyaba. Controlaba la televisión, que emitía en cadena nacional las críticas del presidente al sector privado. “Ellos quieren seguir mandando toda la vida como lo han hecho y eso no puede seguir así”, había dicho un día antes Cerezo.

En 1985 comenzaron las campañas electorales modernas caracterizadas por la necesidad de invertir millones en asesores, anuncios y eventos. El éxito de Cerezo se basó en su carisma como candidato y su buen manejo de la comunicación.

El gobierno había tratado de devolver el golpe a los empresarios. Autorizaron la importación de alimentos sin apenas impuestos. Esto permitiría inundar el mercado con estos productos así y evitar que el sector privado aumentara los precios o produjera desabastecimiento para alarmar a la población. También amenazaron con expropiar las gasolineras si seguían cerradas.

Pero era obvio que el país no podía seguir mucho más tiempo así. 

Si el sector privado mantenía esta actitud de resistencia, no importaba que hubiese impuestos más altos porque el Estado no sería capaz de recaudarlos. Las principales reformas eran sobre tributos cuya recaudación requería una mínima colaboración de los empresarios, como el Impuesto Sobre la Renta o el Impuesto al Papel Sellado y Timbres Fiscales.

Además, a medida que pasaban los días de huelga y el caos aumentaba, la posibilidad de intervención del Ejército se multiplicaba. Y ese era un gran riesgo para un país que llevaba apenas 20 meses en democracia. 

Cerezo tenía de su lado al Ministro de Defensa, el general Alejandro Gramajo. Pero todos sabían que Gramajo tenía multitud de enemigos en el Ejército, que le acusaban de haberse “vendido” a la DC. 

La influencia del general Gramajo (en el centro, sonriendo) fue esencial para proteger a Cerezo de los intentos de golpe de Estado de 1988 y 1989. En esta foto aparece junto a uno de los miembros de su estado mayor personal, un joven Otto Pérez Molina (primero por la izquierda) (Foto: Hemeroteca/ Oliver de Ros)

La tradición conspirativa y golpista seguía viva entre las fuerzas armadas y algunos de sus oficiales tenían vínculos con los partidos de ultraderecha. En su opinión, con el aumento de impuestos, Cerezo y Gramajo abrían las puertas al comunismo.  

Toda esta coyuntura era la que se discutía en el decimocuarto nivel del edificio de la Cámara de Industria aquella noche del 8 octubre en la que se prendieron las luces. 

En la sala de juntas estaban Juan Luis Bosch, en representación de los grandes industriales y Edgar Heinemann, de los comerciantes. Ambos habían sido dos de los organizadores principales de la huelga y llevaban dos días sin pasar por sus casas; inmersos en una actividad frenética destinada a torcer la voluntad del presidente. 

Del otro lado, estaban presentes algunos representantes de la embajada de Estados Unidos y personas cercanas a ellos.

Lo que sucedió aquella noche, se lo relató Bosch a la historiadora Regina Wagner en un libro sobre la historia de la Cámara de Industria. Los visitantes querían tantear a los empresarios, saber si apoyaban la solución golpista de la que tanto se hablaba e incluso si alguno de los dos estaría dispuesto a ocupar la presidencia. En el análisis de los visitantes, Cerezo “ya estaba fuera”.

Bosch, según el libro de Wagner, les dijo que la huelga no pretendía derrocar al gobierno, que la democracia era aún precaria y que ellos solo estaban protestando. “Nuestra intención no es el control político, sino protestar contra el mal uso de los recursos públicos”, dijo Bosch. 

Y, exponiendo el que sería uno de los principios básicos del sector privado guatemalteco a partir de entonces, recalcó: “No queremos el poder central”.

Antes de la huelga propiamente dicha, los grandes empresarios organizaron varios medios de días de paro para presionar al gobierno a que no aplicara la reforma fiscal. (Foto: Hemeroteca/ Oliver de Ros)

Un nueva generación

Bosch había llegado a la cúpula de la Cámara de la Industria en un momento de relevo generacional. 

Los grandes industriales que habían convivido con los regímenes militares se estaban retirando de la vida activa en la Cámara de Industria. 

Durante décadas, estos se habían enfrentado a presidentes fuertes, que contaban con el respaldo del Ejército. Además, estos gobiernos libraban una guerra que beneficiaba principalmente a los ricos, por lo que no era aconsejable desestabilizarlos.

Pero los gobiernos del Ejército también tenían una ventaja. No necesitaban ser populares y, por ello, tendían a apoyarse en el único grupo tan poderoso como ellos mismos: el sector privado. 

