Hace cuatro años el gobierno de JImmy Morales solo pensó en venganza y atacar a la CICIG. El mismo patrón lo ha continuado Alejandro Giammattei, ahora en contra de jueces y fiscales. Se trata de una vendetta que ha terminado afectando a todo el país con el debilitamiento de las instituciones que se encargan de la seguridad en Guatemala.

Una balacera en una fiesta en Jutiapa entre posibles narcotraficantes, el asesinato de una pareja de payasos que develó un cementerio clandestino de pandillas en Villa Nueva; crímenes en plena vía pública y a la luz del día, la posible incursión en el país de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación de México; la represión policial en las manifestaciones y el incremento de homicidios son algunos ejemplos de la ola de violencia que sucede en Guatemala. Cada día, decenas de twitts que anuncian homicidios, balaceras, heridos de bala, femicidios… 

Lo que comenzó como una venganza contra CICIG ha tenido consecuencias en el combate de la seguridad pública y el incremento de la criminalidad. Según el Ranking del Índice de Paz Global 2022, elaborado por el Institute for Economics and Peace, Guatemala es considerado uno de los países más peligrosos del mundo porque ocupa el lugar 106 de los 163 evaluados. 

En otro estudio sobre criminalidad publicado por Diálogos, la oenegé que realiza monitoreos y estudios sobre seguridad y justicia en el Triángulo Norte, se estima que al menos en 2021 hubo 2 mil 843 homicidios, lo que representó un aumento del 11 por ciento en comparación al año anterior y una tasa de 16,6 por cada 100,000 habitantes que tuvo un matiz a causa del cierre y cese de actividades debido a la pandemia de Covid19. 

“Nos preocupa el incremento de los homicidios, pero aún estamos mejor que en 2019. Esto no indica que estemos satisfechos, la situación económica incide en la criminalidad en general y a diario se planifican estrategias para minimizar esa situación”, dijo César Napoleón Barrientos, actual ministro de Gobernación en una entrevista en Noti 7 el domingo 10 de julio de este año.

Según expertos en Seguridad consultados para este tema, los últimos dos gobiernos, el de Jimmy Morales (2016-2020) y el de Alejandro Giammattei (2020-2024) han provocado poco a poco  un retroceso en las instituciones más importantes que se encargan de la gobernabilidad y la seguridad, entidades claves para una sana democracia. Todo comenzó en 2018, como indican los analistas, cuando Morales buscó debilitar y afectar a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) e impuso a un nuevo ministro, Enrique Degenhart, un personaje vinculado al partido Unionista y al clan del ex presidente Álvaro Arzú, que se encargó de desmantelar la cúpula policial que tenía un enfoque de Derechos Humanos. Degenhart llegó acompañado de funcionarios que provenían de la época oscura de la Policía Nacional, de décadas violentas como los 80`s y 90`s. 

“Cuando la gente percibe que aumenta la impunidad, la gente común y corriente se anima a cometer sus crímenes a resolver sus asuntos personales con violencia porque ve que las probabilidades de que lo capturen, lo enjuicien y lo condenen son bajas”, explicó Carlos Mendoza, coordinador académico de Diálogos.

Sandino Asturias, el coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala (CEG) apoya esta consideración y amplia que “los indicadores de violencia nos están diciendo que la situación está empeorando, la situación de muertes violentas, la violencia contra las mujeres es crítica (…) Básicamente en estos 2 años y medio hemos tenido más de 15 estados de prevención o estados de sitio, esto nos está llevando a que no hay politicas de seguridad ordinarias y permanentes sino estamos funcionando en la excepcionalidad”.

Giammattei, con su llegada al poder en enero de 2020, no mejoró el panorama que le heredaron, al contrario, ha utilizado sobre todo a la policía para reprimir a activistas de derechos humanos, comunidades sin hogar, a periodistas y opositores y manifestantes como se vio en las protestas del 21N de 2020 y en contra de estudiantes como las de junio de este año. 

¿La venganza personal de los políticos y sectores poderosos nos han llevado a un aumento de la violencia? ¿Gobernación y la PNC están más enfocados en defender a los gobernantes de turno que en proteger a los guatemaltecos? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué aumentan de nuevo los homicidios? No-Ficción hace un repaso de lo que ha sido esta cartera en los últimos años e intenta responder y explicar si existen retrocesos importantes en estas instituciones a cargo de la seguridad y la gobernanza. 

¿Intento por mejorar la policía? 

