Las personas de la diversidad sexual en Guatemala sufren de exclusión social, en diversas formas. Y aunque existen esfuerzos de grupos LGBTI+, de sociedad civil organizados en defensa de sus derechos, con una institucionalidad débil y un presupuesto público mermado por la corrupción, ser parte de la población invisible significa ser sujeto de continuas violencias, ¿qué tipo de atención estatal reciben las personas LGBTI+ en Guatemala?
Recibir instrucciones por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) para parar la marcha del carro no se considera como el inicio de una noche extrema. A menos que eso suceda en Guatemala y que entre los pasajeros vayan personas LGBTI+, porque entonces todo puede pasar. Y de eso se dio cuenta Misael Molina –persona no binaria– cuando una noche de octubre en 2018, mientras regresaba de cenar con dos amigos fue detenido y registrado.
“Nos detuvieron y nos dijeron: “miren los vamos a revisar”. Éramos tres en el carro y sí percibimos mucho la parte del abuso de la autoridad, pero fue muy obvio que hubo un choque cuando me vieron con vestido –ropa considerada de mujer–. Nos bajamos solo dos de nosotres, porque la otra persona era menor de edad. Primero se agarraron de que íbamos alcoholizados, pero nunca usaron el alcoholímetro ni nos hicieron ningún test. Luego dijeron que nos tratamos de resistir, cuando eso no pasó en ningún momento. Yo intenté mantenerme calmade, pero mi amigo sí empezó a cuestionar por qué nos habían detenido y por qué estaban siendo groseros. El ambiente estaba muy tenso y feo.
Seguíamos en medio de la discusión, cuando uno de los policías le dijo a otro “ay sí, estos huecos saber qué se creen”, para referirse a nosotros. Ahí fue cuando todo cobró sentido para mí, ya sabía por qué nos habían detenido y cuál era el problema”, relata Misael Molina al recordar el encuentro. En ese entonces él tenía 25 años, se conducía en el carro de su papá y sintió mucho miedo porque no sabía qué era lo que les iba a pasar.
Para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y demás identidades de la diversidad sexual (referidas, tradicionalmente, con la sigla LGBTI+) vivir en Guatemala significa experimentar realidades que las personas heterosexuales y cisgénero, no. Sin embargo, no existen leyes, ni marcos institucionales a nivel nacional con esta población como objeto y sujeto.
“En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos”, dicta el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero, aunque habla de la libertad y la igualdad, este postulado por sí mismo no logra ni siquiera garantizar la atención institucional apropiada para las personas de la diversidad sexual. Y no existe ningún otro mecanismo legal que les proteja.
Y es que vivir en un país como este no es fácil. Los altos niveles de delincuencia y desempleo, junto con el limitado acceso a la justicia, salud y educación hacen que la vida promedio sea complicada, pero para una persona LGBTI+ la hace casi imposible. “Hay tres maneras de obtener derechos: un decreto en donde el Ejecutivo los reconoce, una Ley aprobada por el Legislativo o que el Judicial los legalice a través de la búsqueda de justicia. Pero no vemos a ninguno de estos organismos siendo progresista y reconociendo los derechos de las personas LGBTI+ y liderando un cambio transformador para mejorar la atención y sus condiciones de vida”, explica Daniel Villatoro, director de Visibles, organización no gubernamental enfocada en personas LGBTI+.
Sin un marco legal general, ¿cómo responden los tres organismos estatales a estas poblaciones?
Según el estudio “Realidades Compartidas” ─presentado en diciembre de 2020, por Visibles, la violencia y discriminación en contra de las personas LGBTI+ se fundamenta sobre un prejuicio social y cultural. Esta problemática afecta de forma sistémica prácticamente todas las áreas de la vida de una persona: salud, educación, trabajo, familia, instituciones y espacios públicos.
«No vemos a ninguno de estos organismos siendo progresista y reconociendo los derechos de las personas LGBTI+ y liderando un cambio transformador para mejorar la atención y sus condiciones de vida».
Desde el Congreso de la República no se ha logrado pasar ninguna iniciativa relacionada ni con la identidad de género ni con la diversidad sexual. Los últimos dos intentos los hizo Sandra Morán, la primera diputada abiertamente lesbiana, uno en 2018 con la iniciativa 5395 Ley de Identidad de Género que buscaba el reconocimiento de la identidad de todas las personas guatemaltecas. Con lo que además se pretendía proteger y garantizar la atención estatal para las poblaciones LGBTI+, incluyendo la creación de un procedimiento para la rectificación de los documentos oficiales –necesidad que afecta de las personas transgénero–.
Sin embargo, no fue aceptada por razones “técnicas”. Según la mayoría de diputados de las comisiones que evaluaron la iniciativa, está era contraria a la Constitución, ante la posibilidad de que dos personas con el mismo sexo asignado al nacer puedan casarse a través del cambio de sexo de una persona trans. Misma razón por lo que consideraron que “atenta contra la familia”.
Y otra en diciembre de 2019, con la iniciativa 5674 que pretende prevenir y sancionar crímenes por prejuicio, facultando a las instituciones del Estado a ejecutar políticas, planes y programas para erradicar la violencia en el país. Pero no ha tenido ningún avance, ni favor ni en contra, luego de un año en pandemia y que la diputada Sandra Morán no se postulara como candidata para un nuevo período legislativo que inició en enero de 2020.
Sumado a la negativa e indiferencia hacia estos proyectos de ley en favor de todas las personas, especialmente las poblaciones LGBTI+, en 2018 se avanzó en paralelo con la aprobación de la iniciativa 5272, conocida como la “Ley de la Vida y la Familia”. A pesar de que el proyecto es inconstitucional y castiga abiertamente la unión civil entre personas del mismo sexo, ha logrado avances importantes entre los diputados, en su mayoría conservadores.
Aún con estos debates y desenlaces dentro del Organismo Legislativo, es el único que tiene una institución con un mandato específico a favor de los derechos de las personas LGBTI+: la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), con la defensoría de la diversidad.
