En esta entrevista hablamos con Neydi Juracán Morales, defensora de derechos humanos, activista por la tierra y directora suplente del Comité Campesino del Altiplano CCDA. Actualmente es parte del Consejo Directivo de Fontierras como delegada de organizaciones campesinas. Juracán habla sobre la crisis que se vive en materia agraria y de territorio en el país y de cómo este sigue siendo una deuda pendiente y permanente hacía poblaciones indígenas.

En la tercera entrega de nuestro especial de entrevistas “500 años” continuamos la conversación y reflexión sobre el proceso de colonización y lo que ha significado en la historia de  poblaciones indígenas en Guatemala.  

Una de las principales problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas es la tenencia y recuperación de tierras. El territorio ha sido motivo de disputa en distintos momentos de la historia guatemalteca. Esto ha dejado múltiples secuelas en la vida de los habitantes. 

En esta entrevista hablamos con Neydi Juracán Morales, directora suplente del Comité Campesino del Altiplano CCDA y quien actualmente ocupa integra el consejo directivo del Fondo de Tierras (Fontierras) como delegada de organizaciones campesinas. Juracán también fue parte del Consejo Superior Universitario como representante estudiantil de la facultad de Agronomía y con la posesión de Walter Mazariegos, en mayo de 2024 se le abrió un expediente disciplinario acusada de haber tomado las instalaciones de la USAC.

Neydi Juracán es originaria de San Lucas Tolimán, Sololá. Inició su participación en el movimiento social agrario hace 20 años, en la comisión de juventud del Comité Campesino del Altiplano (CCDA). 

En su paso por el movimiento agrario, ha impulsado el tema de acceso y tenencia de tierras para mujeres indígenas dentro de la agenda de trabajo de CCDA. En lo colectivo se enfocan en el tema de regularización y recuperación de territorios históricos a través de los mecanismos legales existentes en el país.

Según Juracán, a pesar de que durante la firma de los Acuerdos de Paz se establecieron mecanismos para acceder a tierras, la desigualdad, el acaparamiento y el despojo son la realidad del campo guatemalteco en la actualidad.

Cuando se habla de tenencia y distribución de tierra ¿Cómo se encuentra Guatemala?

Desde el 2003, con el último censo agropecuario nacional, no hay registros que nos permitan desde la parte gubernamental determinar con claridad esta situación. Pero desde esos registros había una situación de desigualdad bastante marcada, que  suma también otro elemento: el tema de las mujeres. Sí ya es complicado para las familias indígenas campesinas,  la situación de las mujeres es aún peor debido a las múltiples etapas de despojo. Cada vez los pueblos originarios y los campesinos tenemos menos tierra. Y cada vez hay más acaparamiento por parte de los terratenientes.

¿Puede poner un ejemplo?

Por ejemplo, en la época de Justo Rufino Barrios, en todo el tema  del café en las fincas, ahí hubo un despojo y acaparamiento bastante difícil para los pueblos originarios. Y, entonces, a pesar de que actualmente ya hay muy poca tierra para los campesinos, para las familias indígenas, se continúa despojándo la poca tierra en los territorios. 

Esta problemática en el norte es bastante fuerte. Cuando analizamos todo el tema de la guerra que vivimos, justo es en estos territorios donde se concentraron la mayor cantidad de masacres, de violación de derechos humanos y de desplazamiento forzado de las familias indígenas y campesinas.  Resulta que ahora es donde hay mayor concentración de iniciativas extractivistas, minerías, hidroeléctricas, monocultivos. Y lo que preocupa es que se hace uso del aparato estatal para defender esta violación de derechos. Se hace uso de la Policía y militares a través del Ministerio de Gobernación para violentar a ciudadanos.

Actualmente no tenemos registros en el país de cómo está distribuida la tierra, pero registros alternativos si determinan que más del 85% de la tierra en condiciones productivas están concentradas en menos del 2% de la población.

¿Considera que el proceso de colonización de hace 500 años sobre territorio guatemalteco se vincula con las problemáticas actuales sobre tierra?

