Desde hace casi seis meses, la publicación del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2020 quedó en suspenso, el material contiene información valiosa para entender las desigualdades en Guatemala. Guatemala Leaks tuvo acceso al documento y aquí se presentan los principales hallazgos.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) 2020 titulado «La celeridad del cambio: hacia una mirada territorial del desarrollo humano» (puedes descargarlo aquí) consta de unas 600 páginas en las que describe cómo el aumento de la pobreza, la falta de seguridad alimentaria, los problemas ambientales, el despojo de tierras e incluso los fenómenos naturales, son aspectos que generan condiciones tan críticas que obligan a los guatemaltecos a emigrar, principalmente a México y Estados Unidos. 

Aunque el PNUD no lo reconoce como un documento oficial, dicho informe cuenta con un resumen ejecutivo y está firmado por Ana María Díaz, representante residente del PNUD. 

«Este es un informe distinto a los anteriores», advierte el documento en su parte introductoria. Ese valor agregado al que se refiere es la forma en que analizaron las problemáticas nacionales que limitan el desarrollo de la población guatemalteca.

Esta vez, el estudio se aleja de la división territorial por departamentos y fue realizado a partir de cuatro distintos territorios, cuyas dinámicas son particulares y diferentes entre sí: el altiplano noroccidental, la altiplanicie de la sierra de los Cuchumatanes, el Corredor Seco y las tierras bajas ubicadas al norte del país. 

«Situar la mirada en la escala territorial —explica el informe—  permite cartografiar las formas que adquiere la producción de la desigualdad social en términos espaciales. Asimismo, nos permite observar la desigual disposición y distribución del Estado en el territorio nacional», añade el documento.

Presiones de gobierno

En junio de 2021, el informe debía ser difundido como un diagnóstico actualizado de las condiciones de vida, indicadores de salud, pobreza y educación en las que vive la población guatemalteca desde hace cinco años (2017 a 2020). Sin embargo, en septiembre pasado, el medio guatemalteco No Ficción informó que la publicación del documento fue detenida por presiones del presidente Giammattei a las que accedió el PNUD. 

A los cuestionamientos, la Presidencia se limitó a responder que «el gobierno está en la mejor disposición de apoyar a Naciones Unidas y sus agencias representadas en el país, por lo que se mantiene en constantes reuniones con los representantes». En cuanto a la publicación del INDH solicitaron consultar directamente con el PNUD. 

La presentación del informe estaba programada para el 29 de junio del año pasado, no obstante, el 25 de ese mes, la cuenta oficial de Twitter de PNUD en Guatemala anunció que el lanzamiento estaba «reprogramado temporalmente». En una publicación adicional en su sitio web, agregan que la decisión fue tomada «por causas de fuerza mayor» y que compartirán «oportunamente la información relacionada con el lanzamiento».

Al ser consultados respecto al estatus actual del documento, PNUD aseguró que durante el segundo semestre de 2021 continuaron con el proceso de investigación, consulta y sistematización del informe «en las que han participado más de 150 personas y quienes amablemente nos han brindado perspectivas que nos permiten actualizar y armonizar algunas conclusiones y recomendaciones del Informe. Actualmente, el Informe se encuentra en la fase final de revisión técnica y edición, previo a su publicación oficial» afirmaron vía correo electrónico.

En una entrevista, Diaz (representante de PNUD para Guatemala), asegura que por ahora no hay un documento oficial. «Ese contenido que puedas tú tener, no sé en qué versión la tienes, pero mientras no esté en nuestra página web, mientras no vaya con el logo del PNUD, con mi firma, con mi autorización, para nosotros no es». La versión a la que tuvo acceso Guatemala Leaks está diagramada con los logotipos de PNUD y contiene la carta de presentación con la firma de Díaz.

Fuentes en on y off confirmaron que la publicación del documento sí fue detenida a petición del Presidente y que,  a lo interno, el retraso de la publicación generó inconformidades.

