Tras la ola de casos de corrupción del 2015, muchos territorios han quedado sin sus caciques históricos. Caudillos muy importantes han dejado de existir en estas elecciones de 2019. Las acusaciones de lavado de dinero o delitos relacionados con el crimen organizado detonaron esta purga de diputados. En política, sin embargo, los vacíos no duran demasiado y nuevas redes se articulan para llenar los espacios.

Cuando los caciques políticos empezaron a caer, no había un plan B. Nunca lo hubo. De hecho, la caída –estar preso, no poder asumir un cargo o volverse prófugo– nunca fue prevista de antemano como una posibilidad.

Intocables. –Cayeron los mayores caciques en Petén (Clan Barquín).

Inmunes. –Cayó el más histórico de los caciques de Escuintla (Arístides Crespo).

Afamados en sus localidades. –Cayó el cacique de Chiquimula (Baudilio Hichos).

Mediadores de negocios desde el Estado. –Cayeron los Caciques de Jutiapa (Jaime Martínez Lohayza), de Quiché (Carlos López), de Huehuetenango (Julio César López Villatoro).

Territoriales. Opacos. Organizadores de votantes. Líderes locales. Los más grandes señores feudales de las franquicias políticas de Guatemala que por lo regular han carecido de una identidad partidaria. Fieles, únicamente, a sí mismos, y su personalidad.

Hasta 2015, ningún partido político ni sus estructuras departamentales, esperaban que los caudillos territoriales pudieran desaparecer de la contienda electoral de 2019.

Elección tras elección, reaparecían. Los mismos distritos, los mismos caudales electorales. El mismo poder.   

Durante los últimos cuatro años, sin embargo, nombres como Jaime Martínez Lohayza, Arístides Crespo, Baudilio Hichos, Manuel Barquín, Carlos López Girón, han ido siendo asociados a casos de corrupción, abuso de poder o lavado de dinero.

Tras las investigaciones presentadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), muchos de estos líderes han quedado fuera de la actual contienda electoral. Y no regresarán. Algunos condenados, otros prófugos, y unos más ligados a procesos judiciales.

“La caída de estas figuras evidencia la crisis del sistema político de Guatemala. Un sistema fragmentado que se organiza en torno a personas y no en función de proyectos políticos”, dice el analista político independiente, Renzo Rosal.

Décadas de coordinar negocios, mediar contratos desde el Estado, controlar las bases sociales de uno u otro partido, organizar los votos, crear redes distritales, preparar el terreno para cada año electoral… El trabajo realizado por los cacicazgos políticos es algo complicado de borrar de tajo.  

Con la desaparición de estos personajes para las elecciones de 2019, la incertidumbre de muchos partidos políticos se ha centrado en buscar a personas que puedan –o que al menos intenten- ocupar estos puestos de manera feudal. Pero en esencia, se trata de territorios donde el poder no volverá a ser igual. “Dependerá fundamentalmente de la forma en que los caciques hayan construido sus redes de poder. Si hay herederos. O si es como las mafias, donde al caer un líder, las vecindades se preparan para asumir el espacio vacío, ya sea por las buenas o bien por las malas. Aunque en este caso, revestidos de aparente legalidad”, advierte Rosal.

«Hasta 2015, ningún partido político ni sus estructuras departamentales, esperaban que los caudillos territoriales pudieran desaparecer de la contienda electoral de 2019». 

Ataque a los caciques

El 23 de enero de 2018, el diputado Arístides Crespo, con una trayectoria de 27 años como representante del distrito de Escuintla, fue capturado. Engrilletado, recorrió los pasillos de Organismo Judicial a la espera de su audiencia preliminar. Durante ocho elecciones Crespo encabezó los listados por su departamento. Se postuló en 1990 con el Partido de Avanzada Nacional (PAN), para luego pasar a bando contrario, convirtiéndose en la mano derecha de Efraín Ríos Montt, líder del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Llegó a ser presidente del Congreso de manera interina, en 2008, cuando el diputado Eduardo Meyer, señalado de desviar Q82 millones a una entidad fuera de plaza –offshore–, tuvo que renunciar. En 2012, postulado por el Partido Patriota (PP) de Otto Pérez Molina, Crespo volvió a encabezar los listados distritales de Escuintla y en 2014 llegó nuevamente a ser presidente del Legislativo.

La investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentada a mediados de 2017, indicó que Crespo contrató a 17 personas bajo el renglón 022. Trece de ellas asignadas bajo su cargo, con salarios entre Q15 mil y 20 mil,  y que nombró a otros cuatro asistentes con salarios de Q15 mil para Dirección de Comunicación Social. Antes de dejar la dirección del Legislativo, el diputado autorizó el nombramiento de 87 nuevas plazas. “Estas personas no asistían al Congreso y laboraban en otras dependencias”, como explicó en su momento, Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, al solicitar el retiro de inmunidad de Arístides Crespo.

Hoy el distrito de Escuintla no cuenta con un sustituto directo para el cacicazgo de décadas que estableció Arístides Crespo. Una red, como lo indica un informe de Mirador Electoral en 2011, construida a base de ejercer el control gremial del magisterio y el fútbol local, con el propósito de colocar alcaldes municipales y gobernadores.

El precandidato a diputado por el distrito de Escuintla del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y ex Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, explica que en este departamento (el quinto lugar como distrito clave en las elecciones, con poco más de un cuarto de millón de votantes) según su criterio, no existen vacíos de poder que alguien tenga que llenar. “Son seis diputados que corren por el distrito. Desconozco lo que haya hecho ese señor (Crespo) en Escuintla”, dice.

–¿Informes indican que hay redes de poder en el departamento, aglutinados alrededor de la figura de Crespo?

–Desconozco. Yo crecí en San José. El puerto. Nosotros buscamos prosperidad para el departamento–, indica Mencos.

Cacicazgo ilícito

A criterio de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, los feudos electorales, se reconocen como Redes Político Económicas Ilícitas (RPEI). Operan en torno a algunos alcaldes y diputados distritales. “Son el elemento constitutivo y, en buena medida, explicativo del sistema político guatemalteco: permiten articular la política local con la nacional, son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política”, como detalla la comisión en su informe de 2015 sobre el financiamiento de los partidos políticos de Guatemala.

En marzo de 2017  fueron capturados otros dos diputados importantes.  Jaime Martínez Lohayza, considerado uno de los caciques políticos más importantes de Jutiapa; y Manuel de Jesús Barquín, exalcalde, exgobernador, y exdiputado y cacique de Petén.

Barquín y Martínez Lohayza, fueron los principales líderes políticos, cada uno en su territorio, que en el año 2003 lograron llevar a la presidencia a Óscar Berger. Se consideraban los grandes ganadores de la Gran Alianza Nacional (GANA), el partido formado en 2002 con al menos 17 diputados que habían abandonado el PAN.

Según el caso que el MP y la CICIG presentaron en contra de estos líderes de Jutiapa y Petén, durante años, Francisco Morales, alías Chico Dólar, lavaba dinero desde la frontera. Utilizaba su franquicia de Western Union en Jutiapa para justificar importantes transacciones en el extranjero. Estados Unidos, China, Hong-Kong, Taiwán, Corea del Sur, Islas Caimán, Colombia, Francia, Brasil y Turquía, todos estos países generando remesas desde Jutiapa. Más de Q937 millones en lavado de dinero. Para la Intendencia de Verificación Especial (IVE) estas transacciones resultaron extrañas. Cuando iniciaron las investigaciones, Chico Dólar pidió ayuda a dos diputados: Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza. La protección de los políticos le costó al menos Q 3 millones. Una parte de este cobro se utilizó para la campaña política del partido GANA, en 2011. Según la Cicig, más de Q 1 millón fue utilizado en campaña electoral. Dinero que nunca fue reportado ante el Tribunal Supremo Electoral.

“Estos líderes políticos caen en un momento importante para cada uno de ellos. En Petén, Barquín había logrado expandir su caudal electoral con la creación de nuevos municipios. Más votos qué ofrecer para las franquicias partidarias. Y en Jutiapa, las investigaciones lograron desenmarañar las redes, acentuando los nodos, y a partir del caso se explica la capacidad de dominación que tienen los políticos para financiarse”, indica Renzo Rosal.

La unión Barquín-Martínez Lohayza, hombres fuertes de la desaparecida GANA, apoyaron desde sus feudos territoriales, prestaba apoyo a otro partido: Libertad Democrática Renovada (Líder), de cara a las elecciones del 2015. Una agrupación encabezada por Manuel Baldizón, y que llevó como candidato a la vicepresidencia a Édgar Barquín, hermano de Manuel Barquín. Cuando Barquín y Lohayza fueron capturados en el caso Lavado y Política en 2017, este partido ya había sido cancelado.