Sí hubo enfrentamientos entre generales y empresarios, sobre todo, durante las últimas dictaduras, cuando los militares quisieron aumentar los escuálidos ingresos del Estado. Pero la sangre no solía llegar al río. “Se hablaba con el presidente de la República y todo se solucionaba”, le explicó el empresario Edgar Heinemann a la historiadora Wagner.

Pero cuando Juan Luis Bosch alcanzó la presidencia de la Cámara de Industria en 1987 la situación había cambiado. 

Los militares habían abandonado la administración del Estado y la izquierda había sido exterminada con una brutalidad tal que ya nadie pensaba que la guerrilla pudiera tomar el poder. Ambas eran buenas noticias para los empresarios. Pero la democracia traía nuevos problemas.

Los militares habían abandonado la administración del Estado y la izquierda había sido exterminada con una brutalidad tal que ya nadie pensaba que la guerrilla pudiera tomar el poder. Ambas eran buenas noticias para los empresarios. Pero la democracia traía nuevos problemas. 

Ahora, el sector privado se enfrentaba a presidentes que habían sido electos por la gente y que podían sentirse respaldados por ella, e incluso pensar que no necesitaban hacer concesiones al sector privado. 

Siempre existía el riesgo de que la mayoría pobre votara por un gobernante que se hiciera popular exigiendo a los ricos pagar más impuestos o culpándolos de todos los males. 

Pero si algo así sucedía —y dado que Guatemala es uno de los países más pobres y desiguales de Latinoamérica, esto sucedería varias veces— la democracia también implicaba nuevas oportunidades para los empresarios. 

Los grandes industriales ya no tenían por qué ser sostén de los presidentes. Podían ser una amenaza a los presidentes. Si era necesario, podían  convertirse en el grupo de oposición más temible de todos.  

De hecho, en las siguientes décadas, siempre que fueron electos presidentes que promovieron aumentar los ingresos del Estado o regular alguna actividad que afectara al sector privado; se encontraron con que el principal obstáculo no residía en el Congreso, en los partidos de oposición, los sindicatos o las iglesias. El obstáculo principal lo encontrarían en las organizaciones de empresarios.

Esta dinámica comenzó en el segundo año de la democracia, en el último tercio de 1987, durante la huelga del sector privado que Bosch estaba liderando.

La reforma tributaria de Cerezo produjo un movimiento de las clases medias y altas de la capital para oponerse a los nuevos impuestos. Durante la huelga de octubre de 1987 se produjeron manifestaciones como esta frente al Cine Reforma. (Foto: Hemeroteca/ Oliver de Ros)

Trucos y bromas

La reunión de la noche del 8 de octubre de 1987, en la sede de la Cámara de Industria, puso de relieve hasta qué punto la protesta de los empresarios había colocado al gobierno de Cerezo en una situación delicada. 

La huelga indefinida de octubre de 1987 era en realidad solo la culminación de una larga campaña de desgaste que había comenzado a mitad de año. 

En los meses anteriores, el sector privado ya había organizado dos medios días de paro empresarial. Y había lanzado una campaña de anuncios en prensa y televisión contra los impuestos. 

En ellos se desplegaba la letanía de argumentos que a partir de entonces se repetirían, una y otra vez, cada vez un gobierno intentó aumentar la tributación de los más ricos. 

Los empresarios sí quieren tributar, pero ya pagan suficiente, mejor que el gobierno combata la evasión. Los empresarios sí quieren tributar, pero que antes tributen quiénes están en la economía informal. Los empresarios sí quieren tributar, pero no para beneficiar a un gobierno que utilizará el dinero para más clientelismo y corrupción. Los empresarios sí quieren tributar, pero ¿por qué no esperar a que mejore la economía?  

“La reforma tributaria DESTRUIRÁ TODO (…) LOS GUATEMALTECOS NO TENEMOS POR QUÉ PAGAR LA IRRESPONSABILIDAD, EL DESPILFARRO Y LA INEFICIENCIA Y LA CORRUPCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO”, proclamaba la Cámara de Industria en un campo pagado publicado en el diario Prensa Libre (las mayúsculas son las originales). 

En septiembre de 1987 la Cámara de Industria, presidida por Juan Luis Bosch, sacó su primer campo pagado oponiéndose a las reformas fiscales del gobierno de Vinicio Cerezo. (Foto: Hemeroteca/ Elsa Cabria)

Además, habían comenzado a circular campañas negras contra Cerezo en anuncios de prensa a página completa. Nadie sabía quién los pagaba, pero todos sospechaban que quien estaba detrás era lo que Gramajo llamaba, el “comité de trucos y bromas” de las cámaras empresariales.

En una de las publicaciones se afirmaba que una “amiga” del presidente había viajado a Estados Unidos con 30 millones de dólares en su valija. En otra se aseguraba que el presidente se apropiaba todos los meses de 5 millones de quetzales —unos 2.5 millones de dólares de 1987— de los gastos confidenciales de la Presidencia.

