La bomba que estalló en un autobús el 21 de enero de 2019 en Guatemala es el resultado de la falta de interés para resolver este tipo de casos. En la muerte de los pilotos por extorsión, no hay denuncias, hay pocas condenas, no hay datos sistematizados sobre el modo de operar de los responsables y existe desorden sobre la forma en que lo investigan las fiscalías.

El lunes 21 de enero de 2019, una bomba artesanal estalló a media mañana en una colonia popular de la zona 7 de Guatemala. Entonces, las esquirlas, la sangre, los clavos, la sangre, la pólvora, más sangre, los gritos, el fuego, los oídos envueltos en un único zumbido. La sangre… Un ataque a una unidad de transporte. Otro caso más de extorsión. Seis heridos. 

Y humo: El autobús quedó estacionado en medio de la confusión. Mirna Elizabeth Juárez, de 19 años, mira su mano ausente, un muñón rojo de huesos y carne. Ella subió con una bomba en la mano, exigió el pago de la extorsión o de lo contrario la muerte, de acuerdo con la versión que repetían las víctimas. Pero su amenaza terminó mal, y tras un forcejeo con el piloto y su ayudante, la granada estalló en una de sus extremidades.

Esta vez, los conductores lograron salir ilesos. Pero no siempre es así. Y la mayoría de los casos de muerte de pilotos a causa de la extorsión quedan impunes y archivados.

La bomba del 21 de enero es el resultado de la falta de interés para resolver este tipo de casos. Hay pocas condenas y no hay datos sistematizados sobre el modo de operar de los responsables. 

Los pilotos del transporte urbano son víctimas directas de la extorsión, son un gremio vulnerable: los acosan varios grupos, cuando los intimidan no denuncian y si se rehúsan a dar la cuota exigida, los matan o los amenazan con una bomba. En la última década (2008 a enero 2018) han fallecido 203 conductores, según los reportes policiales, pero se desconoce lo que el Ministerio Público (MP) ha hecho para encontrar y acusar a los responsables.

La institución no detalla la cantidad de asesinatos por extorsión en el transporte urbano que investiga. Es una incógnita si sus cifras coinciden con las muertes que reporta la Policía Nacional Civil (PNC), y en consecuencia se ignora en qué estado se encuentra cada caso o cuántos han logrado resolver.

Esto ocurre porque el Sistema Informático de Control de la Investigación del MP (Sicomp), en donde se reporta todo el trabajo de los fiscales, no provee estos datos. Ni siquiera cuando se solicitan a través de la Unidad de Información Pública.

El sistema agrupa a todos los pilotos de transporte de pasajeros en un mismo registro. No diferencia entre los que conducen taxis, microbuses, buses de rutas largas o las unidades rojas que prestan servicio en el área urbana. Las estadísticas policiales indican que este último grupo reporta más muertos por arma de fuego, en comparación con otras rutas, pero para el sistema informático del MP no hay diferencia.

Un recuento del MP indica que de 2009 a abril de 2018 se abrieron 799 casos de pilotos asesinados a nivel nacional. Las cifras revelan que la mayoría (578) permanece en “investigación”. Solo el cinco por ciento (41) logró sentencia y una cifra similar alcanzó el procedimiento intermedio, es decir que fueron enviados a juicio. En dos ocasiones el MP detuvo el proceso penal contra los acusados, y pidió al juez un criterio de oportunidad. Aunque la entidad no lo precisó, el Código Procesal Penal establece este beneficio para quienes colaboran para detener a los autores de un delito. 

Los datos que proporciona el sistema del MP son escuetos. No permiten entender a detalle las características de los delitos en contra del servicio de pasajeros. No hay datos de cuántos están relacionados con las extorsiones, cuántos son delincuencia común, o corresponden a pilotos de buses urbanos.

Para conocer estos pormenores hay que solicitar la información a cada fiscalía. Por ejemplo, si el homicidio de un conductor de la ruta 22 sucede en el estacionamiento de buses de la colonia El Milagro, en la zona 6 de Mixco, o en alguna parte del recorrido que no corresponde a la capital, hay que acudir a la fiscalía del municipio. Cuando ocurre en alguna zona de la ciudad (estos buses concluyen el viaje en La Terminal de la zona 4), queda asignado a la fiscalía de Delitos contra la Vida. Lo mismo ocurre si el crimen sucede en la zona 6, pues hay un sector asignado a la fiscalía del municipio de Chinautla.

Es incierto cuánto afecta al MP no tener una estadística más precisa de los casos, o si esto perjudica la medición del rendimiento del trabajo. Lo que se confirmó es que la fiscalía de Delitos contra la Vida lleva un registro en excel para seguir la pista de sus casos. Este tampoco cataloga a los pilotos por el tipo de transporte que conducen.

