¿Es normal que los alcaldes en Guatemala evadan sus responsabilidades? En el segundo episodio de “Esto no es normal”, cuestionamos esta práctica común que afecta a todo el país. Junto a Asier Andrés y Oswaldo Hernández, Amanda Chiquitó analiza cómo las municipalidades evaden deberes cruciales como el agua potable, la basura y el transporte público, a pesar de estar en el Código Municipal. Exploramos su tendencia a culpar al gobierno central y la controversia con nuevas leyes como la de clasificación de residuos, con la opinión del abogado Rony López.
¿Es normal que las autoridades municipales en Guatemala ignoren sus deberes fundamentales? En este análisis del segundo episodio del podcast “Esto no es normal”, exploramos el tema de la evasión de responsabilidades por parte de los alcaldes en Guatemala. Este podcast quincenal continúa cuestionando las problemáticas que se han normalizado en la sociedad guatemalteca. En este caso, partimos de los diferentes bloqueos y oposición al nuevo reglamento de separación de basura.
¿Qué Obligaciones Fundamentales Tienen los Alcaldes en Guatemala?
En este episodio, se pone sobre la mesa que varios asuntos básicos que impactan directamente en la vida de los ciudadanos son competencia municipal. Asier Andrés explica: “Si lo pensamos, varios de los asuntos básicos que más inciden en cómo vivimos son temas de competencia municipal. Que tengamos agua potable, depende de las municipalidades.
También el transporte público; o el alcantarillado o que no vivamos rodeados de basura”. Se detalla que el Código Municipal establece como competencias propias el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado, el tratamiento y disposición de desechos, la limpieza y ornato, la pavimentación y mantenimiento de vías, la regulación del transporte, y el ordenamiento territorial.
La Tendencia a Evadir y Desviar Responsabilidades
A pesar de estas claras obligaciones, se señala una tendencia preocupante. Asier Andrés comenta: “Es común que los alcaldes señalen al gobierno central o al Congreso para desviar sus responsabilidades. El caos vial no es culpa de las munis, si no de la PNC o de Comunicaciones. Si hay problema con el agua, es porque Segeplan no acompaña a las munis…”.
Se argumenta que esta postura de presentarse siempre como débiles o dependientes del gobierno central les permite evadir las responsabilidades que sí les competen.
La Cruda Realidad: Datos sobre Agua, Saneamiento y Basura
El episodio presenta datos que evidencian el incumplimiento de estas responsabilidades. En el tema del agua, aunque la mayoría tiene acceso, gran parte se debe a la gestión comunitaria (88%), mientras que las municipalidades gestionan solo alrededor del 5%. Respecto al alcantarillado, un alarmante 49% de los hogares no están conectados a una red de drenajes .
En cuanto a la basura, solo la mitad de los hogares utiliza un servicio de extracción, con un alto porcentaje quemando o desechando incorrectamente los residuos8 . Ante regulaciones como el Reglamento de Descarga de Aguas Residuales y el que obliga a la clasificación de residuos, se observa una resistencia por parte de las municipalidades, buscando prórrogas o suspensiones.
La Polémica por la Clasificación de Residuos y la Voz de los Expertos
La implementación de la clasificación de residuos desató controversia. El alcalde de Mixco, Neto Bran, incluso llamó a bloqueos como forma de protesta . Al respecto, el abogado Rony López, entrevistado en el programa, opina: “Es legítimo que las municipalidades, a través de la ANAM o alcaldes en lo individual utilicen los medios legales que da la ley”, explica Rony Linares.
“Lo que no es legítimo ni aconsejable es que tomen medidas de hecho. Porque después pues se están dando un mal ejemplo para los vecinos”.
Rony López también señala la falta de preparación para la implementación del reglamento: “Lo que yo siento es de que faltó, durante los 2 años, desde que se emitió el reglamento en el 2016, y las prórrogas para los que todo el mundo se quedó cruzado a brazos a esperar el plazo fatídico”.
López también aborda la percepción de que la nueva normativa podría afectar la autonomía municipal, al otorgar al Ministerio de Ambiente la potestad sancionatoria directa a los ciudadanos.