Estas fuentes confirman que durante una reunión entre representantes del PNUD y el gabinete de gobierno, Giammattei alegó que temas como corrupción, narcotráfico, contrabando y género deberían quedar fuera del informe. «Van a decir que Guatemala es un narco estado», dijo el Presidente según una fuente involucrada en ese proceso. También se mostró molesto debido a que el informe no abordaba las acciones del gobierno para enfrentar la crisis sanitaria por COVID19. 

Precisamente, corrupción y narcotráfico son dos temas de los que el Presidente intenta desligar a Guatemala. El día que presentó su segundo informe de gobierno, el análisis del discurso elaborado por Plaza Pública demostró que evitó mencionar el término corrupción. Por el contrario, se esforzó por demostrar que existe una lucha contra el narcotráfico, a través de alianzas internacionales. 

Las observaciones del mandatario fueron el motivo por el cual la publicación del informe fue suspendida de forma abrupta. Algo que no había ocurrido en ninguna gestión anterior.

Sí lo detuvieron

«Como integrante del Consejo Consultivo, pero también como ciudadano y analista de un centro de pensamiento (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales), es inevitable expresar la preocupación porque el PNUD esté retrasando su Informe de Desarrollo Humano para Guatemala», manifestó Ricardo Barrientos, quien integra el consejo que participa en el análisis del informe, pero es ajeno a los resultados, conclusiones y errores que puedan presentarse en el documento.

Barrientos relata que el PNUD confirmó a los integrantes de dicho consejo que hubo una acción del gobierno de solicitar que la publicación del informe fuera detenida, bajo el argumento de incluir un análisis relacionado a los efectos de la pandemia. Sin embargo, agrega Barrientos, explicar las razones al consejo no es suficiente.

«Es momento de una declaración pública, explicar qué es lo que está pasando con ese informe. Lamentablemente está cobrando fuerza la incomodidad y la preocupación por la posibilidad de que haya sido el gobierno el que haya censurado la versión original», considera el analista. 

Barrientos agrega que el enfoque territorial con el que se elaboró el documento molestó a ciertas personas afines al gobierno de Giammattei. «El enfoque territorial –explica– algunos lo vinculan con movimientos reivindicativos de la defensa del territorio. La resistencia a la industria extractiva, por ejemplo». 

Aunque no hay certeza de cuáles fueron las motivaciones por las que Giammattei detuvo la divulgación del mismo, el hecho despierta dudas, pues la presentación del informe fue suspendida de manera repentina.

Gustavo Arriola, académico e investigador, quien trabajó en la coordinación de dicho informe, finalizó sus funciones en el cargo después del anuncio. Lo mismo ocurrió con la investigadora Matilde González-Izás, quien estuvo involucrada en el proceso de elaboración. 

Respecto a la salida de Arriola, PNUD aseguró vía correo que «todos los contratos de trabajo son anuales y, como estaba previsto, el contrato del señor Arriola terminó de acuerdo con lo estipulado (…) Su rol fue clave a lo largo del proceso, como el coordinador de la fase investigativa vinculada con las dimensiones del desarrollo humano desde una perspectiva territorial… El PNUD agradece y valora enormemente el aporte profesional del señor Arriola y espera continuar colaborando en futuras ocasiones».

A criterio de Barrientos, «esto despierta muchas dudas porque él (Arriola) había trabajado con el PNUD desde hace tiempo y siempre fue un profesional muy notable. A él se le puede identificar por la escuela del doctor Edelberto Torres Rivas, que fue bien conocido porque sus posicionamientos ideológicos molestaban a ciertos sectores». 

No es la primera vez que un presidente lo intenta

En teoría, explica Karin Slowing, investigadora y coordinadora de los dos primeros informes de desarrollo humano en Guatemala, el Organismo Ejecutivo y especialmente el Presidente no debería tener ninguna potestad para detener este tipo de publicaciones porque estas se basan en programas de país a cargo del PNUD. Sin embargo, eso ha cambiado mucho en los últimos años, principalmente desde 2016 a la fecha.

