Es temprano aún para concluir si la elección de las gobernaciones departamentales fue o no un éxito o siquiera una medida acertada, a partir de las reformas que el presidente Bernardo Arévalo De León aplicó cuando apenas asumió la Presidencia de Guatemala en enero de 2024. En un solo acto cambió la dinámica que prevaleció durante dos décadas para elegir a los representantes del Ejecutivo en cada uno de los 22 departamentos del país.

“El tiempo lo va a decir“, responde Luis Linares, analista en temas municipales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), “hay muchos gobernadores nuevos de quienes no conocemos sus antecedentes. Aunque también hubo satisfacción, especialmente con los gobernadores de Occidente”, añade. 

Se refiere a casos como los de Sacatepéquez, Sololá y San Marcos, departamentos donde ahora son Gobernadores una lideresa y dos líderes indígenas quienes han jugado roles como auditores sociales, han participado activamente en procesos comunitarios y, además, fueron actores clave durante las manifestaciones para defender los resultados electorales en 2023.

Carmen Reina, consultora en investigación social y participación ciudadana, explica que, aparte de sus liderazgos relevantes, las y los gobernadores son profesionales universitarios y capacitados políticamente: trabajadores sociales, abogadas, agrónomos y administradores públicos, entre las profesiones más repetidas de los nuevos funcionarios. 

Los analistas coinciden en que el balance final del nuevo mecanismo requerirá más tiempo, pero por ahora se pueden enumerar las ventajas inmediatas que sumó el cambio en el modelo de elección:

• Participación: para empezar, un total de 1 mil 516 personas respondieron a la convocatoria abierta del presidente para las gobernaciones departamentales. Según el informe “Se buscan buenos gobernadores”, publicado en septiembre por Asíes, en 2024 participó el triple de candidatos que en 2020. Y la razón fue una: las expectativas que generó el nuevo Gobierno por el cambio en la modalidad de la convocatoria. Según Reina, el país vivía la efervescencia social que surgió durante los 106 días de manifestaciones lideradas por las autoridades ancestrales y organizaciones indígenas, así que la apertura del espacio en la elección de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (Codede) atrajo a varios líderes y lideresas a postularse para el cargo.
• Veeduría social:  abrir las puertas del proceso para que la sociedad civil no representada en los Codedes objetara o respaldara a los aspirantes generó intervenciones sin precedentes en varios departamentos. Como en Chiquimula, donde el Gobernador fue impulsado por comunidades indígenas organizadas; o en Sololá, donde vecinos organizados denunciaron y evidenciaron la manipulación del proceso que se intentó hacer desde el Congreso. Aunque en este tema, Gustavo Berganza, sociólogo y analista independiente, es escéptico: “la transparencia es solo un paso, el siguiente paso es ejecutar cambios que permitan operar las palancas de poder”, señala. 
• Disrupción: el nuevo formato de elección fue disruptor porque se abrió para una presentación más amplia de candidaturas y la convocatoria se hizo pública. “Esto llevó a que las personas interesadas pudieran presentar sus candidaturas y que el proceso estuviera sujeto al escrutinio”, dice Reina. Los eventos en cada departamento reflejaron que las comunidades organizadas enfrentaron a los Codedes en la elaboración de ternas y esa confrontación evidenció, además, la necesidad de renovar la composición de los consejos departamentales en donde los representantes también se han enquistado en el poder.

El informe de Asíes enfatiza que durante el proceso hubo una “alta intensidad” de presiones, provenientes principalmente de diputados y caciques departamentales interesados en manipular la integración de las ternas para gobernadores. 

• Resistencia al cambio: la implementación de una nueva dinámica activó la resistencia. El poder local se manifestó: en Santa Rosa  y Quetzaltenango, por ejemplo, recurrieron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del presidente, bajo el argumento de que se “extralimitaba en sus funciones y actuaba de manera arbitraria”.  A nivel nacional, otro órgano que se opuso fue el propio Congreso: dos parlamentarios se quejaron abiertamente de que los diputados del oficialista Movimiento Semilla solicitaron votos en proyectos legislativos y a cambio propusieron que se eligieran a sus gobernadores. “El bloque oficial había negociado la designación de gobernadores a cambio de apoyo, pero incumplieron y perdieron aliados”, señaló en abril Allan Rodríguez, jefe de la bancada Vamos. Mientras que, Adim Maldonado, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), comentó que respaldó a los jefes de bloque para que los apoyaran con espacios dentro de la Junta Directiva y en las Comisiones de Trabajo a cambio de permitirles colocar/recomendar en las ternas gente afín a ellos. No se cumplió porque el presidente Arévalo cambió el reglamento y avanzó en su propia determinación.

