Desde febrero de 2016, la renuncia de los diputados a la bancada por la cual fueron electos implica la prohibición de volver a participar como candidatos al Congreso de la República. Un “conjuro legal” realizado para eliminar el transfuguismo en Guatemala. Impedir la traición, buscar la institucionalización de las bancadas parlamentarias, pero con el peligro de que los dueños de los partidos políticos monopolicen el poder.

El día que los diputados tránsfugas se dieron cuenta de que una futura reelección era algo complicado, fue por las malas. Se trató de una toma de conciencia fría, un poco repentina, a finales de enero de 2018. Era cierto y real que varios diputados, históricos, mediáticos, con habilidades de negociación, y otros sin brillo, tenían posibilidad de quedar fuera del Congreso luego de las elecciones generales de 2019. Y todo a partir de una reforma de ley que ellos mismos, durante la última legislatura, habían aprobado.

¿Cuántos?, ¿quiénes?

“A los tránsfugas se les venía asustando con el petate del muerto. Luego su mayor miedo se fue haciendo realidad­”, dice Mario Taracena Diaz-Sol, uno de los primeros diputados de la era democrática que cambió de partido cuando fue postulado a la Asamblea Nacional Constituyente por la Unión del Centro Nacional (UCN), para luego pasar al Partido de Avanzada Nacional (PAN), y quien desde el año 2008 es diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Durante la gestión de Taracena como presidente del Congreso (2016-2017), se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica del Legislativo y a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Uno de los cambios más significativos se enfocó en atacar el transfuguismo, que se da cuando la ciudadanía ha votado por un candidato a diputado, pero que al asumir su puesto en el Congreso decide que el partido político que lo llevó al poder ya no se corresponde con sus intereses en el hemiciclo y se cambia a otro partido.

En un paper de Luis Mack y Mario Arrivillaga, publicado por FLACSO, se explica que en 2005 la incidencia del transfuguismo estaba ligada al diseño de la democracia guatemalteca que mantenía el privilegio de los derechos individuales de los diputados sobre los derechos colectivos de los partidos políticos y del electorado. 

Taracena dice que todo lo relacionado a reformar el transfuguismo, durante 2015 y 2016, fue pensado en defensa institucional de los partidos. Un ajuste político contemplado para afectar directamente el sistema de partidos y su legitimidad  y no tanto pensado en los políticos.

Los hechos, en contraste de lo que dice el ex presidente del Congreso, muestran también un cálculo político para fortalecer el control de los partidos por parte de su dirigencia. La UNE, por ejemplo, es en apariencia el partido más institucionalizado en la actualidad. Pero en anteriores legislaturas, cuando se presentaba como una bancada fuerte, con varias decenas de diputados cohesionados, poco a poco se desmoronaba, perdiendo parlamentarios hasta quedar debilitado, sin capacidad de negociación. La fidelidad de los diputados a un partido político ahora implica el disuasivo de la no reelección o desaparecer.

«El transfuguismo ha estado ligado al privilegio de los diputados sobre los derechos colectivos de los partidos políticos y del electorado». 

La disidencia se castiga

A finales de enero de 2018, se tuvo la primera certeza legal de que, en efecto, los tránsfugas, tenían prohibiciones. Todo aquel diputado que hubiera renunciado al partido por el que fue electo, después del 26 de febrero de 2016 –fecha en que cobró vigencia la reforma a la Ley Orgánica del Congreso–, no podía ni presidir comisiones de trabajo, ni representar al Congreso de ninguna forma, ni ser parte de la Junta Directiva. Y posiblemente, tampoco reelegirse en 2020.

“Se asustaron”, recuerda Taracena. “Los tránsfugas se asustaron”.

La diputada Mayra Alejandra Carrillo de León fue la primera en ser identificada en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) como tránsfuga durante la legislatura de 2016-2019. En las elecciones de 2015, fue electa por el Partido Patriota (PP), pero el 15 de marzo de 2016 renunció y migró al Bloque Reformador.

Hasta entonces, en 32 años de democracia, ningún diputado que cambiara de bancada había sido cuestionado o sancionado. Las reglas del juego habían sido modificadas y empezaban a tener efectos.

