Así fue como ocho integrantes de la Comisión de Postulación y el abogado Erick Castillo estancaron el proceso de elección de Fiscal General (2022-2026)  para que Consuelo Porras logre su reelección.

 

— Apague su micrófono, presidenta. 

Luis Roberto Aragón, secretario de la Comisión de Postulación, repitió ayer esta frase en múltiples ocasiones en la enorme Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde se elige a los finalistas para ocupar el puesto de Fiscal General.  

Aragón, decano de Derecho de la Universidad San Pablo de Guatemala, trataba de evitar que se escuchara algún comentario privado de la presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, quien lucía despistada y distraida. Aragón le hablaba al oído y la orientaba para guiar el proceso de elección.

Aragón es la mano derecha de Silvia Valdés en la batalla emprendida para conseguir un espacio a Consuelo Porras en la nómina de seis finalistas. A pesar de ser señalada por carecer de idoneidad para el puesto, la actual Fiscal General del Ministerio Público (MP) sigue luchando para convertirse en la primera fiscal en la historia que lograría la reelección.

El 21 de abril, la Comisión tenía la tarea de enviar la nómina de seis finalistas al Presidente, Alejandro Giammattei, para que él pudiera escoger antes del 17 de mayo al nuevo o nueva Fiscal General. Sin embargo, elegir al sexto y último aspirante ha prolongando la sesión en dos largas jornadas de votación y, en base a los últimos hechos, pareciera que esta demora tiene que ver con asegurar el puesto a Consuelo Porras. 

La lucha por la elección de Fiscal General comenzó en enero, cuando Giammattei pidió a la comunidad internacional no interferir en el proceso por tratarse de “asuntos internos”. Además la Comisión de Postulación definió no calificar el desempeño y antecedentes de los aspirantes en los cargos públicos que han ejercido, sino únicamente se optó por calificar la cantidad de años de ejercicio profesional. 

Los 15 integrantes de la Comisión no lograron ponerse de acuerdo para nombrar al último aspirante y fue evidente la aparición de dos bandos. Por un lado, la alianza de ocho comisionados que respaldó a Porras y, por el otro, siete decanos que apoyaron a candidatos como  la fiscal de delitos contra el ambiente, Silvia Juárez, y el docente universitario, Maynor González. 

Los cinco postulantes que, hasta ahora, tienen un espacio en la nómina son: El Procurador General de la Nación, Jorge Donado, los magistrados Henry Elías Wison, Néctor De León y Gabriel García Luna. Así como, Darleen Monge, fiscal de delitos contra la propiedad intelectual. 

La alianza pro Consuelo 

Porras no logró ingresar al listado porque necesitaba 10 votos a favor.  Durante nueve largas rondas de votación, siempre obtuvo los mismos fieles ocho votos.

Quienes han apoyado a Consuelo Porras para su elección, en base a los listados de votación, han sido: Silvia Valdez, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Fernando Chacón, presidente del Colegio de Abogados y Notarios (CANG); Esvin Racancoj, presidente del tribunal de honor del CANG; Henry Arreaga, decano de Derecho de la Universidad San Carlos; Enrique Sánchez, decano de la Universidad Panamericana; Alejandro Arenales, decano de Derecho de la Universidad del Itsmo, Luis Aragón, decano de derecho de la Universidad San Pablo; Ana Suesnavar, decana de derecho de la Universidad de Occidente. 

“Mi voto es a favor de la aspirante, María Consuelo Porras Argueta, porque es la candidata que obtuvo la mayor calificación”,  así justificó su voto Silvia Valdés y con el mismo argumento la secundó el decano de la Universidad Panamericana, Enrique Sánchez Usera. 

Consuelo Porras obtuvo 90 puntos, la nota más alta entre los 15 aspirantes, según la tabla de gradación aprobada por la Comisión que mide formación académica, experiencia laboral y proyección humana. 

