Detrás de la figura del expresidente Álvaro Arzú, existió una estructura de inteligencia militar que permaneció junto a él a lo largo de dos décadas, hasta su fallecimiento. Un CIACS que se incrustó en la municipalidad capitalina y que se convirtió en una Red Político-Económica Ilícita. El caso Caja de Pandora, investigado por la CICIG y el MP, contenía estos demonios del pasado, y quizás un indicio para resolver uno de los crímenes políticos más importantes de Guatemala.
El ex alcalde de la Ciudad de Guatemala y ex presidente del país, Álvaro Arzú Irigoyen, pocos minutos antes de ser acusado de liderar una estructura paralela que extraía fondos públicos de la municipalidad para pagar gastos de su partido político y su campaña proselitista, subió al ascensor dentro de las instalaciones del Ministerio Público con gestos de pocos amigos. Dejó atrás a sus guardaespaldas y preguntó dos veces por el camino que conducía al salón donde estaba la entonces Fiscal General, Thelma Aldana. Iba apresurado, enojado, con ese rictus en el que uno suele masticar la propia dentadura. Ese día, al salir del ascensor, el primer espacio que atravesó, olía a pizza, el refrigerio que compraban los encargados de comunicación para los periodistas que asistían a las conferencias del Ministerio Público. El salón donde estaba Thelma Aldana se encontraba abarrotado.
Arzú atravesó cada uno de los niveles de seguridad entre miradas de asombro que no podían creer que una figura de tanta relevancia se paseara por el edificio como cualquier otro ciudadano que llega a interponer una denuncia o realizar un trámite. Avanzaba sólo, decidido, prepotente. Los intercomunicadores de los guardias, como diría meses más tarde Thelma Aldana, estaban a su máxima capacidad notificando la llegada del ex presidente. “Arzú está aquí. ¿Qué hacemos?” Aldana dio la orden de dejarlo pasar. “Yo había terminado de exponer el caso cuando me informaron que el señor alcalde Álvaro Arzú quería entrar”, dijo en una entrevista para un programa de radio matutino.
Al entrar al salón, Arzú se hizo notar. Los reflectores lo iluminaron. Había cámaras de medios nacionales e internacionales, micrófonos de las radios con mayor audiencia a nivel nacional, corresponsales de agencias importantes y decenas de teléfonos transmitiendo a las redes sociales, en vivo, la conferencia de prensa en la que, la Fiscal Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, explicaban entre líneas que tenían entre sus manos un caso que podría abrir los más oscuros secretos ocultos que ha tenido el país a lo largo de dos décadas. Habían logrado abrir una caja de pandora. Y entre los implicados, estaba el ex presidente Arzú.
Impertérrito, Arzú escuchó de primera mano cómo la CICIG y el MP pedirían el retiro de su inmunidad para poder ser investigado. Escuchó cómo había utilizado los fondos municipales para el pago de insumos de campaña política, y contratado a una estructura dentro de la cárcel donde los empleados de la alcaldía capitalina falsificaban las facturas por servicios nunca realizados. El alcalde, notablemente enfadado, se había acercado tanto a los jefes de la investigación abriéndose paso entre los periodistas de la sala, que dos guardias se vieron obligados a crear un cerco de seguridad y frenar por completo su marcha. “Yo pensé que el señor alcalde Álvaro Arzú entraría a golpear a Iván Velásquez, de haber sido así lo iba a detener en flagrancia”, recordó Thelma Aldana.
La Caja de Pandora, como fue llamado el caso que se presentaba ese 5 de octubre de 2017, evidenciaba no únicamente cómo operaba el financiamiento electoral ilícito desde la alcaldía capitalina, sino que además, como recuerda uno de los investigadores extranjeros asignados al caso, era solo el comienzo para algo demasiado grande, algo que podría remover los cimientos de Guatemala. Debido a que el caso aún está abierto, este investigador pide no revelar su nombre, pero autoriza publicar el siguiente comentario: “Pandora era el hilo de Ariadna que posiblemente permitiría por fin entender la evolución de los Cuerpos Ilegales Clandestinos de Seguridad (CIACS) de los años noventa y ochenta hasta su transformación en Redes Políticas Económicas Ilícitas que han buscado impunidad y aprovecharse del Estado, incluso con asesinatos. La inteligencia militar, con el objetivo de enriquecerse, necesitó con el tiempo estructuras de abogados, políticos, contadores, administradores. Pandora era el inicio para exponer todo esto. La estructura alrededor de Álvaro Arzú, el entramado con Byron Lima, e incluso una posibilidad para descubrir a los que dieron la orden de asesinar a Monseñor Juan Gerardi en 1998”.