“La defensoría de la diversidad es parte de la dirección de defensorías, que tienen como objetivo supervisar la administración pública y la emisión de recomendaciones. Apoyar en cuanto a investigaciones, apoyo en seguimiento de casos y algunas acciones de coordinación a favor de los derechos de las personas de la diversidad sexual”, explica el defensor de la diversidad sexual de la PDH, Henry España.
Una situación similar se observa en el Organismo Ejecutivo, en el que el balance general no es positivo. Ya que solo tres de los ministerios que atienden directamente a la población cuentan con marcos y protocolos para la atención de las personas LGBTI+: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa. El resto de instituciones se ampara en el artículo 4 de la Constitución, sobre libertad e igualdad, para asegurar que no es necesaria la atención especializada si no existe discriminación.
Por su parte, el Organismo Judicial y las instituciones de justicia han sido los grupos que más esfuerzos han hecho hacia la atención inclusiva con formularios que les reconocen, con protocolos específicos para atender denuncias y con esfuerzos como la creación de espacios seguros para las poblaciones LGBTI+.
En un reporte de la organización Human Rights Watch (HRW), publicado en octubre de 2020, la organización expone la situación en la que viven las personas de la diversidad sexual en El Salvador, Honduras y Guatemala. Y hace recomendaciones a las autoridades de cada país. Para Guatemala, se resalta la falta de compromiso ante un acuerdo firmado en 2012 entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre establecer una política pública que garantice el respeto a los derechos de las personas LGBTI+. Así como la aprobación de la iniciativa 5674, y el rechazo definitivo a la iniciativa 5272, de la vida y la familia.
“Hemos tenido capacitaciones con personal de salud, con personal uniformado, con fiscales, pero como todo es una renovación con cada gobierno y con cada año –porque en algunos lugares renuevan contratos por año– perdemos lo que capacitamos. Y los nuevos usualmente entran con ideología religiosa. Por eso es que necesitamos que esté escrito en papel que la política pública que establezca que las personas LGBTI+ tienen los mismos derechos y que el Estado debe garantizarles, la gente no lo toma en serio. Es como la Ley de VIH”, explica Gabriela Dávila, representante de la organización para personas de la diversidad sexual, Gente Positiva.
“Se necesita institucionalizar cada uno de estos procesos, para que les podamos dar seguimiento. Y es por eso que cuando hacemos el trabajo de acompañar a alguno de los ministerios, nuestra meta es llegar a la cabeza. Porque sabemos que si el jefe, o la cabeza, lo ordena entonces los que vienen abajo deben acatar esa orden. Así hicimos con el Ministerio de Gobernación, entendimos qué hace cada viceministerio y empezamos a trabajar desde ahí, para abajo”, dice Franklin Morales, representante de la Asociación Lambda, una organización que lucha por los derechos de las personas LGBTI+.
“Pareciera ser que la igualdad en ley es discrecional, entonces desafortunadamente hay que crearlo con cuestiones particulares o instrumentos que de alguna manera obliguen y comprometan a los funcionarios a cumplir con ciertos criterios y con ciertos estándares”, insiste Carlos Romero representante de la Red Nacional de la Diversidad Sexual (REDNADS), organización que consiste de una red interinstitucional que aporta al desarrollo de acciones a favor de los derechos de personas de la diversidad sexual.
Tanto REDNADS, como Gente Positiva y Asociación Lambda cuentan con más de 10 años de experiencia en atención, formación, defensa y acción en favor de los derechos de las comunidades LGBTI+ en Guatemala.
Un Gobierno que “como te mira, así te trata”
Entre los ministerios del Organismo Ejecutivo que atienden directamente a la población, No-Ficción realizó un sondeo alrededor de la preparación, el presupuesto y los protocolos que existen en cada dependencia a la hora de atender a una persona LGBTI+. En la verificación se incluyó al ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), al de Gobernación (Mingob), al de Defensa (Mindef), al de Educación (Mineduc), al ministerio de Cultura y Deportes, al de Desarrollo (Mides) y al de Trabajo (Mintrab).
“En temas LGBTI+, en Guatemala había un canal de comunicación directo con el Ejecutivo a través de COPREDEH (Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos), otro a través del Ministerio de Gobernación y uno a través del Ministerio de Salud. Pero durante la administración de Jimmy Morales se cayeron todos los procesos en las primeras dos instituciones. No puedo decir que teníamos avances maravillosos, pero con ese gobierno los procesos se empezaron a paralizar y a caer. Dejamos de recibir información, se quedó el borrador de una política pública de atención a personas LGBT en COPREDEH, pero no ha sido aprobado y menos implementada”, explica Henry España sobre la actividad dentro de los ministerios y secretarías para mejorar la atención a las personas LGBTI+.
Se cuestionó mediante solicitudes de acceso a la información a cada una de esas carteras del Gobierno de Guatemala, y según la respuesta de cada una estos son los ministerios más inclusivos, y los menos. A todas se les preguntó por sus protocolos para atención de casos de las poblaciones LGBTI+; por las iniciativas que mencionan y/o funcionan para atender a estas personas; el presupuesto designado -si existe alguno- y las capacitaciones de personal para atender personas, casos o solicitudes de personas LGBTI+:
En los primeros lugares se encuentra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobernación como las instituciones gubernamentales que más capacitaciones alrededor de atención especializada y diferenciada para las personas LGBTI+ han facilitado para sus empleados. Además de ser dos dependencias que deben garantizar salud y seguridad para todos los guatemaltecos, también han sido las que más avances presentan en temas de derechos humanos para las poblaciones de la diversidad sexual.
“Tenemos un protocolo para la erradicación del estigma, la discriminación y la violencia en el sistema de salud, lo empezamos a trabajar con la ministra Lucrecia Hernández, pero se estancó con su renuncia. Y ahora lo hemos recuperado con la actual ministra (Amelia Flores). Nosotros consideramos que para contextos particulares debe haber medidas particulares”, expone Carlos Romero de la REDNADS.