«Es un hecho que a todos los gobiernos les asusta lo que el informe pueda decir, porque no son informes para complacer a las autoridades, sino que tratan de hacer un retrato de la realidad del país y generar una discusión que permita plantear políticas públicas para abordar las problemáticas» afirma la investigadora.

No es la primera vez que este informe causa incomodidad en el gobierno. Por ejemplo, relata Slowing, en 2005 en la gestión de Oscar Berger, les asignaron un revisor y la Segeplan asignó personas para verificar el documento.

«Al parecer no tenían ni confianza técnica y querían controlar lo que decía el informe. En ese año, el PNUD se abrió a las interrogantes del gobierno, se permitió a los revisores evaluar los contenidos para que confirmaran que el tema se estaba tratando con seriedad y con expertos. El PNUD mantuvo su posición ante las presiones gubernamentales», recuerda Slowing. Ese informe fue uno de los más difundidos e imprimieron más de 4,000  ejemplares.

«El equipo había tenido hasta ahora autonomía, una independencia editorial para desarrollar los contenidos. Ahora bien, esa independencia no era antojadiza sino que tenía un marco muy claro: había instancias involucradas y expertos que forman parte del consejo asesor y consejo directivo. La inteligencia nacional es invitada a participar de la discusión de los informes», explica. 

Según Ana María Díaz, representante residente del PNUD, la publicación del documento no fue suspendida por peticiones realizadas por el presidente, quien solicitó que en el informe se incluyera información sobre las gestiones del gobierno para hacer frente a la pandemia. «Una petición del gobierno, que no fue solo del gobierno, fue la idea de incorporar COVID como una mirada estructural. La tuvimos desde muchos lados, esa reflexión, incluyendo los espacios regionales», dijo en una entrevista. 

Asimismo, sostiene que la libertad editorial del PNUD se ha respetado y que el gobierno no ha intervenido en el contenido del informe. Tampoco influyó, asegura, la amenaza del presidente de no asistir a la presentación del INDH. 

«La decisión del gobierno de ir o no ir es una decisión de ellos (el Gobierno), eso en ningún caso es interpretado como una amenaza. Son decisiones de ellos y no influye en una decisión institucional del PNUD», indicó Diaz.

El desarrollo humano en números negativos

El índice de desarrollo humano es un indicador que refleja los avances de un país en tres dimensiones fundamentales: salud, educación y calidad de vida. Este informe advierte que «desde 1990, en 2020 es la primera vez que el INDH tuvo una tasa de crecimiento negativa. Y Guatemala no fue la excepción». 

Según las cifras de años anteriores, desde 2000 el INDH había mostrado un crecimiento importante. Sin embargo, a partir del 2015 comenzó a estancarse y en 2020 evidenció una caída de al menos el 1 %. 

El país que expulsa a sus habitantes  

En octubre de 2020, Alejandro Giammattei dejó claro que, bajo su gestión, Guatemala se tomaría en serio el rol de servir como muro anti inmigrantes para Estados Unidos. 

El mismo día que más de 3,000 personas lucharon contra una barrera humana de policías guatemaltecos apilados en la frontera El Florido, en el límite de Guatemala y Honduras; Giammattei lanzó un mensaje contundente en cadena nacional:  «se bloqueará el ingreso de estas personas que están violentando la ley, sobre todo porque están usando niños no acompañados, están haciendo escudos humanos con mujeres y ancianos, y nos están vulnerando a nosotros los guatemaltecos». 

Desde esa ocasión, el uso de la fuerza ha sido la herramienta con la que Guatemala rompe las caravanas de migrantes que se han formado en el último año. Lo mismo ocurrió en enero de 2021, cuando la represión con la que el país detuvo a los migrantes fue incluso titular de medios internacionales, y de nuevo el pasado 15 de enero, cuando disolvió otra caravana. 