La detección del transfuguismo de Carrillo, de forma legal, sucedió en un momento agitado para el Congreso de la República. Era enero de 2018 y las bancadas acababan de elegir una nueva Junta Directiva. La planilla ganadora, integrada por Álvaro Arzú Escobar, Felipe Alejos, Javier Hernández, Alejandra Carrillo, Karla Martínez, Juan Ramón Lau, Estuardo Galdámez, Jaime Lucero y Elza Cú tomó posesión sin tener en cuenta los nuevos impedimentos legales de los diputados considerados tránsfugas a partir de las reformas de la Ley.

Según la organización Acción Ciudadana, cuatro de los diputados de Junta Directiva tenían impedimento legal tras haber renunciado al partido político por el que fueron electos. Karla Martínez había sido electa por Libertad Democrática Renovada (Lider) y se había trasladado a Alianza Ciudadana; Estuardo Galdámez, del PP, había pasado por el Bloque Reformador y ahora representaba a FCN-Nación; Elza Cú, de Lider, y Alejandra Carrillo, del PP, habían migrado al Bloque Reformador.

En amparo de única instancia, presentado por Acción Ciudadana, la CC evaluó la trayectoria de los cuatro diputados. Ubicó fechas y grupos partidarios, reformas de leyes constitucionales y ordinarias, pidió informes al Tribunal Supremo Electoral… A criterio de los magistrados de la más alta corte del país, solamente la diputada Carrillo había cambiado de bloque legislativo tras las reformas de la ley. Es decir, el nuevo castigo por renunciar a su partido se le podía aplicar. Los demás estaban a salvo. Pero la Junta Directiva completa y recién electa era ilegal.

Tras una semana de tensión política, por primera vez el transfuguismo en 32 años de democracia se hizo real, con efectos colaterales importantes como cuestionar a la presidencia del Congreso. La planilla “ilegal” cambió algunos nombres, volvió a postularse y volvió a ganar, esta vez sin impedimentos. Pero una nueva idea había quedado instalada en el Congreso: los tránsfugas no serían tolerados.

El diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), recuerda que después de enero de 2018, lo que reinaba en el Congreso era la incertidumbre. “¿Entonces soy tránsfuga? ¿Cómo así que soy tránsfuga?”, se preguntaban los diputados. “Cada uno tuvo que revisar su pasado. Pero más importante aún: se debía evaluar la interpretación de la ley”, dice.

Para Linares Beltranena, prohibir el transfuguismo, vuelve rígido el sistema de partidos políticos. “La libertad de asociación, un derecho constitucional”, dice “ha quedado limitada. La democracia parlamentaria antes radicaba en la habilidad política de los líderes y los partidos para mantener cohesionados a sus diputados. Ahora se monopoliza el poder, y recae en los secretarios generales de los partidos que tienen del cuello a sus afiliados”.  

La lealtad es una cosa que sucedió en el pasado…

En el inicio de la etapa democrática no era recurrente el cambio de partido político por parte de algún diputado. Había fidelidad y algún indicio de afinidad ideológica. Había además interés por reelegirse con el mismo partido político. En un año, a lo sumo, se daban dos o tres cambios.

“A partir de la mitad de los años 90 empezarían las oleadas de transfuguismo”, dice Javier Fortín, analista político independiente. “La informalidad, antes de cualquier otra cuestión, ha regido el sistema de partidos políticos de Guatemala. Antes había mayorías parlamentarias, juegos políticos en función de las necesidades de agenda de los diputados. Eso se ha perdido. La informalidad es tal que en la actualidad se pueden comprar diputados por Q200 o Q300 mil”, refiere el investigador.

Fortín dice que la última oleada de diputados tránsfugas fue masiva y poco democrática. Y quizás fue una de las alertas para que el transfuguismo alcanzara altos niveles de rechazo. En concreto, el Congreso de 2012-2016, evidenció una distorsión nunca antes vista en el sistema de partidos políticos. Diputados disidentes cada semana. La creación de bancadas parlamentarias de la noche a la mañana. Partidos como Lider que poco después de su creación, dentro del parlamento sin un solo diputado electo bajo el nombre de este partido, cobraban fuerza: de 14 diputados, alcanzaron 55.

“La distorsión informal dentro del sistema es que en Guatemala el transfuguismo empezó a ser condicionado por el dinero. Es un aspecto que se sale de la teoría”, lamenta Fortín.