Hoy, en Petén, los sustitutos son escasos. Barquín murió en prisión en 2018. Baldizón permanece ligado a proceso por lavado de dinero en Estados Unidos. Y en Jutiapa, las redes creadas por Martínez Lohayza han sido heredadas por su hijo, Carlos Martínez Castellanos, también diputado en el Congreso de la República, pero sin el ímpetu político de su padre.

Rosal explica que la idea de caer no había estado nunca contemplado en el mapa de estos caudillos. “Los partidos no son partidos. No tienen cuadros de relevo. Son maquinarias temporales. Son gremiales. Nunca se piensan los relevos. Por lo tanto, no hay trabajo formativo. Y los despliegues verticales u horizontales resultan imposibles”. 

La huida de los caciques

Hay caudillos de caudillos. Territorios de territorios. Sectores. Petén no es lo mismo que Alta Verapaz. Y el distrito central no es similar a cómo funcionan los diputados por Lista Nacional.

El territorio con mayor número de reacomodos en sus estructuras de poder en los últimos años a partir de las investigaciones realizadas por el MP y CICIG, ha sido Quiché. Exdiputados, actores históricos, candidatos, han sido vinculados a distintos casos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder. Al menos en seis ocasiones, los vacíos de poder han obligado a buscar sustitutos.

El caso del clan de la familia López Girón es uno de los más significativos en Quiché. El diputado Carlos Enrique López Girón, que comenzó a militar en la política en la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), ingresó al Congreso por el partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), se cambió a la UNE y terminó en el partido TODOS, está prófugo desde el año 2017, luego de ser acusado por el MP de participar en la creación de plazas fantasmas en el Congreso.

Junto a López Girón, la CICIG y el MP vinculó además a los ex parlamentarios Amílcar Aleksander Castillo, Juan David Alcázar, Sergio Bonerges García, Pedro Gálvez Hernández, Manuel García Chutá, Julio César López Villatoro, César Fajardo, Edgar Romeo Cristiani Calderón, Alfredo Augusto Rabbé Tejeda, Carlos Humberto Herrera Quezada, Arístides Crespo, Christian Boussinot Nuila y el exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos Contreras.

“Lo que hay que entender es que Quiché es un territorio de muchos territorios a la vez. Los alcaldes juegan el papel de brazos articulados, y a través de ellos se mueve la gente. Los gobernadores, los diputados, son parte también de la jugada. Hay actores en el Sur, y otros en el Norte”, dice uno de los vecinos de San Pedro Jocopilas, exempleado de la municipalidad, cuando Fredy Armando López Girón, hermano de Carlos López, el diputado prófugo, estuvo a cargo de ese municipio. “Lo que hay ahora es un reacomodo. Los viejos, como Jorge Arévalo o Mario Rivera, están condenados legalmente por corrupción. Los López, que nunca se han ido, tienen problemas. Sus hijos se presentan como herederos, pero les hace falta algo: la habilidad política de sus familiares”, agrega.

A la fecha Carlos Enrique López Maldonado, hijo del diputado prófugo, Carlos López Girón, es diputado por la UNE. Su padre sumó una nueva acusación este mes por presuntamente participar en el financiamiento electoral ilícito de la UNE en los pasados comicios.

En Quiché, dice el exempleado municipal, los caciques se han movido en función de las estructuras dejadas por el conflicto armado interno. Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) han sido claves en este escenario. Y el FRG, como partido, como franquicia, durante los años noventa configuró diversos cacicazgos. “Los cacicazgos que aún hoy intentan prevalecer” dice.

«A criterio de la CICIG, los feudos electorales, se reconocen como Redes Político Económicas Ilícitas (RPEI)». 

El 18 de abril de 2018, el ex diputado del Líder y del FRG por el distrito de Quiché, Mario Rivera, era capturado. El caso derivaba de otro relacionado a narcotráfico. La Cicig estableció que del 2004 y el 2015 –11 años– Rivera recibió en sus cuentas bancarias, Q12 millones 441 mil 680.66, de los cuales, el exdiputado se habría quedado con Q7 millones 380 mil 180.51. Un día después, por este mismo caso, Jorge Arévalo, ex diputado histórico del FRG y organizador del jueves negro en 2003, donde turbas exigían la inscripción del general Efraín Ríos Montt como candidato a la presidencia, fue capturado.