Paradójicamente, Guatemala se ha convertido en muro antiinmigrantes para las personas que intentan cruzar desde Centroamérica hacia México, en su travesía para llegar a Estados Unidos. Pero según el informe del PNUD todas sus condiciones sociales y económicas convergen en un mismo fenómeno: la necesidad de migrar a otros países. 

Uno de los principales hallazgos del estudio es que Guatemala, por muchas razones, termina por obligar a sus habitantes a abandonar el país, pese al endurecimiento de las políticas migratorias de EE. UU. en los últimos años.

Estos son los factores por los que los guatemaltecos migran desde los cuatro territorios analizados en el último informe del PNUD.

Altiplano: La región de donde más emigran

«En el 2020, en el altiplano centro occidental residían casi 1.8 millones de habitantes, de los cuales el 47 % se ubica en áreas urbanas y el 69 % se identifica como perteneciente al pueblo maya», describe el informe. 

Esta región abarca las tierras altas de los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango además de la totalidad del departamento de Totonicapán. 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para 2016 los migrantes en EE. UU. originarios de San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán  sumaban 345,847 personas. La cifra solo era superada por el departamento de Guatemala. La pobreza es la principal motivación para dejar el país. 

Al comparar las últimas dos Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida (Encovi) se puede concluir que entre 2006 y 2014 la población en condición de pobreza aumentó 12 % en el departamento de Quetzaltenango y 5.6 % en Totonicapán.

En San Marcos las cifras podrían parecer alentadoras porque demuestran que la pobreza disminuyó 5 puntos porcentuales. Sin embargo,  a pesar de ese logro, es el departamento más desigual de los tres y según la OIM, es uno de los principales expulsores de la población en el país. Según datos oficiales, ocupa el segundo lugar en mayor número de migrantes en los Estados Unidos, después del departamento de Guatemala. Huehuetenango tiene el tercer puesto y Quetzaltenango, el cuarto. 

San Marcos también destaca entre los primeros dos departamentos de donde proviene el mayor número de guatemaltecos que trabajan en Chiapas, México. El tercer lugar lo ocupa Quetzaltenango.  

Para 2016, los migrantes originarios de los tres departamentos de este territorio sumaban 345,847. Es decir, el 19 % del total de migrantes en el exterior. 

El informe de PNUD relata que la población de estos departamentos se ha convertido en mano de obra para México, a cambio de salarios sumamente bajos y condiciones muy precarias. 

El consumo de bienes domésticos y servicios, la edificación de vivienda y la construcción de infraestructura comunitaria son los principales rubros en los que son invertidas las remesas recibidas por aquellos que se arriesgan a emigrar. 

Corredor Seco: cuando la falta de lluvias obliga a escapar

En este territorio están incluidos parte de los extremos sureste del departamento de Huehuetenango y noreste del departamento de Totonicapán, Quiché, Baja Verapaz, El Progreso y Zacapa.

Es una zona definida por el cambio climático y la inseguridad alimentaria, problemas que a su vez se han convertido en las principales razones por las que los habitantes abandonan el país en la región. 

A eso se suman problemas como el comercio ilícito, narcotráfico y redes de crimen organizado que han convertido a este territorio en uno de los espacios más violentos del país, cuyos niveles de violencia homicida resultan preocupantes. 

En los últimos años, la población k’iche’, chorti’ y achi’ han visto como una opción atractiva la migración hacia Estados Unidos. Según el PNUD, la irregularidad en el periodo de lluvias, las escasas cosechas y la falta de empleo son entonces los principales motivos que obligan a los residentes de estos departamentos a emigrar hacia los Estados Unidos.

Básicamente, muchas personas salen del país en busca de alimentos. Una investigación relacionada a seguridad alimentaria y emigración en El Salvador, Guatemala y Honduras, lo confirma. En los tres países, la pobreza y la falta de alimentos son un detonante de la migración. Y es que la producción de alimentos en las familias del área rural está destinada principalmente al autoconsumo. Un pequeño excedente es el que se utiliza para ser vendido y obtener algunos ingresos extras. «El hecho de perder las cosechas de un año a causa de la sequía, se convierte en una tragedia humana», resume el informe. 

