Las reacciones de sectores como la sociedad civil luego del anuncio sobre la decisión de la fiscal Consuelo Porras para destituir a Juan Francisco Sandoval de la jefatura de la FECI no se han hecho esperar. Este es el resumen de las primeras 24 horas tras la salida de Sandoval del MP y de Guatemala.

“Venimos de diferentes pueblos, venimos de diferentes edades, venimos de diferentes lados a pedir la renuncia del Presidente y la Fiscal General”, exclama una voz desde el micrófono ubicado frente al Palacio Nacional de Guatemala, en la Plaza Central. Se dirige a un grupo de aproximadamente dos mil personas auto convocadas que con carteles y consignas se manifiestan en contra de Alejandro Giammattei, mandatario del Gobierno de Guatemala y María Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público (MP).

El grupo que protesta pide a los funcionarios abandonar sus cargos, luego de que el ex-fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, abandonara el MP y el país. Dos reacciones a un procedimiento posiblemente ilegal -por parte de Porras- para despedir a Sandoval de la Fiscalía especial contra la impunidad (FECI) que él dirigía.

Lo que el MP justifica como consecuencia a “vejámenes” de los que fue víctima la fiscal general y “falta de confianza” entre ella y Sandoval, alguno análisis legales la califican de transgresión a “disposiciones de la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Ministerio Público y los estándares internacionales aplicables”. 

Esta observación está sustentada en el artículo 63 inciso C de la Ley Orgánica del MP que establece que los fiscales de carrera no pueden ser destituidos sin un proceso disciplinario, luego de que se compruebe una falta grave. Y fue expuesta por extrabajadores de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) y la exfiscal general, Claudia Paz y Paz, entre otros.

Juan Francisco Sandoval era el jefe de un equipo de fiscales que investigaban casos relacionados con corrupción en los organismos del Estado. Desde la FECI, los investigadores destaparon casos de alto impacto que resultaron en funcionarios públicos como el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti presos y en juicios penales señalados de enriquecimiento ilícito, defraudación y lavado de dinero, entre otros. 

La salida de Sandoval de la FECI y del MP podría afectar el curso de al menos 200 expedientes de casos por corrupción que involucran a allegados al partido oficial Vamos, a diputados del Congreso y a magistrados de las cortes de justicia.  El exfiscal además recordó que el Presidente y la jefa del Ministerio Público son “amigos”, según declaraciones públicas del mismo Giammattei.

El exjefe de la FECI abandonó el país la madrugada del sábado 24 de julio -inmediatamente después de brindar una conferencia de prensa- por la frontera terrestre Las Chinamas, entre Guatemala y El Salvador, con destino final desconocido. Sandoval es el quinto operador de justicia en menos de tres años que ha abandonado el país a causa de las investigaciones que realizó.

La reacción a la decisión

Los acontecimientos han generado reacciones y muestras de rechazo de distintos sectores que se han pronunciado a través de comunicados y convocatorias ciudadanas desde que trascendió información sobre el despido. El viernes 23 de julio se registraron manifestaciones en apoyo a Sandoval y pidiendo la renuncia de Consuelo Porras en las afueras del Ministerio Público y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), desde donde el exfiscal brindó su conferencia de prensa.

Ante los señalamientos de Sandoval sobre posible complicidad entre Porras y Giammattei, tanto el MP como el Gobierno de Guatemala se pronunciaron el sábado 24 de julio. 

Aunque la fiscalía no emitió un comunicado, sí respondió a medios de comunicación que la institución es “respetuosa de la opinión de las personas. Si (Juan Francisco Sandoval) tiene alguna inconformidad puede hacerlo a través de la vía legal correspondiente, ante los órganos jurisdiccionales competentes”.

Por su parte, el Gobierno de Guatemala sí compartió un comunicado mediante el cual “rechaza categóricamente” lo declarado por Sandoval sobre “supuestos hechos penales, haciendo mención directa o indirecta hacia el Presidente”.  Y solicitó una “indagación de mérito” para demostrar si lo que dijo el exfiscal es verdad. Además de asegurar que Alejandro Giammattei es “respetuoso de la independencia que la ley le otorga al Ministerio Público”.

Entre los rechazos a la salida del exfiscal Sandoval se encuentran pronunciamientos de la comunidad internacional, sociedad civil, movimientos estudiantiles, el sector empresarial y religioso:

Algunas de las reacciones en contra provienen de miembros de la congregación religiosa católica de Izabal, Jalapa y El Progreso, del Consejo Nacional Empresarial, de autoridades indígenas de Ixcán y los 48 cantones de Totonicapán, de organizaciones internacionales como Impunity Watch, Abogados Sin Fronteras-Canadá y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala (AEU) y las asociaciones estudiantiles de la Universidad Rafael Landívar (URL).

