La nueva Corte de Constitucionalidad cuenta con mayoría de magistrados afines a los sectores que buscan garantizar la impunidad en Guatemala. Las trayectorias de Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Leyla Lemus hacen prever resoluciones que desde la CC podrían aplanar el camino para la industria extractiva, la candidatura de Zury Ríos, la ley de ONG o la amnistía para delitos cometidos durante el conflicto armado. Estos son algunos de los escenarios previstos.    

El 27 de agosto de 2017 el entonces presidente Jimmy Morales declaró non grato a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La decisión de Morales llegó dos días despúes de que esta comisión y el Ministerio Público solicitara su retiro de inmunidad por el delito de financiamiento electoral ilícito.

Tras un amparo presentado por el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, la Corte de Constitucionalidad anuló la decisión de Jimmy Morales porque se extralimitó en sus funciones ya que no respetó el mecanismo establecido entre Guatemala y Naciones Unidas para discutir sobre el trabajo de la comisión.

Decisiones de este tipo, que pongan un alto al abuso de poder, no se esperan en la presente Corte de Constitucionalidad que asumió parcialmente con solo tres de los cinco magistrados titulares, todos ellos afines a los grupos de poder que buscan garantizar la impunidad en Guatemala.

Roberto Molina Barreto, designado por la Corte Suprema de Justicia; Dina Ochoa elegida por el Congreso de la República y Leyla Lemus, la escogida por el presidente Alejandro Giammattei, quienes asumieron en medio de señalamientos en su contra de representar a grupos de poder, tendrán en sus manos resolver asuntos de interés nacional durante los cinco años que durará su gestión.

Dina Ochoa, quien fue reelecta como magistrada, estuvo a favor con la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por parte del expresidente Jimmy Morales y votó a favor de que Zury Ríos, a pesar del impedimento constitucional, participará como candidata presidencial.

Roberto Molina Barreto estuvo seis meses en la anterior corte y con antelación estuvo dos períodos. Entre sus resoluciones se encuentra la que anuló el juicio por genocidio en contra del golpista José Efraín Ríos Montt (+) y además acompañó como binomio presidencial a Zury Ríos en las anteriores elecciones, antes de que la CC cancelara su postulación.

Leyla Lemus tuvo un paso por el Ministerio Público y cuando fue subdirectora del Programa de Protección de Testigos fue acusada por la CICIG de obstrucción a la justicia por interferir en una investigación. Tras el proceso legal, sus abogados lograron sobreseer el caso en su contra. Además, tiene vínculos con personajes allegados del operador político Gustavo Alejos por estar relacionada a farmacéuticas.

Abogados, politólogos y organizaciones civiles consultadas por No-Ficción señalaron algunos de los temas que serán trascendentales durante el mandato de la nueva corte. Estos temas podrían verse afectados si se marca la tendencia de los tres magistrados titulares, ya que en la mayoría de decisiones se necesita tener tres de los cinco votos.

Los temas trascendentales que marcarán el trabajo de los nuevos magistrados constitucionales son: la candidatura a la presidencia de Zury Ríos, la continuidad de las industrias extractivas que no hacen consultas comunitarias, reformas electorales y a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales, así como los casos en contra de exfuncionarios públicos, empresarios y militares.

1. Candidatura de Zury Rios     

Tras la llegada a la Corte de Constitucionalidad de dos magistrados allegados a Zury Mayté Ríos Sosa, las piezas se van alineando para que la hija del golpista José Efraín Ríos Montt (+) participe como candidata presidencial en las elecciones de 2024.

Roberto Molina Barrerto fue electo por la Corte Suprema de Justicia como magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad. Este sería su tercer período completo como magistrado constitucional ya que lo hizo del 2006 al 2011 y del 2011 al 2016. En 2013, fue uno de los magistrados que anuló la sentencia por genocidio en contra de José Efráin Ríos Montt.

En 2019, fue candidato a la vicepresidencia por el partido VALOR y su compañera de fórmula fue Zury Ríos, a quien la Corte de Constitucionalidad le prohibió participar en las elecciones por un impedimento señalado en la Constitución.

