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La Puya y su resistencia contra la corrupción

Injusticia social, acarreo de votantes, retención de información fueron las chispas que encendieron el fuego de la indignación de dos agricultores, amigos y líderes de San José del Golfo. Su denuncia terminó en la captura de nueve funcionarios municipales.

Alvaro Sandoval Palencia y Milton Danilo Carrera Morales son dos líderes comunitarios de San José del Golfo. Ellos fueron también representantes de la Resistencia de la Puya, el grupo de vecinos que peleó de 2012 a 2016 contra la instalación de la mina El Tambor ubicada entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, a pocos kilómetros de la ciudad de Guatemala.

Este proyecto minero, tras tres sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC), fue suspendido definitivamente en junio de 2020. Y se ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que efectué la consulta comunitaria en el área.

Sandoval de 56 años es un agricultor, trepador de árboles, tímido para las fotos, pero con la valentía para encarar funcionarios públicos y liderar movimientos sociales. Carrera, es un robusto y alto, carpintero, agricultor de 48 años que se dedica ahora a la siembra y crianza de animales. Ambos denunciaron hace cuatro años, a los alcaldes José Rocael Chamalé Enríquez y Elzer Fidelino Palencia Mayen (Mito Palencia) por el delito de retención de información y abuso de autoridad.

El Ministerio Público pidió orden de captura para Mito Palencia y el equipo que lo acompañó en 2008-2012. También presentó una solicitud de antejuicio contra el actual alcalde Chamalé. Sin embargo, la justicia nunca los alcanzó por este caso.

Palencia, a pesar de los casos de corrupción que tenía en su contra, ganó con el partido Libertad Democrática Renovada (Lider) su reelección en 2015, pero no pudo asumir porque estos problemas, que lo vinculaban con el ex alcalde Arnoldo Medrano, del municipio vecino de Chinautla, lo dejaron sin finiquito. Por eso, Chamalé ocupó su lugar en la municipalidad y en 2019 ganó la alcaldía con el partido oficial Vamos.

Los alcaldes no fueron encarcelados, pero la fiscalía logró en 2017 la captura de nueve trabajadores de la municipalidad, de ambas administraciones, bajo los cargos de negación de datos públicos.

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Milton Danilo Carrera Morales y Alvaro Sandoval Palencia se convirtieron en #LosFiscalizadores comunitarios de San José del Golfo, para hacer frente a la corrupción local.  FOTO: Luis Sajché.

Previo a enfrentarse al concejo de San José del Golfo, Alvaro Palencia y Milton Carrera acompañaron en 2012 a Yolanda Oquelí, otra de las lideresas de la comunidad, a luchar contra la instalación de la mina El Tambor. Es decir que además de enfrentar a dos ex alcaldes por corrupción, también fueron líderes de la Resistencia de La Puya. Los tres han sido vecinos y los vínculos llegan hasta algunos de sus familiares que han coincidido en la escuela con estos dirigentes. La amistad de la niñez los unió decenas de años después en el campamento que instalaron desde 2012 afuera de la mina para impedir que continuara la explotación de la obra.

A partir de una entrevista realizada con cada uno de los líderes, ellos cuentan la historia de por qué y cómo se enfrentaron contra el Concejo Municipal de su localidad. Y cómo a partir de ello, se han organizado en una Comisión de Fiscalización Ciudadana que se mantiene atenta a las compras y contrataciones que realizan las autoridades en su comunidad.

“Le decían a la gente que por culpa mía no se hacían las obras”, Álvaro Palencia, exconcejal del Comité Unidos por el Cambio.

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Desde su trabajo como concejal dentro de la municipalidad, Álvaro Palencia, cuestionó al alcalde de San José del Golfo. Encontró opacidad y denunció. FOTO: Luis Sajché.

A mí lo que me indignó bastante es que había una escuela en la aldea La Choleña, Mito Palencia, que empezaron a construir porque los niños no cabían en el inmueble donde estudiaban. Así que los niños, los lunes iban con sus pupitres a miches para la escuela, y luego los viernes llevaban de regreso los pupitres para poder guardarlos en sus casas. Eso fue en 2007.

Lo que hice fue pedir información basado en el artículo 30 de la Constitución Política (Publicidad de los actos administrativos) y nunca me contestaron. No había manera de presionarlos para tener la información. Cuando entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información (2009) empecé a fiscalizar lo de la escuela y me di cuenta de que había un acta que decía que ya la habían terminado y nada que ver.

Entonces pensé, estos lo que quieren es que uno vaya auditando y pedí una información referente a los salarios y dietas de todo el personal, pero me la dieron incompleta. Me puse a ver dónde podía encontrar apoyo, puse un recurso de revisión, conocí Acción Ciudadana y les conté la situación.

