En Chiapas, un corredor principal de la migración centroamericana hacia el sur de México, niños y niñas que viajan solos llegan a albergues temporales en donde los encierran. Una reforma legal no evita aún que, en la práctica, también los lleven a otros centros para adultos, llamados estaciones migratorias, a veces estrechas, a donde también los privan de libertad.  Nadie estudia mucho cada caso y casi todos son devueltos a sus países de origen.

N* no recuerda mucho de su tiempo en México, dice que no le gusta hacerlo. Aunque si se esfuerza y cierra los ojos, le vienen algunas memorias del albergue donde estuvo: las paredes altas, de concreto, que culminan con un cerco de rejas de metal para impedir que alguien pueda saltar. Eso le hacía sentir como si hubiese hecho algo malo, “como si estuviera preso”. También recuerda las tardes en el patio, las caras de algunos chicos que, como él, habían migrado. Pero, sobre todo,  las ganas que tenía de irse, de seguir con su viaje, ese que había empezado en las montañas de Chajul en Quiché, Guatemala; y que terminaba en Estados Unidos, donde lo esperaba su papá con un trabajo. 

N. tenía 17 años cuando, en 2022, el furgón en el que iba escondido fue interceptado por la Guardia Nacional Mexicana en Chiapas, estado fronterizo con Guatemala. Cuando las autoridades abrieron la puerta trasera, descubrieron a más de cien migrantes hacinados, la mayoría de ellos niños y adolescentes centroamericanos que viajaban solos, sin familiares.

Lo llevaron al Albergue Temporal para Menores Migrantes “Viva Mexico”, un centro gubernamental del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia – DIF- estatal que queda en Tapachula, al sur de Chiapas. Recuerda que pasó ahí un poco menos de un mes antes de regresar a Guatemala. Lo devolvieron mediante un procedimiento que las autoridades mexicanas llaman “retorno voluntario asistido”.

N. afirma que en México nadie le habló de la posibilidad del refugio, ni de la reunificación familiar. Aunque dice que igual no hubiera aceptado; para él, México solo era un tránsito.

En los últimos 10 años, según las cifras oficiales, el Instituto Nacional de Migración de México detuvo a un poco más de 377 mil niños, niñas y adolescentes que entraron de forma irregular al territorio mexicano. Aunque con los años las rutas son cada vez más diversas, Chiapas sigue siendo el principal paso de la migración centroamericana que, en la mayoría de casos, busca llegar a Estados Unidos.

Del 2014 al 2022, solo en Chiapas se reportaron 126,937 detenciones de menores que migraban de forma irregular  Es decir, el 30% del total de detenciones en todo el país. De ellos, 38,175 viajaban sin compañía, sin un familiar o tutor responsable.

Ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos a los niños mientras estaban detenidos en las estaciones migratorias, un grupo de organizaciones impulsó una reforma a la Ley de Migración y de Refugiados con el fin de proteger a la niñez y adolescencia migrante. En 2021 entró en vigencia.

En términos generales, la reforma establece que los niños, niñas y adolescentes y sus familias no pueden ser detenidos ni privados de la libertad en estaciones migratorias, los centros a donde encierran a los adultos. Algo que también está regulado en el Reglamento de la Ley General para Niños, niñas y adolescentes.

En cambio, después de su “canalización”, como suelen llamar las autoridades mexicanas a su detención y registro, deben ser puestos a disposición de las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quienes deben elaborar un plan de restitución de derechos para decidir qué es lo mejor para cada niño.

Generalmente las procuradurías pueden concluir en cualquiera de estas tres opciones: retornarlos a sus países de origen; iniciar un proceso de refugio si su caso lo amerita, o propiciar la reunificación familiar en México o en Estados Unidos.

La reforma también contempla que las Procuradurías deben remitir a los chicos  a Centros de Asistencia Social -CAS- comúnmente conocidos como albergues del Sistema DIF estatales, municipales o federales; o, si en estos no hay capacidad, en alguno de la sociedad civil. El objetivo es evitar su detención y resguardarlos mientras se soluciona su situación migratoria. 

Aunque en teoría la reforma suponía un avance en  derechos para la niñez, a dos años de su aprobación,  en la práctica la detención se repite a diario.

En colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), No Ficción hizo 24 solicitudes de información pública a 12 ayuntamientos de Chiapas, incluyendo al Sistema DIF Estatal y Federal, para conocer las condiciones en las que se alojan a las niñas y niños migrantes en albergues de  México. Los datos recabados de las 9 dependencias que respondieron a la solicitud, además de entrevistas a migrantes, funcionarios y organizaciones de derechos humanos, indican que los albergues no sólo no tienen la capacidad suficiente para recibir al creciente flujo de niños y adolescentes migrantes que pasan por México, sino que la mayoría de ellos están diseñados para estancias temporales y para el encierro. Es decir, que los niños y niñas no pueden salir de ahí, aunque quisieran.