El caso del asesinato del obispo fue resuelto parcialmente en 2001. Lo habían ejecutado una noche de abril de 1998 cuando regresaba de una reunión familiar. Según las investigaciones forenses, los asesinos utilizaron una piedra para golpear su cabeza y dejarlo desfigurado en un charco de sangre en el garage de la casa parroquial. El hecho ocurrió apenas días después de que Geraradi presentara “Guatemala: Nunca Más”, el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Informe REMHI), donde se documentaba cómo más de 200 mil civiles habían sido asesinados durante la guerra interna que se dio entre los gobiernos militares de derecha y grupos guerrilleros de izquierda a lo largo de casi cuatro décadas. El 90 % de las desapariciones, masacres, asesinatos, tortura y violencia sistemática, según el REMHI, se atribuía al ejército de Guatemala. Se acusó y sentenció formalmente a dos militares que trabajan dentro del Ejecutivo dirigido por Álvaro Arzú. Se trataba del teniente Obdulio Villanueva y del capitán Byron Lima, los dos trabajaron como agentes de seguridad del presidente dentro del Estado Mayor Presidencial (EMP) a finales de los años noventa. Revolver este caso en 2017 significaba remover el pasado y ubicar, más de 20 años después, a los autores intelectuales del crimen.
Ese era el nivel de impacto que buscaba la investigación Caja de Pandora, esclarecer por fin el crimen político más importante de Guatemala, según comentaba el ex trabajador de la CICIG. Evidenciar los demonios ocultos que ordenaron la muerte del obispo Juan Gerardi. A Gerardi lo mataron por eso. Pero había más”, como advertía el investigador.
En la política guatemalteca hay personajes que encarnan el poder de tal manera que no hay modo de contar la historia del país sin mencionar que tal o cual evento sucedió durante el gobierno de tal o cual presidente. Algunos perduran en el imaginario colectivo, tanto, que en cualquier crisis política o escándalo resulta natural ver cómo reaparecen. Arzú era uno de estos fantasmas políticos. Personajes que se convierten en contexto.
El año en que ocurrió el asesinato de Gerardi, Arzú era presidente de Guatemala. Para entonces habían pasado tan solo dos años desde 1996, cuando, apenas con un año en el poder, Arzú había firmado los Acuerdos de Paz supervisados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Luego, durante casi 20 años, Arzú se instaló en la municipalidad como alcalde de la Ciudad de Guatemala. Ganó cinco elecciones seguidas. Y desde ahí, ejerció un poder a base de cacicazgo político, pero también desde una condición de clase social. Era el heredero de familias vascas que llegaron a Guatemala en 1795. Su casta incluía políticos prominentes y arzobispos, como también empresarios que habían controlado el país por más de 200 años, mediante el parentesco con matrimonios arreglados para preservar el apellido. Marta Elena Casaús (también descendiente de la familia Arzú) dice en su libro Guatemala Linaje y racismo: “Durante estos primeros dos siglos, las tramas de parentesco constituyen la mayor institución para la preservación del estatus y la riqueza, así como para la conservación de lo que ellos denominan pureza de raza. Mediante enlaces matrimoniales estratégicos reproducen y amplían el poder familiar durante varias generaciones”.
En un perfil sobre Arzú que escribí en 2015, algunos de sus allegados históricos me lo describieron de esta forma:
“Arzú en política es pelea. Es control. Es disciplina. Es pragmatismo. Es cacicazgo de élite. Es orden. Es delegar y encontrar a la persona adecuada para el puesto adecuado. Es exigencia. Es perfeccionismo. Es prepotencia. Es mercadeo político. Es practicidad. Es mando a distancia. Es conservador. Es vieja escuela. Es familia”. Es… “’Si te encargo esta tarea es porque sé que sos capaz. No quiero que me vengas a preguntar cada cinco minutos. Ni todos los días. Cartas ni faxes no quiero. Quiero resultados’. Ese era él. En la Presidencia, en el Inguat, en la alcaldía, en el colegio, en el partido”,enfatizaba Mariano Rayo, el secretario privado de la presidencia de en 1996.
El caso Caja de Pandora, cuando fue presentado, ya contaba con detalles que remitían a los años en que Arzú fue presidente del Guatemala. Cuando se hablaba de los CIACS incrustados en la presidencia durante los años 90. La investigación abría un nexo con el pasado, en específico al asesinato de Gerardi, cuando Iván Velásquez y Thelma Aldana mencionaron los nombres de los militares que protegieron a Arzú en los años noventa: Obdulio Villanueva y Byron Lima, ambos sentenciados por haber sido coautores materiales del crimen contra el obispo Gerardi.
El MP y la CICIG –ante Arzú- tenían documentado a detalle la existencia de plazas fantasmas en la municipalidad de Guatemala tanto para la entonces compañera de Lima Oliva, Alejandra Reyes, como para su madre, además de la viuda del reo Obdulio Villanueva, quien junto a Lima Oliva fueron parte de la seguridad de Arzú cuando estuvo en la Presidencia de la República. Ambos habían “protegido” a Arzú durante un confuso altercado de 1996 en el que murió el lechero Pedro Haroldo Sas Rompich, al creer que éste atentaría contra el presidente.
Villanueva fue asesinado en la cárcel en 2003, durante un motín organizado por los reos de las pandillas MS y Barrio 18; lo decapitaron y su cabeza fue utilizada como pelota de fútbol por los pandilleros. Lima también había fallecido dentro de la cárcel, en 2016, durante el horario de visitas donde le dispararon en la cabeza, y habían hecho estallar una granada para neutralizar a sus guardaespaldas.