Pero la experiencia desde Gente Positiva, según Gabriela Dávila, es que “en el Ministerio de Salud no hay una atención diferenciada, aunque hay protocolos”.
El MSPAS cuenta con la estrategia de Atención Integral y Diferenciada en Salud para personas Trans desde 2016, con el Manual de lineamientos en salud integral para la Comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Hombres que tienen sexo con otros hombres y con los Lineamientos en salud integral para personas Trans –aún en proceso de revisión–.
Dentro de las diferentes dependencias del Mingob se conoce que existe la Guía de prevención de la violencia y el delito en relación a la población LGBTI+, además se han desarrollado políticas públicas municipales de prevención de la violencia y el delito desde la Sección de Género y Multiculturalidad. Por su parte, el Diario de Centroamérica asegura que existe un compromiso institucional por hacer más publicaciones en favor de la sensibilización alrededor de la población de la diversidad sexual. Y el Sistema Penitenciario cuenta con atención focalizada y especializada para personas trans privadas de libertad, aunque aún se reportan abusos.
“Desde el tercer viceministerio, el de prevención de la violencia, se hicieron acciones desde la unidad de género para acercarse a la población LGBTI+. El esfuerzo iba encaminado a evitar violencia desde los agentes de PNC hacia las personas LGBTI+, pero desde la administración de Enrique Degenhart se cayó todo el proceso”, explica España, defensor de la diversidad de la PDH.
Ambas carteras –la de Salud y la de Gobernación– son las únicas dos dependencias del Organismo Ejecutivo que han facilitado formación continua para su personal alrededor de las necesidades específicas y los derechos de la población LGBTI+. Según Daniel Villatoro, este avance se debe a que “los espacios de seguridad y justicia se han visto obligados a atender lo LGBTI+, porque han tenido problemas al gestionar estos casos. Se han dado cuenta de que, en vez de ignorarlo y que luego lleguen problemas, pueden hacer algo”.
Y así lo vivió Misael Molina con sus amigos. “Cuando mi amigo comenzó a cuestionar, una agente de la PNC comenzó a tratar de agarrar o atacar a mi amigo. Él le dijo que se detuviera porque no podía hacer eso y sacó su celular para grabarlos, porque la tensión subía cada vez más. Intentaron quitarle el teléfono y comenzaron a forcejear. Entonces yo me acerqué a un agente para intentar dialogar cuando me dijo que habían pedido refuerzos. Le dije: “pero, ¡¿por qué?! Si nosotros solo somos dos personas y ustedes seis agentes”.
Finalmente decidí preguntarle si podíamos hablar con alguna otra autoridad, porque yo pertenezco a las redes de organizaciones gubernamentales como la Red Nacional de Derivación para Atención de Víctimas del MP y la Comisión Municipal de la prevención de la violencia (Comupre) de Escuintla. Yo conocía personas dentro de la PNC que tal vez nos podían ayudar a todes a entender qué estaba pasando. Pero no quisieron, pasó más tiempo mientras les decíamos que nos dejaran ir porque no había pasado ni estábamos haciendo nada. Hasta que finalmente, sin decirnos por qué, nos dejaron ir”, recuerda Misael Molina. Ni él, ni las personas que lo acompañaban se atrevieron a denunciar lo que ocurrió porque sintieron miedo. Pero fue a raíz de esa detención que él decidió organizarse para garantizar que esta situación no se repitiera. Ahora, es militante activo y fundador de la organización Crear Escuintla que brinda capacitaciones a entidades públicas sobre temas de derechos y personas LGBTI+.
El único otro ministerio con disposiciones alrededor de las personas de la diversidad como objeto, es el Ministerio de la Defensa. Esta cartera cuenta con personal médico con capacidad para atender y manejar casos de VIH dentro de sus elementos.
Sin embargo, el Mindef se mantiene en el mismo grupo que el ministerio de Cultura y Deportes, el de Educación, el de Desarrollo y el de Trabajo con la afirmación de que sus presupuestos, protocolos y lineamientos se centran en la atención igualitaria, sin distinción por razón de raza, religión, sexo, edad, color, idioma, origen, nacionalidad, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social u opinión.
Pero la lógica de la legalidad y la no discriminación para no generar políticas públicas específicas genera exclusión. Ignorar el enfoque de género es ignorar las realidades de las personas LGBTI+. Y cada ministerio puede y debe mejorar en su atención a la población guatemalteca de la diversidad sexual:
1. El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con programas que brindan atención, soporte y apoyo a poblaciones vulnerables como lo son las familias de escasos recursos con niños menores de 15 años, o las mujeres, adolescentes y niñas embarazadas, víctimas de violencia sexual Pero los criterios y requisitos para acceder a estos bonos e iniciativas dejan por fuera a las personas LGBTI+ porque no forman parte de los grupos objetivos, por tener realidades y necesidades distintas.
Aunque existen diversos estudios sobre las poblaciones LGBTI+ que viven en situación de pobreza, por la discriminación laboral o la falta de acceso a educación, la cartera de Desarrollo aseguró a No-Ficción que no es parte de su competencia “establecer protocolos, como la creación de iniciativas, asignación de presupuesto y capacitación del personas que mencione a las poblaciones LGBTI+, dentro del Ministerio”.
“Según la misión del Mides, a esa institución le corresponde la rectoría de las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de las personas y grupos sociales vulnerables, que sufren de exclusión y viven en situación de pobreza. Eso significa que se podrían crear programas específicos, ellos tienen fondos, bolsas, becas, comedores, programas para jóvenes, y con un acercamiento a algún grupo organizado LGBTI+ donde se puedan identificar personas LGBTI+ en situaciones de mayor vulnerabilidad porque sí existen”, explica el defensor de PDH, Henry España.