Estas acusaciones fueron también divulgadas por el informativo televisivo del Canal 3 “Aquí el Mundo”, dirigido por Mario David García, uno de los periodistas con más audiencia del país. García tuvo protagonismo durante las siguientes décadas por su programa radial “Hablando Claro”, por su papel en el caso Rosenberg y su candidatura a la presidencia en 2015.  

Todo ese desgaste y desprestigio tenía como objetivo evitar la subida de impuestos. Pero también había contribuido a agitar los ánimos de los sectores más duros; militares, ultraderechistas, que podían conspirar para derrocar a Cerezo.  

Esto era positivo para los objetivos de Bosch. Aumentaba la presión sobre el gobierno para que suspendiera la reforma tributaria. El miedo al golpe era un factor psicológico que pesaba sobre los hombros de Cerezo y podía jugar a favor de los empresarios. 

Las campañas negras políticas tienen una larga historia en el país y su presencia se multiplicó con la llegada de un sistema electoral más abierto en 1985.  Este tipo de campos pagados eran, además, una de las fuentes principales de ingresos de los periódicos, que se desvinculaban de la responsabilidad de su contenido. (Foto: Hemeroteca/ Oliver de Ros)

Pero la campaña frontal contra el gobierno también implicaba riesgos. Se habían desatado fuerzas que ya no era sencillo detener. 

Un grupo de finqueros, comandados por Gustavo Anzueto Vielman, reclamaba más dureza contra el gobierno y amenazaba con separarse del Cacif y dividir al sector privado si no se presionaba más a Cerezo. 

Además, circulaban rumores sobre el propio Bosch. Como la reforma fiscal preservaba los privilegios fiscales de los avicultores, algunos pensaban que eso predisponía a Bosch a ser “blando” con Cerezo y no querer llegar hasta el final para derrotarlo.  

El entonces presidente del Cacif, el cafetalero Dieter Keller tuvo, de hecho, que desmentir en una entrevista que este factor estuviera afectando la actitud de los avicultores    

Los grandes empresarios podían salir más divididos de la batalla contra Cerezo. También podía propiciarse un golpe de Estado. Esto no era bueno para los negocios ni deseable para los grupos más moderados del sector privado. 

Pero, para Bosch, asumir estos riesgos parecía razonable si con ellos se lograba frenar la reforma tributaria y se ponía en su lugar al presidente.   

En el futuro, los grandes empresarios se encontrarían frente a este dilema en muchas ocasiones. Podían limitarse a proteger sus propios intereses. O podían ver más allá y proteger la institucionalidad del país, aunque esto significara respaldar a políticos que no eran de su gusto o perjudicar a sus amigos o familiares. 

Casi siempre se inclinarían por lo primero.  

La leyenda de Juan Luis Bosch (segundo por la izquierda) como líder del sector privado de Guatemala se originó durante la huelga de 1987.  En esta fotografía aparece, entre otros, junto a por Victor Suarez (segundo por la derecha, sentado), un cuadro del sector privado que ocupó cargos en varias instituciones públicas en los años 90.

Guatemala ganó

El éxito de la estrategia de Bosch se comenzó a poner en evidencia poco después de aquella reunión de medianoche en la Cámara de Industria. 

Horas después, el 9 de octubre de 1987, cuando el país entró en su tercer día de huelga y se hicieron aún más insistentes los rumores de que un golpe era inminente, el presidente comenzó a ceder. Hizo saber a algunos mediadores que estaba dispuesto a negociar aspectos de la reforma fiscal. 

Eso motivó a Boch a anunciar en la noche de ese día, en una conferencia de prensa en el canal 13, que se otorgaba al gobierno “una tregua”. El paro había quedado suspendido.  

Esto inmediatamente generó críticas de los sectores más duros. Estos habían perdido su arma principal. Sin el paro o el caos que había provocado, desaparecía el pretexto para el golpe. 

Una semana después, gobierno y empresarios publicaron un comunicado conjunto. El documento, de 13 puntos, consistía en una concesión tras otra de solo uno de los bandos enfrentados: el del presidente. 

Cerezo reconocía que las leyes fiscales ya aprobadas y en vigor tenían que ser reformadas, y otorgaba un periodo de gracia de al menos un mes en el que no serían aplicadas. Además, prometía al sector privado no “estatizar” ningún sector económico, no llevar a cabo una reforma agraria “expropiatoria” y no modificar de nuevo leyes tributarias.

Durante el intento de reforma tributaria de 1987 se produjo una guerra de campos pagados en la prensa entre políticos y empresarios. El gobierno y el partido oficial invirtieron recursos en tratar de combatir los argumentos de los empresarios. (Foto: Hemeroteca/ Oliver de Ros)

“GUATEMALA GANÓ”, afirmó en un anuncio de prensa el Cacif, la coordinadora de las cámaras empresariales.

