Un artículo sin mucha forma sobre un problema urgente, escrito tras una semana terrible.

En Guatemala vivimos en una situación de emergencia. Un grupo del que forma parte la fiscal general, Consuelo Porras, está ejecutando una vasta campaña para aterrorizar, encarcelar o exiliar a sus enemigos, miembros de la sociedad civil y todo aquel funcionario que se oponga a sus intereses.

Esta campaña ya dura años y es la más seria amenaza a la democracia que ha vivido el país en décadas.

Sé que todo esto es obvio para muchos, pero siento que los periodistas debemos repetirlo y decirlo, claramente, con estas palabras para que quede claro.

En Guatemala el autoritarismo no consiste en que un líder populista monopolice el poder político. Acá la dictadura consiste en precisamente lo que estamos viviendo ahora.

Sí, la dictadura era esto.

Sé que en el país suceden muchas cosas importantes y que es necesario atenderlas. Pero tampoco podemos vivir como si nada estuviera sucediendo, como si este solo fuera uno más de los muchos problemas de Guatemala.

Como dije, esta es una emergencia. Hay personas presas, en el exilio o siendo perseguidas, personas a las que se le ha privado de los más básico: el derecho de vivir en su país sin miedo.

A veces, los periodistas nos perdemos en los detalles, la actualidad nos avasalla y no nos esforzamos lo suficiente en describir el cuadro general.

En los últimos días, solo por citar algunos hechos: el Ministerio Público (MP) trató de forzar la renuncia del ministro de comunicaciones y del jefe de la SAT; inventó un nuevo caso contra el periodista Juan Luis Font y desmanteló la fiscalía que acusó de genocidio al general Benedicto Lucas García.

Cada uno de estos hechos encierra un drama en sí mismo. Pero todos forman parte del mismo fenómeno.

La dictadura era esto.

En el país se libra una batalla entre quienes quieren estado de derecho y quienes quieren el status quo de impunidad y corrupción.

Ninguno de los dos bandos termina de imponerse sobre el otro, pero como sucede en las guerras, las víctimas que ha generado el conflicto son ya demasiadas. Y todas, están en el mismo bando: el de quienes queremos estado de derecho.

Este conflicto es el problema esencial del país ahora. Y quien no quiera entender que esto es así o piense que este es solo una disputa entre izquierda y derecha o entre el presidente y la fiscal o una lucha de poder entre instituciones del Estado, es probablemente porque es cómplice del status quo de corrupción e impunidad.

Juan Luis, desde su programa de radio, señalaba estas cosas todas las mañanas. Es por eso que ahora el MP está tratando de cerrar Concriterio.

Habrá quien piense que este problema no es tan grave; que es solo temporal y terminará cuando se agote el periodo de la fiscal Porras en 2026. Esto es un error.

Primero, porque la degradación del sistema de justicia es enorme. Sufre daños irreparables. Y quienes están destruyendo la institucionalidad son muchos y tienen el poder para perpetuarse y procurarse impunidad.

Además, en los últimos años, muchos de ellos han saboreado la venganza; han aprendido que se puede utilizar la cárcel y el exilio contra sus enemigos, y que, en realidad, lo máximo que les puede pasar es perder su visa para ir a EEUU o que su nombre figure en una lista de sanciones.

Algunos también han aprendido que se puede tratar de manipular el proceso electoral, descaradamente, y que aún así, de nuevo, nada les va a suceder.

La situación no va regresar a la normalidad, porque sencillamente no hay una normalidad a la que regresar.

El sistema siempre tuvo rasgos autoritarios. Siempre estuvo a uno, dos o tres pasos de la dictadura. En los últimos años, cuando algunos trataron de alejar al país del abismo de corrupción y la impunidad en el que vivíamos, el sistema contraatacó. No solo no cedió, si no que dio esos dos o tres pasos que faltaban.

Primero se comenzó a usar la justicia como venganza; después se comenzó a manipular el sistema electoral y se trató de destruir la prensa independiente.

