En este episodio del podcast Esto no es normal, producido por No Ficción, los periodistas Amanda Chiquitó, David Toro y Carolina Gamazo analizan cómo el sistema de justicia en Guatemala aplica penas y clasificaciones delictivas de forma desigual. A partir de tres casos emblemáticos, y la entrevista al abogado Julio Prado, el programa plantea reflexiona sobre una pregunta: ¿a quién beneficia realmente el sistema judicial?
El más reciente episodio del podcast Esto no es normal expone cómo el sistema judicial guatemalteco aplica la ley de forma desigual, beneficiando a acusados con poder o influencia mediante cambios en la tipificación de delitos y penas reducidas, mientras criminaliza a líderes comunitarios que cuestionan al poder local. A través de tres casos —Melissa Palacios, Floridalma Roque y Sebastiana Pablo Hernández—, los periodistas evidencian cómo la justicia favorece a algunos y castiga con dureza a otros, revelando un uso selectivo y opaco de mecanismos como el derecho premial.
El caso de Melissa Palacios: Justicia con omisiones
Melissa, una joven universitaria de Zacapa, fue asesinada en 2021. Aunque las investigaciones apuntaron a una planificación premeditada por parte de María Fernanda Bonilla y otro implicado, el juez a cargo cambió el delito de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta. Además, excluyó pruebas clave como mensajes que evidenciaban la conspiración. Tres años después, el caso apenas se acerca a una posible etapa de juicio.
Kevin Malouf: Crimen, cirugía y condena reducida
El cirujano plástico Kevin Malouf fue condenado por la muerte y desaparición de su paciente Floridalma Roque. Aunque las pruebas evidenciaban omisiones médicas y encubrimiento del cadáver, el juez reclasificó el delito como homicidio culposo. Malouf aceptó cargos y recibió una condena de tres años conmutables y una multa de poco más de 1,300 dólares. No fue a prisión. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia, argumentando que hubo dolo y no debió modificarse la tipificación.
Sebastiana Pablo Hernández: Castigo por protestar
En contraste, la lideresa maya k’iche’ Sebastiana Pablo fue encarcelada durante casi un año tras una manifestación en Joyabaj, Quiché, contra el alcalde Florencio Carrascoza, señalado por corrupción. Acusada sin pruebas suficientes de sedición e incendio, Sebastiana fue una de las pocas que se negó a aceptar cargos. Su caso evidenció cómo el sistema judicial se emplea también para castigar la disidencia, especialmente en comunidades indígenas y rurales.
Una justicia negociada: entrevista con Julio Prado
Carolina Gamazo entrevistó al abogado Julio Prado, exfiscal de la FECI, quien explicó que la figura del “derecho premial” —el beneficio legal por aceptar cargos— es común en sistemas judiciales como el de Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que en Guatemala esta herramienta puede ser manipulada y aplicada de forma desigual, favoreciendo a ciertos acusados y afectando la credibilidad del sistema.
“El problema no es el derecho premial en sí, sino cómo se negocian y tipifican los delitos sin criterios uniformes”, señaló Prado.
¿Justicia para quién?
El episodio concluye con una reflexión inquietante: en Guatemala, la justicia no se imparte con la misma severidad o indulgencia para todos. Las decisiones judiciales parecen depender no solo de los hechos, sino del poder, el contexto social o la presión mediática. Casos similares reciben tratamientos drásticamente diferentes, y eso, como bien señala el nombre del programa, no es normal.