Cerezo no lo entendió así precisamente. Años después, en una entrevista concedida a Mario Monteforte Toledo, dijo: “tuve que renunciar a cualquier política reformista que afectara los intereses del poder económico… un pacto donde yo virtualmente renunciaba a gobernar el país. La alternativa era el golpe de Estado”. 

El país llevaba menos de dos años en democracia, pero Bosch y los grandes empresarios ya habían demostrado que eran capaces de detener la aplicación de una ley. 

No importaba que esta ley fuera resultado de la voluntad de un presidente electo y una mayoría de diputados también electos. No importaba que Cerezo en el año anterior hubiese aplicado muchas de las reformas que los empresarios deseaban, como terminar con los precios tope a productos esenciales o algunas restricciones al acceso a divisas. Tampoco que, en realidad, la reforma sólo pretendía introducir cambios moderados. 

Guatemala, entonces, recaudaba impuestos por el equivalente al 9 por ciento del tamaño de su economía, la mitad que el promedio Latinoamericano. Era razonable aumentar este porcentaje, según había afirmado el ministro de Finanzas de Cerezo, Rodolfo Paiz Andrade —él mismo un prominente miembro de la élite. 

El gobierno solo había tratado de incrementar la recaudación en unos 240 millones de quetzales, el equivalente a un 10 por ciento de los ingresos del Estado previstos para 1988. 

Pero nada de eso importaba a los hombres como Bosch. 

Guatemala es un país pequeño, en el que todo tiende a volverse personal. 

En muchas ocasiones, no importan los argumentos que alguien esgrima en público; lo que se valorará es quién es esa persona, quién integra su círculo de confianza, cuáles son sus antecedentes o motivaciones. A veces, estos juicios son acertados. Otras veces solo se basan en rumores o especulación. 

Para los grandes empresarios como Bosch, los impuestos no se pagaban al Estado como una entidad abstracta, sino a Cerezo y a la DC. Y el presidente no era una persona confiable. 

En la mente de los empresarios, Cerezo coqueteaba con ideas “socialistas”. Se había rodeado de “empresarios emergentes” —los mayores enemigos del sector privado “tradicional”— interesados, sobre todo, en hacer negocios a la sombra del Estado. 

En la mente de los empresarios, Cerezo coqueteaba con ideas “socialistas”. Se había rodeado de “empresarios emergentes” —los mayores enemigos del sector privado “tradicional”— interesados, sobre todo, en hacer negocios a la sombra del Estado.

El problema no solo era la reforma fiscal. El problema era que quien la promovía era Cerezo. Y, además, el Congreso la había aprobado sin otorgar a los grandes empresarios la opción de vetarla. 

Esto era lo fundamental. Bosch había dicho que los empresarios “no deseaban el poder central”, pero eso no significaba que no desearan influir sobre el poder central o, incluso, vetar ciertas decisiones del poder central, como la política fiscal. 

Esto lo había dejado claro el propio Juan Luis Bosch poco antes. 

En septiembre de 1987, un mes antes de la huelga, mientras los diputados discutían el paquete tributario, el empresario había visitado el Congreso con frecuencia para pedir que se frenara su aprobación y se permitiera a los empresarios introducir enmiendas. 

En una de esas ocasiones, Bosch explicó a la prensa cómo, consideraba él, debía actuar el Congreso. “Esperamos por supuesto que nuestras enmiendas sean tomadas en cuenta. Si el Congreso hace caso omiso, se responsabilizará de sus efectos (de los nuevos impuestos) a las autoridades que los aprueben”, dijo Bosch con el lenguaje, entre sutil y hostil, que ha caracterizado a los representantes del sector privado.

Pero la huelga empresarial de octubre de 1987 fue solo el primer asalto de un combate que aún no estaba decidido.

El general Alejandro Gramajo dejó un valioso testimonio del funcionamiento de la cúpula militar del país en los años 70 y 80 en los libros que escribió y con los que colaboró. (Foto: Revista Crónica

Ahora sí

En el tercer año de gobierno de Cerezo, la situación en el país volvía a estar tan tensa, que el entonces ministro de Defensa, el general Alejandro Gramajo, consideró apropiado visitar a los grandes empresarios. Fue una noche de finales de abril de 1988.  

