La crisis generada por la Covid-19 ha puesto en evidencia las carestías con que médicos, enfermeras y personal sanitario de Guatemala lidian cada día. 80 servidores públicos respondieron a un formulario donde el 94 por ciento niegan contar con los insumos más básicos.  

“En la institución no se ha capacitado al personal frente al Coronavirus. No se ha informado o promocionado el protocolo de manejo, incluso a los que nos encontramos en la emergencia. Tampoco se nos proporciona de forma rutinaria los implementos como mascarillas, lentes o gel. Se tiene que ‘suplicar’ al personal de enfermería para que hagan el esfuerzo de proporcionar una solamente por turno”, expone un el testimonio del Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, en Antigua Guatemala.

“Somos un lugar fronterizo con México y hay muchos puntos ciegos por donde ingresa una cantidad enorme de gente, sin control. Estamos a 325 km. de la Ciudad capital, brindamos atención las 24 horas y no contamos con gel, ni jabón líquido, ni cloro, ni Equipo de Protección Personal (EPP) para atender casos de Covid-19”, se lee en otra denuncia recogida desde Cuilco, Huehuetenango.

“Existe total carencia de mascarillas tanto quirúrgicas como N95. No hay suficiente alcohol en gel u otros desinfectantes para el lavado de manos. Los R3 (grado de médico residente) desconocen los protocolos de manejo de los pacientes con COVID a pesar de que las autoridades aseguran que estos existen”, detalla una persona que labora en el Hospital Roosevelt, en la Ciudad de Guatemala.

“A ningún médico le dan ningún material de protección. Ni siquiera a la compañera que está clasificando los casos. Hay kits dicen pero se abren solo con un caso muy sospechoso. No desinfectan espacios cuando sale un paciente y entra otro”, es una de las respuestas que se registran desde el Hospital Nacional Ernestina García Viuda de Recinos en Jutiapa.

Estos testimonios fueron recopilados por iniciativa de la bancada del Movimiento Semilla, a través de un formulario realizado por la diputada Lucrecia Hernández Mack, ex ministra de salud entre 2016 y 2017, para servidores de salud pública a nivel nacional. El objetivo era sondear qué tan preparado está el Sistema de Salud de Guatemala para afrontar la crisis sanitaria que podría provocar la COVID-19.

Según los lineamientos internacionales, el personal sanitario que atiende a los pacientes con enfermedades respiratorias agudas, presunta o confirmada Covid-19, debe tomar precauciones adicionales contra la transmisión por contacto o por secreción. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al personal sanitario usar el EPP, que consiste en llevar guantes desechables, bata de manga larga limpia, mascarilla de uso médico que proteja la nariz y la boca, y protección ocular (gafas o pantalla fácil). Y para la toma de muestras, en donde existe un riesgo de contagio más alto, se requieren mascarillas respiratorias, como la que cuenta con respirador N95.

Ante estos lineamientos tan específicos para proteger a los trabajadores de la salud, se hace aún más evidente la precariedad del sistema de salud guatemalteco y las preocupaciones del personal sanitario ante la débil respuesta del Estado. 

“No hay logística. No hay equipos. No hay medicamentos” 

“No hay logística. No hay equipos. No hay medicamentos”, se lee en una respuesta enviada desde Guastatoya, en El Progreso, dentro de las recogidas por la diputada Lucrecia Hernández.

Este cuestionario, que fue compartido a través de las redes sociales del partido Semilla y sus representantes, se utilizó para conocer la situación de los empleados de salud y conocer cuáles eran sus necesidades prioritarias. A pesar de que solo estuvo abierto dos días (el 18 y 19 de marzo), por la premura, y que se le solicitaba a los aplicantes datos personales, se recopilaron 80 respuestas. La mayoría eran del Ministerio de Salud seguido por el IGSS, y luego personal que labora en otros servicios de salud a nivel nacional.

“Buscamos (dar) un acompañamiento efectivo, que el personal logre tener su EPP, acompañamiento emocional y jornadas no tan intensas ni extensas, pero no queremos estorbar, ni ir a contaminarnos, ni a contaminar,” explica la diputada Hernández sobre los motivos para abrir ese canal de comunicación con el personal de salud.

En el formulario se les preguntó el lugar donde trabajan, si cuentan con protocolos para reaccionar ante la enfermedad, para protegerse y prevenir el contagio y por último, si se les proporciona los insumos necesarios para tratar el Coronavirus de forma segura. 

Los resultados evidenciaron que el personal de salud considera que le hace falta protección en cuanto a equipo e información; que existe un ambiente laboral hostil en el que “prevalece el miedo”, que la infraestructura hospitalaria es precaria e inadecuada y que no cuentan con el equipo necesario para atender una crisis.