Muros, rejas y privación de libertad

De acuerdo con la información proporcionada por los gobiernos municipales y el estatal, en Chiapas, hay al menos 11 Centros de Asistencia Social o albergues pertenecientes a los sistemas DIF, que abrigan a estos migrantes menores de 17 años. Cinco de los centros son para aquellos que van acompañados de algún familiar, o para familias enteras y estos sí son de puertas abiertas: las personas pueden entrar y salir de las instalaciones por su propia cuenta y sin ningún impedimento.

Los otros seis albergues son exclusivos para  personas de  0 a 17 años de edad que viajan solos, sin compañía de algún tutor o adulto responsable y son  todos a “puerta cerrada”. 

Los chicos y chicas no pueden salir de las instalaciones del centro bajo ningún motivo y por eso la mayoría tiene guardias de seguridad en las entradas, que impiden el ingreso de personas no autorizadas y la salida de los recluidos. En un contexto particularmente peligroso, la justificación oficial del encierro es que lo hacen para mantenerlos protegidos. Sin embargo, organizaciones sociales  llevan años denunciando que estas prácticas de privación de libertad representan una clara violación a los derechos humanos. Y, más que por seguridad, responden a una política migratoria en donde prima la detención.

A pesar de sus diferencias en capacidad, los albergues comparten el mismo modelo de instalaciones: habitaciones compartidas con literas, baños y duchas en filas.

Según la información proporcionada por los albergues, y contrastada a través de entrevistas a niños, todos cuentan con al menos un patio para recreación y un aula en donde, en ocasiones, realizan talleres o actividades en grupo. Además los albergados tienen que cumplir horarios para levantarse, desayunar, almorzar y cenar.

Aunque dentro del recinto pueden moverse con una relativa tranquilidad, no tienen ningún contacto con el mundo exterior.  Gabrielle Low, oficinal de terreno de Acnur en Tuxtla, y quien se ha encargado de monitorear los albergues en Chiapas,  explica que son muy poco frecuentes actividades fuera de los albergues, como salidas a parques o lugares de recreación. Lo que se traduce en “muy poca o nula integración con el entorno y con los habitantes del lugar”.

Además, según los testimonios de niños y niñas que pasaron por los albergues, así como de trabajadores de organizaciones no gubernamentales que lograron tener acceso, los celulares o dispositivos móviles tampocos son permitidos dentro del centro. Para poder hablar con familiares, los niños y niñas deben solicitar hacerlo a través de las autoridades del albergue, o a la persona delegada por las procuradurías.

Diana de León, asesora legal del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, una organización de la sociedad civil que se encarga de velar por los derechos de las personas en movimiento,  explica que, además de la libertad de locomoción, el derecho a la educación es uno de los más vulnerados dentro de los albergues. Aunque todos cuentan con al menos un aula, ninguno tiene un programa de educación.

Para Tania Ramírez de la Red por los Derechos de la Infancia -REDIM- “ es imposible mantener la regularidad cuando está diseñado para ser un paso más antes del inminente retorno”.

Viva México es uno de los centros  más grandes, con una capacidad para acoger  a 80 niños y adolescentes varones de 12 a 17 años. De enero de 2021 a septiembre de 2022, ha recibido un total de 2,521 de ellosel 39% del total de los detenidos por migración durante ese mismo tiempo.

De acuerdo con la información oficial del albergue, Viva México cuenta con 20 habitaciones, un patio grande y un aula para lectura. Además, reciben con frecuencia a organizaciones de la sociedad civil que desarrollan programas de juegos con los niños. Y aunque este albergue es conocido por ser uno de los “espacios más dignos”, María Morfín del proyecto La Jugarreta, asegura que “el encierro es un fantasma que sigue acechando a las infancias”.

Aunque el albergue tiene 5,805 m2 de extensión, todo está rodeado por paredes de más de 5 metros de altura y rejas de metal. Por fuera, parece una cárcel.

“Además de estar encerrado, lo peor es que no te dicen cuánto tiempo vas a estar”, recuerda N*, el adolescente que estuvo que estuvo albergado unas semanas antes de ser retornado a Guatemala.

El Centro de Asistencia Social para niñas y mujeres jóvenes en Tapachula, conocido como el “Albergue del DIF Municipal” es, al contrario de Viva México, un espacio pequeño. Tiene capacidad para 20 personas, , una diferencia considerable comparada con el de varones y bastante baja tomando en cuenta que, solo en 2022, el INM registró 30,790 detenciones de niñas y adolescentes mujeres en Chiapas. Según los reportes de la Procuraduría de Tapachula, de enero a noviembre de ese mismo año enviaron  a 117 niñas  a los sistemas DIF.