La municipalidad me contestó que no iban a entregar la información de los sueldos y las dietas porque tenían un Acuerdo Municipal que declaraba la información como confidencial. Acción Ciudadana me dijo que lo que procedía era un amparo, pero no había dinero para eso. Al año siguiente volví a pedir la información y la muni respondió lo mismo.

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Los alcaldes no fueron encarcelados, pero la fiscalía logró en 2017 la captura de nueve trabajadores de la municipalidad, de ambas administraciones, bajo los cargos de negación de datos públicos. FOTO: Luis Sajché.

Lo cierto es que lo primero que me indignó fue ver cómo sacrificaban a los niños porque me di cuenta de que el proyecto ya estaba entregado a las autoridades, según los papeles, pero físicamente solo eran cimientos los que habían de la escuela. Mientras que los niños seguían pasando penas, viajando con sus escritorios en sus espaldas. Por eso, me propuse comenzar a fiscalizar.

En 2015, participé como candidato por el Comité Cívico Unidos por el Cambio y quedé como concejal primero. Antes de ganar puse una denuncia contra Mito Palencia por acarreo de votantes. Al entrar al concejo me di cuenta de muchas cosas, como irregularidades al recibir los cargos en el Concejo, gastos innecesarios para las primeras sesiones, el nombramiento de los presidentes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) los cuales no los elegía la gente como manda la ley y debían ser cambiados cada cierto tiempo, sino que eran puestos a dedo por la muni, entre otras cosas.

Como ya era parte del Concejo, volví a pedir la información que solicité en 2009 del salario y las dietas porque pensé que me la darían y no. Milton puso también una denuncia por el mismo caso de los sueldos junto con Acción Ciudadana y en 2017 se dieron las capturas.

A partir de eso, ya no me hablaron más que solo lo necesario en las reuniones. Les quedó un poquito de miedo y siempre decían que detrás de todas las solicitudes de información que llegaban estaba yo, aunque no fuera cierto.

Nunca me amenazaron, pero me pusieron una denuncia en la fiscalía de Femicidio, disque por gritarle a la secretaria municipal, en 2016 y le decían a la gente que por culpa mía no se hacían las obras. Yo creo que valió la pena porque ha habido cambios sobre todo desde que pusieron la oficina de Acceso a la Información Pública.

En lo personal no es que me apetezca estar allí, yo creo que se puede hacer más desde afuera porque estando adentro todos los días tiene uno que estar peleando con ellos. Supongo que cuando uno llega y le da igual lo que pase sí debe ser bonito estar en el cargo. No es fácil cuando uno quiere que las cosas sean diferentes.

“Fui criminalizado y me pusieron varias denuncias para no seguir fiscalizando”, Milton Danilo Carrera Morales, líder comunitario.

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Milton Carrera fue uno de los líderes de la Puya que también se ha atrevido a auditar a la municipalidad del Golfo. FOTO: Luis Sajché. 

Yo viví 23 años en Canadá, regresé hace 10 a Guatemala. Primero me fui a Estados Unidos para buscar un mejor trabajo y después decidí ir a Canadá. Volví porque decidí que quiero morir en mi pueblo, con mi familia.

A mi papá no le gustó la política, me decía ‘en Guatemala hay que vivir como coches, oír y callar, nunca hay que hablar’. Mi papá tenía miedo de hablar y mi mamá es igual, ella es de oriente. Ella siempre decía, ‘dónde salió mi hijo tan revolucionario?’. Mi abuelo fue 5 veces alcalde, intendente, lo eligieron en una plaza. Él no fue comunista ni anticomunista, estaba al centro.

En San José del Golfo no somos un pueblo organizado. Nos organizamos hasta La Puya, para poder enfrentar la mina que nunca nos preguntaron si queríamos que estuviera trabajando cerca de nuestras casas. Sabíamos que contaminaría la poca agua que tenemos en el pueblo. A Álvaro lo conocía de vista, Yoli (Yolanda Oquelí, otra de las liderezas de la Puya) vivía a media cuadra de mi casa, no éramos grandes amigos. Álvaro me lleva 8-10 años y fue a la escuela con un mi tío, por eso lo conocía. Y Yoli fue a la escuela con mis hermanas, por eso la conocía. Nos reunimos en La Puya para luchar por los derechos del agua y en contra de la minería. Vivir en otro país y conocer otras culturas me dio la mentalidad de que sí se puede vivir, pero hay que luchar cada día por nuestros derechos.

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#LosFiscalizadores de San José del Golfo dicen que todavía se mantienen organizados en contra de la corrupción en su municipio cercano a la ciudad capital. FOTO: Luis Sajché. 

En 2016, nos enteramos porque era vox populí en todo el pueblo que tenían como 42 plazas fantasmas en la municipalidad. Sabíamos de muchas personas que iban a cobrar su cheque y no trabajaban, estaban en su casa. Habían personas que se llamaban fontaneros y los veíamos todo el tiempo sentados en la banqueta, pero cambiaban sus cheques y como San José del Golfo es un pueblo muy pequeño casi todo el mundo sabe la vida de todo el mundo.