De hecho, en un cable de Wikileaks, firmado por el ex embajador Stephen McFarland, la embajada de Estados Unidos en Guatemala expresaba su preocupación por la compra masiva de diputados en el congreso; “La oferta no anunciada pero ampliamente conocida era de US$61 mil a cualquier diputado para que cambiara de bancada”, expresaba la embajada. “(Nota: Esto no es ilegal.)”, añadía como comentario.

En un paper publicado por la universidad de Salamanca, Fortín analiza varias décadas de transfuguismo en Guatemala. En ese texto, el académico intenta comprender el panorama. Y recrea un escenario de “oleadas” de diputados saltando de un partido a otro, cada año, y por año electoral.

De 2000 a 2009 este fue el comportamiento:

La configuración de las fuerzas

Desde 1985, el Congreso de la República se ha compuesto de un número distinto de diputados. En el período del expresidente Vinicio Cerezo, el Congreso estaba integrado por 100 diputados y pasó a 116 en el gobierno de Jorge Serrano Elías. Con la depuración de la institución en el tiempo del expresidente Ramiro de León Carpio, pasó a tener 80 diputados, cifra que se repitió en el gobierno del expresidente Álvaro Arzú. El número de diputados aumentó a 113 en el período de Alfonso Portillo y para las últimas cuatro elecciones –períodos de Óscar Berger, Álvaro Colom, Otto Pérez Molina/Alejandro Maldonado y Jimmy Morales respectivamente– se eligieron 158 diputados.

La primera desbandada de diputados de una bancada, recuerda Fortín, se dio cuando 17 diputados del PAN –luego de la derrota electoral y del cambio en la dirigencia partidaria– migraron en junio del 2000, para convertirse en fundadores de partidos como el Unionista y la UNE.

Desde entonces, el trasfuguismo se convirtió en una nueva variable de análisis que configuraba las fuerzas políticas del Congreso. Partidos políticos que nacían fuera de la contienda electoral pero con representes electos democráticamente, en anteriores elecciones.

Decía el académico Edelberto Torres Rivas que Guatemala es un cementerio de partidos políticos; más de 64 han desaparecido desde 1984; muy pocos han tenido una ideología definida, y demasiados partidos no permiten el ascenso de nuevos liderazgos. Como consecuencia, un buen número de diputados han buscado ascender políticamente y encontraron, en el transfuguismo, su mejor opción para canjear liderazgo o influencia por poder político al migrar de partido en partido.

Javier Fortín dice que la búsqueda de reelegirse dentro del parlamento ha definido en gran parte las disidencias de los congresistas. De 1990 a 2007, indica Fortín, se dieron 230 reelecciones divididas entre 154 diputados.

«En 32 años de democracia, ningún diputado que cambiara de bancada había sido cuestionado o sancionado». 

La necesidad de reformar

El Congreso de 2012-2016, fue la razón principal por la que se iniciaron los cambios para detener o regular el transfuguismo. En ese Congreso la migración de diputados de una bancada a otra empezó a ser clasificada como una forma de corrupción.

Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), durante la Legislatura de 2012-2016, el 16 por ciento de los diputados no estaban afiliados a ningún partido a pesar de que ocupaban una curul de representatividad, e incluso ocupaban cargos relevantes en la estructura interna del Congreso.

En esa misma Legislatura, a menos de una semana de asumir el Presidente Otto Pérez Molina (enero 2012), postulado por el Partido Patriota (PP), ya se había generado una movilidad legislativa, tanto de diputados de ese partido como en Lider, UCN y UNE.

El PP como partido oficial, obtuvo originalmente 48 escaños distritales y nueve de listado general, sumando 57 escaños. Lider fue el ganador en el transfuguismo. De 14 escaños, incrementó a 55.

El partido en el gobierno y el principal partido opositor se volvieron pronto los principales focos de captación de tránsfugas, cambiando la aritmética legislativa para aprobar o bloquear una agenda en el Congreso.

“Si Cristiano Ronaldo (futbolista portugués del Real Madrid) decide hoy cambiar de equipo, él no va a ser mejor o peor jugador. Él solo está buscando con qué equipo puede ganar trofeos y eso es lo que estamos buscando nosotros, el equipo ganador”, como argumentó el diputado, Juan Manuel Giordano, en 2016 como uno de los tránsfugas más jóvenes en el Congreso que, tras su paso por UCN, TODOS, LIDER y FCN-Nación, hoy forma parte de la Junta Directiva de 2019-2020.

