Operadores de justicia perseguidos, periodistas hostigados, ingobernabilidad, primeros lugares en corrupción… Para Guatemala el 2022 fue un año de retroceso en democracia.  El país reprobó en reconocimiento de derechos, con autoridades que no escuchan a sus ciudadanos. El equipo de No Ficción repasa aquí los acontecimientos más importantes de cada mes, eventos que incluso perfilan un lugar lleno de rasgos autoritarios.

1- Enero ó un juicio de violencia sexual del pasado en una actual Guatemala corrupta

El año empezó con investigaciones relacionadas al conflicto social y de gobernabilidad pendiente de resolver en Sololá. En la primera semana de 2022, el Ministerio Público realizó una serie de allanamientos para esclarecer el asesinato de 12 personas, ocurrido el 17 de diciembre de 2021, entre los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahucán, Sololá. Entre los fallecidos se encontraba un agente de policía. Hasta la fecha este conflicto sigue sin solución pese a que el presidente Alejandro Giammattei señaló a cuatro personas como presuntos responsables. 

En el ámbito de la justicia, en enero se produjo la condena de cinco ex patrulleros de autodefensa civil por los delitos de violación y esclavitud doméstica contra 36 mujeres maya achí en Rabinal, Alta Verapaz, entre 1981 y 1984, en el contexto del conflicto armado interno. También, en este mes, inició el juicio por el caso La Línea, el cual concluiría hasta diciembre de 2022 con la condena del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti a 16 años de prisión.

El año inició catalogando a Guatemala como una de las cinco naciones más corruptas de América. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización mundial Transparency International, el país apareció en la posición 150 de 180 países evaluados. Por estas fechas, además, se entregó a la justicia José Luis Benito Ruiz, ex ministro de Comunicaciones del gobierno de Jimmy Morales. Benito Ruiz está vinculado al caso de Q122 millones incautados en maletas en una casa de Antigua Guatemala. El acoso a operadores de justicia prevaleció con una segunda solicitud de antejuicio en contra de la jueza Ericka Aifán, por parte del nuevo jefl de la FECI, Rafael Curruchiche. Meses después, la jueza terminaría abandonando el país, señalando una imparcial investigación en su contra.

2. Febrero ó el inicio de la cacería contra operadoras de justicia

En febrero, los esfuerzos del Ministerio Público (MP) liderado por Consuelo Porras para procesar a ex integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y colaboradores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) recrudecieron. La fiscalía capturó a la ex abogada de la CICIG, Leily Santizo, por el caso Cooptación y Corrupción Judicial, el cual fue declarado bajo reserva. También se produjo la detención de la exjefa de la FECI de Quetzaltenango, Virginia Laparra Rivas.

Ese mes se dio la detención de otros cuatro fiscales de la FECI que participaron en investigaciones coordinadas por CICIG y otros siete fiscales, los cuales todavía laboraban en esa unidad, presentaron su renuncia y denunciaron una “ola de criminalización” en el MP. En medio de estas jornadas de persecución a ex investigadores de casos de corrupción, la actual fiscal general, Consuelo Porras, presentó su candidatura para continuar al frente del MP siendo considerada para el puesto por el presidente Giammattei.

En materia de políticas públicas, el Ministerio de Salud confirmó el vencimiento de 1 millón 062 mil 412 dosis de vacunas contra el COVID-19 Sputnik V que ingresaron en tres lotes en octubre de 2021 por parte de la adquisición con proveedores rusos. Pese a los bajos niveles de vacunación, el gobierno decidió reabrir la asistencia a clases en la educación pública. En febrero, además, se produjo un sismo de 6.2 grados en escala Ritcher, con epicentro en las costas de Escuintla, que dejó tres muertos y provocó daños en carreteras y algunas construcciones. 