“Sin ir muy lejos, con darse una vuelta por el colectivo del Trébol y conocer al grupo de mujeres trans que trabaja ahí, se puede ver la necesidad. Son adultas mayores, sin estudios formales, sin ocupación y sin casa propia, efectivamente los programas hacen falta”, expone Carlos Romero sobre las situaciones que han acompañado desde REDNADS que necesitan atención estatal.
Y es en esa misma línea, que Human Rights Watch también recomienda al Mides generar programas para jóvenes y niñez expulsada de sus hogares por temas relacionados con su identidad o preferencia sexual. Ya que la necesidad de refugio, asesoría, educación y apoyo para esta población es imperante.
«Solo en 2020, la PDH y el MP recibieron 162 denuncias de delitos en contra de personas LGBTI+, la mayoría fueron por discriminación y agresiones (físicas y verbales), seguido por violencia sexual».
2. El Ministerio de Educación asegura que cuentan con un protocolo de identificación, atención y referencia de casos de violencia dentro del sistema educativo nacional. Pero no se habla de niñez LGBTI+, ni de abordaje alrededor de la educación sexual integral, ni existen iniciativas específicas para esas personas.
El informe de Human Rights Watch hace recomendaciones también al Mineduc, alrededor de implementar políticas y controles anti-bullying y anti-discriminación en establecimientos educativos públicos y privados. También hace énfasis en la necesidad de un currículo nacional sobre educación sexual integral, y en la importancia de crear programas de oportunidad para las personas que no pudieron terminar los estudios básicos. A esta última recomendación, agregan que es necesario crear alianzas con organizaciones LGBTI+ para socializar los programas entre los adultos jóvenes de la diversidad sexual que podrían beneficiarse.
“Pueden decir ‘no discriminamos que sea lesbiana o gay’, pero ¿qué pasa con un niño, niña o adolescente trans que quiere llegar al establecimiento y que se respete su identidad de género? ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Puede usar el uniforme que se adapte a su identidad?”, se pregunta Henry España, defensor de la diversidad sexual de la PDH.
“¿Cuántos niños trans hubo expulsados el año pasado? ¿Cuántas niñas trans hubo el año pasado? Los datos no se conocen exactos, pero solo en 2020 durante la pandemia nosotros atendimos siete casos de niños que fueron expulsados del colegio”, denuncia Gabriela Dávila de Gente Positiva.
“En el Ministerio de Educación, hay cierta timidez porque abarca niñez. Y está esta concepción de que la niñez no tiene una orientación sexual o la niñez no tiene identidad de género, cuando es lo contrario”, explica Daniel Villatoro, de Visibles, y continúa, “también sabemos que existe un “clóset” en cuanto a la educación sexual integral en ciertos espacios. Aunque en el Currículo Nacional Base hay información sobre educación sexual, ¿qué tanto sabemos si se aplica en las escuelas?”
Según el estudio, Realidades Compartidas, se identificó que el espacio educativo es donde más violencia y discriminación experimentaron las personas LGBT encuestadas: 72.73% de las personas trans lo reportaron, y 66.67% de las personas cis.
“El tipo de violencia recurrente en estos espacios son las burlas e insultos, basados en prejuicios. –También– la negación de acceso a lugares diferenciados por género, irrespeto a la identidad de género, expulsión del centro educativo y outing; algunos casos incluso reportaron ser víctimas de agresiones físicas y violencia sexual”, analiza la investigación de Visibles. Y agregan que, aunque la mayor parte de los actos violentos provienen de compañeros estudiantes, también se señala al cuerpo docente y administrativo (incluida la dirección) de ser actores de violencia, pero no existen vías de denuncia.
3. En el Ministerio de Cultura y Deportes tampoco existen lineamientos específicos para personas de la diversidad. Ni en el área de artes y cultura, ni en el área de deportes. “No se cuenta con iniciativas para la población LGBT, sino que se brinda atención general sin distinción”, explica la institución ante el cuestionamiento sobre sus políticas de inclusión.
La desprotección institucional en esta cartera se refleja en vulneraciones hacia personas LGBTI+ que participan en actividades culturales o deportivas, sin opción de defensa o apoyo por parte de las instituciones. Un ejemplo de esto fue la situación que vivió una persona de la diversidad, que prefirió el anonimato, cuando al brindar servicios de belleza a una concursante de belleza de un colegio privado en Zacapa fue objeto de discriminación por parte de los organizadores del concurso.
“Cuando vieron que la concursante había sido atendida por mí, le dijeron que no podía participar”, se explica en la denuncia que recibió la auxiliatura de la PDH, en Zacapa.
“Existe el caso en un departamento de Zacapa, en el que había un concurso de ‘misses’ entre los establecimientos educativos, pero si alguna de las participantes era ayudada a peinarse o maquillarse la supervisora departamental la descalifica”, relata Henry España, sobre un caso de discriminación denunciado en 2020.
Administrativamente, también tanto REDNADS, como Asociación Lambda, aseguran que se la ha pedido apoyo al Ministerio de Cultura y Deportes para el desfile del orgullo que se celebra cada junio, pero que en al menos dos ocasiones les han hecho ofrecimientos que no se cumplen, sin previo aviso.
4. El Ministerio de Trabajo es la única cartera que además de no contar con lineamientos o políticas para la población LGBTI+, tampoco cuenta con esfuerzos dirigidos a mejorar la atención de estas personas.
“En el Ministerio de Trabajo no hay nada. La inspección al área de trabajo tiene el mandato de dar atención a los casos de vulneración a los derechos del trabajador, pero no se implementa al 100 por ciento. Y sobre acciones de inclusión laboral y promoción de contratación de personas sin discriminación por su orientación sexual e identidad de género no se hace. El único enfoque de inclusión con el que cuentan, se basa en personas con discapacidad”, expone desde la PDH, Henry España.
“Las personas de las comunidades LGBTI+ fueron los primeros en ser despedidos por la pandemia de la COVID-19, si hacemos alguna denuncia en el Ministerio de Trabajo nunca procede. Y las compañeras trans que ejercen el trabajo sexual en la informalidad fueron las primeras en ser detenidas por no cumplir el toque de queda, porque no tenía qué comer”, relata Gabriela Dávila, desde la experiencia que han tenido en Gente Positiva.