El otro magistrado es Luis Rosales, quien fue abogado de Ríos Montt en el caso por genocidio. Rosales integró el partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) como diputado en el período 2000-2004. Fue el primer vicepresidente del Congreso en el 2001 al 2002 cuando Ríos Montt fue presidente de ese poder del Estado.

En las elecciones de 2019 fue electo como diputado por el partido VALOR y llegó a ocupar la segunda vicepresidencia del Congreso de la República. Ese poder del Estado lo eligió como magistrado suplente ante la Corte de Constitucionalidad. Como titular fue designada Dina Ochoa, quien continuará como magistrada de la CC ya que en 2016 fue designada por el entonces presidente Jimmy Morales.

En 2019, una Corte de Constitucionalidad conformada por siete magistrados resolvió que Zury Ríos no podía ser inscrita como candidata presidencial por el artículo 186 constitucional que se refiere a las prohibiciones para optar a los cargos de presidente y vicepresidente. Dicho apartado señala que no podrán postularse para esos cargos los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del “caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”.

Esa resolución que prohibió participar a Zury Ríos no fue respalda por Dina Ochoa quien votó en contra. En su voto razonado calificó de absurda la resolución de sus colegas porque se violentó el derecho de Ríos Sosa de elegir y ser electa, así como el derecho de los afiliados al partido VALOR de votar por ella.

“…se arriba a una conclusión carente de razonabilidad o absurda, tal como prohibir, a perpetuidad, a los parientes de un caudillo o jefe de golpe de Estado, el ejercicio pleno de sus derechos políticos por actos que les son ajenos. La interpretación realizada por la mayoría del tribunal condena, incluso, a generaciones no nacidas por actos que les serían imputables. A mi juicio, limitar el ejercicio de un derecho humano de la persona aún no nacida, se traduce en su muerte civil y política”, puntualizó Ochoa.

A decir del politólogo, Renzo Rosal, Zury Ríos es la única que tiene dos operadores políticos dentro de la Corte de Constitucionalidad, lo que no descarta una resolución que le permita participar en las elecciones de 2024. 

“Si la nueva CC quiere facilitarle un camino a Zury Ríos tendrán que forzar una resolución para lograr que ella      participe, nada es difícil. La nueva CC es probable que se la juegue en un tema que nunca se ha logrado, sería forzar la resolución, pero nada se descarta. Zury Ríos es la figura política que logra tener dos operadores, uno como titular y otro como suplente. No veo a otro personaje en la politica nacional que tenga ese nivel en las agendas de los nuevos magistrados”.

El abogado constitucionalista Alejandro Balsels señala que nunca se había tenido una CC integrada por dos personas abiertamente vinculadas a un partido político como el caso de Molina Barreto y Rosales.

“Definitivamente hasta que haya un caso se verá que cambios de criterios habrá en la Corte de Constitucionalidad. Hay que estar atentos a los criterios de la corte y tener claro que si hay una vinculación politico partidista marcada en esta magistratura. Tenemos a dos miembros del partido VALOR que fueron electos magistrados. Es algo que nunca habia existido y que fueran tan evidente como ahora”.

2.CACIF y los megaproyectos

La Corte de Constitucionalidad saliente tuvo el rechazo constante del sector empresarial por fallar en contra de megaproyectos mineros que operaban en Guatemala sin haber realizado las consultas comunitarias correspondientes. El caso emblemático fue la suspensión de la Minera San Rafael, que generó críticas para los magistrados por parte de los altos dirigentes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

El 5 de julio de 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió de forma provisional las operaciones de la Minera San Rafael, filial en ese entonces de la empresa canadiense Tahoe Resources, con dos proyectos en Guatemala. El primero se llama “El Escobal” ubicado en el municipios de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, y el segundo “Juan Bosco”, instalado en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Santa Rosa.