Gramajo era uno de los líderes más carismáticos del Ejército. Era un paracaidista, quetzalteco como Bosch, que arrastraba una larga trayectoria en operaciones contrainsurgentes. Alcanzó el alto mando después del golpe de Estado 1982. Y, desde el poder, fue uno de los promotores de la brutal estrategia antiguerrillera que se aplicó en el campo y que costó la vida a miles de civiles desarmados. Pero tras constatar que la guerrilla ya no podía ganar, también desarrolló toda una doctrina sobre la necesidad de que el Ejército se retirara de la política y apoyara un sistema más democrático.  

Por su aspecto, el de un hombre duro y tosco que había sobrevivido a mil conspiraciones, parecía el típico oficial del Ejército de Guatemala. Pero su pensamiento y discurso se salían del estereotipo. 

Durante su gestión como ministro, Gramajo se había dedicado a tender puentes con los empresarios y los políticos. Pero al conocerlos también había comprendido que podían constituir una amenaza a la institucionalidad tan seria como lo podía ser la guerrilla.   

Juan Luis Bosch (tercero por la izquierda) tuvo su momento de mayor protagonismo público a finales de los años 80, un momento especialmente convulso, por las amenazas de golpe de Estado que se sucedieron entre 1987 y 1989. (Foto: Captura video Juan Luis Bosch, industrial distinguido)

Eso, precisamente, es lo que le motivó a presentarse aquella noche de finales de abril de 1988 ante la cúpula del sector privado. De nuevo se prendieron las luces en los últimos niveles del edificio de la Cámara de la Industria, en la espigada torre de la zona 4. De nuevo, se produjo una de esas reuniones a puerta cerrada en la que se decidía el destino del país.  

Allí presentes estaban los líderes de las cámaras que componen el Cacif, según explica Gramajo en su libro de memorias “De la guerra… a la guerra: la difícil transición política en Guatemala“. 

El ministro no menciona expresamente a empresario alguno. No da el nombre de Bosch, pero dada la importancia de la reunión, si no estaba presente, es seguro que allí estaba alguien cercano a él representando a los industriales.

La reunión debió ser tensa. Lo que Gramajo quería decir a los empresarios no era algo fácil de decir. El general no quería negociar o escucharlos, sino lanzarles una advertencia: sabía lo que tramaban, sabía que la cúpula empresarial se estaba decantando a favor de un golpe de Estado.

El año anterior, la alianza entre ultraderechistas y grandes empresarios en contra de Cerezo no llegó a consolidarse. Pero Gramajo estaba convencido de que ahora sí ocurriría. 

Lo que Gramajo quería decir a los empresarios no era algo fácil de decir. El general no quería negociar o escucharlos, sino lanzarles una advertencia: sabía lo que tramaban, sabía que la cúpula empresarial se estaba decantando a favor de un golpe de Estado.

Muerte de una presidencia

Para el momento de la reunión entre el ministro y los empresarios, la relación entre Cerezo y el sector privado se había deteriorado de nuevo. Y, las posiciones, ahora sí, parecían irreconciliables. 

El fin de la huelga del octubre anterior condujo a un periodo de tregua y negociación. Como había prometido, Cerezo aceptó una serie de reformas a las leyes tributarias, que fueron aprobadas en diciembre de 1987 por el Congreso. 

Se redujeron algunos impuestos y se subsanaron errores técnicos que los empresarios habían detectado en la legislación. Pero algunos de los reclamos más importantes del sector privado habían quedado fuera. Esto les enfurecía.

Para el mes de febrero de 1988, el sector privado, con Bosch al frente, había declarado a la prensa que se sentía “traicionado por el gobierno” y que ya no lo consideraba confiable para negociar. La guerra continuaba.    

A partir de entonces, la situación se fue tensando. 

Los empresarios ya no pidieron más diálogo. Recurrieron a la que se convertiría en una de sus armas políticas principales en las siguientes décadas: utilizar los recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Ahora es el método más común de políticos y empresarios para frenar cambios en los tribunales”, dice Ricardo Barrientos, un exviceministro de Finanzas y economista senior del Instituto Centroamericano de Políticas Fiscales. Pero en 1988, la CC era un tribunal que apenas había existido durante dos años y no había creado jurisprudencia.

Con el tiempo, la posibilidad de recurrir a la CC para frenar cambios políticos, incentivaría a los empresarios a querer influir en la designación de los magistrados en la Corte. Esto les permitiría garantizarse siempre un aliado en el sistema de justicia. En Guatemala, la más alta corte puede ser integrada por cualquier abogado. Esto permite a los grandes empresarios convertir a sus asesores legales, de un día para otro, en los magistrados que pueden beneficiar a sus antiguos clientes.

A comienzos de 1988, el sector privado llevó a la CC la mayoría de las leyes tributarias que había aprobado Cerezo por considerar que violaban sus derechos constitucionales. 

Y mientras los magistrados deliberaban, se sucedieron los acontecimientos que convencieron a los empresarios del peligro del gobierno de Cerezo.  