Visibles, en el estudio Realidades Compartidas, contabiliza que el 48.84% de las personas LGBTI+ manifestaron haber sufrido violencia y discriminación en el ámbito laboral. La investigación expone que la violencia contra estos grupos “provino mayoritariamente de otros compañeros y compañeras de trabajo”, pero continua y explica que, “por otro lado, también experimentan violencia en entrevistas de trabajo y eso, aunado a las experiencias generales de discriminación, les genera una autopercepción negativa sobre sus oportunidades laborales”.
Pero sin vías de denuncia ni mecanismos institucionales provenientes del ente regulador, el Ministerio de Trabajo, a las personas de la diversidad no se les puede garantizar el derecho al trabajo digno que contribuya a la sociedad, así como su desarrollo y crecimiento profesional.
Esta institución también fue mencionada en el informe de Human Rights Watch, dentro del cual se le recomienda –y solicita– lanzar una campaña pública que informe a los empleadores y a las personas que buscan empleo que “la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género es ilegal en Guatemala”.
Según Henry España, defensor de la diversidad sexual, la trampa más grande en Guatemala es basarse en el principio de igualdad, para garantizar no discriminación. A lo que Daniel Villatoro, director de Visibles, agrega que “enfocarse en la atención a personas LGBTI+, no significa especializarse o crear una oficina, sino en la noción de que, si tratas a todas las personas igual, las que están en una condición de desigualdad van a recibir menos”.
La justicia no puede ignorar a los más vulnerables
La PDH es la única institución que tiene un mandato explícito y por lo mismo es la que más confianza inspira a la hora de que una persona LGBTI+ necesite denunciar alguna vulneración o maltrato en su contra.
“La PDH tiene un mandato principal que es la defensa de derechos humanos con la supervisión de la administración pública. Pero al ser un ente de supervisión no se encarga de la ejecución de políticas públicas ni acciones coordinación tan directas porque tenemos que hacer que sea desde el Estado que se realice. Es por eso que nuestra labor también es motivar que las acciones se realicen en respeto a los derechos humanos”, explica Henry España desde la defensoría.
Sobre la labor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Daniel Villatoro valora que la institución acompaña a las personas a sortear el sistema, y conocer cuáles son las funciones específicas de cada lugar, además de que genera confianza y existe una percepción de que “procura derechos”. Pero Villatoro también se lamenta que, “el mandato de la PDH es solo supervisar a las otras autoridades, entonces en ese sentido no pueden hacer la investigación de casos o dar mayor atención”.
Así como la PDH cuyo mandato es defender los derechos de todos los guatemaltecos, el Ministerio Público también debe velar porque se busque la justicia en estos casos. Sin embargo, esta última dependencia no cuenta con una fiscalía específica –aunque sí con protocolos de atención– para recibir las denuncias de las poblaciones LGBTI+.
Según la fiscalía, cuentan con cuatro instrucciones internas ya implementadas a favor de las poblaciones LGBTI+, entre las que se encuentran el Protocolo para la atención de personas, casos o solicitudes, la instrucción de Transversalizar los enfoques de igualdad de género en la persecución penal, la Guía teórica-conceptual y protocolo de investigación para los delitos de violencia de género contra la mujer, en el ámbito público y privado, y la Guía de Actuación y litigio en casos de femicidio.
Además aseguran que para 2021, se pondrán en marcha cuatro instrumentos más: la Guía para la Atención de víctimas del delito a la población en condición de vulnerabilidad, la Ruta de atención graficada, el Acuerdo General para la Oficina de Atención Especializada a grupos vulnerables y el Protocolo para la atención y lineamientos de investigación para las víctimas del delito de la población LGBTI+.
Estos avances dentro de la fiscalía, que es la institución pública con más personal capacitado en temas de derechos de personas de la diversidad y enfoque de género dentro de esta publicación, se han visto mermados en los últimos años bajo la administración de Consuelo Porras.
Tuvimos algún acercamiento con el anterior Secretario de planificación criminal, pero los avances principalmente se dieron en la administración anterior, con la fiscal Thelma Aldana”, reconoce Henry España de su labor desde la defensoría de la diversidad.
“Lo único que hemos conseguido con el MP actual es que las cosas no se caigan. Porque con la administración anterior conseguimos que en la Política Criminal Democrática en el apartado de género haya un componente LGBT, y eso se ha sostenido. Pero ha sido sumamente difícil, y consideramos que con el perfil de la actual administración eso es bueno. De igual forma, ya estamos trabajando en nuevas mesas de trabajo que incluyen al MP con otros actores”, comparte Carlos Romero representante de REDNADS.
El olvido que se genera ante la falta de protocolos específicos para atender casos de violencia en contra de la población LGBTI+ de parte del MP, se refleja en procesos que no avanzan. Eso es lo que relata Sonia Díaz, la madre José Díaz -un joven LGBTI+ asesinado en Huehuetenango en marzo de 2019-, para quien la justicia nunca llega:
“Lo secuestraron un domingo y apareció asesinado el lunes. Tenía golpes en todo el cuerpo, especialmente en la espalda e insultos grabados en su piel. Él era bello, quería tener su propio salón, quería votar por primera vez y quería ganar más concursos. Acababa de cumplir los 18 años y ahora en enero de 2021 estaría cumpliendo 20, pero no lo dejaron. Lo mataron por ser reina de belleza y vestirse para eso. Por al menos seis meses, después del asesinato, recibí muchos mensajes anónimos: algunos pidiéndome perdón y otros amenazándome de muerte. Pero ninguna de las dos agentes fiscales de Huehuetenango –Norma Pérez y Norma López– que han llevado el caso han logrado darle seguimiento.