En agosto, la Corte de Constitucionalidad confirmó esa suspensión. Un mes despúes, la CSJ revocó su decisión inicial y ordenó la consulta a la comunidad indígena Xinca ubicada en los municipios de Santa Rosa y Jalapa en los que operan los proyectos de la Minera San Rafael. Este amparo fue presentado por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS).

“Vemos una decisión arbitraria e irresponsable de los operadores de justicia”, manifestó en ese entonces el presidente del CACIF, Antonio Malouf. En una conferencia de prensa aseguró que las decisiones de las cortes afectaban el clima de inversiones en Guatemala.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, las partes involucradas accionaron ante la Corte de Constitucionalidad, que en marzo del 2018, solicitó un estudio antropológico a tres entidades: Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos y Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle, que determinaron que en el lugar existe comunidades indígenas Xincas.

El 3 de setiembre de ese año la Corte de Constitucionalidad emitió en definitiva una resolución que ordenó al Ministerio de Energía y Minas hacer una consulta comunitaria al pueblo Xinca ubicado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa con el propósito de que fueran las comunidades las que decidieran si sigue el proyecto El Escobal. La corte ordenó el cierre del otro proyecto Juan Bosco. A la fecha la consulta no se ha hecho y las operaciones de la Minera San Rafael, que en 2019 fue comprada por la empresa Pan American Silver, siguen suspendidas.

Con la llegada de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad afines al sector empresarial se corre el riesgo que los amparos presentados en contra de megaproyectos sean rechazados, a pesar que no se hayan hecho las consultas comunitarias.

En su discurso de toma de posesión como presidente de la CC, Roberto Molina Barreto dejó clara su postura a favor del sector empresarial en los casos de explotación de recursos naturales.

“La función del tribunal es la de generar el menor impacto negativo posible, no provocar más desempleo, separación de familias con cierre de empresas. Pero a la vez coadyuvar con la conservación del medio ambiente, sin mermar la recaudación tributaria”, dijo Molina Barreto, al criticar la suspensión de proyectos mineros por los anteriores magistrados constitucionales.

El abogado ambientalista, Rafael Maldonado, quien trabajó en la organización CALAS cuando se frenó el trabajo de la Minera San Rafael, señaló que la posición de los magistrados Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa es favorecer los megaproyectos y no a las comunidades indígenas.

“Es un riesgo bien latente. Es bien conocida la posiciones de Dina Ochoa y de Roberto Molina Barreto con relación a estos proyectos. Molina Barreto será el presidente y tendrá mucha incidencia en la decisión de los otros magistrados. El riesgo que existe es que ya no se acepten los amparos que busquen que se hagan las consultas comunitarias”.

Maldonado señaló que otro aspecto del que se corre riesgo es que las sentencias establecidas por la anterior corte sean modificadas con el propósito de beneficiar a las empresas y gobierno, no así a favor de las comunidades.

A decir del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, los nuevos magistrados deben actuar pegado a la Constitución que establece en su artículo 46 que los convenios y tratados en materia de Derechos Humanos deben prevalecer, esto en referencia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que señala que se debe consultar a los pueblos indígenas para la instalación de megaproyectos.

“La Corte de Constitucionalidad que está terminando hay que reconocer que hizo importante la aplicación del Convenio 169 lo que le generó un costo político porque estas empresas con grandes recursos económicos financiaron grandes campañas de desprestigio infundada ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad”.

3.Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos

El tema de Zury Ríos involucra aspectos electorales y la reforma electoral no se queda fuera de la Corte de Constitucionalidad.

El 18 de febrero del presente año los magistrados del Tribunal Supremo Electoral: Gabriel Aguilera, exministro de trabajo de Jimmy Morales; Rafael Rojas, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia señalada de proteger a funcionarios con antejuicios, Blanca Alfaro, ex candidata a la vicepresidencia con Edwin Escobar por el partido Prosperidad Ciudadana; Mynor Franco, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia e Irma Elizabeht Palencia, quien ha sido vinculada con militares, presentaron una iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos al Congreso.

Esta iniciativa busca revivir el transfuguismo entre diputados y permite menos controles a la fiscalización de los partidos políticos. De ser aprobada, esta iniciativa deberá ser enviada a la Corte de Constitucionalidad para su análisis.

