Con un crecimiento aproximado al 400 por ciento en los últimos 17 años, la palma de aceite se fortalece en la agroindustria de Guatemala. La expansión del monocultivo también ha traído problemas en comunidades aledañas a las plantaciones, entre ellos, desvío de ríos, contaminación y deforestación.
La comunidad de Santa Odilia se ubica en el departamento costeño de Escuintla, a unos 150 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. A un costado del pueblo hay una plantación de palma de aceite que le pertenece al Grupo HAME, máximo productor en el país. El terreno en el que se siembra palma tiene una extensión de 17 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho y la comunidad se encuentra establecida en no más de dos kilómetros cuadrados.
Cada año, con la llegada de las lluvias, se registran inundaciones en el pueblo. La empresa construyó un paredón para que los cultivos de palma no sean afectados por el río Coyolate. Esa construcción acaba con la capacidad de retención de humedad de la ribera y provoca que, durante las crecidas, se inunden con mayor facilidad las casas y siembras de los residentes de Santa Odilia río abajo.
“Yo me fui (de) mojado a Estados Unidos y cuando regresé (en 2005) estaban construyendo el paredón. Cuando se viene la temporada de lluvia el río crece y viene con más fuerza. Cuando el agua viene con fuerza rebota en ese paredón y toda el agua inunda parte de la comunidad”, explicó Adán Ruiz, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de Santa Odilia.
Isla Chicales en Nueva Concepción, Escuintla, se ubica a unos 400 metros del mar, un lugar en donde el crimen organizado opera con libertad ya que la presencia de las autoridades es casi nula, según refieren los habitantes. Otro de los múltiples problemas de un poblado costero en Guatemala.
José Alfredo García Borja, un defensor de los manglares en esta comunidad, como él se define, resaltó las dificultades con las fincas en donde se cultiva palma.
“Las fincas que siembran palma desvían los ríos y un ejemplo de ello es que en varias ocasiones los manglares aquí en nuestra comunidad se han secado y eso es muy grave, ya que el río Madre Vieja no llega con suficiente agua”, resaltó.
En la actualidad los manglares han recuperado su nivel de agua, agregó, pero en su comunidad siempre deben estar atentos.
Todos los años, pobladores del municipio de Tiquisate luchan contra el desvío del río Madre Vieja llevado a cabo por personal de las fincas de palma. Este cambio de trayectoria ya permanente repercute en la economía de los pobladores que sobreviven de la pesca.
Además, los pequeños agricultores son afectados por la escasez de agua para uso de riego de los cultivos que siembran para el autoconsumo.
En el municipio de Sayaxché, departamento del Petén, los habitantes siguen lidiando con la contaminación del río La Pasión cinco años después. En 2015 la empresa Reforestadora de Palmas del Petén, Sociedad Anónima (REPSA), empresa del Grupo HAME, contaminó 150 kilómetros del cuerpo de agua afectando al ecosistema. Se encontraron más de 50 toneladas de peces muertos.
Los vecinos de Sayaxché denuncian que en los últimos años han ocurrido otros derrames de químicos y aceite en las cercanías de las zonas de cultivo de palma. Esto no ha podido confirmarse por las autoridades porque cuando la Municipalidad de Sayaxché toma muestras se tarda más de doce horas en llegar a los laboratorios de la Universidad de San Carlos, ubicados en la Ciudad de Guatemala, incumpliéndose los periodos en la cadena de custodia que debe ser menos de diez horas.
Saúl Paau, líder comunitario de Sayaxché, dijo que por años el río ha sido contaminado por los cultivos de palma de aceite. Explicó que esta situación afecta aproximadamente a la mitad de la población del municipio que se alimenta de peces y consume su agua.
María Margarita Hernández, líder comunitaria del caserío Canaán, Sayaxché, resaltó que el daño provocado por la contaminación del río La Pasión dejó graves daños ambientales y que el Estado de Guatemala lejos de castigar a los responsables los ha protegido, su testimonio es parte de un documento titulado: Los impactos del cultivo del aceite de palma en materia de DDHH, elaborado por el Colectivo Madre Selva.
“Fue una lucha donde dejamos nuestros zapatos tirados, porque tuvimos amenazas y persecuciones por defender los derechos de las 22 comunidades. Peleamos el agua porque es el sustento, es el principal sustento de la vida.
Hacíamos campaña en las comunidades para que no se metieran al río y hubo reuniones permanentes. Uníamos a los grupos para darle seguimiento al caso. El caso jurídico contra la empresa ya no avanzó y sobre el asesinato de un compañero pues dejamos de insistir porque la familia no quiso. Hubo muchas compras de voluntades bajo la mesa”.
En Guatemala, los conflictos sociales por el cultivo de palma se han vuelto habituales. En los últimos 17 años la siembra de palma de aceite creció casi 400 por ciento; de 31 mil hectáreas en 2003 pasó a 171 mil 581 en 2019. Esto ha convertido a Guatemala en el sexto productor de palma a nivel mundial y el tercer exportador. Según datos de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA) hay 235 productores de palma a nivel nacional.
La gremial informa que en 2019 generaron 28 mil 575 empleos directos y 145 mil indirectos. Además, que el sector palmicultor aporta el 1.09 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Información del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) resalta que uno de cada diez productos que se venden en los supermercados contiene aceite de palma, entre ellos, jabones, alimentos congelados, dulces, aceites para freír, helados y sopas instantáneas. También es utilizado como combustible para la generación de electricidad y Europa es uno de los principales compradores.