La iniciativa fue mía, yo empecé a tratar de fiscalizarlos y como no me dieron la información yo fui con Álvaro porque como él era concejal primero y él era de oposición por eso fui a pedirle ayuda.

Cuando mandamos a pedir la información sobre las plazas de trabajo nos dijeron que era confidencial y que no la podían dar por el riesgo a las extorsiones y por un acuerdo municipal 2008-2009 que la declaraba en reserva. Como no me la dieron a mí, mi amigo (Álvaro) la pidió y como se la negaron fuimos a Acción Ciudadana a pedir ayuda y poner la denuncia.

El Ministerio Público (MP) mandó a pedir toda la documentación a la municipalidad y ese Concejo (2016-2020) se lavó las manos en el otro Concejo (2008-2012) que era el que inicialmente hizo el Acuerdo de confidencialidad y por eso, por negar la información que era pública, los funcionarios de ambas administraciones se fueron presos.

Después de las capturas de agosto de 2017, fuimos a una audiencia con un juez porque el MP pidió quitarle la inmunidad al alcalde José Rocael Chamalé. El juez dio con lugar la petición, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo denegó porque dijo que era un caso con tinte político.

Hasta allí llegó el caso y no sabemos si el MP apeló a la CSJ. No sabemos qué más pasó, lo que sí sabemos es que el señor alcalde tenía varios juicios pendientes y le fue otorgado el finiquito con el que participó en las elecciones de 2019. Ahora continúa en el cargo hasta 2024, representando al partido oficial Vamos. 

Durante este tiempo fui criminalizado y me pusieron varias denuncias para no seguir fiscalizando. Estuve preso en las carceletas un día en 2015 por denunciar el acarreo masivo del entonces partido Lider en el pueblo. Tengo una finquita y me han matado mis animales. He pedido como 10 veces medidas de seguridad porque han disparado enfrente de mi casa, han venido de noche a disparar al aire libre y nunca me han dado protección.

Finalmente en 2019 participé como candidato a la alcaldía por el partido Encuentro Por Guatemala. Pero ganaron de nuevo los que mantienen igual todas las cosas.

Fiscalizar, un arma imprescindible

La batalla por fiscalizar a la municipalidad de San José del Golfo no pudo encarcelar a los alcaldes, pero dejó un caso paradigmático, una bengala, sobre el uso y el poder de la ley de Acceso a la Información Pública. Esta ley creada en 2008 y que entró en vigencia en 2009, permite a periodistas y personas particulares solicitar información y datos que muestran la manera en que las instituciones utilizan los fondos públicos y otros registros del Estado.

Cuando no se cumple esta ley, ahora es posible hablar de capturas. Si hay falta de transparencia en una u otra municipalidad, si no dan datos, y niegan la información a los ciudadanos, las repercusiones pueden ser importantes.

Edie Cux, director de Acción Ciudadana, explica que Guatemala hasta ahora es el único país de la región que persigue penalmente a quienes no entregan la información solicitada por medio de las oficinas gubernamentales de Información Pública. Ahí existe un tipo de personal que muchas veces no está capacitado. Obedecen órdenes de sus superiores que buscan mantener la opacidad en las adquisiciones del Estado. Que nadie se entere que hay sobreprecios. O que los beneficiados de una compra son amigos o familiares de los políticos locales. Fortalecer estas unidades para que se conviertan en una herramienta que sea utilizada por los ciudadanos es un reto todavía en Guatemala.

“En 2015 se dio como un cambio en la gente que comenzó a hacer auditoría social y se conformaron nuevos grupos y poco a poco los ciudadanos comenzaron a pedir información pública para poder limitar un poco esa cultura de corrupción que ha estado durante mucho tiempo instalada”, dice Cux. 

No Ficción intentó localizar al alcalde Rocael Chamalé para conocer su versión sobre la resistencia ciudadana que se atreve a fiscalizar y a cuestionar el poder local, pero no atendió las llamadas. En tanto, sus ex subordinados, los empleados que tenían la responsabilidad de entregar la información pública de la municipalidad, y que se negaron a hacerlo, permanecen en la cárcel acusados de retener información y de abusar de su autoridad. Un precedente que deja una marca y advierte a los funcionarios públicos que deben cumplir con sus responsabilidades, sobre todo, en la forma en que se les exige rendición de cuentas.

Logos fiscalizadores
“Los Fiscalizadores” Es un proyecto periodístico de No-Ficción y Acción Ciudadana, junto al Centro de Asistencia Legal Anti Corrupción en Guatemala para contar la historia de los colectivos ciudadanos que existen en Guatemala para auditar y fiscalizar la falta de transparencia en sus comunidades.

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