3. Marzo ó un lugar donde poco importan las mujeres violentadas

El pasado 8 de marzo se cumplieron cinco años de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en la que 41 niñas murieron quemadas y 15 sobrevivieron con heridas graves. A pesar del tiempo, aún no hay justicia para las víctimas ni para sus familiares. Pese a esta situación de impunidad, durante una citación en el Congreso, la jefa de la Fiscalía de la Mujer, Blanca Sandoval, confirmó que la violencia contra la mujer no es tomada en cuenta por el MP si no hay señales visibles de violencia.

Durante este mes además se dio una manifestación en Torre de Tribunales para pedir por el cese de la criminalización de mujeres operadoras de justicia y por los casos en contra de las ex fiscales de la FECI, Paola Escobar, Aliss Morán, Virginia Laparra y Siomara Sosa. También se protestó a favor de la ex mandataria de Cicig, Leily Santizo, y la jueza de Mayor Riesgo, Érika Aifán, quién renunció para exiliarse en Estados Unidos. El juez de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul, también fue separado del cargo por una investigación en su contra días antes. 

El Vance Center, también en marzo, publicó la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2021 – 2022 donde Guatemala, entre 17 países, ocupa el penúltimo lugar en esfuerzos legales para prevenir y combatir corrupción, solo por arriba de Venezuela. En paralelo, en materia de justicia, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el ofrecimiento de una recompensa de US$10 millones a cambio de información para capturar al presunto narcotraficante guatemalteco, Eugenio Darío Molina López, a quien se acusa de dirigir la operación del grupo de Los Huistas en Huehuetenango.

Mientras que en materia de salud pública, entre marzo y abril, se anunció el vencimiento de más de 4 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 ante la incapacidad de ampliar la inmunización.

4. Abril ó la imposición de candidatos para fiscal general

En abril se llevó a cabo el proceso de selección de seis candidatos para ocupar el puesto de Fiscal General. Tras 10 largas rondas de votación, la Comisión de Postulación terminó su trabajo, una labor que se vio opacada por las amenazas desde las redes sociales en contra de los postuladores, así como posibles denuncias penales a raíz de su trabajo, además de una resolución de la Corte de Constitucionalidad que finalmente obligó la inclusión de la fiscal Consuelo Porras, señalada de plagiar su tesis doctoral y catalogada como antidemocrática y corrupta por parte del Departamento de Estado de EE.UU., entre los candidatos. La lista fue enviada al presidente Alejandro Giammattei, con fecha límite del 17 de mayo para escoger nuevo fiscal general, e incluía los nombres de Néctor Guilebaldo De León Ramírez, Jorge Luis Donado Aguilar, Darleene Apolonia Monge Pinelo, Gabriel Estuardo García Luna, Henry Alejandro Elías Wilson y María Consuelo Porras.

La elección de nuevo rector para la Universidad de San Carlos (USAC) fue otro proceso que evidenció la crisis institucional de Guatemala durante los primeros meses de 2022. A tan solo horas de iniciar la elección definitiva, el 26 de abril, el Consejo Superior Universitario decidió dejar fuera a siete cuerpos electorales, equivalente a 35 electores, con el propósito de beneficiar a Walter Mazariegos, el candidato afín al oficialismo. En consecuencia, distintas instalaciones universitarias fueron ocupadas por estudiantes, y los candidatos a rector, en ese entonces el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, y el arquitecto, Carlos Valladares, anunciaron acciones legales en contra del proceso. Con este hecho iniciaron los señalamientos de fraude en todo este proceso, y la USAC empezaría a transitar por uno de los peores momentos institucionales en sus más de 300 años de fundación. 

En este mes, a la persecución en contra de operadores de justicia, se añadió la criminalización en contra de los periodistas. Juan Luis Font, fundador de Con Criterio, tras la denuncia penal por parte del ex ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se vio obligado a abandonar el país. Desde entonces, el hostigamiento y amenazas contra la prensa se intensificaría en Guatemala.

5. Mayo ó la reelección de una fiscal antidemocrática

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, fue reelecta a mediados de mayo por el presidente Alejandro Giammattei para ocupar su cargo por otros cuatro años más, pese a que su nombre fue incluido en la lista de “actores corruptos”, la lista Engel, elaborada por el Departamento de Estado de EE.UU. y haber sido señalada de plagiar el contenido de sus tesis doctoral.