Ahora vivimos en una situación en la que el MP y amplios sectores del Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, funcionan como una policía política dedicada a aterrorizar a los ciudadanos y funcionarios que quieren que funcione el estado de derecho.

Sí, la dictadura era esto.

Y puede prolongarse más allá de 2026. Y no solo por lo que he mencionado: que la dictadura en realidad siempre estuvo ahí. Si no porque, el ambiente de terror creado por la fiscal Porras, dificulta que el proceso para nombrar a un nuevo jefe del MP pueda celebrarse en un ambiente de libertad.

¿Se imaginan a miembros de la comisión de postulación que debe elegir al nuevo fiscal general actuando con libertad cuando saben que sus empresas pueden ser allanadas, que los net center comenzarán acusarlos a ellos y a sus familiares de todo tipo de fechorías, que pueden ser procesados por cualquier delito inventado supuestamente cometido a través de, por ejemplo… Twitter (X)?

Todo esto me devuelve al punto principal. Estamos en una situación de emergencia que no va a mejorar y que debe ser atendida ahora.

Sé que el asunto no es sencillo de resolver. El gobierno y el partido oficial quieren, pero no pueden.

El Congreso podría dar un golpe sobre la mesa permitiendo la destitución de la fiscal Porras. Esto sería un paso importante para la regeneración del sistema. Podrían hacerlo, pero prefieren no.

Algunos diputados ya se cansaron de la fiscal, pero tampoco quieren darle una victoria tan grande al gobierno. Tal es la incapacidad de mucha gente en el país para entender en qué consiste el bien común. Otros ya se cansaron de la fiscal, pero la temen. Tal es la cobardía de muchos en Guatemala. Y cuanto más poderosa la persona, mayor es el temor que le acecha.

Otros sencillamente disfrutan de este ambiente de terror en el que ellos, los corruptos, se dedican al business as usual, mientras que los que tienen algo que temer son los auditores de la SAT que se dedican a, por ejemplo, investigar la evasión fiscal.

Dentro de otros grupos de poder, como los empresarios, los razonamientos supongo que son similares.

Es probable que muchos de ellos se estén dando cuenta que la fiscal se está pasando de la raya. Pero o la temen a ella o temen lo que significa que avance el estado de derecho.

Preferirían que ella se fuera, pero no saben cómo reparar las partes de sistema que no les gustan, sin al mismo tiempo, alterar las partes de ese sistema que sí les son funcionales.

Son como alguien que necesita cambiarle la llanta a su carro, pero nunca se decide a hacerlo. Prefieren manejar con una rueda pinchada antes que enfrentarse a lo que puede suceder si detienen el motor.

¿Cuántos problemas del país jamás se resuelven por esta paradoja?

Otros empresarios y sectores afines supongo que simplemente no han entendido nada. Y considerarán que todo esto es una disputa política intrascendente.

Lo importante, en cambio, es el pacto colectivo de los Maestros, el sueldo de los diputados o las largas colas en la portuaria de Santo Tomás de Castilla.

La semana pasada, mientras el MP perseguía al jefe SAT por hacer su trabajo, leí este titular en el medio República: “En medio de investigación contra su familia, jefe de la SAT toma vacaciones”.

Honestamente, me mató. Leerlo me recordó a la sensación que produce leer Granma, el medio de propaganda del Partido Comunista Cubano.

Alguien que utiliza un hecho cierto para ocultarle la verdad a su audiencia.

Sí, la dictadura era esto.

Los periodistas no es mucho lo que podemos hacer en estas circunstancias, más que sobrevivir y seguir haciendo nuestro trabajo. Pero lo que definitivamente nunca podemos hacer es esto que hizo República.

Tenemos que seguir contando hechos ciertos para contar la verdad más amplía.

No podemos tomar atajos y saltarnos la parte de “hechos ciertos”, como a veces se hace. Pero tampoco podemos obviar lo segundo: “la verdad más amplía”.

Si no, corremos el riesgo de no estar explicando a nuestra audiencia lo que realmente sucede en el país.