La Constitución señala en su artículo 175 que “las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad”.

A decir del politólogo Renzo Rosal, la tendencia es que los magistrados de la CC validen esas reformas que llevan el visto bueno del Congreso y el oficialismo. “Esta es una contra reforma electoral porque no es una reforma para avanzar, sino una reforma que busca retroceso. Esta reforma busca acabar con los avances logrados en 2016. Con esto se pretende acabar con los controles a los partidos políticos”.

A decir de Edie Cux, de la organización Acción Ciudadana, la reforma electoral que llegará a la Corte de Constitucionalidad debilita el control de las finanzas de las organizaciones políticas. Agregó que muchos diputados tienen vínculos con estructuras del narcotráfico que buscan financiar sus campañas electorales.

“Los magistrados constitucionales en el ejercicio de su cargo van a tener esas decisiones como avalar o no reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Muchos políticos tienen vínculos con el narcotráfico y con esas reformas se está favoreciendo a que el crimen organizado financie a los partidos”.

Esta iniciativa de ley elimina el artículo 21 quáter de la Ley Electoral que se refiere a la terminología clave para determinar quién da dinero a los partidos políticos.

“Financista de organización política o financista político: Es toda persona, individual o jurídica nacional que realice una contribución, en dinero o en especie, o por medio de cualquier contratación que no se realice en condiciones de mercado, a cualquier organización política, asociación con fines políticos o entidad de cualquier tipo, nacional o extranjera, que realice actividades que beneficien un partido político, un candidato o persona con interés en postularse para un cargo de elección popular.”

Al eliminarse este artículo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el concepto de financista político quedará abierto a interpretaciones.

4.Ley de ONGs

El 12 de febrero de 2020 el Congreso de la República liderado por la alianza oficialista del partido VAMOS aprobó las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales bajo el argumento de fiscalizar mejor sus finanzas. Sin embargo, el objetivo principal es controlarlas bajo la amenaza de ser canceladas por el Ejecutivo si se considera que se extralimitaron en su función. Estas modificaciones fueron sancionadas por el presidente Alejandro Giammattei quien dijo que las ONG´s deben ser controladas.

“Hay incumplimientos de la creación de las ONG que nunca llegan a formalizarse con todas las de ley, este no es un acto que solo lo ha hecho Guatemala. El Salvador desde 1996 tiene una ley reguladora, la República Dominicana desde el 2005 y Panamá desde el 2017, es decir no somos los mismos… Todo el mundo exigimos transparencia, por eso hemos decidido sancionar esta Ley y dar las razones por las cuales lo estamos haciendo”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa el 27 de febrero.

Las organizaciones Acción Ciudadana, Fundación Myrna Mack, Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y los diputados Aldo Dávila, Sonia Gutierrez, Edgar Batres y Orlando Blanco presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad y de esta cuenta, el 5 de marzo, quedó suspendida la entrada en vigencia de las reformas a la ley de Organizaciones No Gubernamentales.

Los entonces magistrados Bonerge Mejía (+), Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Neftaly Aldana votaron a favor. Dina Ochoa, designada por Jimmy Morales, votó en contra. Dina Ochoa fue reelecta como magistrada por el Congreso y junto a los otros magistrados deberán decidir si otorgan el amparo en definitiva o si las reformas cobran vigencia.

Roberto Molina Barreto, uno de los nuevos magistrados constitucionales, fue entrevistado por Prensa Libre por las reformas a esta ley y mostró una postura a favor. “El problema es que hay muchas oenegés, que, no obstante, sus estatutos que definen su finalidad efectúan otro tipo de actividades y, entonces, el fruto de las donaciones es para el bolsillo de quienes las dirigen”, señaló el abogado.

Edie Cux de la ONG Acción Ciudadana aseguró que tras la toma de posesión de la nueva Corte de Constitucionalidad las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales entrarán en vigencia. Mostró preocupación de que se intente criminalizar a la sociedad civil por denunciar actos de corrupción en la administración pública.