La legislatura que inició en 2012 estuvo compuesta por 88 legisladores de nuevo ingreso y 70 reelectos. Terminó con un total de 92 diputados tránsfugas, que como comenta la analista, Margarita Jímenez Badillo, en un paper publicado por la Universidad de Costa Rica: “representaron el 58.2 por ciento del total de los 158 escaños en el Congreso”. 

Jímenez también explica que un 8 por ciento de diputados que pertenecieron a un partido, cambiaron a otro, y regresaron a alguno de los que habían abandonado anteriormente, “son los casos principalmente de UNE y TODOS”, dice. “La explicación es que perfilan mayor posición política apostando al partido que va mejor en el escenario electoral. En tiempos electorales se calcula utilidad política y se actúa en función de beneficios personales y sin compromiso con la ciudadanía”.

Entre los motivos que aducen los legisladores de retirarse de su fracción para incorporarse a otra, según Jímenez, están: 1) Que los partidos no toman en cuenta sus propuestas; 2) Porque su partido, siendo oposición, apoya más al oficialismo; 3) Escasa capacidad para resolver los conflictos internos en las bancadas; 4) Conflictos con el Presidente.

Desde 2015, en consecuencia de la operatividad de ese Congreso configurado por el transfuguismo de diputados al PP y Lider, se inició la posibilidad de reformar las reglas del juego electoral. Entre ellas, evidenciar y sancionar el transfuguismo.

“La línea más cara de su vida”

Con la caída de la Junta Directiva del Congreso en enero de 2018, a causa de la diputada Alejandra Carrillo, identificada como la primera tránsfuga de forma legal por la CC, se empezó a hablar de 76 diputados que no podían ser reelectos en 2019 por haber renunciado a sus partidos.

Los tránsfugas empezaron a intentar coordinar una contra reforma de Ley. Estaban enojados, se sentían traicionados, embaucados. No tenían contemplado que su carrera política podía concluir así tan pronto. Uno de estos 76 diputados, quien pide anonimato para sus declaraciones, dice que empezaron a intentar revertirlo todo porque a cualquiera de los parlamentarios, en un futuro, le podría suceder.

Las acciones para revivir el transfuguismo iniciaron de forma más seria y sistemática a mediados de febrero de 2018. Antes, se había intentado plantear alguna inconstitucionalidad, alguna queja ante el pleno, pero sin demasiada atención del resto de parlamentarios. “La agenda de Taracena era el objetivo”, dice el diputado.

Dos años antes, el 29 de marzo de 2016, cuando el Congreso de la República discutió el artículo que modificaba y castigaba el transfuguismo, la energía que alimentaba el ordenador que llevaba el control del conteo de votos se apagó. Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos llevaban más de un año en discusión. Se necesitaban más de 105 votos (2/3 del Congreso) para aprobar cualquier modificación debido a que se trataba de una ley de orden constitucional. Los acuerdos estaban pactados por los jefes de bloque. Entre ellos, “aprobar todas la enmiendas firmadas por Mario Taracena”, como explican varios diputados tránsfugas en una solicitud de antejuicio planteada ante la Corte Suprema de Justicia el 23 de noviembre de 2018 contra el diputado de la UNE.

A cambio de respaldar las enmiendas del entonces presidente del Congreso, como explican los diputados en su acción legal, se tendría el apoyo de Taracena y su bancada para aprobar diversos temas en el futuro. Dar para recibir, como funcionan la mayoría de las negociaciones en el Congreso.

Lo que no esperaban muchos diputados, era que con la supresión de una sola línea, el transfuguismo sería prohibido casi para siempre y de suceder tendría serias consecuencias. El artículo 56 modificaba el 205 Ter de la ley constitucional, donde se prohibía a los partidos políticos recibir diputados tránsfugas por tres años del periodo constitucional, dejando el último año como una especie de periodo de gracia para que cualquier diputado pudiera renunciar.

Ese periodo de gracia, según los diputados Fernando Linares Beltranena, Delia Bac y Luis Azmitia (firmantes de varias denuncias contra Taracena) fue lo que se eliminó sin consulta de un tribunal constitucional.

“La línea más cara de su vida”, dice Taracena.

Los tránsfugas de las elecciones de 2019

Para el analista Javier Fortín, sin embargo, el transfuguismo aún debe ser definido completamente por el Tribunal Supremo Electoral en estas elecciones de 2019. Hay números ambiguos, cifras que no cuadran.

 ¿Quién es tránsfuga y quién no?