Ambos, antes de morir, habían dejado entredicho que guardaban secretos en torno al caso Gerardi. Lima, por ejemplo, dos meses antes de ser asesinado, le confió a su pareja, Alejandra Reyes, un dato del pasado que, como ella explicó en una declaración judicial anticipada ante el MP, aún la dejaba sin aliento. “Byron me contaba que la lealtad hacia Arzú había comenzado con el caso del lechero, porque él le había salvado la vida a la Primera Dama en ese tiempo, porque Arzú era presidente y que, por ese caso, también había estado Obdulio Villanueva, que a él lo mataron, lo decapitaron en el 2003 cuando fue el motín del Preventivo de la zona 18. Byron siempre me decía que él era leal a Arzú y que… eso me da un poco de cosa contarlo… y que él sí había ido a modificar la escena del crimen porque Arzú lo había mandado, y había entrado con credenciales falsas”.
Reyes, en su declaración, también compartió una de las conclusiones más contundentes e inquietantes que el capitán Byron Lima le había confiado: “Me acuerdo que estaba llorando y estaba cansadísimo, y me dijo: Mirá Alejandra, yo estoy harto de entregar tanta lealtad, mirá, al final quien tiene que ver con la muerte de Gerardi, es Arzú, pero es por el hijo”.
Estas declaraciones fueron dichas por Alejandra Reyes como colaboradora eficaz del caso Caja de Pandora. Para su protección ella salió del país semanas más tarde. Arzú estaba presente en la sala de conferencias de prensa del MP, cuando Thelma Aldana resumió el caso: “Del seguimiento a la investigación contra una estructura criminal liderada por Byron Lima Oliva en el Sistema Penitenciario, se derivaron nuevos hechos de corrupción que vinculan al alcalde capitalino, Álvaro Arzú, funcionarios, exfuncionarios y abogados”.
Caja de Pandora, se trataba así, de cómo los cuerpos de Inteligencia que formaban parte del Ejecutivo en los años 90, que actuaron como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) en torno al caso Gerardi, se convirtieron con el tiempo en Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI) alrededor de la municipalidad, del partido Unionista, y sobre todo de la figura del ex presidente Álvaro Arzú a lo largo de casi dos décadas.
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Los CIACS tienen su origen en el conflicto armado de Guatemala. La ilegitimidad y el secreto configuraron gran parte del campo de batalla durante 36 años. Secuestros, robos a bancos, espionaje, falsificaciones de documentos, torturas y desapariciones… todas las “reglas” convencionales de una guerra tradicional no podían funcionar dentro de un contexto de conflicto interno, contra la guerrilla. Édgar Gutiérrez, ex canciller de Guatemala y ex coordinador del REHMI, menciona que durante los primeros años en que apareció la insurgencia “el Estado no tenía la misma capacidad de respuesta ante los métodos clandestinos e irregulares” como los de aquellos que buscaban un cambio social por medio de las armas.
En aquellos años, los responsables de la seguridad nacional tuvieron la idea de organizarse y contratacar a los grupos subversivos utilizando, sí, la estructura orgánica del Estado, pero con la característica principal de operar fuera de los marcos legales. Combatir la clandestinidad con clandestinidad, la ilegalidad con ilegalidad. “Empezaron como pequeños grupos que se desprendían del ejército, a los que se les encargaban misiones encubiertas de represión en contra de los enemigos del Estado”, dice Gutiérrez. “Es como si hoy a las maras se las combatiera con extorsión: Es colocarse al mismo nivel del enemigo”.
Al principio, estos cuerpos ilegales que trabajaban para el Estado, eran temporales y causales. Si había alguna necesidad inmediata para resolver algo específico relacionado con la Seguridad Nacional, estos grupos ilegales aparecían, cumplían su misión, y se desarticulaban para regresar a sus puestos de trabajo.
Pero en el transcurso de la guerra interna se creó un aparato de inteligencia más elaborado y sofisticado, cuya parte más importante era el Estado Mayor Presidencial (EMP). La misión principal de esta entidad de inteligencia era proteger al presidente y a su familia. Cuando Arzú ascendió al poder, y tras firmar los Acuerdos de Paz en 1996, en vez de abolir esta unidad responsable de muchas operaciones clandestinas, el presidente decidió aumentar sus funciones y le delegó, incluso, la lucha contra los secuestros. Había oficiales en activo, militares retirados, agentes de las fuerzas especiales y altos funcionarios del gobierno.
En esencia, los CIACS funcionaban como fraternidades. Asesinaban entre amigos. Torturaban siendo compañeros. Espiaban, robaban, secuestraban como socios. Y luego compartían fines de semana donde se reunían con las familias de todos los militares. Quizás la primera vez que fueron mencionados como CIACS oficialmente fue en el decimotercer informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua), donde los delegados internacionales apuntaron que entre 2001 y 2002 se observó cómo las estructuras paralelas del ejército se dedicaban a delinquir luego de haber dado por terminado el conflicto armado interno.
Los más conocidos, según Susan Peacock y Adriana Beltrán en su informe “Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos” eran “La Cofradía”, integrada por antiguos generales con el ideal de ganar la guerra aniquilando al enemigo a toda costa, y “El Sindicato”, con militares un poco más técnicos enfocados en la defensa institucional del Estado. Para 2002 se contabilizaban al menos 60 estructuras de inteligencias militares paralelas al Estado, dedicadas a las actividades ilícitas.