Desde la colonización y la invasión ha habido distintos momentos de fuerte acaparamiento de  tierras cultivables, con recursos hídricos.  Introdujeron el cultivo de caña de azúcar, algodón, café, cultivos enfocados en la exportación.  Desde el momento de la colonización y la creación del Estado se creó un modelo de producción y explotación.

Se fue creando todo un Estado para llegar al punto de vivir una independencia. Pero  realmente no fue una Independencia para el pueblo guatemalteco, sino para los criollos de la Corona española. Es bastante impactante analizar esta parte de la historia. Porque aconteció que los pueblos originarios ya nos encontrábamos en nuestros territorios, pero teníamos que solicitar permisos a la Corona española sobre nuestros propios territorios.

Hoy día todavía siguen existiendo cédulas reales, comones. Pero, cuando lo analizamos a profundidad, fue un documento que la corona española otorgó a los pueblos originarios, pero éramos nosotros los que estábamos ya en estos en estos territorios. Tiene una lógica que responde al modelo de desarrollo basado en el extractivismo y en el acaparamiento  de capital. No solamente capital económico, sino también capital humano.  Cada vez nos fueron despojando más y transformando lo que era nuestro territorio en un territorio que respondiera a esa lógica mercantilista.

¿Qué mecanismos se han utilizado para despojar a las poblaciones de sus territorios? 

Es bastante complejo porque durante toda la historia ha sido a costa de actos muy violentos y tienen que ver mucho con la colonización porque en sus mentes seguimos siendo un Estado racista. La situación de violación a derechos de pueblos originarios sigue vigente, responde  a ese modelo de desarrollo. Y preocupa porque hay leyes, como el Código Penal, que ahora es utilizado para perseguir a los campesinos y poblaciones indígenas que están en su territorio. Son juzgados como criminales de alta categoría por defender su territorio.  

Ahora resulta que ya no solamente es la figura del  terrateniente, sino que también tenemos diputados que responden a eso.  Crean cooperativas, crean asociaciones para acaparar la tierra. Y se han ido impregnando en todas las estructuras que se tiene del Estado para  continuar criminalizando. No solamente desde el legislativo, sino también en el judicial y ahora el Ministerio Público.   

En el año 2022 se da el cierre de la Secretaría de este Asuntos Agrarios, COPREDE, que eran logros de la firma de los Acuerdos de Paz. Por lo contrario, se impulsan otras iniciativas como la fiscalía contra la usurpación, que en realidad es una fiscalía para perseguir a quienes defienden su territorio. La creación del observatorio de la propiedad privada, que responde a los intereses de  la Asociación de terratenientes que defienden la propiedad privada. Entonces cierran las instituciones que, de alguna manera, eran un mecanismo para solventar la situación agraria, y por otra abren mecanismos para violentar los derechos. 

¿Cuáles han sido las principales afectaciones que giran en torno a la tenencia de tierra para los pueblos indígenas?

Una de las principales afectaciones ha sido el despojo de los territorios, pero también las formas de organización. Cómo han ido rompiendo el tejido social y han intentado instaurar formas y mecanismos de organización que les sea útil para sostener este Estado. Incluso han intentado sectorizar en nuestros propios territorios a la población.  La judicialización de quienes defienden la tierra. Montan casos para quienes son defensores de la tierra, del territorio. Nosotros acompañamos comunidades. Por ejemplo, hay una comunidad en Santa Rosa, en donde 56 de sus miembros tienen orden de captura. En Alta Verapaz también tenemos Río Cristalino, en donde  de 32 familias, 29 tienen orden de captura: familias completas, esposo y  esposa.

Esto va generando una situación complicada, porque el mensaje es claro, si se defiende el territorio, te encarcelan, te estigmatizan o  te matan.  La situación que tenemos actualmente es la migración. Si bien es cierto que los pueblos originarios tenemos en nuestra historia algunas épocas, etapas de migración que tienen que ver con temas cíclicos y demás, en este momento hay una migración forzada porque no hay condiciones de estar en los territorios;  entonces se ve como  única posibilidad salir del país. La contaminación de los bienes y el cambio de vida de quienes habitamos estos territorios por esa contaminación, y  por  la conflictividad social, que va acompañando siempre la conflictividad agraria o la conflictividad que se ha generado en los territorios.   A esto se suma el empobrecimiento por no tener tierra en donde sembrar y con esto no se tiene seguridad alimentaria. 