Ni siquiera pudieron hacer algo cuando les dije que el 1 de noviembre de 2019, ocho meses después del asesinato, fui a visitar su tumba y estaba destruida, con basura y tierra negra encima. Hemos llegado al punto de que la fiscal Pérez, que es quién lleva el caso ahora, me ha pedido que ya no vaya al MP porque no hay avances y que debería de empezar a aceptar que ‘hay casos que nunca se resuelven’. Pero ¿cómo no hay avances después de todo lo que ha pasado desde que lo mataron?”, se pregunta la madre de José Díaz.
No-Ficción intentó en varias ocasiones conversar con alguna de las dos fiscales que tomaron el caso, para conocer cómo ha avanzado la investigación y las razones por las cuáles Sonia Díaz aún no cuenta con medidas cautelares para resguardar su vida y la de su familia, pero nunca estuvieron disponibles.
En los últimos tres años (de enero 2018 a diciembre 2020), la Procuraduría de los Derechos Humanos recibió 48 denuncias y el Ministerio Público, 534. Cada año que pasa, aumenta el número de denuncias y casos de vulneraciones a personas de la diversidad sexual.
En ambas instituciones registran: discriminación y agresiones (físicas y verbales) como los hechos que más se cometen en contra de las personas LGBTIQ+. Pero más allá de los insultos, entre los cinco delitos más denunciados, en el MP está el homicidio y en la PDH la violencia sexual.
El abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por funcionarios públicos también figura entre los hechos denunciados en ambas instituciones. Y se identifica a las mujeres trans como el grupo más vulnerable, y el que más denuncia en la PDH.
Ante las denuncias y reclamos de justicia, hay instituciones que se han comprometido en realizar una labor más incluyente. A diferencia de los ministerios del Organismo Ejecutivo, los entes encargados de buscar e impartir justicia han dado pasos adelante para mejorar la atención para las personas LGBTI+. Un ejemplo de estos esfuerzos, se observa en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
El INACIF es la institución pública que debe hacer investigación criminal científica para demostrar algún suceso. La mayoría de las víctimas involucradas en un proceso penal deben ser evaluadas por INACIF. Ante la situación de vulnerabilidad que viven las personas LGBTI+ en Guatemala, la institución ha implementado formularios diferenciados, con más opciones para que las personas puedan elegir su propia identidad de género.
Sin embargo, estos esfuerzos se quedan cortos si no están acompañados de otras acciones. “El problema no es solo que en la denuncia se pueda marcar LGBT, sino que el espacio sea seguro para reconocerme como LGBT o para explicar que lo que me pasó fue por ser LGBT y que lo van a considerar o se van a burlar de mí. Un formulario no va a cambiar el sentimiento de discriminación, pero yo he visto que poner carteles o anuncios en los espacios para garantizar la ‘no-discriminación’, sí hace grandes cambios, por ejemplo”, explica Daniel Villatoro, de Visibles.
“En el INACIF tienen un formulario, pero no lo pasan y siguen asumiendo la identidad de las personas. Hemos tenido casos de que han ido a poner una denuncia y les ponen ‘hombre vestido de mujer’ y no ponen mujer trans. O tuvimos el desagrado de ver en una boleta que decía ‘marimacho’, solo porque vieron a una mujer vestida un poco ‘tomboy’ (de forma considerada masculina)”, cuenta Gabriela Dávila desde Gente Positiva.
«Se identifica a las mujeres trans como el grupo más vulnerable, y el que más denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos».
De igual manera, el Instituto de la Defensa Pública Penal ha demostrado esfuerzos específicos para mejorar su atención a las personas LGBTI+. Y es una de las instituciones públicas de justicia más reconocidas por estos avances.
“En la Defensa Pública atienden los casos de personas de la diversidad que llegan con sus procesos. La psicóloga encargada de las poblaciones LGBTI+ es una mujer trans, la abogada estuvo en PDH y tuvo conocimiento del tema. Esta sección fortaleció sus capacidades desde el inicio con organizaciones sociales de la diversidad. Y ahora ya tienen un protocolo para atención a personas LGBTI+ para todo el personal de la institución”, expone con una nota positiva, el defensor de la diversidad Henry España.
“Las personas que llegan al IDPP son personas en una vulnerabilidad y que no tienen los medios para defenderse de manera privada. Y la IDPP se dio cuenta que había grupos vulnerables LGBTI+ dentro de las personas que requerían sus servicios, y tuvieron que empezar a atenderlas y entenderlas”, explica Daniel Villatoro, desde Visibles.
Por su parte, el Organismo Judicial –ente máximo de la justicia en Guatemala– tampoco cuenta con políticas propias para atender de forma diferenciada y especializada a las personas LGBTI+. Sin embargo, se destaca que sí existen esfuerzos por mejorar en este aspecto, así como interés de organismos internacionales e instituciones en defensa de los Derechos Humanos que han logrado avances como: la creación de una carceleta para la diversidad LGBTI+ en la Torre de Tribunales, en 2018, y talleres sobre buenas prácticas y métodos para eliminar la discriminación hacia la población LGBTI en el Poder Judicial, en 2019.
“Tenemos el sistema de registro de información, que sería efectivo si todos lo aplicarán, igual que pasa con las carceletas en la Torre de Tribunales. Solo es ahí, porque al llegar a los diferentes centros de detención se pierden todos los derechos. Al punto de que hemos recibido llamadas de mujeres trans denunciando desde la cárcel que les quieren cortar el pelo”, expone Gabriela Dávila, de Gente Positiva.
Pero independientemente de la atención institucional, Carlos Romero de REDNADS, considera que es importante que se elimine el prejuicio a la hora de juzgar un caso.
Tanto para los ministerios del Gobierno como para las instituciones públicas de justicia, la llegada de la pandemia por el nuevo coronavirus, Covid-19, frustró la programación de capacitaciones para funcionarios y personal público alrededor del enfoque de género y la atención sin discriminación.
Ser LGBT en Guatemala
Crecer y desarrollarse en un país conservador bajo constante discriminación, por temas de etnia, clase social, orientación sexual, entre otros, sería más sencillo si al menos la administración pública se responsabilizara por la atención y la estructura institucional que reciben todas las personas, de acuerdo a sus necesidades y realidades.