Mingob tiene a su cargo siete dependencias, entre ellas, la Policía. En 2007, aún en el último año de gobierno de Óscar Berger, la sociedad civil y la comunidad internacional plantearon depurar y sanear la institución a través de una Reforma Policial. 

Esta propuesta contenía, entre otras cosas, que funcionarios probos y honestos se colocaran al frente de la institución, y que todos ellos aprobaran pruebas de confiabilidad y de polígrafo para evitar filtraciones en los operativos. Además se proponía el respeto a la carrera policial para evitar nombramientos a dedo o de compadrazgo, implementar una política de prevención del delito y generar buenas relaciones con la comunidad. 

“El historial de la institución demandaba acciones rotundas de cambio, a fin de dejar atrás la trayectoria de contravenciones a los derechos humanos, la sujeción al poder militar y superar el cúmulo de escándalos (…) particularmente después del múltiple crimen cometido contra los diputados salvadoreños y su piloto, en febrero de 2007”, como reseñaba el documento La Policía que queremos: Plan de continuidad de la Reforma Policial, hecho por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés). 

El asesinato de los diputados salvadoreños y su piloto, al que se refiere el informe es el conocido Caso Parlacén en el que cuatro agentes de la policía guatemalteca fueron capturados por ser los sospechosos de cometer estos crímenes, pero meses después fueron asesinados dentro de la cárcel El Boquerón. 

“Cada vez que hacemos una evaluación de las fuerzas de seguridad tenemos que hacer la referencia histórica del modelo que se pretende implementar a partir de los Acuerdos de Paz, que es un modelo civil, democrático, de independencia de poderes, carrera profesional y en el caso policial apostar a que la policía sea la encargada de la seguridad ciudadana en el país”, comentó Sandino Asturias, del CEG.

La Reforma Policial fue autorizada hasta 2010 por medio de un Acuerdo Gubernativo, durante la administración de Álvaro Colom, con una duración de cuatro años, prorrogables. El Congreso le asignó un presupuesto de Q60 millones. En 2014 se aprobó una prórroga de cuatro años más que terminaron en 2018.

Helen Mack, activista de Derechos Humanos, fue la primera Comisionada Presidencial para la Reforma Policial en 2011. Ella propuso 5 ejes de trabajo: régimen disciplinario, investigación criminal, fortalecimiento de la Inspectoría General para investigar a los mismos policías, reclutamiento y selección de personal y carrera policial. Solamente estuvo en el puesto un año y según ella, debido a la falta de voluntad de las autoridades,se retiró. 

Durante su gestión fue criticada por el entonces ministro de Gobernación, Carlos Menocal, porque la ejecución presupuestaria fue de un 2% pues no se presentaron programas de trabajo. Mientras Mack se defendió argumentando que todos los planes que propuso no fueron aprobados por el entonces Ministro Menocal. Al finalizar ese año, ella dimitió.

En 2012, el cargo lo ocupó Adela Camacho de Torrebiarte, quien estuvo hasta 2018. Ella falleció en 2020 mientras ocupaba el cargo de diputada en el Congreso de la República. Camacho fue también la primera mujer en ser ministra de Gobernación (2007-2008) cuando se comenzó a hablar sobre la reforma. Sin embargo, tampoco logró mayor cambio.

“Ha existido un bloqueo en la continuidad y en la implementación de los procesos que conlleva el desarrollo institucional. Creo que ha habido una indiferencia, no es parte de su política, así lo veo yo, porque no hemos tenido una reunión (con Degenhart ni Jimmy Morales) y pues para mí sería muy difícil afirmar qué es lo que él va a hacer con la policía porque no conozco su política ni sus intereses hacia la PNC”, dijo Torrebiarte en una conferencia de prensa del 20 de mayo de 2018, el día en el que ella confirmó su renuncia al cargo. 

A pesar de los pocos avances que tuvo este intento de Reforma, el mayor de ellos se logró en la administración de Carlos Menocal (2010-2012), al colocar en los puestos de director y subdirector de la PNC a policías “honorables”. Eran agentes de carrera dentro de la institución, que habían pasado pruebas de polígrafo y que tenían el visto bueno de la Embajada de Estados Unidos. 

Francisco Quezada, analista en seguridad y justicia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó que, hasta la gestión de Mauricio López Bonilla, acusado en varios casos de corrupción y ministro en el gobierno de Otto Pérez Molina, se logró reabrir la academia de la PNC, se creó la escuela de oficiales y se graduaron varias promociones de agentes. Además, creó las Fuerzas de Tarea y el grupo de policías motorizados para combatir los robos en las calles (LOBOS) aunque esa modalidad no trascendió de su administración. 