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El CIACS asociado a Arzú, en sus inicios incluía al general Marco Tulio Espinosa, fue jefe del EMP y luego ministro de Defensa y, según reportes de documentos desclasificados por el gobierno estadounidense, también era integrante del CIACS conocido como “La Oficinita”. Aquí es donde aparece el vínculo del capitán Byron Lima y el teniente Obdulio Villanueva como miembros de un CIACS activo. Ambos empleados del EMP durante el gobierno de Arzú, bajo las órdenes de Espinosa. Ambos acusados y sentenciados en el caso Gerardi. Lima, desde su condena, había escalado dentro de la cárcel hasta obtener el control de traslados de reos, el ingreso de contrabandos e incluso decidir quién dirigía el Sistema Penitenciario. Los nombres de los dos militares resaltaron una vez más en octubre de 2017 cuando fueron nombrados en la presentación del caso Caja de Pandora. Para entonces, ambos habían sido asesinados dentro de la cárcel.
¿Qué hacía la viuda de Obdulio Villanueva como empleada de la municipalidad casi 15 años después de su muerte dentro del sistema penitenciario? ¿Qué rol cumplía la madre y la pareja de Byron Lima dentro de la alcaldía capitalina a cargo de Arzú? ¿Por qué era importante protegerlos o mantenerlos cerca del alcalde durante tanto tiempo?
En la sala de conferencias de prensa del MP, Arzú logró hablar con la prensa cuando ya se retiraba. Le preguntaron por qué había apoyado a los dos ex EMP desde la alcaldía. De Lima explicó: “Creo que estuvo detenido injustamente. (…) ¿Cómo es posible que se hayan metido 20 gentes con granadas a matar a Lima?”. Lo cuestionaron sobre el apoyo a la familia de Villanueva. Y dijo: “Le di trabajo a su esposa, porque había sido acusado brutalmente, porque lo decapitaron y jugaron fútbol con su cabeza. Yo quise ayudar a sus familiares. Lo hice y lo volvería hacer. Porque vivieron una injusticia”. Arzú siempre pareció estar en deuda con Lima y Villanueva.
Un ex empleado jubilado de la empresa municipal de agua (Empagua), que pide no ser identificado, recuerda que la municipalidad era especialmente utilizada para varios pagos de favores por parte del ex alcalde. Se utilizaba (y aún se utiliza) el secretismo de los fideicomisos municipales para el manejo de plazas fantasmas, crear estructura partidaria y lograr votos para continuar al frente de la municipalidad de Guatemala. Es decir, colocar fondos públicos en manos de empresas privadas para su administración, sin necesidad de rendición de cuentas, con el objetivo de tener recursos para financiamiento electoral no reportado. La favorita del ex alcalde, como sostiene el jubilado, era el fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana, el FAPU, donde Arzú lograba capitalizar su figura a través de las alcaldías auxiliares que existen en todas las zonas de la ciudad, mediante eventos de formación y actividades culturales, para lograr votos a cambio de puestos de trabajo.
No era extraño entonces para el alcalde, durante la conferencia del caso Caja de Pandora, que la CICIG explicara que él había creado una Red Política-Económica Ilícita desde la alcaldía. Una red que involucraba a dos antiguos e importantes miembros de un CIACS, y no cualquier CIACS sino el mismo que había funcionado cerca de Arzú cuando había sido presidente, y que luego de 20 años continuaba vigente, mejor articulado, en actividades ilícitas ligadas a un partido político. La Oficinita había evolucionado.
El Partido Unionista (PU), desde donde Arzú manejó la alcaldía capitalina desde inicios del siglo XXI, era un mínimo remanente de lo que fue el Partido de Avanzada Nacional (PAN) con el que había alcanzado la presidencia. El PAN, fundado por jóvenes empresarios de la élite guatemalteca a inicios de los años 80, le fue arrebatado al ex presidente en elecciones preliminares de candidatos en 1999. El partido se fracturó en varias facciones. El núcleo duro, conservador, se quedó con Arzú. Las juventudes del partido, siempre de élite, formaron parte la Gran Alianza Nacional (GANA) y se conocieron como los “bergeistas”, al apoyar a Óscar Berger –el pupilo de Arzú- a ganar las elecciones generales de 2003. Álvaro Arzú decidió formar su propia estructura partidaria, el PU, un feudo para mantenerse al frente de la alcaldía por tiempo indefinido.
“Hubo peligro de perder las elecciones en 2015”, recuerda el jubilado municipal, “En la municipalidad sólo se hablaba del miedo de perder contra el ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, del Partido Patriota (PP), que inyectó asquerosas sumas de dinero a su campaña. Entonces el PU movió toda su estructura (el FAPU) para derrotarlo”, indicó. La red (RPEI) se movió desde la cárcel. Byron Lima era uno de los nodos centrales de la estructura unionista.