Sin embargo, Guatemala aún está lejos de ser eso. Ejemplos de discriminación por parte de funcionarios y autoridades públicas contra la población, específicamente las personas LGBTI+, se observó el 12 de enero en el Congreso de la República. Cuando la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, del partido conservador de derecha VIVA, tomó la palabra para razonar su voto a favor de la Ley de vacunación contra COVID-19. A pesar de lo ilógico que resulta pensar en una relación directa entre el nuevo coronavirus y el pensamiento progresista a favor de los derechos de las mujeres y las personas LGBTI+, a diputada Lucrecia Marroquín dijo: ”Desde mi perspectiva se están enfrentando dos fuerzas: el mal y el bien”, mientras aseguraba que parte de la responsabilidad de la pandemia recae en la “pérdida de valores” y la “agenda internacional de la ideología de género”.
“Hoy menciono una corriente de pensamiento absurda que se conoce como ideología de género, misma que se atreve a afirmar que a la hora de nacer a los niños no se les debe asignar un sexo, sino que ellos mismos deben elegirlo cuando estén listos. Esta corriente con estrategias y artimañas quiere destruir a la familia conformada por hombre y mujer”, dijo la diputada durante la sesión plenaria.
Actitudes como la de Lucrecia Marroquín de Palomo son comunes en este país y en las instituciones, por lo que al no existir políticas públicas ni marcos reguladores para la atención de personas LGBTI+, los abusos y las vulneraciones van a seguir ocurriendo. Además, seguirán siendo poblaciones sobre las que no existen datos ni información oficial específica, porque al no reconocer las necesidades particulares que las personas de la diversidad sexual tienen tampoco se atienden, solucionan ni registran.
“Mucha gente cree que la discriminación hacia las personas LGBT+ es una opinión, no es un dato y no es real o factible. Se queda en percepción o “sentir nuestro”, pero los datos, las encuestas y los productos estadísticos nos ayudan a decir que estas cosas suceden y a medirlas”, considera Daniel Villatoro, director de Visibles.
Y en eso coincide Sonia Díaz, la madre de José Díaz, en su búsqueda por la justicia alrededor del asesinato de su hijo:
“Yo no me voy a rendir, voy a seguir buscando justicia y que se me escuche. No puedo permitir que esto se quede así, por mi hijo y por mí. Desde su asesinato en 2019, ha habido otros cuatro casos similares de muertes de personas de esa comunidad (LGBTI+) y ninguna ha sido resuelta. No entiendo qué es lo que pasa, o porque a estos asesinatos no se les pone atención”, se lamenta Sonia Díaz al relatar la experiencia que ha recibido en la fiscalía.
“Si pensamos en los asesinatos que se han cometido contra personas LGBTI+, hay que hablar de los grupos de personas homofóbicas, lesbofóbicas, bifóbicas y transfóbicas. Lo mismo con las violaciones a las mujeres lesbianas, no se habla de los motivos de estos abusos que muchas veces ocurren en espacios ‘permisivos’ y que eso les sucede porque ‘tienen que ser mujeres’”, insiste Franklin Morales sobre la necesidad de datos e información alrededor de los abusos que enfrenta la población de la diversidad sexual, como forma de combatir la invisibilidad social y la impunidad.
Por estos motivos, se celebra que las instituciones más básicas para el registro y reconocimiento de las personas también tengan esfuerzos a favor de las personas LGBTI+. Desde 2016 las personas trans pueden solicitar la actualización de su documento de identificación con el cambio de nombre, aunque no de sexo.
Según el Registro Nacional de las Personas (RENAP), cuentan con el Protocolo para la Atención de Usuarios, “el cual contiene normas de atención a las personas LGBTI, especialmente a las y los ciudadanos transexuales”, y se capacita constantemente al personal institucional para atender cada caso bajo el principio de no discriminación hacia las personas de la diversidad sexual, específicamente.
La experiencia para solicitar un DPI con el cambio de nombre de una persona trans ya no es tan terrorífica como solía serlo, explica Amnes Meneses. Una mujer trans de 27 años y lideresa del grupo Trans Joven, quien luego de pasar tres años en un proceso de conversión, se animó a hacer el cambio de documento de identificación por uno que sí la identifique.
“Me decidí por empezar el proceso hace tres años –cuando tenía 24–, con el apoyo de la Organización Trans Reinas de la Noche (Otrans) comencé a tomar hormonas y ese mismo día tiré toda mi ropa. Gracias a mis amigas más cercanas conseguí ropa ‘de niña’ y empezó la nueva vida. Yo no tengo muchas personas a mi alrededor, así que cuando me decidí por empezar la transición me puse una venda en los ojos y empecé a actuar, a tomarme mis hormonas y a hacer todo lo que tenía que hacer. Pero ahora que ya me siento satisfecha con el lugar al que he llegado, me he dado cuenta que fue un proceso que viví muy sola.
Mi último paso por ahora, fue sacar mi nuevo DPI siempre con el apoyo de Otrans. En mi experiencia todo estuvo muy bien, solicité mi cambio de nombre en noviembre y a mediados de diciembre ya me lo habían entregado. El protocolo fue muy bueno: hice la fila, entregué mi partida de nacimiento con mis nuevos nombres. Cuando llegó el turno de la foto, el caballero nunca me trató con pronombres masculinos –me decía ‘señorita’– e incluso me hablaba de cómo acomodarme el pelo. Yo me sentí satisfecha al salir por el proceso en sí, pero también de la atención porque esto es producto de la capacitación que hemos realizado –yo también– desde nuestra lucha con Otrans.