Cosas como estas son las que Juan Luis ha enseñado a generaciones de periodistas en Guatemala. Y es por él que me animé a escribir este texto.

Esta fue una semana terrible que me hizo pensar en la situación crítica que vive el país.

Comenzó con la persecución del jefe de la SAT, Marco Livio Díaz Reyes. Escucharle estos meses en las conferencias de prensa de los casos B410 y Eureka me trajo recuerdos de los tiempos en los que el MP sí hacía su trabajo.

Me vino a la mente don Iván y aquellas conferencias de 2015 o 2016 en las que la audiencia escuchaba boquiabierta, mientras que un fiscal exponía cómo funciona realmente este sistema de corrupción e impunidad que gobierna el país.

Marco Livio, con su corbatín y su aspecto de contador tenía otro estilo, definitivamente. Pero también nos enseñó los abusos increíbles que se cometen en el ámbito fiscal. Y abrió una ventana que nos mostró la magnitud de la corrupción que sucedió durante el gobierno tétrico de Alejandro Giammattei.

Hasta que Consuelo Porras apareció para recordarnos que 2024 ya no es 2015 y que cualquier funcionario que pretenda hacer su trabajo, que se atenga a las consecuencias.

Después sucedió lo de Juan Luis. Una orden de captura en su contra por un caso que creo que no es ni necesario explicar qué es un sinsentido. Se le aplicó una receta similar a la que sufrió el expresidente de elPeriódico, José Rubén Zamora en alguno de los casos en su contra.

El esquema es este: primero se acosa a la persona con denuncias y supuestas indagaciones. Cuando la persona trata de defenderse presentando algún recurso legal, se le acusa de obstaculizar la justicia o de pagar a sus abogados con dinero negro o algo similar.

Después, algún experimentado analista de la fiscalía se dedica a llamar a cualquier potencial interesado en hacerle daño a la persona en cuestión o se revisa su cuenta de Twitter o su listado de seguidores… Y ya está armado un caso por asociación ilícita y una larga retahíla de otros delitos.

Nunca faltará el juez que autorice la orden de captura.

Sí, la dictadura era esto.

Sé que lo están intentando, pero no van a callar a Juan Luis. Su voz es indispensable para el país.

Durante mucho tiempo él fue el corazón de elPeriódico y después ha seguido fundando medios y haciéndose oír, a pesar de toda la adversidad.

De él aprendí que era necesario escuchar a todos, comprender a todos, que en este trabajo siempre es necesario hacer el esfuerzo por ser justo.

Esta es una lección que tengo muy presenté en mi vida.

Que el sistema le esté persiguiendo a él precisamente, una persona moderada, razonable y que no ha hecho nada más que hablar en un programa de radio, da una idea de la regresión democrática que estamos viviendo.

Su caso es especialmente doloroso. Él fue uno de esos niños forzados a crecer en el exilio en los tiempos en los que Guatemala era gobernada por psicópatas. Ahora, de nuevo, no puede regresar al país.

Sé que en el caso de Juan Luis, al igual que en el de José Rubén, habrá muchas personas que empiecen a mencionar detalles de su vida, sus relaciones, sus sociedades en Panamá, errores que cometieron.

Están confundidos. Se están perdiendo en los detalles. Los hechos aislados les impiden entender la historia más amplia. Ninguno de estos motivos explica por qué están siendo criminalizados.

¿Saben cuál es el mayor y más influyente grupo mediático en el país?

Albavisión, propiedad del empresario mexicano Ángel González, que controla todos los canales de televisión en abierto a nivel nacional y más frecuencias de radio que ninguna otra empresa.

¿Sabían que Ángel construyó su imperio cometiendo un fraude de ley, cuando estaba prohibido que un extranjero poseyera el cien por cien de una empresa de radio o televisión?

¿Sabían que los monopolios son ilegales según la Constitución, y, a pesar de ello, desde hace unos 30 años, Ángel tiene un monopolio de facto, protegido por el Estado, sobre la televisión en abierto?