“Esa moneda al aire es lo que hizo que la lucha por una contra reforma de parte de los tránsfugas mermara durante los últimos seis meses de 2018”, explica Fortín.

En junio de 2018, Acción Ciudadana planteó un nuevo amparo en contra de los diputados que habían renunciado a sus respectivos partidos y que ocupaban puestos de importancia dentro del Congreso. Presidentes de Comisión, jefes y sub jefes de bloque, cargos que, por lo menos una decena, eran ocupados por diputados disidentes.

Los abogados de Acción Cidudana solicitaban claridad sobre Sandra Ester Cruz Ramírez, Elza Leonora Cú Isem, Nery Orlando Samayoa Barrios, Mike Ottoniel Mérida Reyes, Ronald Ramiro Sierra López, Luis Enrique Hernández Azmitia, José Alejandro de León Maldonado, Mario Fermín De León Ramírez, Eva Nicolle Monte Bac y Delia Emilda Bac Alvarado de Monte.

Diez diputados que habían renunciado a sus partidos, o habían desistido de su afiliación, o bien, las dos acciones de disidencia al unísono, y que ahora ocupaban cargos importantes dentro del Legislativo.

La CC ordenó al Congreso de la República, el 11 de junio de 2018, que dejará sin efecto los nombramientos de todos estos diputados señalados de transfuguismo, ya sea en su cargo como presidentes de comisiones ordinarias de Trabajo, o como jefes y sub jefes de bloques legislativos. De nuevo se evaluó su trayectoria, los registros del TSE, las fechas de afiliación, las reformas dedicadas a la erradicación del transfuguismo.

De 76 tránsfugas posibles, se pasaba a ubicar 11 diputados que a criterio de la más alta corte del país, en 2019, legalmente no podrían competir en la contienda electoral. Y en 2020 posiblemente quedarán fuera del Congreso.

Pero aún hay vacíos por resolver.

Las bancadas de Lider y PP que durante la legislatura 2012-2016 propiciaron la necesidad de reformas a causa de sus actos de corrupción, por ejemplo, hoy han desaparecido. El TSE los eliminó, dejando diputados huérfanos, sin otra opción que constituirse como bloque independiente.

“¿Son tránsfugas si nunca renunciaron?”, pregunta el diputado Linares Beltranena. “El criterio debe centrarse en el verbo ‘renunciar’, en el verbo ‘postular’. Y en el caso de los partidos políticos, el verbo a examinar debe ser el de ‘incorporar’. Si los diputados que quedaron sin partido nunca renunciaron, y nunca fueron incorporados a otro partido, sin problema alguno, pueden ser postulados para las elecciones de 2019”, dice.

Con la prohibición de la figura del transfuguismo, los diputados que quedan fuera de la contienda, alegan que es inconstitucional. La diputada Delia Bac, entre sus argumentos recurrentes destaca que los parlamentarios están “encarcelados o esclavizados”, se les ha limitado la movilidad y se le ha dado monopolio al secretario general de cada partido.

En contraste, los analistas consultados resaltan que entramos a un periodo de ajuste en el sistema de partidos políticos, y es natural que el acomodamiento sea revulsivo, como explica Fortín, a la espera de ver la evolución de los partidos de manera institucional. 

El TSE, no obstante, aún debe tomar criterio.

¿Qué sucede con los diputados que nunca “renunciaron” a sus bancadas, pero cuyos partidos por los cuales fueron postulados han sido cancelados?

¿El TSE considerará las sentencias de la CC sobre el transfuguismo que establece 11 casos documentados en 2018 para afinar criterios sobre los impedimentos de postulación de los diputados que en 2019 buscan reelegirse?

El magistrado presidente del TSE, Mario Aguilar Elizardi, contesta que se debe tomar en cuenta la independencia del tribunal que se encarga del proceso electoral antes de tomar la opinión emitida en las sentencias de la CC sobre el transfuguismo. “Se resolverá caso por caso, una vez inscritos como candidatos”, indica.

Es decir, los tránsfugas con prohibición de participar en las elecciones de 2019, bajo el conjuro de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos de 2016, podrán ser ubicados legalmente por el TSE una vez que sean postulados por cada uno de los partidos políticos. ¿Quién puede y quién no?, será resuelto en el camino, a partir del 27 de marzo de 2019, día en que se cierra oficialmente la inscripción de candidatos.