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La historia de Byron Lima en las cárceles inició desde 2001 cuando fue enviado al Preventivo de zona 18, señalado como uno de los coautores de la muerte de Gerardi. Desde que llegó tuvo privilegios junto a su padre, el coronel Byron Lima Estrada (señalado de ser uno de los intelectuales del caso, también condenado junto al padre Mario Orantes y el sargento Villanueva), fundó una pequeña tienda en el interior de la cárcel que fue surtida mediante el contrabando de alcohol, cigarros y diversos productos, como estupefacientes. Tenía salidas recurrentes fuera del penal. Y poco a poco se convirtió en el líder de todo su sector, el sector 7. Después tomaría el control de todo el penal. Manejaba la cárcel con una lógica de disciplina marcial. Y con el tiempo colocó informantes en más de 22 centros de detención. Creó una red de abogados que lo apoyaban en la misión de mover reos de una cárcel a otra, a cambio de sobornos. Era un CIACS nuevo dentro del Sistema Penitenciario. Una estructura de inteligencia militar con apoyo de civiles profesionales.
¿Pero cómo se convierte un CIACS en una RPEI? ¿Qué características heredan? ¿Cómo evolucionan? ¿Y qué factores de contexto y coyuntura influyen? Mynor Melgar, el ex fiscal especial asignado al caso del asesinato de la antropóloga Myrna Mack a manos de agentes del EMP y ex coordinador del equipo legal de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado en Guatemala (ODAHG) explica que muy pocas cosas en las operaciones de los CIACS se dejan al azar. “La inteligencia militar siempre se ha ocupado de medir riesgos. Mentes maestras criminales que planifican el antes, el durante e, incluso, el después de una actividad ilícita. Nunca hay que subestimarlos”, dice.
La evolución de estas redes de control ha sido pasar de los sectores de seguridad nacional a otros como la salud pública, las cortes de justicia o los partidos políticos. Ya no son sólo militares. Hay redes de todas las profesiones, incluso políticos y funcionarios públicos involucrados.
Los informes de MINUGA que mencionaban a las estructuras de inteligencia clandestinas se basaban también en cómo el Ministerio Público detectó ciertos cambios de patrones criminales en torno a casos de alto impacto social durante la década de los 90, en específico el asesinato de Gerardi y el de la antropóloga Myrna Mack. Melgar recuerda que el primer indicio de que estos casos eran distintos era la forma en que parecían planificados, con meses o años de antelación, con vigilancia a las víctimas; otra pista era la coordinación con que se realizaba la operación, y cómo cada miembro de la estructura tenía una coartada creíble en el momento en que ocurrían los hechos, incluso algunos autores materiales podían estar cumpliendo una condena en prisión y participar de algún asesinato; Y la más importante, como dice el ex fiscal, el encubrimiento, borrar toda huella, y crear una campaña de confusión alrededor de los casos.
Con Gerardi se cumplieron todos estos patrones criminales. Lo vigilaron, usaron indigentes para saber cuándo entraba y salía de la casa parroquial. Los asesinos y cómplices estaban en lugares estratégicos al momento del crimen. Byron Lima, el día del asesinato, regresaba a Guatemala luego de cumplir una misión para Arzú en Argentina como parte de un grupo de avanzada de reconocimiento debido a una futura visita presidencial; bajó del avión, fue a un bar y supuestamente ahí estuvo hasta la medianoche. Obdulio Villanueva en 1998 estaba preso. La estrategia de confusión fue puesta en marcha inmediatamente después del asesinato al implantar la hipótesis de un crimen pasional, la idea de la muerte provocada por la mordedura de un perro, o inculpar del crimen a una banda de contrabandistas como autores materiales. “La estrategia de encubrimiento de estos grupos abarca muchas áreas, lo jurídico, lo político y lo mediático”, dice Melgar.
En el caso Caja de Pandora, Alejandra Reyes narró cómo Lima Oliva fue convirtiéndose en el señor de las cárceles de Guatemala. El 12 de febrero de 2003, Lima sobrevivió al motín realizado por más de 200 pandilleros que pedían su cabeza (el día que Villanueva fue asesinado) mientras él estaba en la biblioteca. El 25 de septiembre de 2006 Lima estaba en aislamiento cuando un contingente de 3 mil policías realizó una redada para retomar el control de las cárceles, cometiendo ejecuciones extrajudiciales, un hecho que fue conocido más tarde como el caso Pavón. El relato de Reyes como prueba anticipada, explicaba que Arzú nunca abandonó por completo al capitán. Cada cierto tiempo, desde 2001, cuando tenía alguna necesidad monetaria, Lima le escribía una carta al expresidente desde prisión, ella comenzó a llevar personalmente esas cartas al sótano de la alcaldía a partir de 2004, cuando el Partido Unionista ganó las elecciones. En esas cartas, Lima nombraba a Arzú como “Señor Oro”.