• Poder local en disputa:  el informe de Asíes registró que la selección de las ternas para gobernador titular y suplente fue motivo para ejercer presiones y manipular la elección de los representantes no gubernamentales, especialmente por parte de personas vinculadas a diputados distritales, con peligro de incurrir en tráfico de influencias y corrupción. “En este proceso de elección de gobernadores participaron personas que nunca habían estado en la función pública. Y fue difícil porque había una estructura todavía enquistada dentro de los Codedes”, comentó Edy Cifuentes, exsecretario de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y especialista en gobiernos locales. Eran 22 departamentos, 22 contextos distintos; sin embargo, solo en 4 fue posible una elección sin resistencias. El resto experimentó recursos legales u oposición que escaló hasta la Presidencia de la República, la cual llegó a rechazar las ternas de propuestas en 10 departamentos: Carlos Barrios era uno de los 84 participantes en la elección de Gobernador en el departamento de Quetzaltenango. En su experiencia, la apertura del proceso dejó claro cómo “sectores que están representados en la sociedad civil ante el Codede que tiene su propia dinámica, han estado dos o tres períodos y han electo a dos o tres gobernadores anteriores”.

• Diputados con las manos en la masa: el caso de Sololá evidenció la injerencia de diputados distritales en el manejo de procesos que debían ser, por naturaleza, autónomos o libres de injerencias. No fue el único departamento con problemas que escalaron a las denuncias penales; hubo denuncias de amenazas como ocurrió en Izabal. En el mapa que CAP presenta hoy se pueden recorrer hasta 17 departamentos en los cuales queda reflejada la pugna en cada espacio. Aún existen lugares donde los gobernadores suplentes no fueron nombrados, como en Retalhuleu o San Marcos.

¿Cambia la corrupción?

Las personas entrevistadas consideran que combatir la corrupción en los Codedes es más complicado que solo colocar a un gobernador honesto, porque depende de una relación integral entre los alcaldes y diputados distritales, quienes terminan manipulando procesos para ganar, por ejemplo, contratos de obra pública para sus empresas u organizaciones afines. 

Carmen Reina, Luis Linares y Edy Cifuentes coincidieron en que es prematuro asegurar que con los nuevos gobernadores no habrá corrupción o que mejorará el desempeño de los Codedes. “Las municipalidades son una zona donde prevalece la corrupción”, dijo Linares. Mientras que Cifuentes señaló que un paso crucial fue arrebatar la cuota de poder a muchos diputados distritales y alcaldes, aunque los mandos medios en los Codedes continúan y quizás ellos forman parte de las viejas estructuras, al igual que los contratistas de las municipalidades. La corrupción no se termina por completo.

Gustavo Berganza, sociólogo y analista independiente, apunta que no habrá buen resultado si no se depuran los estratos inferiores que se relacionan con el poder del Gobernador: consejo departamental y municipal: “Es lo que está pasando con el Ejecutivo: mientras el Presidente y su Gabinete tienen la fama de ser honrados, abajo existe una estructura que les impide funcionar. Y ese problema se replica a nivel gubernamental con los gobernadores”.

Después de seis meses de críticas, amparos, destituciones y reclamos, el 25 de junio el Ejecutivo concluyó con el nombramiento de los dos últimos gobernadores en los departamentos de Baja Verapaz y Santa Rosa. 

Hacia finales de octubre, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia informó que evaluará a los titulares de las 22 gobernaciones para determinar su continuidad el año próximo. 

En este especial de Ciclos CAP se presentan las historias de la elección y nombramiento de las gobernaciones en 17 departamentos, se cuenta cómo fue el proceso y quién fue la persona elegida por el presidente Arévalo. Se incluyen frases que describen “el momento”, como las de los Gobernadores que confiesan que recibieron una llamada 24 horas antes de asumir el puesto; o las de postulantes que reflexionan sobre el significado de las disputas del poder local. 

En suma, este trabajo muestra cómo y por qué una elección que se propuso democrática, resultó tan complicada.

Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia en Guatemala.