El regreso a la oscuridad

La Policía Nacional Civil se fundó el 17 de julio de 1997 y uno de sus objetivos era que, bajo el mando del Mingob, tuviera un enfoque de derechos humanos y sin militares al mando, bajo las órdenes de gente honesta de la sociedad civil. Sin embargo, al menos 5 de los 22 ministros que han pasado por la cartera, y por tanto a cargo de la PNC, han tenido problemas con la justicia. 

Estos son tan solo algunos de los ex ministros involucrados en casos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales en las últimas dos décadas: 

• Byron Barrientos (agosto 2000-diciembre 2001) condenado a 9 años de prisión por el desfalco en Gobernación de Q3 millones. 
• Eduardo Arévalo Lacs (diciembre 2001-julio 2002) estuvo preso por desfalco de Q120 millones durante el gobierno de Alfonso Portilo. 
• Carlos Vielmann (2004-2007) estuvo preso y acusado de supuestas ejecuciones extrajudiciales, torturas y limpieza social durante su gestión. Asesinatos que se cometieron contra reos de las cárceles Pavón y El Infiernito. 
• Salvador Gándara (enero-julio 2009) condenado a 4 años de prisión por fraude y concusión en el caso Fraijanes II donde según los investigadores se realizó una malversación de Q17.4 millones para la remodelación del centro carcelario Fraijanes II. Él aún está involucrado en el caso Transurbano en el que aparecen otros ministros más del expresidente Álvaro Colom.
• Raúl Antonio Velásquez Gómez (julio 2009-febrero 2010) condenado a tres años de prisión conmutables por incumplimiento de deberes al omitir sus funciones también en el caso Fraijanes II. En octubre de 2018, fue absuelto por un tribunal del caso Maskana, luego de que según los jueces, el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes, donde estuvo acusado de malversar millones de quetzales destinados a la adquisición de gasolina para las patrullas policiales. 

El Plan para la Reforma Policial que buscaba “limpiar” a la cúpula de la PNC y a la del Ministerio de Gobernación se puso en marcha entre 2010 y 2017, bajo las administraciones de Carlos Menocal (marzo 2010-enero 2012). No obstante, con la llegada de Mauricio López Bonilla (enero 2012-mayo 2015) se volvió a contaminar el Ministerio de Gobernación con nuevos señalamientos. Bonilla está en prisión vinculado a nueve casos de corrupción, en dos de ellos ya tiene condena y además cuenta con una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. Luego llegaron Eunice Mendizábal (mayo-enero 2016) y Francisco Rivas (enero 2016-enero 2018). 

Para ese momento, ya había sucedido la caída del gobierno del Partido Patriota en la cual la CICIG dirigida por Iván Velásquez jugó el papel más importante en las investigaciones, las acusaciones y la coordinación de capturas en contra del expresidente Otto Pérez Molina, y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, además de varios miembros de su gabinete, políticos de otros partidos y empresarios. 

Con estos antecedentes, la CICIG fue tras uno de los hijos y el hermano del entonces presidente Jimmy Morales por el caso Botín Registro de la Propiedad donde los acusó de cometer fraude. Al final, ambos fueron absueltos de los cargos en agosto de 2019, apenas un mes después de que Jimmy Morales diera por terminado el mandato de la CICIG.

La estrategia de Morales fue debilitar y desmantelar a la extinta Comisión, como un acto de venganza, como consecuencia de diversos procesos penales planteados en contra de la familia del mandatario y señalamientos de delitos electorales cometidos por él durante la campaña proselitista de 2014. Esta vendetta política repercutió para que en enero de 2018, el presidente Morales destituyera a Francisco Rivas y en su lugar colocara como ministro del Interior a Enrique Degenhart Asturias. 

Degenhart fue Interventor del Instituto Guatemalteco de Migración de 2010 a 2012, además de haber sido empleado en la municipalidad de Guatemala bajo el mando de Álvaro Arzú y estar contratado al mismo tiempo en el Registro de la Propiedad, en 2017. Con su llegada a Gobernación, Degenhart nombró a Kamilo Rivera como viceministro de Seguridad. Rivera era parte del plan para obstaculizar a los investigadores que empezaban a hurgar en los asuntos oscuros del presidente Morales, sin embargo, este ex policía ligado a los escuadrones de la muerte de la administración de Vielmann, está prófugo desde octubre de 2018, con orden de captura tras ser señalado de participar en ejecuciones extrajudiciales y como parte del grupo criminal conocido como Los Riverita que operó desde la PNC entre 2004 a 2009 y que se dedicaron a la “limpieza social”.