A estas respuestas se suman los pronunciamientos de cinco bancadas de oposición del Congreso: Semilla, UNE, URNG-Maíz, Winaq y el MLP. Y de manera individual, también rechazaron la destitución diputadas de BIEN, como Andrea Villagrán y Evelyn Morataya y el representante de Creo, Christian Álvarez.

Así como funcionarios de Estados Unidos como Samantha Power, directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), Julie Chung, del Departamento de Estado, y congresista demócrata Albio Sires.

La mayoría de las reacciones y pronunciamientos coinciden en el reconocimiento de la labor de Juan Francisco Sandoval al frente de la FECI, en las anomalías alrededor del despido en el MP y en el retroceso de la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

Al momento de la publicación, ni el sector empresarial ni las cámaras organizadas dentro del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se había pronunciado ni sobre la destitución de Sandoval ni sobre sus declaraciones ante una posible obstrucción de la justicia.

La manifestación ciudadana

Algunos de los pronunciamientos se transformaron en una convocatoria ciudadana para protestar frente a las instalaciones del Ministerio Público desde las 12pm del sábado 24 de julio, con la intención de movilizarse luego a la Plaza Central para manifestarse en contra del Gobierno de Guatemala, también.

De las más de diez entrevistas que realizó No-Ficción durante la jornada de protestas se pudo observar un malestar generalizado ante la destitución de Juan Francisco Sandoval, sus declaraciones posteriores y el manejo de la pandemia por el coronavirus. Así como una petición casi universal: la renuncia de Alejandro Giammattei y de Consuelo Porras. 

Aunque no fue una manifestación multitudinaria como las registradas en 2015 y 2016, ha sido la convocatoria más grande del año en contra de la corrupción y el actuar de funcionarios públicos.

El ambiente en ambos lugares se mantuvo pacífico y familiar con niños y mascotas. El grupo se constituyó por ciudadanos hondeando banderas nacionales, vociferando consignas, tocando tambores y sosteniendo carteles en señal de protesta. Como parte de la convocatoria auto gestionada, se contaba con un micrófono en el que podía expresarse cualquiera que así lo quisiera y con un toldo en donde las personas llegaban a cortarse todo el pelo. 

Esta última acción se realizó en alusión a un comentario de Alejandro Giammattei que intentó despreciar la protesta de la semana pasada, asegurando que se trataba de “150 pelones”. En la misma intervención, el presidente anunció que declararía Estado de Prevención para evitar contagios de COVID-19.

La última actualización del semáforo de alertas municipales se publicó el mismo sábado 24 de julio. Se establecieron 250 municipios en rojo, 61 en alerta naranja y 29 en amarilla. Lo que representa que el 73.5% del país debe ponerse bajo estricto cumplimiento de medidas de prevención de contagios del nuevo coronavirus.

Sin embargo, durante la manifestación se observó un esfuerzo por parte de los mismos manifestantes por llamar a mantener el distanciamiento social bajo el argumento “que no nos acusen de contagiar y esparcir el virus”. También se compartieron mensajes con el propósito de que la protesta se mantuviera pacífica y sin violencia:

 “La policía está haciendo su trabajo. Quizás el trabajo más pura mierda, pero no por eso hay que agredirlos. Aquí estamos solo gente pacífica, gente consciente, y no queremos provocación”, se escuchó en repetidas ocasiones durante la jornada de protestas que duró más de siete horas.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade ha estado presente, junto a otros representantes de la PDH, desde que se conoció la destitución de Sandoval. Durante las manifestaciones del sábado 24 -y ante la posibilidad de que el descontento ciudadano aumenta y continúen las protestas-, Rodas hizo un compromiso: “como Procurador tengo que garantizar que ejerzan su derecho sin ser reprimidos, como lo fueron en noviembre”.

Los edificios del MP y el Palacio Nacional, así como la vivienda del presidente Giammattei, estuvieron bajo resguardo de las fuerzas policiales durante todo el día sábado 24 de julio. Pero no se reportaron disturbios en ninguno de los puntos de la manifestación, ni tampoco incumplimiento con lo ordenado bajo el Estado de Prevención, decretado el pasado 13 de julio por el consejo de Ministro del Gobierno y con vigencia de 15 días.

Tras la jornada de protestas como reacción al despedido y las declaraciones del exfiscal especial Juan Francisco Sandoval, ya se registran convocatorias de organizaciones como los 48 Cantones de Totonicapán y el Parlamento Xinca llamando a un paro nacional el próximo lunes 27 de julio. El objetivo es continuar exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y el presidente Alejandro Giammattei.