Los Cuchumatanes: la pobreza extrema es el motor de la migración 

La región de los Cuchumatanes abarca la parte noroccidental del territorio guatemalteco, en los departamentos de Huehuetenango y Quiché. Es la región en la que creció Felipe Gómez, Yalambojoch, una de las 13 aldeas que forman el municipio de Nentón, Huehuetenango, a 405 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. El 25 de enero de 2019, el cuerpo de Felipe fue repatriado a Nentón luego de que, apenas con 8 años, se sumara a las cifras de niños fallecidos en las agresivas detenciones de menores migrantes, a partir de las políticas del expresidente Donald Trump. 

«Felipe había salido acompañando a Agustín, su padre, en un infortunado viaje a Estados Unidos y falleció en Nuevo México cuando era custodiado por la patrulla fronteriza de Estados Unidos», cuenta el PNUD en su informe. Al salir de su país, la familia de Felipe arrastraba una deuda de 60,000 quetzales que sirvió para pagar a un coyote. La garantía fue el terreno familiar.

El objetivo de Felipe y las miles de personas que salen a trabajar y residir fuera de los Cuchumatanes, es obtener unos ingresos que en sus lugares de origen no han conseguido. Tal es el nivel de pobreza en este territorio que los niños también se han convertido en parte del fenómeno. 

De acuerdo con los hallazgos del PNUD, en los Cuchumatanes la proporción de hogares en dependencia directa de las remesas asciende al 17.5 %, una dependencia superior a la del resto del país. Pero, aunque generan un flujo económico importante, sigue siendo insuficiente para la subsistencia de las familias.

«Las remesas se combinan con diferentes actividades: aún recibiéndolas procuran diversificar sus entradas y no renuncian al trabajo de la tierra y continúan su faceta de vida campesina de autoconsumo», explica el documento.

Las mediciones de pobreza  ponen en evidencia que la mayoría de hogares del departamento de Huehuetenango viven en precariedad y pobreza extrema. Eso les motiva a hacer el intento de cruzar la frontera de EE.UU. pese a los conocidos riesgos. Según la Encovi, entre 2006 y 2014 hubo un incremento del porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema en esa región. 

Tierras bajas: apropiación de recursos naturales sin mayores beneficios para la población 

El territorio de las tierras bajas del norte abarca la porción más grande del sur del departamento de Petén, una porción de Alta Verapaz, la totalidad de Izabal e Ixcán. Una de las particularidades de esta zona es que su política económica se ha sustentado en actividades de producción agrícola basadas en la apropiación de recursos naturales como la tierra y el agua. 

Por ejemplo, en los últimos años ha habido un crecimiento en la industria de la palma africana. Por desgracia, este crecimiento trae consigo problemas como la erosión y pérdida de fertilidad del suelo debido al excesivo uso de agua para su cultivo. «Cada palma, para producir en un período de tres años, requiere un mínimo de 150 a 200 litros de agua por día», describe el informe. 

De ahí se derivan casos emblemáticos como el ecocidio que ha sufrido el río La Pasión, ubicado al norte de Alta Verapaz, la tercera fuente hídrica más importante del norte del país. Siete empresas que se dedican al cultivo de palma africana: Tikindustrias, Naisa, Palmas del Horizonte, Unipalma, S.A., Palmas del Sur, Palmas del Ixcán y Repsa le rodean. 

Aunque las empresas de palma africana se jactan de generar fuentes de ingreso, la realidad es que más empleos no garantizan calidad de vida para los trabajadores, quienes en más de una ocasión han denunciado en diferentes medios una serie de ilegalidades en el cumplimiento de sus derechos laborales. 

Eso explica por qué a pesar del crecimiento de industrias extractivas en la zona, en Alta Verapaz, Petén e Izabal incrementaron los índices de pobreza y pobreza extrema. 