“Degenhart llega por la negociación del expresidente y alcalde capitalino (Álvaro) Arzú Irigoyen con el Presidente Morales para coaligarse en el enfrentamiento a la CICIG”, cita el informe del FOSS. 

El nuevo ministro realizó los primeros cambios de la cúpula policial en febrero de 2018. El director y los subdirectores policiales, eran profesionales de carrera con cursos y especializaciones internacionales. Además, habían pasado por pruebas de confiabilidad y lograron mantener buen desempeño en temas de investigación y en el descenso de los índices de criminalidad. Nada de eso importó cuando fueron destituidos por el nuevo Ministro de Gobernación. 

“La PNC obtuvo éxitos sustanciales, incluida una disminución significativa en la tasa de homicidios, mejoras en la policía comunitaria y la seguridad escolar, y la creación de nuevas herramientas para combatir la criminalidad y mejorar la seguridad ciudadana”, manifestó en esa ocasión la embajada de Estados Unidos en un comunicado de prensa en el que rechazaba los cambios efectuados en la cùpula policial de Guatemala. 

En total, más de una docena de jefes policiales fueron despedidos en la administración de Degenhart. También retiró a 20 de los 45 agentes policiales asignados a CICIG y envió los vehículos J8 artillados, donados por Estados Unidos para combatir el narcotráfico y los designó para patrullar de manera intimidatoria afuera de las oficinas de la Comisión y de la embajada estadounidense. 

“El Mingob realizó cerca de 300 cambios a la estructura policial, entre ellos 136 ascensos sin solicitar requisitos a policías, no se atendió a ninguna convocatoria para elevar el rango policial saltando los procesos establecidos para ingresos, destituciones y ascensos”, dijo Nineth Montenegro, exdiputada de Encuentro por Guatemala, luego de una auditoría que hizo cuando aún estaba en el Congreso. 

A pesar de las críticas de organismos de derechos humanos, sociedad civil y de la comunidad internacional, Degenhart terminó su período junto con el expresidente Morales, con una administración marcada por la expulsión de la CICIG y retrocesos importantes en análisis e investigación criminal y grandes casos de corrupción. En lo que va del gobierno actual de Alejandro Giammattei, cuatro personas han  ocupado el cargo al frente de la cartera del Interior. Dos de ellos, como continuidad al patrón de regresar a los años más violentos de la guerra interna en Guatemala, han sido militares.

El primero fue el general, Edgar Godoy, quien estuvo solo seis meses y se retiró por problemas de salud. En abril de 2021 falleció. Fue subjefe del Estado Mayor de la Defensa con el expresidente Jorge Serrano Elías (1993) y también fue compañero de promoción del expresidente Otto Pérez Molina en la Escuela Politécnica. 

Lo relevó el exdiputado, Oliverio García Rodas quien estuvo 11 meses y renunció  por haber autorizado el funcionamiento de la organización pro aborto llamada Planned Parenthood en Guatemala. Esta decisión contravenia la propuesta gubernamental caracterizada por tener una postura pro vida ultra conservadora por lo que generó críticas del propio gobierno y de grupos conservadores. Después el viceministro, Gendri Reyes ocupó el cargo hasta enero de 2022. Desde entonces el ministro actual es otro militar, el general David Napoleón Barrientos, quien está en el puesto desde entonces. 

En diciembre de 2021, el tercer ministro de Giammattei, Gendri Reyes se casó con Sandra Patricia Sandoval, diputada de FCN-Nación quien ha sido vinculada con miembros del narcotráfico, en una lujosa boda. La gestión de este ministro fue criticada por organizaciones de derechos humanos debido al uso excesivo de la fuerza policial en las manifestaciones públicas contra ciudadanos, activistas sociales y periodistas, incluso con heridos de gravedad, personas criminalizadas, y dos víctimas que perdieron un ojo como consecuencia de la represión. 

Para Carlos Mendoza, coordinador académico de Diálogos, la represión policial contra manifestantes que se vio el 21 de noviembre de 2020 con la cartera a cargo de Gendri Reyes fue otro punto de quiebre entre tener una policía al servicio de la población y una policía represiva.

Durante la administración de Barrientos, quien previo a ser ministro fue asesor desde 2018 de esa misma cartera, se ha develado un polémico contrato de 600 millones de quetzales para construir una cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla. 