En el Congreso, el hijo de Jorge Arévalo, el diputado Leonel Arévalo Canales, del partido Movimiento Reformador (MR), intenta llenar el vacío dejado por su padre en el distrito que representa. No obstante, su trabajo como mediador, como parlamentario ha sido sobre todo anodino.

“Son las sombras de sus predecesores. Sin brillo. Cuando los caciques huyen, sin una estructura de respaldo, las redes se rompen”, indica el analista Rosal.

Entre los prófugos, con un vacío de poder dejado en sus territorios electorales, están Baudilio Hichos por Chiquimula, acusado de fraude en el caso Negociantes de la salud; o Julio César López Villatoro, en Huehuetenango, acusado por el caso de Plazas Fantasmas en el Congreso. A la fecha, tienen reemplazos en sus puestos parlamentarios, pero no se vislumbra con claridad los sustitutos en cada uno de sus territorios.

Las cúpulas desterradas

De los distritos electorales, hay que pasar a los diputados de la Lista Nacional. Que, en términos de cacicazgo, en la actualidad, significa bajar un poco de nivel. Los dueños de los partidos, los empresarios, los mayores financistas, por lo regular prevalecen en la cúpula del Listado Nacional. 

Antes, no obstante, la cúpula era el poder, los votos, el reconocimiento a nivel nacional y la articulación de las bases electorales. Muchos expresidentes fueron caciques desde las cúpulas partidarias. El modelo era el mismo: coordinar negocios, mediar contratos desde el Estado, controlar las bases sociales de uno u otro partido, organizar los votos, crear redes distritales, preparar el terreno para cada año electoral.

Mario Taracena Diaz Sol, actual diputado y candidato por la Lista Nacional por el partido UNE, con más de dos décadas en el Congreso, recuerda que en anteriores elecciones, las bases debían obedecer ciegamente a los líderes partidistas. Con la llegada de los caciques políticos, a finales de los noventa, todo cambió. “Todo se volvió más traicionero”, dice.

–¿Hay crisis en los partidos cuando cae un cacique distrital y hay que buscar un reemplazo?

–Así se nos ha ido muy buena gente. Buena gente no significa que sean buenas personas (risas). No. Sino que buena gente con capacidad para organizar los territorios, las estructuras del partido. Si se van, siempre hay cuadros dentro del partido. Sustitutos que van adquiriendo experiencia. Siempre hay– dice Taracena.

Según la CICIG, en el informe El financiamiento de la política en Guatemala, los caciques surgieron como redes ilícitas cuando Guatemala, en 1985, ratificó la autonomía municipal y se estableció una asignación del 8% del presupuesto a las municipalidades, porcentaje que fue aumentado al 10. Además de los procesos de descentralización, creado en los años 90, con el establecimiento de consejos de desarrollo comunitarios, municipales y departamentales que también influyen en los destinos de los fondos para la obra pública.

El septiembre de 2015, el MP y la CICIG dio a conocer el caso Plazas Fantasma con el que se iniciaron diversas investigaciones para implicar a varios diputados de la Lista Nacional y del Distrito Central. La cúpula de varios partidos, a lo largo de los últimos años, ha sido señalada. Nombres como Pedro Muadi, empresario, del PP; o Christian Jacques Boussinot, empresario, del partido Todos; o César Fajardo, el abogado de la UNE; o Luis Rabbé, gerente de las televisoras de Ángel González en Guatemala; Pedro Gálvez, abogado corporativo que entró al Congreso por el partido Viva, y finalizó en el PRI, agrupación heredera del FRG.

Líderes, lobistas y articuladores de influencias más que caciques, sin red ni base social, ni territorio, más allá del poder de dominación adquirido a través de sus posibilidades económicas. Curules donde los partidos políticos, como dice Taracena, tienen relativamente más fácil los reemplazos dentro de las cúpulas económicas.

Refugios de desgaste

En toda esta fauna de poder, llena de caídos, perdedores de batallas legales, corruptos, ligados a proceso, prófugos, también hay caciques sobrevivientes. Para ellos existe un plan B. Seguir en la política, pero sin protagonismos.

En cada proceso electoral, una buena parte de estos caciques, cansados, viejos, encuentran refugio en el Parlamento Centroamericano (Parlacen). En 2019, algunos de los caudillos más importantes han anunciado su retiro a esta entidad que busca representación democrática y política de los pueblos centroamericanos. ¿El mito de los elefantes que buscan un lugar para morir?