El dato más alarmante de los resultados fue que el 94% respondió que no cuentan con los insumos suficientes para su protección: guantes, mascarillas, jabón, alcohol en gel, entre otros. De esta muestra el 66% aseguró que su lugar de trabajo cuenta con protocolos para la detección y atención de casos de Coronavirus y el 34% dijo que no. Sobre haber recibido capacitaciones de cómo protegerse para prevenir la infección, 52% dijo que no a comparación de un 48% que dijo que sí.

Instalan mesa de diálogo en hospital San Juan de Dios

“No hay mascarillas N95. Las mascarillas convencionales son escasas y las están limitando. No hay un monitoreo mínimo de temperatura al ingreso de todos los trabajadores al hospital.  No hay suficientes dispensadores de jabón, ni alcohol en gel ni toallas de papel para secarse las manos”, es uno de los testimonios que recopila la mayoría de las denuncias desde el Hospital General San Juan de Dios.

La mayoría de las respuestas recogidas en el formulario provenían del Hospital San Juan de Dios, por lo que se instaló una mesa de diálogo entre autoridades y médicos residentes. 

Debido al ambiente en los diferentes hospitales y puestos de salud, las personas que enviaron sus respuestas, solicitaron el anonimato por temor a represalias y denunciaron hostilidad en el área de trabajo. Por esta razón, no se pudo hablar con ningún médico del San Juan de Dios que sí conforme la mesa de diálogo para mantener abastecido el hospital, o perteneciera al área de infectología.

El doctor Napoleón Méndez, jefe de la emergencia de ese hospital, a pesar de no participar en esa mesa, considera que se han tenido avances en cuanto al equipamiento del personal. Este explicó que se tiene contabilizado que se necesitan entre 25 y 30 Equipos de Protección Personal para el personal en máximo riesgo, incluyendo a los paramédicos, el personal de limpieza y sanitización, etc. 

Sin embargo, el director de Emergencias del San Juan de Dios sigue considerando que no hay equipo suficiente.  

“No todos tienen mascarilla N95 porque se han acabado. Pero no es una cuestión de plata. Las que sí hay están sobrevaloradas, las venden por hasta 10 veces su precio. Se han dado varios problemas y nos ha costado conseguir. Al momento, los que de verdad han necesitado mascarillas por exposición, se han protegido con las que hay”, asegura Napoleón Méndez.

“Va a llegar un momento en el que quien se va a arriesgar es la población. Porque los doctores no van a poder atender a alguien por el riesgo al contagio, si no hay equipo. Es un suicidio”, asegura el jefe de emergencias del hospital público con más afluencia del país. “A mí me hicieron la prueba porque estuve en riesgo, y nunca vi un resultado como cuando te notifican si tu prueba salió positiva o negativa. Yo como clínico necesito saber quién es positivo y quién es negativo con base en las pruebas. Vemos hermetismo en los diagnósticos”, explica Méndez.

Como puede leerse en los formularios, el personal hospitalario está preocupado ante un posible contagio, y empeoramiento de la crisis del Coronavirus. Sobretodo, luego de la suspensión de 29 médicos residentes y 2 jefes de emergencia del Hospital Roosevelt, el pasado viernes 3 de abril tras confirmarse que estuvieron expuestos a un caso que posteriormente dio positivo. 

La comunicación y el manejo de la crisis es algo que el personal médico, los funcionarios y los periodistas consideran un riesgo. Por su parte, el personal de los hospitales considera riesgoso que no se les informa de forma escrita, ni explícita el resultado de las pruebas. 

La forma en la que el Ministerio de Salud Pública responde a las necesidades de la población es a través de tres niveles que dependen del grado de atención que se necesite. Según la página web, con esto buscan “optimizar los recursos humanos y técnicos”.

El primer nivel se conforma con los puestos y centro comunitarios de salud que están distribuidos en diferentes comunidades; el segundo consiste en los Centros de Salud de las cabeceras municipales, los Centros de Atención Materno-infantil, Hospitales Generales o Distritales y Clínicas Periféricas. Y en el tercer nivel se encuentran los hospitales nacionales y especializados, que son pocos y atienden los casos que los otros dos niveles no pueden.

La red de salud nacional consiste de 1,231 centros y puestos de salud, y 45 hospitales en todos los departamentos del país.

¿Quién fiscaliza para garantizar que el personal de salud cuente con lo que necesita?

La PDH junto con la Contraloría General de Cuentas y el Congreso tienen la autoridad para fiscalizar cómo se están utilizando los recursos y si se está garantizando la salud. En esta crisis, cada institución ha tomado su propio iniciativa.