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En la declaración de Alejandra Reyes dijo que había preocupación entre los políticos que protegían a Lima en la cárcel, cuando empezó a tener negocios con narcotraficantes a finales de 2008. El capitán, desde la cárcel, había logrado dirigir una estructura que prestaba seguridad a la estructura del capo Byron Linares donde custodiaba sus cargamentos por un costo de US$10 mil en cada viaje. Obtuvo US$100 mil cuando recuperó una carga de droga en el departamento de Izabal. Por eso, indicó Reyes, en 2010 Lima fue trasladado del preventivo a la cárcel de Pavón. Su red, no obstante, continuó intacta. Es más, la amplificó, consolidó el negocio de movimientos de reos y consiguió hacerse cargo de la cooperativa Torre Fuerte, una pequeña maquila que funcionaba dentro del sistema penitenciario y que de la noche a la mañana obtuvo contratos con al menos cinco partidos políticos para hacerse cargo de la publicidad de sus campañas proselitistas. La CICIG y el MP documentaron este proceso de negocio y financiamiento de partidos políticos en el caso Caja de Pandora.
Arzú no quería perder la alcaldía y eso implicaba mantener orden alrededor de su pasado: Lima lo estaba exponiendo demasiado, como Alejandra Reyes dio a entender en su declaración. Para preservar este poder, el PU activó su red más estructurada, con actividades proselitistas que incluían la participación de Lima desde la cárcel. Thelma Aldana e Iván Velásquez, frente a un Arzú desafiante en el interior de la sala de conferencias de prensa del MP, mencionaron cómo los llamados “Plan Hormiga” para las elecciones de 2011 y el “Plan 8” para 2015 eran operaciones encubiertas para ocultar fondos públicos que se utilizaban para la campaña del alcalde. “Yo no hago campaña. Yo nunca he hecho campaña”. Arzú, apenas audible, repetía estas frases en tanto el MP y la CICIG continuaban con la exposición del caso frente a los periodistas.
Los investigadores relataron la forma en que trabajaba la estructura de Arzú en la Municipalidad. Era más o menos sencillo y fácil de probar como delito, sobre todo si un colaborador eficaz proporcionaba los puntos de partida necesarios, además de relacionar las escuchas telefónicas que se hacían al teléfono intervenido de Lima. Esta parte de la estructura paralela dentro de la municipalidad, funcionaba más o menos así: Torre Fuerte era una de las mayores contratistas de la municipalidad. Se le encargaba la elaboración de artículos promocionales y la gestión de eventos y capacitaciones. El detalle estaba en que la alcaldía, a través de la subdirectora de atención a comunidades precarias, solicitaba facturas en blanco a Torre Fuerte, cuyo monto y descripción, eran completados por empleados municipales y nunca correspondió a los servicios prestados en realidad. Los artículos de promoción, sin embargo, no eran para la municipalidad, sino para el partido político de Arzú y su campaña para reelegirse como alcalde una vez más. Entre 2013 y 2015 Byron Lima y personas de su círculo cercano suministraron bienes y servicios al partido Unionista, a sus aliados Compromiso Renovación y Orden (CREO), TODOS, VICTORIA y la Gran Alianza Nacional (GANA), todos pagados por la comuna capitalina. También, por aparte, había trabajado en la elaboración de insumos para la campaña del Partido Patriota, pero con financiamiento privado.
El ex colaborador de la CICIG menciona que alrededor de Arzú no había una única red ilícita, sino un entramado complejo. Caja de Pandora revelaba apenas una primera conexión con demasiados secretos ocultos en la alcaldía. No todos los caminos llegaban a Lima, sino a toda la inteligencia del Estado que funcionó durante la presidencia de Álvaro Arzú entre 1996 y 2000. Una estructura altamente especializada en el encubrimiento, la agudeza militar, la confusión mediática y el mantenimiento de un bajo perfil. Todos, de hecho, aparecían en la sentencia del caso Gerardi como sujetos tan importantes y sospechosos como para mantener abierta una investigación contra ellos. Los posibles autores intelectuales, como insinuó en su momento el ex fiscal especial del caso Leopoldo Zeissig. Todos, tras dos décadas, permanecían ocultos dentro de la alcaldía, explicó el ex trabajador de CICIG. “Ese es el contenido de la Caja de Pandora”, dijo.
El CIACS de “La Oficinita”, pero evolucionado y envejecido con los años. El general Marco Tulio Espinosa, ex ministro de la defensa de Arzú, que ha formado parte del equipo de asesores de seguridad en la alcaldía. Rudy Pozuelos, el aviador y exjefe del EMP, otro de los personajes que Arzú mantuvo a su diestra, a tal grado de que en 2007, tras una posible reactivación de las investigaciones del caso Gerardi, el PU lo postuló como candidato a diputado en busca de inmunidad, pero no logró votos suficientes. Waldemar Reyes Palencia, el coronel a cargo de la Guardia Presidencial, la entidad que tenía el registro de quiénes entraron o salieron de las instalaciones del EMP el día del asesinato del obispo en 1998, ahora era el director de la Policía Municipal, una entidad caracterizada por la fuerza y la prepotencia utilizada en contra de vendedores ambulantes. Howard Yang, el ex jefe de la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE) que presionó a jueces y a fiscales para sólo acusar al padre Mario Orantes en el crimen contra Gerardi, desde 2005 dirigía la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala (EMETRA).
Yang era quien había contratado a los familiares de Lima Oliva y Villanueva en la municipalidad. Y desde el día de la presentación del caso Caja de Pandora ha permanecido prófugo.