Por Alta Verapaz, Haroldo Quej, el líder a cargo de las estructuras partidarias de la UNE  en el noroccidente de Guatemala, que fueron claves en las elecciones de 2015 para que Sandra Torres llegará a las segunda vuelta, ya anunció su jubilación como candidato en la tercera casilla del Parlacen.

Uno de los contrincantes más cercanos de Haroldo Quej en Alta Verápaz, el diputado Amílcar Pop, del Movimiento Winaq, también ha hecho público su retiro.

Las bases del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) han pedido el puesto al diputado Carlos Fión, y tras 12 años en el Congreso se postulará en primera casilla del Parlacen.

El sueldo para un diputado en el Parlacen asciende a US$4mil.

De acuerdo con la Corte de Constitucionalidad (CC) la legisladora Delia Bac, una de las líderes más importantes del distrito de Chimaltenango, es tránsfuga y tiene impedimento para una reelección en el Congreso.

Bac dice que ha decidido no participar en ningún cargo a elecciones popular para este 2019. Sus hijos, sin embargo, estarán en la contienda. Uno, Michael Monte Bac, por el distrito de Chimaltenango. Y otra, Eva Monte Bac, postulada para el Parlacen.

“Lo que más preocupa es la pérdida de liderazgos que está sucediendo. Diputados relevantes que se retiran. No sólo los señalados. Sino importantes como Oliverio García Rodas, o Fernando Linares Beltranena, hasta Amílcar Pop ha decidido retirarse del Legislativo”, indica la diputada Bac.

Delia Bac agrega que la experiencia de un liderazgo político no ocurre de la noche a la mañana. La habilidad política requiere tiempo. “Por ejemplo, ahorita con el préstamo de Q100 millones para combatir la desnutrición, a mí me llama el Ministro de Finanzas. Llaman a los líderes para articular los votos y poder aprobar leyes importantes. ¿Dónde van a quedar los liderazgos, que va a pasar con los vacíos de poder?”, comenta la parlamentaria, representante del bloque Alianza Ciudadana.

«En anteriores elecciones, las bases debían obedecer a los líderes partidistas. Con la llegada de los caciques políticos todo cambió». 

Detrás de los caídos viene lo peor

Sin tiempo de reconfiguración. Sin cuadros emergentes. Con herederos sin protagonismo alguno. Con los vacíos de poder, como explica el analista Renzo Rosal, lo que se avecina puede ser peor. “Quitar a los caciques ha creado un peligro. A lo políticos se les debió atinar un golpe contundente para llegar a lo estructural. Las redes están ahí. Y no con lo mejor de la clase política del país, pero dispuestos a asumir un territorio y construir un cacicazgo 2.0 con impunidad”, señala. 

–¿En qué punto estamos contra la lucha de la impunidad y corrupción, hasta dónde hoy los políticos se miden para robar? –, como se preguntó al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, en Prensa Libre en mayo de 2017.

–Es difícil decir en qué porcentaje de la lucha contra la impunidad estamos, porque cuando uno cree que ha visto todo aparecen otras cosas. Por el conocimiento acumulado a partir de las investigaciones, no se puede atender todo, hay una gran cantidad de pendientes, pero creo que sí hay más temor ahora que hace dos años. Y no solo de los políticos, sino que de los sectores a los que pertenecen muchas de las personas implicadas en los casos que se han investigado. Y eso creo que es algo beneficioso que aún no ha sido lo suficientemente contundente como para asegurar una respuesta a la criminalidad pero que se va en el camino correcto –dijo Velásquez en esta entrevista–.

En 2006, en Colombia, el comisionado Velásquez estuvo a cargo del caso conocido como ParaPolítica. Más de 60 congresistas fueron condenados por sus vínculos con grupos armados ilegales. Igualmente se sentenció a numerosos funcionarios del Estado así como alcaldes y gobernadores de diferentes regiones del país. Pero en los últimos años, muchos de los políticos golpeados por este caso, regresaron, delegando el poder en sus hijos o sus esposas, o en las mismas redes que construyeron a lo largo de sus años como líderes territoriales.

Desde noviembre de 2018, el gobierno del presidente Jimmy Morales, desconoció el mandato de la CICIG. El golpe a los caciques, los históricos y territoriales, tiene una posibilidad de volverse algo blando. Los caudillos, de alguna forma, podrían resucitar, encarnados mediante un nuevo líder heredero de sus distritos y su caudal electoral.