En Alta Verapaz, detalla el informe,  los índices de pobreza a nivel general no sólo han aumentado, sino que se han agravado, con un aumento del 10% de la población que sufre pobreza extrema, lo cual ubica a los municipios de este departamento en el nivel más alto de pobreza extrema en el país. 

En Quiché, la incidencia de pobreza reporta una disminución del 6 % pero el deterioro de las condiciones de la población ha incrementado la pobreza extrema en un 16.2 %.  Algo similar ocurre en Petén e Izabal, donde los niveles de pobreza extrema aumentaron en  5.7 % y 16.9 % respectivamente, entre 2011 y 2014.  

En ese contexto, durante estos últimos años, la migración internacional en las tierras bajas ha sufrido un incremento paulatino, especialmente en el sub territorio del sur de Petén donde, según el Censo 2018,  en 4 de cada 10  hogares había un  miembro de la familia que había emigrado. 

«Esto pone en duda los impactos positivos de las actuales estructuras productivas, como el incremento de proyectos de agroindustria, ampliación de hidroeléctricas y minería para la población de la región», apunta el PNUD. 

Efectos igualmente preocupantes acarrean actividades como la minería, que se ha desarrollado sin mecanismos para reconocer derechos ancestrales y que han generado problemas de contaminación de fuentes de agua. O bien, las hidroeléctricas, que se han establecido en la región sin consultas previas a la población y han detonado en crisis de conflictividad social. 

Sin embargo, no solo esta zona enfrenta problemáticas de este tipo. Según el PNUD, en el altiplano las actividades mineras del Valle de Palajunoj, al sur de Quetzaltenango, han ocasionado desastres como inundaciones de casas y cultivos y un gran deterioro ambiental. En el Corredor Seco, la hidroeléctrica Chixoy fue presentada como un caso en el que se priorizaron cuestiones técnicas sobre asuntos sociales y no se abordaron los impactos sociales , económicos y culturales del proyecto. Lo mismo ha sucedido con algunas hidroeléctricas ubicadas en los Cuchumatanes.  

«Los medios de vida y los significados del lugar para sus habitantes fueron subestimados. Ningún científico social, conocedor de las lenguas mayas de la zona, participó en la evaluación de los posibles efectos del proyecto sobre los espacios de vida de los pobladores de la cuenca y sus alrededores», detalla el documento. 

 «Revisión final»

En tanto, el PNUD atribuye el atraso de la publicación a una demora en el proceso editorial y a la necesidad de revisar y validar algunos datos. 

«A lo largo del segundo semestre de 2021, se continuó con el proceso de investigación, consulta y sistematización del Informe, con los actores del desarrollo involucrados. Con apoyo de una red regional de expertos, se realizaron ejercicios de análisis grupales y entrevistas en profundidad; en las que han participado más de 150 personas y quienes amablemente nos han brindado perspectivas que nos permiten actualizar y armonizar algunas conclusiones y recomendaciones del Informe. Actualmente, el Informe se encuentra en la fase final de revisión técnica y edición, previo a su publicación oficial», respondieron a Plaza Pública. El Informe, agregaron,  será presentado en el primer cuatrimestre de este año. 

Son investigadores internacionales quienes, desde hace seis meses, están realizando un proceso de edición al informe para dejar de lado los temas que incomodaron al mandatario, confirmó una fuente que pidió el anonimato. Pese a que el informe no atacaba directamente su gestión, Giammattei logró que el documento no saliera a luz y que se retrasara lo suficiente para atender las observaciones del Ejecutivo.

Se publique o no, concluye Ricardo Barrientos, la credibilidad de este informe ya está dañada. «El  simple retraso en su publicación y la falta de comunicación pública del PNUD ya tiene condenado el informe, hay un daño irreversible respecto a su credibilidad (…) Sería gravísimo que un Programa de Naciones Unidas se esté plegando a la censura de un gobierno”, concluye. 

Esta publicación, que se originó de una filtración, se realiza a partir de la alianza de medios Guatemala Leaks conformada por Agencia Ocote, ConCriterio, No-Ficción, Ojoconmipisto y Plaza Pública.