El periodismo está en alto riesgo en Centroamérica y México. Ejercer este oficio, “el mejor del mundo”, conlleva la posibilidad real de perder la vida, la integridad física, o de vivir bajo acoso y verse forzado al exilio. En Guatemala, el 2022 dejó un saldo de criminalización en contra de la prensa, pero los periodistas se han organizado en el colectivo #NoNosCallarán para hacer frente ante las amenazas. 

Guatemala vive uno de sus peores momentos de la era democrática. Más de 50 personas, entre jueces, fiscales, activistas y periodistas,  han salido al exilio, desde julio del año pasado. El caso más reciente de ataque contra la libertad de expresión fue la captura del reconocido comunicador, José Rubén Zamora Marroquín, propietario y presidente del diario elPeriódico. Permanece en prisión desde finales de julio de este año y enfrentará un juicio por supuesto lavado de dinero y otros delitos, en 2023. 

La persecución en contra de algunos medios y periodistas que denunciaron, o investigaron, la corrupción gubernamental, así como algunos casos en los que había trabajado la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la Naciones Unidas, se agudizó desde el inicio del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en enero de 2020. 

Evelyn Blanck es periodista desde hace 40 años. Fue subdirectora de la extinta revista Crónica y columnista de opinión en el desaparecido periódico Siglo XXI. Desde el año 2000, decidió apoyar al periodismo en temas de formación y seguridad, desde la sociedad civil, por lo que tiene un amplio reconocimiento en el sector, primero desde la Asociación Doses, y más tarde, en 2008, creando Cívitas, una organización que ofrece formación a periodistas departamentales. Actualmente, Blanck es integrante de “No Nos Callarán”, un movimiento que surge a raíz de un chat de WhatsApp y, después, Signal, en el que, colegas periodistas, denuncian y resisten los embates contra el periodismo independiente. Para conocer más sobre este grupo y  el panorama que vive la prensa en Guatemala, conversamos con Evelyn Blanck. 

¿De dónde surge la idea de la campaña No Nos Callarán?

Se arma espontáneamente, recién entrado el gobierno de Giammattei (en el año 2020). Empieza el cierre de fuentes informativas, la dificultad de periodistas de conseguir las entrevistas con funcionarios públicos, los hostigamientos por medio de los net centers. Entonces se va formando un chat donde varios colegas periodistas comenzamos a discutir y dialogar y se llamó “Prensa Contra la Censura”. Había una iniciativa medio difusa de hacer algo, de denunciar esa situación. Primero, fueron los comunicados públicos de “No Nos Callarán”, denunciando todo lo que estaba sucediendo con la prensa. 

Hará unos dos años de una reunión con la Defensora de Periodistas, Ruth Del Valle, para hacer estas denuncias y exigir que se hiciera algo. No hubo mucho eco, pero, a raíz de esa entrevista, por ejemplo, es que nosotros hacemos un informe como “Rompe El Miedo”, sobre el derecho a la Información. Decimos, aquí lo que nos queda es investigar y hacer la denuncia si se puede a nivel internacional y poco a poco el grupo va adquiriendo identidad.

Se decide empezar a trabajar para recoger la propuesta del grupo y se hace una serie de talleres, se arma un plan estratégico, se valida y, ahí, queda como una ruta de acción del No Nos Callarán que ya contempla otro tipo de acciones, más allá de la denuncia: la decisión de no dejar olvidada la necesaria formación. También se arma un organigrama, hay un grupito que asume la responsabilidad de impulsar las acciones, de buscar financiamientos para hacer las primeras operaciones del plan y ha habido varios talleres. 

¿Qué casos de censura y persecución han marcado especialmente al periodismo en Guatemala durante 2022?

Hubo un impacto muy especial del caso de José Rubén Zamora (fundador y presidente del diario elPeriódico). Esa acción generó temor entre el resto de periodistas. De hecho, veíamos a muchos periodistas jóvenes, o de los departamentos, decir: ‘No, si esto le pasó a él, qué no nos pueden hacer a nosotros’. Ese hecho no solo generó un impacto fuera del país, sino también adentro en términos de miedo.

¿Quiénes son el  blanco principal de estos ataques: periodistas reconocidos solamente, o hay también ataques al periodismo comunitario?

Aquí estamos diferenciando dos tipos de agresiones: el objetivo es silenciar y amenazar a periodistas que están denunciando corrupción en el Estado. Por ejemplo, a nivel capitalino, periodistas que están tocando intereses de los altos funcionarios relacionados con la criminalización de operadores de justicia, con la CICIG, con la corrupción en el gobierno; esto es un gran grupo de periodistas atacados. Pero luego, observamos el otro campo diferenciado que se conecta de alguna manera con este poder político, que es el campo de los intereses económicos de grupos. 

Estoy hablando de sitios donde hay defensa del territorio, derechos colectivos, de pueblos indígenas, de derecho al medio ambiente, de minería, de tala de árboles por la electrificación del país. Ahí es donde se genera no solo la violación contra comunitarios sino también contra periodistas. Estos dos grandes campos están ligados y lo que los liga es el poder de estos actores, el poder que tienen sobre  el Estado.