En este mes, además, el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, que sería asediado y amenazado por su labor judicial a lo largo de 2022, resolvió enviar a juicio a nueve militares retirados que fueron acusados de asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad en el caso Diario Militar. Este proceso se respalda en un documento conocido como “el dossier de la muerte” que fue encontrado en los archivos de la Policía Nacional y contiene 183 fichas de personas detenidas, desaparecidas, secuestradas o asesinadas entre 1983 y 1985 por actores estatales. 

Mayo también llegó con la publicación del medio estadounidense The New Yorker con un artículo sobre los ex fiscales guatemaltecos que tuvieron a su cargo grandes casos de corrupción y que, tras ser perseguidos por el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras, se vieron obligados a buscar refugio fuera de Guatemala. Tras la publicación, la recién reelecta fiscal general, ordenó emitir un comunicado para desvirtuar el perfil de los operadores de justicia exiliados, donde incluyó todas las denuncias penales que existen en contra de estos ex fiscales ante el MP.

6. Junio ó el mes de lluvias, socavones, migrantes fallecidos y el hundimiento de la justicia

El mes de junio fue un mes especialmente lluvioso y llevó al presidente Alejandro Giammattei a decretar estado de emergencia en varios departamentos; miles de personas fueron evacuadas. El mes comenzó con siete personas fallecidas en Tucurú, Alta Verapaz, debido a un deslave provocado por las lluvias. Además, las tormentas provocaron el primer socavón en Villa Nueva, que se convirtió en un agujero de más de 15 metros de profundidad en la ruta CA-9, la vía más importante que conduce al Pacífico. Las autoridades vertieron 1,100 metros cúbicos de concreto líquido en el hundimiento pero la lluvia lavó todo el material. A finales del mes, la Coordinadora Nacional de Desastres (CONRED) ya reportaba 23 personas fallecidas relacionadas a la actual temporada de lluvias,  6 mil 287 personas evacuadas y 185 carreteras destruidas

Al mismo tiempo, el mes de junio continuó con la misma tónica de persecución de actores que lucharon en algún momento en contra de la corrupción desde diferentes instancias del Estado. La ex fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, fue denunciada el 1 de junio por Emanuel Molina Castañeda, secretario de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONPT), por considerar que había llevado a cabo una persecución selectiva de militares. De la misma forma inició el juicio en contra de la ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), de Quetzaltenango, Virginia Laparra, que llevaba ya 100 días en prisión. Mientras que la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, destituyó a cinco fiscales mujeres coincidiendo con el día del Ejército (30 de junio). Entre las destituidas estaba Hilda Pineda, quien laboró durante una década en la fiscalía de Derechos Humanos, encabezando investigaciones de casos importantes de justicia transicional como el juicio por genocidio; Sara Romero, fiscal de 27 años de carrera que litigó en el caso Dos Erres; la ex jefa de la unidad de escuchas del MP, Wendy Ordóñez y las fiscales distritales de San Marcos y Sololá: Elka Lucrecia Huitz y Eleonora Castillo.

Entre los hechos más trágicos sucedidos este mes, se puede mencionar cómo el 20 de junio fue hallado un tráiler en San Antonio, Texas, EE.UU., con 53 migrantes fallecidos en su interior, 14 eran guatemaltecos.

7. Julio ó el Pacto de Corruptos en su máximo esplendor

El mes de julio constituyó un punto álgido en la desestructuración del sistema de justicia de Guatemala, un mes que también marcó un hito antidemocrático en la búsqueda de callar a la prensa independiente. 

El máximo golpe a la prensa, como parte de un sistema de justicia utilizado para la venganza, tuvo lugar el 29 de julio con la captura de José Rubén Zamora, presidente y fundador del diario impreso elPeriódico. Ese mismo día se llevó a cabo la captura de la fiscal Xiomara Sosa. Mientras Zamora fue vinculado a un caso de lavado de activos, la fiscal Sosa fue acusada de filtrar información. 