La vocera del MP, Julia Barrera, explicó que “el sistema de gestión no reporta ese tipo de detalles, (porque) así fue diseñado”, y que por esa razón existe “un registro adicional que se lleva en las fiscalías el cual sí cuenta con (más) detalle”. Este no se hace público “para no generar pánico en la población” agregó Barrera, pero es el que utilizan las fiscalías para analizar sus expedientes.

«De 2009 a abril de 2018 se abrieron 799 casos de pilotos asesinados a nivel nacional. Las cifras revelan que la mayoría (578) permanece en “investigación”. Solo el cinco por ciento (41) logró sentencia». 

Una agencia para investigar los crímenes contra pilotos

Desde 2018, un agente y nueve auxiliares fiscales de Delitos contra la Vida fueron asignados para atender los 434 casos de personas asesinadas, heridas o que sufrieron un atentado por extorsión en el servicio de pasajeros de la capital y San Pedro Ayampuc. Este es el territorio que le corresponde según los lineamientos del MP.

La fiscalía delegó este trabajo en la agencia ocho, para buscar una salida a estos casos que vienen acumulados desde 2008. Una tarea compleja si se toma en cuenta que deben reconstruir hechos antiguos, que involucran a más de una víctima y que, además, deben estar al tanto de los expedientes nuevos.

Los 434 casos que acumula esta agencia representan a 320 pilotos, ayudantes y usuarios asesinados de 2008 a junio de 2018. Y a 284 personas que quedaron heridas en ese mismo periodo. Este reporte no incluye los cuatro ataques del 13 julio pasado en contra de la ruta 203, que va de la zona 6 a la Universidad de San Carlos, en la zona 12. Ese día hubo seis heridos. No se sabe si los sicarios lo hicieron como una estrategia para intimidar y exigir “el bono mundialista”. Una cuota que se cobró, aseguran los fiscales, por el Mundial de fútbol que se celebró ese mes.

La primera instrucción que recibió la agencia ocho fue revisar todos los archivos para estudiar por qué se quedaron estancados. Su responsabilidad es reactivarlos, aunque ahora con una nueva directriz: perseguirán estructuras y no a personas individuales. Ese lineamiento de trabajo es el que funciona con éxito en otras instancias, como la fiscalía contra los Delitos de Extorsión.

Tres integrantes de la fiscalía de Delitos contra la Vida y de la agencia ocho que concedieron una entrevista para esta nota –y que pidieron la reserva de sus nombres como medida de seguridad–, explicaron las dificultades que enfrentan. En la mayoría de los procesos no hay apoyo de las víctimas o sus deudos. Sin testimonios, los 15 investigadores policiales que tienen asignados para las pesquisas deben salir a buscar informantes. Un trabajo complejo y arriesgado que se complementa con otras pruebas: informes balísticos, que no llegan con prontitud, otros análisis científicos y, entre otras cosas, acceso a las grabaciones de las cámaras de video de la ciudad. Con esos elementos pueden documentar un caso, pero este solo se puede considerar exitoso en una primera fase, si se consiguen capturas. En 25 casos la fiscalía consiguió condenas, en contra de 50 personas por la muerte de 40 pilotos.

Cuando no logran identificar a los atacantes y no consiguen evidencias para presentar acusación en un hecho, el proceso se puede archivar. No obstante, esta agencia mantiene activos dos casos que datan de 2008.

Desarticular las estructuras que extorsionan resulta como echar agua a un barril sin fondo. Las 4 mil 076 capturas que realizó la fiscalía contra el Delito de Extorsión en el departamento de Guatemala de enero 2015 al primer semestre de 2018 golpeó a las pandillas o a sus imitadores, pero estos se recomponen con facilidad. Las sentencias que consigue el MP son insuficientes para aniquilar la plaga.

Álvaro Folgar, un empresario del transporte urbano que tiene sus buses estacionados, asegura que las extorsiones en el transporte urbano solo podrán terminar cuando se modernice el servicio. Se suponía que el Transurbano pondría un alto a los cobros ilícitos, porque los pilotos dejarían de manejar dinero en efectivo y los usuarios tendrían acceso a una tarjeta de débito electrónico. Pero es algo que no ha sucedido.

La fallida implementación del sistema prepago y la corrupción en ese proyecto contribuyen a que la extorsión continúe. Los pilotos no denuncian porque saben que entre ellos hay colaboradores de sus verdugos. Prefieren pagar para vivir, para que nunca estalle una bomba dentro de sus unidades, para no terminar como un expediente más en los archivos del MP.