Por mi identidad y mi paz mental tuve que dejar la universidad. Yo estudiaba diseño gráfico y estuve cerca de terminar, pero era objeto de violencia por parte de todos: compañeros, profesores, administrativos. Si yo no hubiera salido de ahí y de la agencia de publicidad en la que trabajaba, mi proceso hubiera sido mucho más largo. Pero mi problema ahora que estoy considerando volver a terminar la carrera, es que no creo que me quieran dar mi título bajo mi nombre actual, sino con el que tenía antes. Y voy a tener que pelearlo con un abogado”, relata Amnes Meneses sobre su experiencia como mujer trans en la ciudad de Guatemala.
Con la llegada de la pandemia, Amnes Meneses se sumó a las personas LGBTI+ que perdieron su trabajo. Por lo que ahora -después de meses buscando-, lo más probable es que busque trabajo en un call-center, en donde le contaron que no discriminan a las personas por su identidad ni por su orientación sexual.
Y es que, aunque el procedimiento para cambiar de nombre sea cada vez más sencillo, sigue siendo caro. Incluyendo los honorarios de un abogado, las certificaciones y publicaciones requeridas puede llegar a costar más de Q4,000 (US$550), un precio alto para la mayoría de las personas trans que viven en la pobreza, sin acceso a educación ni a un empleo formal. La opción existe pero es prácticamente inaccesible si no se gestiona como una iniciativa desde el sector público para cubrir una necesidad de la población trans con obstáculos importantes.
Tanto las organizaciones enfocadas en Derechos Humanos y poblaciones LGBTI+, como las personas de la diversidad sexual, aseguran que es preocupante que el servicio público aún no sea inclusivo, a pesar de los avances en otros países. “Nosotros buscamos el fortalecimiento institucional y no la buena voluntad de la autoridad de turno”, asegura Henry España sobre el trabajo que se realiza desde la defensoría de la diversidad.
Al ser cuestionados sobre los retos a la hora de defender y abogar por el derecho a ser de las personas LGBTI+, los representantes de los colectivos de la diversidad sexual describen las situaciones así:
“En todos los ministerios a los que voy tengo que pedirles empatía. Les digo: ‘Va a ser imposible que usted se ponga en los zapatos de la gente, pero gustaría que usted se diera cuenta que hay mucha gente que no cree en la Constitución, sino que cree en su religión, que dice que solo hay hombre y mujer”’, explica Gabriela Dávila, desde Gente Positiva, sobre las dificultades a la hora de solicitar verdadera igualdad y equidad para las personas LGBTI+.
“La violencia en todas las expresiones y la exclusión es de lo más fuerte que hemos visto. A veces se habla de forma muy simple sobre empoderar a las personas, pero si no hay un entorno favorable y amigable, es difícil lograr que estas personas sean funcionales aún con el empoderamiento”, expone Carlos Romero de la REDNADS, sobre lo que conlleva el acompañamiento y asesoría en casos de violencia en contra de personas de la diversidad sexual en Guatemala.
“No nos reconocen ni se nos contabiliza por la misma doble moral que se maneja dentro del Estado. Una cuestión en donde creen que defienden ‘la moral y la ética’, que viene desde el colonialismo y con lo que Guatemala lastimosamente ha tenido relación toda la vida. Somos un país que siempre ha estado reprimido, desde los movimientos indígenas hasta los movimientos culturales, lo que a muchos y muchas no les gusta, buscan frenarlo”, asegura Franklin Morales de la Asociación Lambda para explicar por qué no se logra un reconocer y menos implementar políticas públicas con las personas LGBTI+ como sujetos de atención específica y objeto de abusos.
Los datos recabados en la actualidad no distan mucho de los recopilados desde hace más de 20 años. Según el informe especial “Los crímenes de odio por identidad sexual durante la década de 1996- 2006″, de la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frenta al Sida (OASIS), la discriminación y la violencia a la comunidad LGTBI representa “desafíos urgentes en materia de derechos humanos, evidenciando un proceso histórico de exclusión y discriminación que no ha sido enfrentado eficazmente por el Estado”.
Esa es, también, una de las conclusiones a la que llega el documento “Discriminación por orientación sexual e identidad de género y una aproximación a la interseccionalidad con otras formas de discriminación en Guatemala”, presentado por la Fundación Myrna Mack en 2012 y en el que incluso se incluyó un petitorio hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este estudio además concluye, con la población LGBTI+ entendida como sujeto de derecho, que:
“Establecer que el poder adquisitivo es determinante para los niveles de discriminación, sustenta y fortalece la crítica al Estado de Guatemala, ya que más allá de la cultura que predomina en el país, es dentro de los sistemas públicos en donde se consolidan las mayores violaciones a derechos humanos, por lo que la incapacidad para abordar la problemática es inminente”.
Ambos informes, sumados al de Realidades Compartidas de Visibles presentado en 2020, demuestran que el avance en materia de derechos humanos de las personas LGBTI+, es muy poco. Pero el impacto que esto representa en la vida de la población de la diversidad sexual, es grande. “La violencia y discriminación basadas en prejuicio pueden dejar marcas profundas en las personas, esto debe entenderse e investigarse más a fondo en el caso de las personas LGBT guatemaltecas”, concluye la investigación de Visibles.
“Hasta que en el país no se hable o informe sobre todas estas violaciones a los derechos humanos y dejemos de ver a las personas LGBTI+ como plagas o como enfermos o pecadores, y comencemos a verlos como sujetos de derechos, no vamos a avanzar”, insiste Franklin Morales alrededor de los prejuicios que enfrenta la población de la diversidad en los diferentes ámbitos públicos del país.
“Yo he visto a muchas personas migrar de Guatemala que son LGBT. Y sé que muchas otras se lo han preguntado porque al final es tu proyecto de vida, porque no podemos quitar esa parte de nuestro ser. Y luego solo pretender que no existe para seguir con mi proyecto de vida, para tener una vida plena. No se puede, y eso ha resultado en proyectos de vida truncados o rechazo al país, porque los proyectos de vida son más importantes que la sensación de pertenencia a un país. Y eso es muy triste porque un país debería de poder desarrollar a los suyos, no expulsarlos”, se lamenta el director de Visibles, Daniel Villatoro.
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