Es un edificio cerrado y tiene ventanas con rejas. “Cuando yo fui me dijeron que las niñas no pueden acercarse a las ventanas porque hay gente que puede molestarlas y tienen que resguardar su seguridad. Pero es preocupante que ni siquiera puedan estar cerca”, cuenta Gabrielle Low.

Para este reportaje se solicitaron entrevistas con autoridades del DIF en Chiapas y con directores de los albergues Viva México y el Albergue Municipal Temporario para niñas migrantes en Tapachula. Sin embargo, a través de su enlace de comunicación, todas fueron negadas argumentando que “se tratan de temas delicados relacionados con niñez y adolescencia”. Tampoco fue posible entrar a los albergues.

También le ha negado la entrada al personal de Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova que, hasta antes de la pandemia, monitoreba algunos albergues.

Diana de León, dice que “suspendieron  con la excusa del COVID. Pero apelamos a esto porque hemos visto que han dejado entrar a otras organizaciones”.

De León intuye que la negativa es porque ellos han presentado varios informes y denuncias, especialmente con relación a la privación de libertad. Para ella, esto es un claro ejemplo de cómo funcionan las puertas cerradas. “Hay secretismo y opacidad en los centros”, afirma.

Para Low, de ACNUR, no tiene que ver con la voluntad de los directores, sino es, más bien, un reto institucional. “Para el personal del DIF es difícil cambiar un modelo de privación de libertad porque existe este miedo de que escapen bajo tu cuidado. Nadie quiere ser la persona responsable cuando hubo una fuga”.  

Según datos oficiales del DIF de Chiapas, de enero de 2021 a noviembre de 2022 se han registrado 103 fugas o egresos no autorizados en los albergues para niños y adolescentes no acompañados. Sin embargo, el DIF solo cuenta con las estadísticas de los chicos albergados en  Viva México y en el temporal para menores migrantes de Palenque; las autoridades no consignan información cuando se trata de niñas, por lo que no es posible saber los datos con exactitud

“ Cuando nosotros estuvimos en uno de los albergues del DIF nos enteramos que algunos adolescentes se habían ido y otros lo habían intentado. Después supimos que mandaron a hacer las paredes más altas”, dice un miembro de una organización social que ha trabajado proyectos especiales con los albergues y pidió no revelar su identidad por temor a represalias.

¿Seguridad o encierro? La paradoja

María Isabel Remolina, asociada de ACNUR México, afirma que la poca experiencia del Sistema DIF en la atención a personas en movimiento  llevó a que no se establecieran  procedimientos claros en los albergues del sur del país y a replicar el  encierro que anteriormente tenía el Instituto de Migración.

Explica que es un tema complicado, porque si bien el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a los niños no acompañados y garantizarles su seguridad, no puede hacerlo  restringiéndoles la libertad. ¿Cómo cuidarlos entonces? Ese es el desafío. 

“Esa es la dinámica que ha permanecido por años. Pero ya demostramos que hay otras formas de cuidar que no atentan contra sus derechos”, asegura Remolina.

“Es como cuando tienes un niño en tu casa, no le dejas la puerta abierta, le pones límites, pero tampoco lo tienes encerrado todo el tiempo”, agrega. Además afirma que el trabajo de ACNUR y de Naciones Unidas se ha volcado en incidir para que esto cambie.

En 2019, UNICEF  trabajó junto con el sistema DIF en un “Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en México”, que prioriza el cuidado comunitario sobre la institucionalización y pone como pilar evitar encerrarles.

Este modelo responde también a las directrices sobre las modalidades alternativas de   la Asamblea General de Naciones Unidas, que establece que “los Estados deberían cesar de manera inmediata la detención de niños afectados por la migración y permitirles permanecer con su familia o tutores en un contexto comunitario y no privativo de la libertad mientras se discierne su estatuto de residencia”.

Pero no solo se trata de los estándares internacionales. El propio  Reglamento de la Ley General para Niños, niñas y adolescentes de México, en su artículo 11, establece que “en ningún momento las niñas, niños o adolescentes migrantes, independientemente de que viajen o no en compañía de una persona adulta, serán privados de la libertad en estaciones migratorias o en cualquier otro centro de detención migratoria”.

“Aunque, los albergues no son estaciones migratorias, en términos estrictos de la palabra, se está violando este derecho”, explica Remolina.

«Si a un niño lo privas de su libertad y no le das más opciones, los orillas a que la única salida sea retornar a los mismos países de donde huyeron»Diana de León.