El entonces obispo Rodolfo Quezada Toruño presidió la Conferencia Episcopal de Guatemala durante la presidencia de Cerezo. Fue uno de los mediadores principales entre el gobierno y los empresarios durante la huelga de 1987. (Foto: Oliver de Ros)

“Pánico y desesperación”

En abril se celebraron elecciones en 272 municipios —entonces las alcaldías de menos de 20 mil habitantes se renovaban cada dos años. Los comicios, los primeros que organizaba un gobierno democrático, estuvieron plagados de acusaciones de uso partidista de fondos públicos.

La DC de Cerezo, decían los opositores, utilizaba al Ministerio de Desarrollo Social —una institución creada por la propia DC— como una organización política para beneficiar a sus candidatos y alcaldes.

Los resultados solo dieron credibilidad a estas sospechas. El partido oficial fue claro vencedor. Ganó la mitad de las alcaldías y obtuvo el 40 por ciento de los votos. Los partidos de derecha que financiaba el sector privado, como el MAS de Jorge Serrano o la UCN de Jorge Carpio —los principales de oposición— habían sufrido una dura derrota.

Estas elecciones generaron “pánico y desesperación” entre los empresarios, según recuerda Gramajo en sus memorias. 

Para ellos, lo sucedido era una visión de lo que podría ocurrir en los comicios presidenciales de 1990: la DC podía aferrarse al poder utilizando todo el dinero público que le otorgaba ocupar la presidencia. 

Fortalecido por esta victoria, en su segundo mandato, el partido oficial podía amenazar de nuevo con aumentos de impuestos o con una reforma agraria. Esto último lo había comenzado a sugerir la iglesia católica en su histórica pastoral “El Clamor por la Tierra”, publicada poco antes de las municipales. Como la DC era un partido católico, entre los finqueros se disparó el temor de que ocurriera una redistribución de la propiedad.

El partido oficial fue claro vencedor en las elecciones municipales. Ganó la mitad de las alcaldías y obtuvo el 40 por ciento de los votos. Los partidos de derecha que financiaba el sector privado, como el MAS de Jorge Serrano o la UCN de Jorge Carpio —los principales de oposición— habían sufrido una dura derrota.

Incluso, algunos sectores consideraban que se corría el riesgo de que se instaurara un régimen de partido único o que la presidencia se convirtiera en una institución todopoderosa, como sucedía en México.     

Según Gramajo, el éxito electoral de abril de 1988 también condujo a que Cerezo y sus personas más cercanas se volvieran “confiados y arrogantes”.  

Y esto, quizá, facilitó que se tomaran decisiones que terminaron por enfurecer aún más a los empresarios.

Una de las principales fue la aprobación de un Acuerdo Gubernativo, emitido por el presidente, destinado a incentivar el desarrollo de una flota mercante nacional. La nueva norma ordenaba a todos los empresarios fletar el 40 por ciento de sus importaciones y exportaciones a través de la compañía naviera estatal. 

Para las cámaras empresariales, como expresaron en anuncios publicados en la prensa, esto era una aberración. Se trataba de una intervención del Estado en la actividad privada, algo que Cerezo había prometido no hacer tras la huelga del año anterior. También una nueva fuente de corrupción. 

Como Guatemala no poseía buques suficientes, con la aprobación de este Acuerdo, la naviera estatal se dedicaría a vender sus derechos de importación y exportación a otras empresas privadas. Y eso, razonaban los empresarios, seguro enriquecería los bolsillos de algunos funcionarios y encarecería todo el comercio internacional del país.

Vinicio Cerezo, tenía el favor de la Iglesia, al ser un partido católico y el triunfo en los comicios municipales en abril de 1988 despertó aun más los temores de la clase empresarial. (Foto: VinicioCerezo.com)

La medida encarnaba todo lo que los hombres como Bosch detestaban de la DC: un gobierno que entorpecía los negocios y enriquecía a sus amigos. 

Los grandes empresarios habían criticado la voracidad de los funcionarios en los gobiernos militares, pero ahora veían que los gobiernos civiles eran iguales o peores. 

La administración de Cerezo, de hecho, estuvo salpicada de sospechas constantes de corrupción. Y de ella surgieron grandes fortunas, como la del ministro de Comunicaciones, Mario López Estrada, que se convirtió más tarde en un magnate de la telefonía celular. López Estrada fue accionista de Tigo Guatemala hasta 2021 y es en la actualidad uno de los individuos más ricos de Centroamérica. Cuando vendió su participación en Tigo ganó 2,200 millones de dólares.

Pero todas estas circunstancias no hicieron a las cámaras empresariales amenazar de nuevo con huelgas o “medidas de hecho”, como habían hecho el año anterior. Había malestar acumulado y silencio, y eso es lo que le preocupaba a Gramajo.  