¿Sabían que durante décadas Ángel financió en secreto campañas políticas y a cambio recibió todo tipo de favores y privilegios que han imposibilitado que nadie le haga la competencia y que él haya acaparado buena parte del gasto publicitario en el país por décadas?

¿Por qué nadie hizo nunca nada al respecto? ¿Por qué el estado de derecho nunca prevaleció?

¿Por qué, quien sí hizo algo –la CICIG, en el caso Cooptación del Estado– hoy ya no puede trabajar en el país y algunos de sus exmiembros han sufrido cárcel o exilio?

Dicho brevemente: en Guatemala los propietarios de medios o los periodistas, nunca han sido perseguidos por cometer delitos.

Sus problemas empezaron cuando se enfrentaron al poder, el poder se cansó de soportarlos y decidió vengarse.

Fue entonces, cuando se comenzaron a buscar los delitos que hubiesen podido cometer.

Es decir, primero se designa al enemigo y después se busca como castigarle. Cualquier parecido con un sistema de justicia en el que existe el debido proceso es pura coincidencia.

En algunos casos, el proceso de perpetrar la venganza es más sencillo. Por ejemplo, si el objetivo es un empresario como José Rubén, que necesariamente ha tenido que operar en zonas grises para lograr algo tan difícil como mantener con vida un diario por más de 25 años en un país tan hostil.

En otros casos, como el de Juan Luis, es más difícil. Se requiere, por tanto, más imaginación.

Todo esto, de hecho, no es nuevo. Siempre fue así. Y por eso, el país es un gran cementerio de medios que no sobrevivieron a la vanidad o las ansias de venganza de algún presidente.

Es cierto que otro tiempo, la venganza, se habría ejecutado más discretamente.

Quizá, tratando de promover un boicot comercial, presionando a la gente adecuada o enviando a un grupo de auditores de la SAT a escudriñar las cuentas del medio. Estos métodos solían bastar.

Pero como dije, estamos viviendo una época de terrorismo judicial. Y ahora es posible recurrir soluciones más drásticas; soluciones que se están llevando por delante la libertad de personas como Juan Luis o José Rubén y que ponen de relieve cómo se puede instrumentalizar la justicia contra cualquiera sin que nadie haga nada al respecto.

De verdad, presidente, diputados, magistrados, empresarios ¿cuántos problemas más urgentes que la desaparición del estado de derecho tiene el país ahora mismo?

Y por si todo esto fuera poco, la semana concluyó con la muerte del periodista Luis Aceituno.

Como a Juan Luis, conocí a Luis en elPeriódico, donde era famoso por su sentido el humor más bien oscuro, su cultura, su amor por las marchas de Semana Santa y su afición por fumar en el patio, sentado en una silla plástica, mientras exponía a quien quisiera escuchar porque el país estaba irremediablemente jodido.

El país es tan frágil que cada vida cuenta y con Luis también muere una buena parte del periodismo cultural que se hacía en Guatemala.

Su voz era indispensable y se extrañará.

Sé que la muerte de elPeriódico, que era su casa, le afectó. Y que por eso, indirectamente, él también es una víctima más de estos años del terror.

Cuando pienso en él, le recuerdo precisamente fumando, con los brazos cruzados, hablando en su silla plástica.

Aunque siempre tenía audiencia, sobre todo durante el almuerzo, recuerdo que él a veces hablaba como para sí mismo. Quizá porque era escritor y hablar era una forma de pensar en voz alta en cosas que después quería contar por escrito.

Mientras le escuchaba, recuerdo pensar que era demasiado pesimista. Eran los primeros años de la década pasada: 2011, 2012, 2013 y yo entonces no entendía bien el país. Supongo que pensaba que no todo era tan terrible. Que, quizá, un buen gobierno, podía cambiar algunas cosas. Solo era cuestión de que llegara la oportunidad.

Luis, que había nacido en una Guatemala oscura y autoritaria, y murió en una Guatemala algo menos oscura y autoritaria, sabía que la dictadura siempre acechaba.

Ahora sé que en gran parte tenía razón.