De acuerdo con el DIF de Chiapas, el tiempo promedio de estadía de los niños, niñas y  adolescentes en albergues del sistema es de 7 a 15 días. Solo aquellos que piden refugio o están en proceso de reunificación están por más de un mes. Pero son casos contados

Solo en 2022, las procuradurías de Tapachula- el municipio que más recibe niños migrantes- remitieron a 401 niños, niñas y adolescentes a albergues del sistema DIF. De ellos, 303 fueron retornados a sus países de origen, es decir, el 75%.

En diciembre pasado, una investigación del medio mexicano Animal Político reveló que el gobierno mexicano no está cumpliendo el nuevo protocolo migratorio y solo el 19% de la niñez migrante pasa por el nuevo sistema de protección.

Esa  investigación periodística  expuso también que las deportaciones ocurren porque la niñez no está pasando por el procedimiento acordado por ley. Además se ha registrado uso de machotes -o plantillas- en los planes de restitución, que se firman en grupo y sin analizar el interés superior cada niño, así como las razones por las que migró.

Diana de León cree que el enfoque privativo de libertad de los albergues del DIF responde también a la política migratoria mexicana, que en los últimos años ha priorizado la deportación sobre las otras opciones.  La organización ha recibido testimonios de niños que reportan que en el DIF les han dicho que pueden acceder a la libertad cuando el padre, madre o tutor se encuentren de manera regular en México. Además, que la solicitud de refugio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados puede tomar mucho tiempo.

Si los niños están en un sitio encerrado, creado para estancias cortas, con muy poca o nada de información sobre sus opciones de reunificación o solicitud de refugio, sumado a que no hay procedimientos claros que aseguren su paso por el el sistema de protección, “es obvio que muchos de los niños y adolescentes se vean orillados a pedir que sean retornados y así quizás poder volver a migrar”, afirma de León. 

Es lo que le pasó a N*, quien asegura que él mismo pidió que fuera deportado a Guatemala, porque nadie le explicaba qué le iba a pasar. Ante la desesperación, lo único que pensaba era en continuar su viaje. Lo dijo con dificultad, porque el español no es su idioma natal, sino el maya k’iche’. “Quería ir a donde están mis papás, en los Estados (Unidos)”. Y eso para él era la libertad.

Según los informes del Centro Fray Matías, recopilados a través de entrevistas a niños migrantes,  a la mayoría de ellos no les informan sobre su situación o el procedimiento migratorio que están por llevar.  “Son casos muy contados en los que hay algún traductor”, dice de León.

Tania Ramírez, de la Red por los derechos de la infancia en México, afirma que el sistema mexicano tiene aún un reto muy importante para cambiar la perspectiva centrada en los adultos. Ella explica que a los niños rara vez los consultan sobre cuáles son sus planes de vida.

Para María Morfín, que ha impulsado actividades que fomentan la participación de los niños y niñas  en la toma de decisiones, “es fácil darse cuenta que muchos han huído de la violencia y quieren reencontrarse con su familia”. Sin embargo, la poca información  “los pone en un estado de mucha ansiedad y estrés” agrega.

No solo se trata de la salud mental. Las prácticas de detención pueden también desencadenar en grandes trangedias. El pasado 27 de marzo, al menos 39 personas migrantes adultas murieron en un incendio en una estación migratoria de Ciudad de Juárez. Según los reportes de organizaciones sociales y medios de comunicación, los migrantes estaban encerrados y no pudieron salir.

Pero no es el único antecedente, en otros albergues, como el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala  56 niñas fueron víctimas de un incendio, 41 de ellas murieron. Todas estaban en condición de encierro.  Para Gabrielle Low, de ACNUR,  “Es imposible predecir si esto va a estallar en algún momento, o si será de la misma forma, por eso es importante cambiar el sistema de detención”.

Además, el encierro también tiene efectos en la movilidad, pues ante el temor de ser detenidos y encerrados “los niños  migrantes buscarán rutas más peligrosas.” explica Low. 

En lo que coinciden los expertos es que la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados que huyen de Centroamérica no parará. Y mientras eso siga ocurriendo,  México será el principal punto de tránsito. La tarea para el gobierno mexicano será entonces lograr que la estancia sea más digna.

 N. regresó a casa, para irse de nuevo.

Después de ser deportado a Guatemala,  N* volvió a su aldea por un mes y migró de nuevo. Lo hizo de la misma forma, dentro de un furgón que atravesó México.  Ahora vive ahora en Ohio, con su papá y sus tíos. Recién cumplió 18 años  y trabaja en un restaurante como cocinero. Aún continúa pagando su deuda con el coyote y espera ahorrar suficiente dinero para poder costear el viaje de su hermanita. Un viaje como el de él, escondida dentro de un camión.

***

*Omitimos su nombre por razones de seguridad y para resguardar su identidad por tratarse de un adolescente.

Esta historia fue realizada gracias al apoyo de la Google News Initiative y con la colaboración del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)