La alianza pro Consuelo aseguró en todo momento que le dieron su voto bajo un criterio técnico de respaldar al más calificado. Sin embargo, el criterio cambió cuando, decanos como, Sánchez Usera votaron en contra de candidatos como Néctor De León quien fue el segundo mejor calificado, con 86 puntos. 

Los simpatizantes de Porras, insistieron a sus compañeros comisionados de que lo correcto era cambiar su voto para elegir a la mejor calificada. En 2014, la ex Fiscal General, Claudia Paz y Paz, fue excluida de la lista de 6 finalistas aunque fue la segunda con mejor puntuación, 69, entre los aspirantes.  

Un amparo para salvar a Consuelo

Ya se habían realizado ocho rondas de votación sin ningún cambio. Porras no logró nunca los 10 votos. A las 8 de la mañana del 21 de abril,  apareció el abogado, Erick Castillo, en la Corte de Constitucionalidad (CC), para interponer un amparo en contra de la Comisión de Postulación, argumentó que existía la “amenaza” de cometer ilegalidades sino integraban la nómina final con los candidatos mejor calificados. 

En enero del 2021, Castillo fue señalado  por el Movimiento Pro Justicia  de tener vínculos con el abogado, Roberto López Villatoro, conocido como, “El rey del tenis” y de haber influido en la elección de magistrados de CSJ y Salas de Apelaciones en 2014. Además, Castillo tiene un espacio de análisis político dentro del “Noticiero El Vigilante”, un sitio de internet informativo con columnistas de derecha. 

El amparo de Castillo aún no fue resuelto. En las próximas 48 horas, la Corte de Constitucionalidad debe decidir si le otorga o no el amparo. Si esto sucede, la Comisión de Postulación tendría que enviar la nómina de los seis finalistas conformada por los aspirantes con las mejores calificaciones, lo que significaría incluir a Consuelo Porras. 

De confirmarse, el magistrado Henry Elías Wilson, que tan solo obtuvo 63 puntos en la tabla, tendría que salir del listado y Walter Brenner Vásquez, que obtuvo 72 puntos, ocuparía su lugar.

Elias Wilson fue acusado en 2020 por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), aún dirigida por Juan Francisco Sandoval por haberse reunido con Gustavo Alejos en el marco del caso “Comisiones Paralelas 2020”, mientras que Walter Vásquez únicamente a fungido como oficial tercero en dos juzgados diferentes y en 2021 se postuló para magistrado de la CC. 

Durante la sesión de la Comisión del 21 de abril, el decano de la Universidad Mesoamericana, Luis Fernando Cabrera, argumentó que no existe un artículo dentro de la ley de Comisiones de Postulación que los  obligue a integrar el listado con las mejores puntuaciones. “No estoy poniendo en duda que los postulantes de notas altas no sean honorables, pero no estoy obligado a votar por ellos”, expresó Cabrera.  

“La CC no debió conocer ese amparo, no tiene competencia”, dijo el abogado y ex presidente del Colegio de Abogados, Ovidio Orellana. El jurista explicó a No-Ficción que la CC no puede conocer amparos presentados contra la Comisión de Postulación en primera instancia.  “La CC tuvo que remitir el amparo a un juzgado competente, pero es evidente que existe una presión por lograr la inclusión de la actual fiscal general en la nómina final”, comentó.

A criterio de Orellana, que participó en el pasado en procesos de elección similares, la Comisión de Postulación debería enviar la lista al presidente únicamente con los cinco candidatos que ya fueron agregados. “Lo importante ahora es que el nuevo Fiscal General sea electo antes que venza el mandato constitucional de Consuelo Porras”, concluyó el abogado . 

El próximo sábado 23 de abril, la Comisión de Postulación retomará la votación a las 12 del medio día. Para entonces, se retomará la posibilidad de que la CC ya tenga una resolución sobre el amparo de Castillo y por fin se resolvería si Consuelo Porras sigue en la contienda para buscar su reelección o termina su criticada y cuestionada administración al frente del Ministerio Público, en donde según algunas organizaciones sociales y la comunidad internacional ha causado más retrocesos que avances en la persecución judicial.