Este mes, el último reducto democrático que quedaba para entrever un rayo de esperanza también fue cooptado por la corrupción. La elección del rector de la Universidad San Carlos, a través de la juramentación de Walter Mazariegos, concretó un fraude a gran escala, como denunciaron diversas asociaciones estudiantiles y parte del profesorado que no fue tomado en cuenta en este proceso electoral.  

Además, el 15 de julio EE.UU. incluyó en la lista Engel a 16 nuevos guatemaltecos. Entre ellos, Rafael Curruchiche, jefe de la FECI; el ex rector de la Usac, Estuardo Gálvez; la diputada Sofía Hernández; los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Nery Medina y Vitalina Orellana, el juez Víctor Cruz, funcionarias de gobierno como Alejandra Carrillo; y empresarios como Steffan Lehnhoff de Corporación de Energías de Guatemala y Mauricio Oliva, co propietario de Asfaltos y Petroleos S.A.

8. Agosto ó la llegada de un nuevo y dudoso Procurador de Derechos Humanos

En agosto el panorama de Guatemala no mejoró nada bien. Desde el primer día, y a raíz del caso contra el periodista José Rubén Zamora, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) pidió que las cuentas bancarias de elPeriódico fueran embargadas por varios días. El jefe actual de la FECI, Rafael Curruchiche, aseguró que este caso y estas acciones penales no estaban relacionadas al ejercicio periodístico del presidente de elPeriódico, sino a su labor como empresario para acusarlo de lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje. 

En el mismo caso, la ex auxiliar fiscal de FECI, Samari Gómez, fue ligada a proceso acusada de filtrar información confidencial. Además, Flora Silvia Flores, directora financiera de elPeriódico, también fue capturada.

En tanto, durante este mes, José Alejandro Córdova asumió como nuevo Procurador de los Derechos Humanos (PDH) para el período 2022-2027, en medio de críticas de varios sectores. Jordan Rodas, el anterior Procurador, que se destacó por trabajar en contra de los abusos gubernamentales, se vio obligado a abandonar el país. 

El conflicto territorial entre Nahualá y Santa María Ixtahuacán volvió a ser parte de la coyuntura, cuando los comunitarios bloquearon la ruta Interamericana para exigir al gobierno una solución al problema en el que seguirían, a la fecha, las negociaciones y mediaciones entre ambos municipios en búsqueda de gobernabilidad.

Agosto cerró con la participación del presidente Alejandro Giammattei y varios políticos del oficialismo en un desayuno religioso organizado por Guatemala Próspera, donde también se invitó a empresarios, altos funcionarios y fiscales, algunos incluidos en la lista Engel elaborada por el Departamento de Estado de EE.UU. señalados de corrupción y atentar contra la democracia, como la fiscal general Consuelo Porras.

9. Septiembre ó las absoluciones a favor de la corrupción

En septiembre, Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A” decidió cerrar el caso conocido como Plazas Fantasmas, en beneficio directo del ex presidente del Congreso de la República, Arístides Crespo, así como 11 diputados más. En total 58 acusados fueron favorecidos por esta resolución. 

Además, en este mes, la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila retornó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como vocal VII e integrante de la Cámara Civil, amparada por una sentencia judicial. Stalling había sido separada de su puesto tras ser señalada por la CICIG de presionar al juez Carlos Ruano, para favorecer a su hijo, Otto Molina Stalling, implicado en el caso IGSS-Pisa. Stalling podría recibir hasta Q5.7 millones en sueldos atrasados.

En este periodo, el ex fiscal anticorrupción, ahora en el exilio, Juan Francisco Sandoval, sumó una tercera orden de detención, está vez por el caso “Chantaje, impunidad y lavado de dinero” en el que está capturado José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico. El ex jefe de la FECI denunció persecución política en su contra e indicó que el MP “dejó de perseguir la corrupción para pasar a facilitarla”.