El general estaba convencido de que se daban las circunstancias para que los sectores duros y moderados del sector privado se unieran. Estaba el triunfo electoral de la DC en las municipales. También la negativa a reformar las leyes tributarias. Y otras decisiones, como los acercamientos a la guerrilla para buscar una solución negociada a la guerra. 

Todo ello, pensaba Gramajo, había unificado las posturas de los empresarios. Ahora, todos estaban de acuerdo en que Cerezo debía salir o al menos merecía verle los ojos al fantasma del golpe de Estado.   

Los grandes empresarios habían criticado la voracidad de los funcionarios en los gobiernos militares, pero ahora veían que los gobiernos civiles eran iguales o peores.

Por eso, aquella noche de abril de 1988 en la torre de la zona 4, el general fue al grano. Quería pedir a los empresarios que desistieran de apoyar un golpe porque, según les dijo, no tendrían éxito. Él tenía el control sobre el Ejército y un intento golpista no derrocaría al gobierno.

“Me atreví a decirles que sus capacidades solamente harían una pequeña fisura en el Ejército”, recuerda Gramajo en su libro.

Los empresarios escucharon y trasladaron sus preocupaciones al ministro. 

Según la versión de Gramajo en sus memorias, los empresarios le dijeron que temían que si dejaban ganar a Cerezo con el tema tributario, mostrarían su debilidad y abrirían la puerta a más reformas. Dijeron que ya no confiaban en el presidente o en su gabinete, que habían perdido acceso a los ministerios de Economía, Finanzas y al Banco de Guatemala, y eso les generaba incertidumbre para sus negocios. Ya no sabían qué esperar del Estado.                  

Al salir de la reunión, Gramajo recuerda que analizó así la situación: (para los empresarios) “era más barato financiar un golpe de Estado en vez de iniciar una constante e interminable costumbre de pagar impuestos y aceptar la pérdida de la hegemonía política”.

Pocos temas han generado más consenso entre los diferentes sectores empresariales de Guatemala que su oposición frontal a pagar más impuestos. La huelga de 1987 fue apoyada por prácticamente todas las entidades del sector, desde los cardamomeros a la poderosa Cámara de Industria.

Soledad presidencial

El golpe efectivamente ocurrió unos días después. Fue en la madrugada del 11 de mayo de 1988. Guatemala llevaba desde 1983 sin experimentar la familiar sensación de vivir un intento de derrocar a un gobierno: los rumores, la confusión, la movilización de tropas de madrugada, la televisión emitiendo conciertos de marimba. 

Ahora estaba sucediendo de nuevo. 

El proyecto Rehmi, el informe de la verdad que publicó la iglesia católica en 1998 sobre la guerra civil, afirma que Bosch fue uno de los empresarios que financió o apoyó el golpe.  

No fue posible recoger la respuesta de Bosch sobre esta acusación. Durante la investigación de este perfil, en 2017, el empresario aseguró en cuatro ocasiones no tener tiempo para una entrevista. 

Tropas en Jutiapa y Retalhuleu se sublevaron y marcharon hacia la capital. Según explica Gramajo en sus memorias, el plan era rodear el Palacio Nacional e instalar un gobierno presidido por Gustavo Anzueto Vielman, uno de los líderes de los empresarios agrícolas que había reclamado más dureza al gobierno de Cerezo.

Como había predicho el ministro, el intento golpista no derrocó al gobierno. Las tropas volvieron a los cuarteles en unas horas. Pero sí lo golpeó.  

Acentuó la soledad que casi todos los presidentes de Guatemala sentirían en el futuro. Mostró que la DC, como todos los partidos que gobernarían en el país, carecía de una base social; de un grupo de ciudadanos dispuestos a defender a su presidente. 

Tras los hechos, casi nadie mostró apoyo a la institucionalidad. Los partidos de oposición se negaron a condenar los hechos. Las organizaciones empresariales guardaron silencio. 

La Cámara de Industria, que dirigía Bosch, ofreció al día siguiente una conferencia de prensa. En ella solo se abordó un tema: el presidente debía derogar ya el Acuerdo Gubernativo sobre la naviera nacional.  

Tanques en la Avenida Reforma, frente a la llamada “Casa Crema”, la casa del ministro de Defensa. El intento de golpe de Estado de 1989 duró solo unas horas, pero implicó un movimiento de tropas que fue obvio para los vecinos de la capital. (Foto: Hemeroteca/ Oliver de Ros)

El rumor que se hizo correr era que el golpe había sido un simulacro, que todo era una exageración. Cerezo solo buscaba victimizarse.