En su informe “Guatemala: Un Estado capturado”, la CICIG argumentó que el caso Caja de Pandora no se limitaba a la apropiación de fondos públicos para financiar campañas políticas, sino que mostraba que el PU se convirtió en una estructura parasitaria de la municipalidad de Guatemala, “en la que se diseñaron procedimientos y estrategias para hacer indiferenciado el trabajo del partido y del municipio en la ciudad capital”.
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Tras más de un cuarto de siglo en el gobierno municipal, el PU no pudo resolver los problemas de tránsito, agua potable y servicios de los capitalinos, pero sí consolidar una estructura política y organizativa con los recursos que pudieron ser invertidos para resolver las necesidades de los habitantes del municipio de Guatemala.
Arzú murió de un ataque al corazón siete meses después de que Thelma Aldana e Iván Velásquez presentarán la solicitud de levantar su inmunidad. Tenía 72 años de edad. Y había logrado que uno de sus hijos, a pura fuerza de su apellido y no por su habilidad, ocupara la presidencia del Congreso de la República.
A pesar de las evidencias en su contra -28 requerimientos de 12 mil 462 artículos promocionales, por Q223 mil 450- la sala Tercera de Apelaciones, una de las cortes más cuestionadas por sus fallos a favor de la impunidad, integrada por Jaime González, Beyla Estrada y Sonia de la Paz, argumentó en marzo de 2018 que la acusación era “espuria” en contra del alcalde. El MP apeló, pero el alcalde falleció antes de recibir una respuesta.
Entre una marea densa de periodistas, aquel día de la conferencia de prensa del MP y la CICIG, Arzú continuaba molesto por las acusaciones en su contra. Era conocido por su reticencia de hablar con la prensa. Pero ese día tenía la necesidad de justificarse: “La razón de mi presencia acá es venirles a ver la cara a ellos que pretendían hacer otro golpe de Estado en Guatemala, para poner gente que no puede llegar al poder mediante las elecciones, sino que tenían que tomar el atajo de Golpes de Estado y yo lo impedí (…) este par de individuos están pasándome la factura porque no pudieron dar otro golpe de Estado al presidente Constitucional de la República, que no ha cometido delitos en su gobierno”.
Aún hay evidencia de cómo las redes sociales reaccionaron ese día ante la acusación contra Arzú. Era un debate dividido entre los que opinaban que “por fin se descubrirá todo lo que esconde Arzú” a los que cautos que decían “esta vez sí se metieron con el equivocado. Arzú tiene todavía demasiado poder”.
A inicios de 2020, coincidimos en una charla con el sociólogo y analista político Héctor Rosada (murió en mayo de ese año). Había sido un actor clave para las negociaciones de la firma de la paz en Guatemala, y se le considera un experto en comprender la lógica de los militares y el Estado. Rosada me explicó que para entender la fuerza articulada por la municipalidad debíamos regresar a agosto de 2017, cuando Arzú dijo “yo firmé la paz pero también puedo hacer la guerra”.
La frase fue dicha durante una de las crisis políticas más importantes que tuvo el ex presidente Jimmy Morales, del partido FCN-Nación, durante una reunión de la Asamblea Nacional de Municipalidades (ANAM). El presidente Morales buscaba el apoyo de al menos 200 alcaldes de 340 luego de declarar Non-Grato a Iván Velásquez, el jefe de la CICIG, en el país. Fue el momento en que Arzú lo apoyó y tomó partido públicamente e instó a otros alcaldes seguirle. Se oponían a las investigaciones judiciales que señalaban a los políticos corruptos. “Si alguien nos ataca nos vamos a defender”, dijo Arzú y más de 200 alcaldes le aplaudieron.
Rosada me contaba que siempre han existido dos tipos de militares: “los rambos y los institucionalistas. Los rambos que siempre quieren solucionar todo a balazos, y los otros, que creen en las instituciones del Estado y creen en la paz, pero que también son peligrosos porque usan métodos ilegales para cumplir alguna misión o para resolver asuntos personales. Usan al Estado con este fin”.
Detrás de Jimmy Morales, como decía Rosada, solo quedaron los “rambos”, con una lógica en esencia basada en violencia o la represión. Pero tras recibir el apoyo de Álvaro Arzú, la inteligencia militar del gobierno de Morales se robusteció y enfocó en un objetivo: “cuestionar a quiénes cuestionaban el poder, incluso con evidencias y casos judiciales”, decía Rosada.
Los enlaces o vínculos empezaron a verse entre los asesores de inteligencia que tenía el partido FCN, los veteranos militares (Avemilgua), que restauraron la comunicación con la cúpula del Estado Mayor Presidencial de Arzú, todos trabajando alrededor de la alcaldía. “En algún punto de 2017 algo cambió”, advertía Rosada. “Había más claridad. Había de nuevo una especie de propaganda o mensajes en los medios de comunicación respaldados por la élite. Expulsar a la CICIG. Respetar la soberanía. Es importante entender que inteligencia militar de Guatemala no es tanto el oxímoron que aparenta. Las piezas en el tablero de ajedrez se movieron. La impunidad fue un operativo a gran escala”.