“Nosotros creemos que es preocupante. Sabemos que la ley de ONG entrará en su momento porque hay algunos magistrados en oposiciones al trabajo de la sociedad civil que han denunciado la corrupción. Parece claro e inminente que la CC irá contra las Organizaciones No Gubernamentales”.

5.Impunidad para los delitos cometidos durante el conflicto armado

El pasado 9 de febrero la Corte de Constitucionalidad resolvió en definitiva un amparo contra el Congreso de la República que disponía reformar la Ley de Reconciliación Nacional con el objetivo de otorgar amnistía a los militares que cometieron crímenes durante el conflicto armado interno. Los magistrados que votaron a favor del amparo fueron Gloria Porras, Francisco de Mata Vela, María de los Ángeles Araujo y María Cristina Fernández.

El magistrado Roberto Molina Barreto se opuso a dicha resolución argumentando que la corte incurrió en una “indebida intromisión” en las funciones que la Constitución otorga al Congreso de la República.

La iniciativa de ley fue presentada por el exdiputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares-Beltranena y tuvo el apoyo del partido oficial del gobierno del expresidente Jimmy Morales, Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación) y bancadas aliadas con vínculos con militares.

Desde que se empezaron los casos penales contra militares durante la gestión de la ex fiscal general, Claudia Paz y Paz, diversos grupos como la Fundación Contra el Terrorismo, liderada por Ricardo Méndez Ruiz, han promovido la amnistía para los militares que cometieron delitos durante la guerra, sin embargo, no lo han logrado.

Un ejemplo de como se ha tratado generar impunidad hacia los militares se dio el 12 de enero de 2016. El entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa (EMD), Alfredo Sosa Díaz, presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso que buscaba eliminar el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional.

La acción de Sosa Díaz, respaldada por la Fundación contra el Terrorismo y la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), pretendía que no se investigue a militares por los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada. Esta acción fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad.

Los nuevos magistrados Roberto Molina Barreto y Luis Rosales tienen una cercanía directa con militares por ser allegados de Zury Ríos. Por aparte, Dina Ochoa tiene relación con militares toda vez que fue designada en 2016 por Jimmy Morales, quien mantuvo durante su mandato el respaldo del ejército.

A decir de Álvaro Montenegro, de la organización Alianza por las Reformas, no se descarta que durante la actual legislatura se promueva una iniciativa que busque beneficiar a militares señalados de crímenes de lesa humanidad ya que se tiene cooptada la CC.

“Revivir las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional se ve muy difícil, pero sin duda con todos los vínculos que hay con los militares, no se descarta que se busquen estrategias desde el congreso para favorecer a militares y que se tenga el apoyo de la Corte de Constitucionalidad. Hay una alianza entre militares con redes de corrupción y narcotráfico que buscan mantener una cooptación”.

Durante este gobierno, militares retirados han manifestado y se han reunido con el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, para buscar una indemnización de Q120 mil por sus “servicios en la guerra” durante 1960 a 1996. En las reuniones, el diputado se ha comprometido a dar resultados inmediatos y que se tenga el dictamen de la iniciativa de ley 5664 presentada en 2017 por la bancada TODOS que busca otorgar ese resarcimiento.

El pasado 13 de abril, este grupo de militares retirados salió a manifestar para pedir la indemnizacion mientras que en el Congreso se llevaba a cabo la juramentación de Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leyla Lemus como magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Gloria Porras no asumió por una amparo presentado por la abogada Amanda Santizo, vinculada al juez prófugo Mynor Moto.

En las afueras del Palacio Legislativo, el grupo de militares cambió su consigna y empezaron a gritar que Gloria Porras no podía asumir como magistrada constitucional porque tenía “impedimentos legales”. Esta manifestación intentó opacar el rechazo de grupos de la sociedad civil que cuestionó la juramentación de la nueva corte.