En la actualidad, ¿qué ha pasado con las tierras comunales? ¿Cómo sigue vigente?

Todavía hay tierras comunales. Por ejemplo  en el municipio vecino de Santiago Atitlán se sigue teniendo esta iniciativa. Pero cada vez es más violentada y por el propio Estado. Son declarados territorios baldíos  y luego, como son territorios baldíos, pasan a ser del Estado y este asigna un nuevo dueño. 

En el Petén tenemos territorios que históricamente han sido de comunidades indígenas y ahora el narcotráfico también se suma a jugar un rol en esta situación.  Entonces siguen existiendo estos territorios, pero el mismo Estado no los reconoce como tal y si en alguna medida hay mecanismos internacionales como el convenio 169 o convenios marco para los Derechos de los Pueblos Originarios se siguen violentando. 

Las tierras comunales prácticamente están sobreviviendo en medio de este Estado, y es importante resguardarlas. Yo habito en el territorio del suroccidente y me da la posibilidad de conocer un poco el occidente, pero también la parte sur. Y  los cambios son bastante complicados, en el sur ya no encontramos tierras comunales. Y las pequeñas comunidades que siguen sobreviviendo en medio de las fincas cada vez son más encerradas, son más desplazadas, cada vez tienen menos tierra. A veces nos encontramos con espacios de entre  15 por 10 metros.  A veces viven hasta cinco familias en ese espacio. Entonces son condiciones bastante complejas.

¿Ustedes cuentan con registros de cuánta tierra está en manos de población indígena y si estas están siendo en este momento motivos de disputa?

El desmantelamiento del Estado en el tema de corrupción ha llegado a niveles también de desaparecer los registros históricos. Por ejemplo, con la Secretaría de Asuntos Agrarios si contábamos con algunos datos al respecto de los casos que acompaña cada una de las organizaciones. Comunidades que habían sido recuperadas, comunidades que estaban en situación de conflicto, comunidades que ya habían sido desalojadas. Con el cierre de la Secretaría de Asuntos Agrarios en el 2022 los datos también desaparecieron.  

Resulta que no hay datos, no hay registros de nada. Afortunadamente las organizaciones tenemos nuestros propios registros, pero el Estado, las entidades gubernamentales, no las tienen.  Las organizaciones ya trasladamos todos nuestros registros y están en una etapa de revisión y validación de esa documentación. Nosotros asumimos en agosto, tenemos tres meses de haber asumido y cuando tenemos una situación de conflicto la información está dispersa.  Existe un departamento jurídico que nos debe asesorar sobre estas situaciones y, dado que la información está dispersa, no hemos tenido la posibilidad de tener un caso bien fundamentado.

Ante esto lo que hemos ido realizando nosotros, ha sido ampararnos bajo estudios y generación de conocimiento: estudios antropológicos, estudios históricos, estudios catastrales que nos ha permitido determinar el tiempo y el momento en el cual se ha dado la conflictividad.  

En el registro de información catastral, muchas veces las fincas están sobrepuestas. Entonces, resulta que es una tierra comunal o una tierra de un pueblo originario, pero que hay gente que ya tiene un título de que su tierra está por encima de esa comunidad. Entonces, ahí se empieza a generar un conflicto.  Pero ha sido el mismo Estado con sus instituciones que ha que han permitido esta situación. 

Ahora, con este acuerdo agrario de organizaciones, estamos planteando la creación de  un mecanismo de atención a crisis. Porque consideramos que el país ya está en crisis. En materia de conflictividad agraria,  este año, a pesar de que tenemos un nuevo objetivo, se han seguido dando desalojos. Han seguido los asesinatos y encarcelamientos por defender la tierra. Entonces existe la necesidad de crear un mecanismo que atienda esta situación.