¿Esto es algo reciente o desde cuándo se viene dando?

La violencia contra periodistas ha sido un continúo histórico. Generalmente, la tendencia de más de 10 años, de 15 años, es de acallar a la prensa por medio de las amenazas. Así es como se ha generado la autocensura. Entonces, la mayor parte de agresiones eran amenazas y coacciones. Antes de los net centers. 

Durante el gobierno de Giammattei, la situación se recrudeció de manera terrible porque se completa este proceso de la cooptación de las Cortes de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, la oficina del Procurador de Derechos Humanos. Eso provoca enormes perjuicios.

Para nosotros, que acompañamos periodistas, se ha triplicado el esfuerzo de poder defender a colegas que han criminalizado porque, ahora, también hay que actuar denunciando al sistema de justicia. Es un gran esfuerzo lograr que haya defensa porque también hay otros defensores y defensoras que están siendo criminalizados y los fondos de emergencia se agotan. Esa labor se ha vuelto complicadísima. 

¿Cuáles son los cambios entre las intimidaciones y amenazas de antes con las que vemos ahora?

Hay un mayor nivel de violencia, que es notorio en el discurso de redes sociales y que nos afecta mucho también a las mujeres periodistas, porque es un discurso misógino que impacta. 

«“Te mato del miedo, te sales del país y me dejas el territorio libre”».

¿Cómo ha sido el apoyo de la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público?

Lamentablemente ha habido un retroceso. Nosotros (Cívitas) trabajamos, en algún tiempo, con la fiscalía para mejorar sus conocimientos en términos de marcos jurídicos internacionales pero, sobre todo, este último año vimos un retroceso feroz, la fiscalía estaba desestimando casos por docenas. La fiscalía de Delitos Contra Periodistas no está respondiendo como debe. 

¿Estos ataques a la prensa son parte de un problema mayor, vinculado a la corrupción? 

Si uno analiza todo lo que está pasando hay una estrategia que no solo es local, trasciende fronteras y lamentablemente hemos tenido ejemplos como el de Nicaragua o como el de Honduras. Muchas de estas acciones se están poniendo en marcha en Guatemala. Se pusieron en marcha antes porque aquí los negocios no han sido locales, son regionales. 

¿Qué están haciendo específicamente las Cámaras, Asociaciones y propietarios de medios contra esta ofensiva? 

Lamentablemente, hay factores que han posibilitado estas situaciones, por ejemplo, el quiebre del modelo económico de los medios tradicionales. Entonces, tienes una prensa bastante endeble que se tiene que plegar, de alguna manera, para sobrevivir. La prensa no está en su mejor momento para repeler esto y, por eso, es tan importante el apoyo a periodistas y a los medios independientes. Están siendo groseramente atacados y atemorizados, porque, aquí, la cosa es: ´Mejor, te mato del miedo, te sales del país y me dejas el territorio libre’. 

¿Cómo cree que ha sido la cobertura de los propios medios respecto a esta situación?

Creo que ha faltado mucho por decir. Ha habido coberturas, denuncias muy valientes (…), pero creo que, precisamente por la debilidad de la prensa en Guatemala, falta mucho mucho por contar. 

¿Se ha producido cierre de espacios y boicot comercial en Guatemala?

Sí. Tenemos conocimiento de boicot comercial, que no es algo nuevo. Por ejemplo, periodistas y medios independientes que, encima, son afectados con criminalización, están enfrentando esta otra práctica histórica que es el boicot comercial. (También) empresarios de medios que son presionados para sacar a estos programas de sus espacios. 

En el caso de Zamora es evidente que no solo querían meterlo preso; lo que querían era cerrar el medio, y finalmente lo lograron. 

¿Han pensado en alguna alianza regional para protegerse de todo estos ataques?

Si, esta iniciativa que surge en el Foro Centroamericano de Periodismo (ForoCAP) en Antigua (Guatemala) de crear la Red Centroamericana de Periodismo, pero también estuvo No Nos Callarán ahí trabajando la alianza. Los periodistas están conscientes de que, aquí, nos toca enfrentar esto juntos porque estamos enfrentando las mismas situaciones que son incompatibles con la prensa. 

¿Qué está haciendo el periodismo para resistir?

Lamentablemente, muchos colegas han tenido que salir fuera del país. Es interesante cómo se están moviendo fuera porque, incluso, muchos periodistas de países centroamericanos hablan de la posibilidad de instalar las redacciones en México para no dejar de reportar lo que está sucediendo. Lo contrario a esto es que se acabó la prensa independiente en nuestros países. Aquí dentro (en Guatemala), lo que seguimos haciendo es la denuncia de las situaciones que suceden, el acompañamiento de casos, y nosotros siempre estamos informando a organismos internacionales. 

¿Qué puede o debe hacer la ciudadanía para que no le arrebaten su derecho a la información?

Creo que la ciudadanía puede no estar muy consciente realmente de lo que significa para la sociedad tener una prensa libre, es algo que hay que ir trabajando sin duda. Ojalá que la ciudadanía realmente vaya tomando conciencia de lo que implica no tener medios independientes.