Para Gramajo, aquel momento fue un punto de quiebre. En opinión del ministro, el presidente abandonó sus planes a largo plazo, perdió la iniciativa, se volvió más desconfiado y se encerró en su círculo de dirigentes de la DC y financistas del partido. 

La reforma fiscal no logró recaudar los impuestos previstos, pero Cerezo, en gran parte, abandonó la pelea. 

Aunque el golpe había fracasado, Bosch había logrado su objetivo.

Quizá el presidente Cerezo terminó por aceptar el principio que el periodista y ex asesor del presidente Alfonso Portillo, Byron Barrera, describió en su libro El Delito del Buho. “En Guatemala, un gobierno se ocupa más de desbaratar conspiraciones en su contra de que hacer obra. Por eso, también los gobernantes consideran su primer y gran éxito terminar su periodo”, escribió Barrera.

Jorge Carpio, un empresario de medios de comunicación, fue uno de los candidatos favoritos para la eleccion presidencial de 1991. Quedó en primer lugar en la primera vuelta, pero en la segunda, Jorge Serrano dio la sorpresa y le venció. Fue asesinado en 1993 en un crimen que aún sigue sin ser esclaredido del todo.

Una semana en Belice

Casi un año después, el 9 de mayo de 1989, se produjo un nuevo intento de golpe muy similar. En esa ocasión, una de las unidades del Ejército en la capital, el cuartel de Matamoros, apoyó el alzamiento, lo que provocó una situación aún más delicada para el gobierno. 

La familia de Gramajo fue tomada como rehén. De nuevo se habló de que el objetivo del movimiento era colocar en la presidencia a un empresario agrícola: Fernando Andrade Díaz-Durán. Y, de nuevo, el intento fracasó. Las tropas volvieron a los cuarteles en unas horas.

El golpe de mayo de 1989 tomó aún más por sorpresa a Gramajo. A diferencia de lo que había hecho el mayo anterior, esta vez no acudió a prevenir a los empresarios.

Tras los sucesos de aquel día, como expone en su libro, recordó una enigmática conversación que había tenido cuatro días antes con Juan Luis Bosch, que por aquel entonces, además de presidir la Cámara de Industria, dirigía también el Cacif.

Bosch le había solicitado la reunión de urgencia en plena noche. Quería contarle que se sentía vigilado y quería protección. Un asistente de Gramajo le comentó al ministro que la solicitud era extraña, ya que era bien conocido que Bosch se solía mover por la ciudad en una caravana de vehículos blindados y tenía un equipo de seguridad propio, que incluía expertos israelíes. Nunca había dependido el empresario del Estado para sentirse a salvo.

Bosch había solicitado la reunión al general Gramajo de urgencia en plena noche. Quería contarle que se sentía vigilado y quería protección.

Pero aún más curioso le pareció a Gramajo un comentario que le había dejado caer Bosch. Le informó de que la semana siguiente, él y otros dirigentes empresariales estarían fuera del país, en Belice, “analizando la situación nacional”.  

¿Por qué ese interés por contarle que estaría fuera del país?, se preguntó Gramajo. 

Cuatro días después, cuando los militares se desplegaron por la ciudad y el gobierno de Cerezo zozobró de nuevo, lo entendió todo. 

***

En las siguientes décadas llegaron a la presidencia otros políticos con similares intenciones a las de Cerezo. Casi siempre se encontraron con la oposición frontal del sector privado y casi siempre fracasaron en su propósito de recaudar más impuestos de las grandes empresas o las personas más ricas. Pero también alcanzaron la presidencia varias figuras menos hostiles a los empresarios; hombres como Óscar Berger, con los que no era necesario pelear si surgía un conflicto. Bastaba tomar un télefono y decir: 

—Cómo estas, vos, Conejo.

Mañana: “Capítulo 3: Una transnacional de tres letras”. 

Lee el primer reportaje aquí: “Introducción: Juan Luis Bosch, un hombre que ríe y calla

Lee el segundo reportaje aquí: “Capítulo 1: El chico de la corbata rojiza

**Fe de erratas: la imagen de portada seleccionada originalmente para este reportaje publicado a las 6:00 AM del miércoles 27 de julio de 2022 fue reemplazada pues el señor de la fotografía seleccionada erróneamente, no es el señor Juan Luis Bosch, si no el señor Victor Suárez. Se colocó una imagen correcta del señor Bosch. Los primeros dos bloques del reportaje también fueron modificados debido a la alusión que hacían a la imagen errónea. 

Este reportaje forma parte de la serie “Juan Luis Bosch: un hombre que ríe y calla“. Bosch no es sólo uno de los hombres más ricos de la región, también es un empresario inteligente y duro, que ha influido en momentos decisivos de la historia reciente del país. Para conocer más sobre él, lee los demás capítulos de este perfil. 

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