Entendemos que no va a haber una solución profunda de momento, sino más bien nos encontramos en un proceso de esa transformación. Nos preocupa, porque nos parece  que el golpe de Estado se sigue intentando fraguar. Hay una intención de tener a funcionarios públicos y a políticos en espacios de toma de decisión importantes para seguir manteniendo este modelo que les permita continuar con el despojo y el acaparamiento a costa de lo que sea, incluso de la vida de quienes habitan sus territorios.

Luego de ponerle  fin a los más de 36 años de conflicto armado interno y con la llegada de la firma de los acuerdos de paz, se crearon instituciones para garantizar el acceso a tierra, ¿Han sido estas funcionales? 

Después de 25 años de la creación de esta institucionalidad, la única que sobrevive es el Fondo de Tiernas. Nos parece que no ha sido funcional del todo.  Es una pequeña ventana de oportunidad para algunas familias, pero también ha sido un mecanismo para continuar con ese control. Nos parece que la única institucionalidad que queda en este momento claramente se constituyó con ciertos sectores como la Cámara del Agro. La intención era convertirlo en un mercado de tierras, donde pudieran ofertar fincas que ya no les erán útiles a altos costos para endeudarnos a las familias campesinas e indígenas y ellos siempre seguir con el acaparamiento de nuestros recursos. 

Nos preocupa que cada vez más el Fondo de Tierras ha sido desmantelado. Es una institución que tiene poca asignación presupuestaria para la situación que tenemos. Cada vez hay menos presupuesto asignado para el acceso a tierra, menos presupuesto para la regularización. El presupuesto más frondoso es para arrendamientos y al final termina favoreciendo a terratenientes. Porque entonces les pagamos por cultivar en tierra que era nuestra y que nos despojaron. Y encima tenemos que brindar ciertos servicios como limpiar el cultivo de hule, limpiar de la caña, limpiar cualquier otro cultivo que ellos tengan en estas áreas que nos arrendan. 

El 67% de su presupuesto es asignado para el funcionamiento y solo el 33% es asignado para inversión. El Fondo de Tierras se convirtió  también en un tema de gobierno,  en una posibilidad de saqueo de las arcas del Estado. También tiene temas de corrupción, Incluso ahora en el caso B- 410  hay un punto que también incluye al mismo Fondo de Tierras por la asignación de una compra a una entidad.

Hay una necesidad de hacer una auditoría para conocer cómo está la situación a profundidad, pero también empezar a trabajar la carta estratégica del fondo. Queremos una institucionalidad agraria que sí responda a las demandas indígenas y campesinas. Y que ya no sea un mercado de tierras, sino que realmente funcione como un mecanismo para asignar tierra a quienes tienen poca tierra o quienes no tengan nada de tierra.

¿Qué condiciones tendría que haber para qué exista un acceso a la tierra?

Muy radicalmente, nos parece que tienen que cambiar el modelo de desarrollo. Porque mientras este modelo de desarrollo siga existiendo, y siga estableciéndose en nuestro territorio, siempre va a haber una intención de despojo de la tierra y de nuestros bienes naturales. Nos preocupa porque vemos a este nuevo gobierno muy cercano a Estados Unidos. Guatemala ha tenido una historia también complicada con Estados Unidos, con el Norte Global. Por el hecho de pertenecer al Sur global tenemos una situación complicada.

Entonces no vemos mucha posibilidad de hacer una transformación en lo inmediato. Pero pensamos en la gran necesidad de transformar el Estado mismo. Entendemos que no hay condiciones, entendemos que para realizar esto tenemos  que lograr avanzar mucho más en estos territorios. Pero es hacia donde deberíamos encaminar la autonomía y la autodeterminación. Los territorios son elementos importantes para continuar con el cese de este  despojo. Y creo que la organización y el avance que tuvimos en los 106 días, desde septiembre a enero, para garantizar la transición democrática en el país, fue un ejemplo real de cómo, desde los territorios, es posible garantizar  el desarrollo desde la autodeterminación y la autonomía propia.