En el ámbito rural, el Gobierno de Guatemala desconoció la consulta municipal en Asunción Mita, Jutiapa, donde más de siete mil vecinos votaron por el “no” sobre las actividades mineras en este municipio. El Ministerio de Energía y Minas no reconoció los resultados, ya que consideró que el Consejo Municipal “extralimitó” sus funciones.

Septiembre terminó con un desalojo extrajudicial en la comunidad Se´Inup, en el Chal Petén. Alrededor de 50 familias fueron desalojadas por un grupo armado. Las casas, alimentos, ropa y siembras de los comunitarios fueron quemados. Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) de enero a septiembre se reportan 15 desalojos con orden judicial. 

10. Octubre ó la prolongación indefinida de las altas cortes a cambio de impunidad

En octubre la Fiscalía Especial contra la Impunidad presidida por Rafael Curruchiche continuó favoreciendo a corruptores y persiguiendo a quienes han denunciado casos de gran corrupción. En los primeros días de octubre, fue cerrado el caso contra el abogado Francisco García Gudiel, acusado por lavado de dinero por Q59 millones. Por su parte, Curruchiche anunció emprender nuevas acciones legales contra los ex fiscales Juan Francisco Sandoval y Sara Sandoval, y contra la ex jueza Erika Aifán, quien tuvo asignado el caso.

El 13 de octubre, la Corte de Constitucionalidad confirmó libertad condicional a favor de la ex presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, lo que le permitirá inscribirse como candidata presidencial para las elecciones de 2023. En este caso, presentado en 2019 por CICIG, se le acusaba de delito de financiamiento electoral ilícito por no reportar Q19.53 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la campaña de 2015.

Otro golpe importante este mes para la democracia en Guatemala, fue la imposición, por un período más, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. A la medianoche del 12 de octubre, los magistrados decidieron ocupar el puesto hasta 2024, amparados en una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Los magistrados de la CSJ ocupan el cargo de manera extemporánea desde el año 2019. Fueron electos en 2014, cuando, según una de las últimas denuncias presentadas por la CICIG antes de su cierre, juraron lealtad a Alejandro Sinibaldi, Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y Manuel Baldizón a cambio de impunidad.

También en noviembre, el ex presidenciable de Libertad Democrática Renovada (Lider), Manuel Baldizón, fue deportado a Guatemala tras cumplir una condena por lavado de dinero en Estados Unidos, El Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal lo benefició con arresto domiciliario por el caso Transurbano, pero continúa en prisión preventiva por el caso Odebrecht.

Guatemala también cumplió parcialmente con una antigua promesa de campaña de Alejandro Giammattei: una indemnización para los veteranos militares. Después de varios meses de protestas y el antecedente de haber incendiado el parqueo del Congreso en octubre de 2021, 99 diputados aprobaron la ley 6073 para otorgar Q36 mil a cada militar retirado que trabajó en el ejército durante el Conflicto Armado Interno. No obstante, la promesa original de Giammattei ofrecía Q100 mil a cada uno.

11. Noviembre ó el exilio del honorable juzgador

Durante los primeros días de noviembre, el juez Miguel Ángel Gálvez salió del país. Aunque surgían dudas de sus razones, Gálvez era perseguido y acosado por la Fundación contra el Terrorismo debido a sus decisiones como haver enviado a juicio a varios ex oficiales sindicados del caso Diario Militar. Aunque intentó defenderse de esta persecución, el 15 de noviembre en un video publicado en su cuenta de Twitter, anunció su salida del país y renunció a su cargo.

Previo a las elecciones generales de 2023, el Tribunal Supremo Electoral, realizó advertencias a varios posibles candidatos como Thelma Cabrera, ex candidata presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y a Fernando Alcaya, ex candidato a la alcaldía de Mixco, por realizar campaña anticipada e “ilegal”. El TSE también anunció que investiga al partido VAMOS y Semilla por campaña electora anticipada, a ambos partidos les fueron solicitadas pruebas de descargo. 

Por otro lado, en noviembre el CACIF se presentó ante la Corte de Constitucionalidad con una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Electoral y de Partidos Políticos por los artículos que sancionan la campaña anticipada, la regulación de pauta en medios y aportes ciudadanos para los partidos. 

