Desde que el gobierno de Donald Trump decidiera designar como terroristas a ocho grupos criminales latinoamericanos, entre carteles de narcotráfico y pandillas, los países de la región centroamericana, incluyendo Guatemala, han corrido a mostrar acciones de supuesto combate ante estos grupos. Sin embargo, quienes estudian estas estructuras desde hace décadas dudan que esta medida logre detenerlas.
Terrorismo es una forma de violencia extrema que doblega y oprime poblaciones o incluso países enteros, según la definición de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El Departamento de Estado de los Estados Unidos, tiene una lista de grupos que encajan en esta definición.
Estados Unidos ha utilizado la designación de terrorismo en el pasado contra grupos extremistas de medio oriente como Al Qaeda o incluso contra países con ideologías contrarias a la suya como Corea del Norte, Siria, Irán, entre otras. El objetivo ha sido aislar a estos grupos o individuos de sus recursos y del sistema financiero dentro de su territorio. Pero también para facilitar a sus agencias federales posibles operativos más allá de sus fronteras.
En su primer mes de gobierno, Trump cumplió con la amenaza contra grupos criminales que operan principalmente en su patio trasero y los incluyó en esta lista que está amparada por la Ley de Inmigración y Nacionalidad del país norteamericano.
Los grupos tachados oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras por Trump son: el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13), cártel de Sinaloa, cártel de Jalisco Nueva Generación, cártel del Noroeste, la Nueva Familia Michoacana, el cártel del Golfo y Cárteles Unidos.
La Reacción de Guatemala
El encargado de firmar la designación fue Marco Rubio, el secretario de Estado, que tres semanas antes había visitado Guatemala y que durante su conferencia bilateral con el presidente, Bernardo Arévalo, destacaron el trabajo en conjunto para combatir el crimen transnacional.
Un día después de que los “nuevos terroristas” fueran designados por Estados Unidos, Guatemala inició con algunos operativos en contra de aquellos que tienen presencia significativa en el país, sobre todo pandillas.
Desde el pasado 21 de febrero, los altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ejército iniciaron operativos conjuntos, con carpas ubicadas en los ingresos de colonias populares de la capital, conocidas por estar bajo el control de integrantes de la MS-13.
Los operativos no han reportado capturas u otro tipo de resultado significativo y durante una cobertura se pudo constatar que los puestos de control, ubicados en colonias de la zona 18, como El Paraíso, solo operan durante las primeras horas de la mañana y luego las carpas quedan custodiadas por un reducido número de elementos.
Los resultados parecían casi nulos hasta que este 4 de marzo, David Custodio Botero, director de la PNC, confirmó que fue extraditado rumbo a Estados Unidos Moisés Humberto Rivera Luna alias “viejo santos” uno de los fundadores de la MS-13.
El “viejo santos”, de origen salvadoreño se encontraba detenido en Guatemala desde 2022 y fuentes policiales aseguran que desde prisión dirigía la clica Normandie Locos, que se dedica a extorsionar al transporte extraurbano de Chimaltenango y Sacatepéquez.
Las fuerzas de seguridad también anunciaron que junto a Rivera Luna fue extraditado el hondureño Erlis Antonio León Castellanos conocido como “el cabro”, señalado de tráfico de cocaína y lavado de dinero.
Estas extradiciones que incluyen la de uno de los fundadores de la MS-13 en Los Ángeles y que estuvo más de 20 años preso en El Salvador, suceden apenas 15 días después de la designación de nuevos terroristas por parte de la administración Trump, que desde el inicio de su gestión ha amenazado e impuesto sanciones económicas a los países que a su criterio no hacen lo suficiente para garantizar la seguridad de su territorio.
Durante 2025, Guatemala ha detenido a una decena de personas con solicitud de extradición por delitos relacionados al narcotráfico y el año pasado el gobierno de Bernardo Arévalo destacó el decomiso de 18 toneladas de cocaína, la segunda cifra más alta de la historia del país.
Aunque en 2024 Guatemala decomisó una cantidad de cocaína significativa, también tuvo enredos legales en mayo con una empresa agrícola de Colombia por haber confiscado supuestamente 2 toneladas de esta droga cuando en realidad eran suplementos alimenticios para pollos.
¿Combate o show mediático?
“Tenemos que recordar que en 2013 la administración de Obama ya nombró a la Salvatrucha como un grupo criminal de alta peligrosidad y realmente no les afectó en nada”, declaró el periodista y consultor de seguridad nacional Douglas Farah, miembro del medio de comunicación InsghtCrime.
A lo que Farah se refiere, es a la medida adoptada por el departamento del Tesoro en 2013, cuando Obama utilizó las leyes financieras de su país para intentar inhabilitar los activos de miembros de la Salvatrucha. En aquel entonces, la medida se limitó a la captura de algunos miembros de la estructura.
Farah, especializado en pandillas y con una larga trayectoria reporteando sobre pandillas y crimen en El Salvador y Guatemala, asegura que las acciones de “mano dura” no tienen “mucho chiste” y que son medidas que no piensan en fortalecer a los países en la región sino que tienen como fin mejorar la imágen política a nivel interno de los Estados Unidos.
“No sabemos si es un juego semántico contra las pandillas y los narcos o si realmente pondrán recursos para avanzar, también deben tomar en cuenta que son grupos muy distintos: la Salvatrucha opera internamente en Honduras, Guatemala, El Salvador, no es un cartel que domina las fronteras, son cosas diferentes”, advierte el periodista.
Luego del anuncio de Trump, Guatemala no ha sido el único país que ha anunciado extradiciones, operativos antipandillas y planes militares en la frontera, México también buscó, por medio de acciones militares, el envió de narcos famosos a Estados Unidos para congratularse con el gobierno de Trump.
Debido a esta situación, Farah teme que la designación se quede en un simple “juego de espejos” y que no sea en realidad un plan pensando a largo plazo para un combate real contra el crimen organizado o el terrorismo.
El experto concluye que el impacto de la designación de las pandillas como la MS-13 no tendrán ningún resultado significativo mientras estas sigan teniendo un control territorial marcado en ciudades, colonias y en el propio sistema penitenciario.
“Las pandillas y los carteles de droga son grupos criminales acostumbrados a adaptarse, a modificar y sobrevivir pese a este tipo de medidas, todo se quedará en un caos mediático sin los recursos y acciones estratégicas planificadas entre países”, argumenta Farah.
Mientras tanto, la criminalidad asociada a pandillas sigue siendo un problema cotidiano en Guatemala, en enero pasado se registraron 225 homicidios, 24 más que los reportados en el mismo periodo de 2023, según un análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Guatemala cerró en 2024 con 2,869 muertes violentas, apenas 75 casos menos que los que registró el gobierno de Alejandro Giammattei en 2023 en su último año de funciones.
El gobierno de Arévalo, como el de otros países, intenta demostrar que se acopla con las políticas implementadas por Donald Trump, con el temor de posibles represalias, tanto económicas como de seguridad y militar al designar a estos grupos como terroristas.