Uno de los asesores militares más importantes de Jimmy Morales era Herber Melgar Padilla, cuyo pasado estaba ligado a distintos casos de corrupción y asesinatos. En su finca familiar, el 20 de febrero de 2007, fueron torturados y asesinados los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen) Eduardo D’Aubuisson (hijo del fundador del partido de ultraderecha ARENA), William Pichinte y José González junto a su piloto, Gerardo Ramírez, mientras su carro era desmantelado en búsqueda de drogas y dinero por miembros de la Dirección de Investigación Criminal (DINC) de la Policía Nacional Civil. Durante los primeros meses del gobierno de Jimmy Morales, en 2016, se reveló que Melgar Padilla, como jefe de la SAAS, Secretaría de Asuntos Administrativos de la Presidencia (el antiguo EMP), realizaba espionaje en contra de periodistas y activistas sociales. Fue removido del cargo pero reubicado como diputado en el Congreso de la República.
“Los militares rambos y los institucionalistas se tuvieron que sentar a platicar. No les quedó de otra. Eran ellos o la CICIG. El EMP de Álvaro Arzú y la SAAS de Jimmy Morales, desde un sentido de inteligencia de Seguridad Nacional, funcionaron con el mismo objetivo magníficamente, de modo fino en las instituciones que necesitaban”, indicaba Rosada.
Para 2018, un nuevo ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, llegaría casi como un representante de la nueva articulación entre generaciones de militares, avalado por el presidente Morales y el alcalde. La familia del nuevo ministro tenía vínculos con el Partido de Avanzada Nacional (PAN) cuando Arzú era presidente; su tío político, José Asturias Rudeke fue diputado en 1996 como parte de esa organización. Los vínculos con Arzú del nuevo ministro Degenhart eran más estrechos todavía: dos semanas antes de su nombramiento, Degenhart había dado por terminado su contrato como asesor en la municipalidad de Guatemala. Arzú solamente lo reubicaba dentro de su tablero de ajedrez.
“Es inteligencia militar. Buscar y cooptar los puestos claves es táctico. Era una operación a gran escala”, comentaba Rosada. Esa era su lectura al analizar el trabajo de Degenhart como ministro de Gobernación, cuando extrañamente se empezó a fugar información sobre órdenes de captura en casos de alto impacto y se dio el cambio de los máximos directores de la Policía Nacional Civil (PNC), además de la reducción de agentes asignados a la CICIG. “Las piezas se colocan. Se activan y desactivan dependiendo la misión. En Inteligencia colocar estas piezas es estrategia, y era clave para articular la operación mayor de condicionar el trabajo contra la impunidad. Un cónclave entre el pasado y el presente”, añadía Rosada.
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Luego de dos décadas, los fantasmas de Guatemala eran parte de un presente plagado de redes de inteligencia, con intereses políticos y económicos. Pero ¿por qué cada vez que se avizora una reapertura en las investigaciones del caso Gerardi se producen tantas reacciones a su alrededor? ¿Qué contiene la Caja de Pandora? ¿Qué ocultan los militares que permanecieron protegidos por Álvaro Arzú?
En su libro “El arte del asesinato político. ¿Quién mató al obispo?”, quizás una de las mejores radiografías periodísticas sobre los entramados oscuros detrás de la muerte de Juan Gerardi, el escritor Francisco Goldman amplía muchas de estas interrogantes mientras narra la forma en que operaban los cuerpos de inteligencia del Estado. Aparece la vigilancia hacia las víctimas, la ejecución coordinada, el encubrimiento y la desinformación. En uno de sus episodios, se evoca una escena que se conecta con la declaración de Alejandra Reyes, cuando Lima le confió “mirá, al final quien tiene que ver con la muerte de Gerardi, es Arzú, pero es por el hijo”. Un día después del asesinato, el ex vicepresidente de Arzú, Luis Flores Asturias le contó a un diplomático que Marco Tulio Espinosa y todos los altos jefes del Ejército visitaron al entonces presidente para hablar específicamente de su hijo. Entre los rumores del caso, también se instaló la idea de que Diego Arzú, el hijo del alcalde, mantenía una relación homosexual con el padre Mario Orantes. La noche del asesinato, según una de las hipótesis, era que el hijo de Arzú estaba implicado directamente.
“Cuando concluyó la reunión, le confió el vicepresidente Flores al diplomático, Arzú salió de su oficina pálido y preocupado. Según el diplomático, Arzú cayó en una depresión después de esa visita y nunca más volvió a ser el mismo”, escribió Goldman.
Desde entonces, los militares en retiro, coroneles de inteligencia, aviadores, jefes del Estado Mayor Presidencial, de la Secretaría de Análisis Estratégico, de la Guardia Presidencial, el Ministerio de la Defensa, no se apartaron nunca de Arzú.
Y para finales de la década de los 2020, los CIACS de Arzú estaban presentes. Ahora eran una Red Política-Económica Ilícita más grande, con más campos de acción desde el Estado. Una Caja de Pandora que quizás tiene las respuestas para resolver uno de los crímenes políticos más importantes de Guatemala. Pero la estrategia de cada uno de los posibles implicados, la inteligencia militar, y la fuerza alrededor del ex presidente, fueron determinantes para que en septiembre de 2019, finalmente, Jimmy Morales se negara a ampliar el mandato de la CICIG en Guatemala.