En noviembre, el TSE también reformó el reglamento de la Ley Electoral con aspectos relacionados al empadronamiento, inscripción de candidatos y voto en el extranjero. De 85 artículos, 73 fueron reformados, 10 suprimidos, uno adicionado y un título fue corregido. 

Durante este mes, la CSJ tramitó una solicitud de antejuicio en contra del juez Carlos Ruano que denunció por trafico de influencias a la magistrada Blanca Stalling, Esta petición fue presentada por la Fundación contra el Terrorismo.

Entre los corruptores beneficiados, durante noviembre, la dueña de canal 3 y 7, Alba Lorenzana, vinculada al caso Cooptación del Estado, fue beneficiada por la CC al anular la orden de captura en su contra. Este mismo mes, la FECI anuló la declaración de los empresarios brasileños Luiz Mameri y Marcos Lima Machado en el caso Odebrecht. Además, el MP presentó una nueva solicitud de extradición contra la ex fiscal general del MP, Thelma Aldana.

Con 148 votos, el Congreso eligió al nuevo contralor de cuentas para el periodo 2022 – 2026, Frank Helmuth Bode Fuentes, quien tenía tres tachas, una de ellas por su vinculación con el operador político y ex secretario presidencial de Álvaro Colom, Gustavo Alejos.

12. Diciembre ó el último logro anticorrupción en tiempos de venganza

El Tribunal de Mayor Riesgo B dictó sentencia contra 29 sindicados en el caso de defraudación aduanera: La Línea. 19 sentenciados deberán cumplir penas de cárcel de más de 10 años. Entre ellos, el ex binomio presidencial conformado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. El tribunal dictó 16 años de prisión contra ellos por defraudación aduanera y asociación ilícita. Durante el año, en Guatemala se ha dejado ver un retroceso judicial, donde más de treinta fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos han tenido que salir al exilio, y esta condena deja ver lo que podría ser el último logro de la lucha anticorrupción.

A finales de noviembre e inicios de diciembre, inició el juicio contra la ex jefa de la FECI en Quetzaltenango, Virginia Laparra, acusada de abuso de autoridad después de denunciar al juez Lesther Castellanos en 2018 por filtración de información. Fue condenada a cuatro años de prisión por el delito de abuso de autoridad. La sentencia es la primera emitida por un tribunal contra ex colaboradores de la CICIG. El mensaje que envía la administración de Consuelo Porras en el MP es claro: no escatimaran recursos para perseguir a los antiguos investigadores anticorrupción.

Tras más de 4 meses de prisión, José Rubén Zamora, fundador y presidente de elPeriódico, fue enviado a juicio por los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Esto por una denuncia presentada por el banquero Ronald García Navarrijo, quien fue procesado por lavado de dinero en otro caso. Actualmente elPeriódico ha despedido a más del 80% de su personal y ha eliminado su edición impresa, dejó de circular el 1 de diciembre. 

Por otro lado, en los primeros días de diciembre el juez Jimmy Bremer, anuló las órdenes de captura contra el ex juez Mynor Moto y el abogado Dennis Herrera, señalados en el caso Comisiones Paralelas 2020 por manipular el proceso de elección de las Cortes de Justicia en 2020. Asimismo, tras la salida de Gálvez, quien era el titular del caso Cooptación del Estado, fue beneficiado con arresto domiciliario el expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez. Otro beneficiado con arresto domiciliario, fue Toribio Acevedo uno de los acusados en el caso Diario Militar, que también estaba a cargo del juez Gálvez. 

El año cerró con la proclamación de los binomios presidenciales para las elecciones de 2023. Buscarán la presidencia: Isaac Farchi y Mauricio Zaldaña por el partido AZUL. Zury Ríos y Héctor Cifuentes en una coalición de los partidos Valor y Unionista. Edmond Mulet y Max SantaCruz, por el partido Cabal. Lecsan Mérida y Rubén Morales, por el partido Humanista. Y, Roberto Arzú y David Pineda por el partido Podemos.