6.Casos CICIG y elección de cortes

Durante los 12 años que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) estuvo en el país sindicó a más de 1 mil 540 personas en los casos investigados en conjunto con el Ministerio Público. Durante ese tiempo, se presentaron 120 casos de alto impacto y se reveló a 70 estructuras criminales. Además, se presentaron 100 solicitudes de retiro de inmunidad de políticos y funcionarios.

El expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti son algunos de los funcionarios vinculados en casos de corrupción. Militares también fueron señalados por esta comisión al igual que empresarios poderosos.

Con la llegada de la nueva Corte de Constitucionalidad, el miedo de las organizaciones de la sociedad civil se centra a que las investigaciones sean anuladas o que se cambie a los jueces con el objetivo que las condenas sean mínimas.

Para Álvaro Montenegro, de Alianzas por las Reformas, el riesgo no se limita a que cierren los casos, también va orientado a que aparten a jueces de casos de alto impacto para poner a jueces vinculados a estructuras ilegales.

“Como al final todos los casos llegan a la CC, pueden irse cayendo poco a poco. Estos magistrados pueden ir anulando condenas a favor de los implicados, pero también pueden cambiar a los jueces de los casos, un ejemplo sería quitar a Ericka Aifán de los procesos contra ex funcionarios vinculados a actos de corrupción y asignar a otros jueces más complacientes”.

En febrero del año pasado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) reveló el caso Comisiones Paralelas 2020, que da cuenta de cómo el operador político Gustavo Alejos, se encontraba detrás del plan que pretendía cooptar la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Los magistrados de esas cortes debieron elegirse en 2019, pero por no existir garantías de transparencia, el proceso se atrasó. Una resolución de la Corte de Constitucionalidad de mayo de 2020 ordenó a los diputados del Congreso elegir magistrados con base a las pruebas presentadas por la FECI y que se excluyera a los candidatos que se habían reunido o tenían vinculos con Alejos.

Sin embargo, por más de un año, la alianza del oficialismo, liderada por su presidente Allan Rodríguez, ha retrasado la elección porque la actual Corte Suprema de Justicia.

En el Congreso, las bancadas de oposición también señalan que la intención de retrasar la elección de magistrados de la CSJ y Cortes de Apelaciones es para que la nueva Corte de Constitucionalidad –integrada por Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leyla Lemus– deje sin efecto lo ordenado por sus antecesores, y que el Congreso pueda elegir a los magistrados sin importar si los postulantes tienen vinculación con Gustavo Alejos.

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, señaló que tras la llegada de la nueva CC es un hecho que los abogados defensores de los corruptos querrán separar a jueces de casos de alto impacto por otros jueces que resuelvan a favor de los implicados.

“Al elegir magistrados de Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia a la medida de ellos -diputados-, muchos casos de la FECI pueden caerse. La FECI irá a la Corte de Constitucionalidad en última instancia para apelar y ya sabemos que ahí no le darán trámite a estas acciones legales y se garantizará la impunidad”.

Decisiones apegadas a derecho

A decir del ex procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad anterior tuvo tropiezos, se tuvo una certeza del derecho y espera que los nuevos magistrados respondan en beneficio de todos.

“La Corte de Constitucionalidad ha sido el bastión que ha defendido el Estado de Derecho, y ojalá que con esta nueva integración no se tire por la borda esta garantía que hemos tenido hasta el día de hoy”.

Para la abogada constitucionalista Annabella Morfín el hecho que haya señalamientos en contra de algunos de los magistrados afecta la credibilidad que se pueda tener en ellos.

“Ellos, al juramentar sus cargos, deben defender los principios de la Constitución. Y, si no lo hacen, hay formas de accionar en contra de esas resoluciones. La población en general tenemos que estar pendientes del rol que jueguen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad… Definitivamente hay sectores que buscarán que se traten de cambiar normas”.

Las resoluciones de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no deben responder a intereses personales o gremiales, sin embargo, la historia de Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Leyla Lemus visualiza que sus resoluciones como magistrados podrían facilitar el camino para la candidatura de Zury Ríos, una amnistía para delitos cometidos durante el conflicto armado y el cierre de casos de corrupción que fueron investigados y develados por la CICIG.