Según las publicaciones del portal Guatecompras y de medios como Prensa Libre, el Mingob firmará el contrato con el consorcio mexicano Innovaciones Técnicas en Cimentación, S.A. de CV (Itecsa), Inmobiliaria Rancho Sierra e Internacional Heavy Construction, Inc.. Este conglomerado de empresas enfrenta señalamientos y procesos legales en México por obras inconclusas y por negocios con Juan Orlando y Tony Hernández Alvarado, el expresidente de Honduras y su hermano, extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.

“Habíamos avanzado en fortalecer a la policía, en profesionalizarla, en que la policía empezara a crecer en número y calidad. Es por eso que Degenhart es un parteaguas, es el que retrocede lo avanzado, destruye la policía que hay prestigiada en ese momento. Desde entonces, creo que sí hay una intención al modelo autoritario que de alguna manera ahora se está implementando con militares dirigiendo el Ministerio de Gobernación”, explicó Sandino Asturias, coordinador general del CEG. 

Las consecuencias de la cooptación 

El ministro David Napoleón Barrientos, en la misma intervención que tuvo en Noti 7, enumeró entre sus logros la desarticulación de 32 estructuras criminales, en su mayoría extorsionistas, 350 capturas de personas señaladas de diversos delitos y la implementación del Plan 19-2022 que incluye la transformación policial en el marco de los 25 años de aniversario de la institución. También dijo que los agentes de Disetur y Dipafront llevan 3 meses estudiando inglés en el IGA, mientras que otro grupo se capacita en investigación criminal con el respaldo de la Universidad de San Carlos. 

Pero, para Carlos Mendoza de Diálogos, “si la entidad especializada que es la policía se deteriora institucionalmente pues tarde o temprano va a haber un efecto (en el incremento de violencia y homicidios), y ese efecto se está viendo en 2021 y 2022. Porque 2021 subió respecto a 2020 y 2022 muy probablemente va a subir respecto al año previo, así que estos son los dos años consecutivos donde está subiendo la violencia después de que tuvimos 11 años de descenso”. 

Durante junio de 2022, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) en conjunto con la organización Diálogos denunciaron a través del diario Prensa Libre que el Ministerio de Gobernación (Mingob) les negó todas las solicitudes de datos relacionados a la incidencia criminal (homicidios, lesionados y extorsiones). Estas organizaciones han utilizado esta información desde hace 22 años para hacer análisis de seguridad. 

Mingob y la Policía Nacional Civil (PNC) argumentaron, por primera vez en dos décadas, que la información era “confidencial” y ante la insistencia y denuncia de ambas organizaciones, declararon públicamente que esos datos ya “no existían en sus archivos”. Tampoco entregaron estas estadísticas a los medios de comunicación. 

El pasado domingo 17 de julio, la PNC cumplió 25 años desde su creación y el viernes 15, Barrientos y el presidente Alejandro Giammattei, celebraron este aniversario con un enorme evento. “La situación de seguridad es muy compleja hoy por hoy y luego de 25 años creemos que es importante corregir algunas asimetrías, algunas debilidades que hemos identificado, algunos problemas”, dijo Barrientos en la actividad, sin especificar a qué problemas se refería.

En el plan de gobierno de Vamos -actual partido oficial- presentado durante la campaña de 2019, el presidente Giammattei tenía contemplado propiciar la organización comunitaria (protección civil) que permitiera adoptar acciones en los barrios, colonias y zonas, para conocer a sus residentes, canalizar información para detectar casos sospechosos y que la PNC auxiliara a los vecinos. También se proponía ayudar a jóvenes en riesgo a través de programas sociales. Giammattei, recordando su pasado como director de presidios, años en los que fue acusado por la CICIG de participar en ejecuciones extrajudiciales, también prometió un control total de presidios y la reducción de índices delictivos. 

Sin embargo, la percepción de los analistas coincide en que la seguridad ciudadana no parece ser la prioridad de las autoridades. “Se están dedicando a otras cosas, al espionaje de la oposición política, de la sociedad civil que es crítica al gobierno, etc. Creo que es un retroceso democrático, no es solo de estas instituciones porque eso lo estamos viendo en todo, la captura o cooptación de las entidades públicas de esta ola regresiva y es una cuestión de tendencia autoritaria”, manifestó Mendoza.

Los expertos también señalaron que la ciudadanía debe expresar su rechazo a lo que sucede en términos de seguridad y de esta ola de violencia en las próximas elecciones pues será en las urnas en donde pueden generar un cambio a lo que se ha vivido en los últimos años, que consiste en una venganza personal de políticos y sectores poderosos en contra de todos aquellos que los investigaron por diversos delitos de gran corrupción y que, con el retroceso actual del Mingob, se ha repercutido en el aumento de homicidios en Guatemala.