El Congreso de la República aprobó una ampliación presupuestaria de Q11 mil millones y el uso Q230 millones del Fondo de Emergencia,para afrontar la crisis generada por la Covid-19. Pero aún así, el personal de salud insistió en el formulario que no se les están dando los insumos necesarios, ni siquiera los que no son de compras.

“Hay algunas cuestiones que no implican compras como la elaboración de protocolos de atención a las personas como para protección del personal, o programas de apoyo mental y emocional que tampoco se ha hecho”, explica la diputada Lucrecia Hernández.

La PDH ha abierto un expediente, y realiza evaluaciones presenciales, para conocer las condiciones de abastecimiento y denuncias del personal de salud. Según Zulma Calderón, esperan cerrar el expediente la semana del 13 de abril para comenzar con el análisis de la información y, de ser necesario, acciones legales.

La doctora Zulma Calderón, defensora de Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), aseguró a No-Ficción que según las evaluaciones más recientes que han hecho en los centros de salud de dónde han recibido denuncias, los hospitales han apresurado compras de mascarillas pero los proveedores las ofrecen a precios muy altos que limitan la capacidad de comprar más por la misma cantidad de dinero. Aunque asegura que sí hay y ha habido insumos cuando se ha necesitado, pero de forma limitada.

Desde que se decretó el Estado de Calamidad en febrero de este año, el Organismo Ejecutivo ha realizado compras grandes e importantes, pero algunas con errores. Como una adquisición de Q20 millones mascarillas que se adjudicó sin que la empresa favorecida tuviera existencia. Por lo que el pasado 9 de abril, la PDH emitió un comunicado sobre un proceso de adquisición de mascarillas cancelado por el Ministerio de Salud. 

Según la Procuraduría, la cartera de salud no consideró la Ley de Contrataciones del Estado al concluir ese e iniciar otro, desperdiciando tiempo “valioso ante la emergencia sanitaria”, se lee en el mensaje de la PDH.

“El lunes 6 de abril, por ejemplo, verificamos la cantidad de insumos que tienen en el IGSS de zona 9. Solo ahí, había 4 mil mascarillas quirúrgicas y 15 mil más que llegaban al siguiente día. Y de las N95 -las mascarillas recomendadas por la OMS para el personal que realiza los TEST-tenían en existencia 450 y esperaban 5 mil más. Y hemos verificado también los hospitales más grandes, como el San Juan de Dios donde tenían 550 mascarillas N95 y quirúrgicas tenían 5 mil”, detalló la defensora de la PDH.

En el caso de la Contraloría General de Cuentas, a pesar de la cantidad de dinero que se asignó a la emergencia, no se instaló un equipo especial como sí se hizo para la tragedia tras la erupción del Volcán de Fuego que soterró una comunidad completa, dejó varias con daños estructurales, una carretera nacional cerrada por unas semanas y un número incierto de personas fallecidas, aún dos años después. Por el momento, esperan que se realicen más gastos para monitorear y activar una alerta temprana, de ser necesario, y atienden denuncias. 

Según la comunicadora Mónica Monge, de la Contraloría General de Cuentas, todas las delegaciones de fiscalización a nivel nacional están monitoreando los portales utilizados por las municipalidades durante el estado de emergencia. Y pueden recabar datos para después sugerir una auditoría especial, que puede tardar hasta un año. Y de encontrar hallazgo, se resuelve únicamente con una multa.

Y por el otro lado, la falta de acceso a la información por parte del ministro y del equipo de comunicación ha sido inconsistente y escasa. “Hemos visto un hermetismo por parte de las autoridades de salud para brindar información, tener reuniones e incluso para responder a requerimientos de información. No nos la envían, hacemos preguntas directas al Ministro y nos responde alguien más con información incompleta. Y nos han denegado el acceso a consulta al módulo sugerido de compras para poder ver cómo están comprando los hospitales… Dos veces”, dice la diputada Lucrecia Hernández. 

Se intentó tener la versión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) sobre estos señalamientos, pero no hubo respuesta de alguna autoridad competente. 

La falta de insumos y protección para el personal hospitalario es un problema nacional. “Estamos viendo la repercusión del abandono del Sistema de Salud Pública en Guatemala. Hoy está abriendo los ojos porque está tocando fibras. Porque el que tiene plata siempre ha estado supeditado de depender del sistema de salud pública, pero ahora el que tiene plata no puede salir del país y los hospitales privados empiezan a cerrar sus puertas”, explica el Dr. Méndez. Y continúa, “todo se va a centralizar en la salud pública y al fin vamos a aprender que este debería de ser uno de los pilares más importantes del país”.