Pero, con el boom mundial de la demanda, la expansión de este monocultivo en Guatemala ha producido impactos sobre el medio ambiente y las poblaciones aledañas, reproduciendo un modelo agrícola que deja pocos réditos a las comunidades rodeadas por las plantaciones.
Una comunidad en pobreza
Santa Odilia es un ejemplo de las comunidades en las que predomina la falta de desarrollo y pobreza, ubicada en las inmediaciones de las fincas de palma de aceite. Mientras los pueblos se mantienen en la misma condición desde hace décadas, el sector palmicultor crece y genera millones de quetzales para la industria.
En Santa Odilia viven aproximadamente tres mil personas, no hay calles asfaltadas ni drenajes. Algunas viviendas carecen de agua potable. Más de la mitad de los habitantes son pobres.
Según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala en el municipio de Nueva Concepción, al que pertenece la comunidad Santa Odilia, el 54.5 por ciento de la población vive en pobreza y el 8.2 por ciento en pobreza extrema.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que una persona que está en condiciones de pobreza usa cuatro dólares diarios para alimentarse y la que vive en pobreza extrema apenas dos dólares al día para consumir alimentos.
Margarita Girón, vecina de Santa Odilia, resaltó que en su comunidad hay grandes carencias y por ello gran cantidad de personas migran a los Estados Unidos, “durante varios meses del año hay trabajo en las fincas, pero el pago es muy poco y por eso muchos prefieren irse, nosotros no estamos en contra de la siembra de palma, pero las empresas se deberían de preocupar más por las comunidades”, resaltó.
Edgar Del Cid Leiva, párroco de la iglesia de Nueva Concepción, municipio al que pertenece la comunidad Santa Odilia, explicó que en la época de los noventa la empresa Santa Rosa, Sociedad Anónima, se apropió de una calle y sembró palma de aceite.
“La finca Cuatro Robles (Santa Rosa, S.A.) del grupo HAME sembró palma en caminos comunales y eso ha afectado el desplazamiento de los vecinos. Uno camina por esas calles, pero al llegar a la finca se topa con que el camino está bloqueado por las palmas. Hay varios temas que deben ser tratados con urgencias, pues todo eso podría replicar en problemas mayores”, explicó el líder religioso.
En la época de los noventa el terreno de palma de Santa Rosa, S.A no llegaba hasta la orilla del río Coyolate. Había un camino que era usado por los pobladores para comunicarse, pero al pasar los años la empresa fue sembrando palma de aceite y se apropió del espacio, bloqueando el paso.
“Hace 25 años había calles que comunicaban las fincas de los pobladores, pero ahora al llegar a la finca de palma ya no se puede pasar porque ellos agarraron un terreno de 40 metros por un kilómetro para sembrar palma. Al usar esa calle nos bloqueó el paso y debemos caminar 10 kilómetros para redondear el paso que cerraron”, explicó Adam Cruz, presidente del Consejo Comunitario de Santa Odilia.
La organización denunció que la empresa Santa Rosa, S.A. los presiona para que firmen un documento en el que deben agradecer por proyectos que, a decir de los pobladores, no existen en la comunidad. Cruz señaló que no firmarán hasta que liberen las calles públicas en las que han sembrado palma de aceite.
Otra de las peticiones es que construyan un paredón que frene las inundaciones para el pueblo. Solo este año contabilizan seis inundaciones.
La tormenta Eta dejó inundaciones en Santa Odilia a pesar que el fenómeno tropical no pasó cerca de la comunidad. Durante algunos días el agua llegó hasta el centro de la aldea e inundó algunos sembradillos de elote para consumo de sus pobladores. Eso también afectó a los animales de corral como vacas, cerdos, gallinas y patos. Algunos murieron porque los vecinos no tenían donde refugiarlos.
En Santa Odilia hay casas que están construidas de block, y otras de madera y láminas. Estás son las más afectadas por las inundaciones porque si la corriente es fuerte, las destruye.
Cada año la historia se repite en las riveras del río Coyolate. El afluente de unos 160 kilómetro nace en el departamento de Chimaltenango, al occidente del país, y desemboca en el Océano Pacífico.
Todos los años los habitantes deben construir un puente de madera sobre el río y pasar desde Santa Odilia hasta las fincas de caña de azúcar (otra fuente de trabajo). Con la llegada del invierno el paso de unos 200 metros es destruido.
La gerente de comunicación corporativa, Xiomara Lima y el gerente de proyectos, Gustavo Chacón del grupo HAME indicaron en relación a la borda que se encuentra en la finca Cuatro Robles (Santa Rosa, S.A.) que la misma no influye en las inundaciones que se dan en terrenos de la comunidad San Odilia y lejos de afectar beneficia a la población.
“La borda de la finca Cuatro Robles, además de proteger el área de cultivo de la empresa, protege la comunidad de Santa Odilia y las áreas de cultivo de la comunidad en una de las vueltas del río. La borda es más larga y tiene un nivel más alto de lo requerido para resguardar los cultivos de la empresa, esto apoya a la comunidad en la época de lluvia. Además, damos mantenimiento para fortalecer la borda a fin de evitar que la comunidad se inunde”, destacaron los entrevistados.
Señalan que constantemente están en comunicación con los líderes de la comunidad para evitar conflictos. Lima y Chacón rechazan también que el grupo HAME haya invadido los caminos de comunidades. Además que en ningún momento los pobladores se han quejado de ello.
Desmienten que se presione a personas de Santa Odilia para que firmen documentos en apoyo a los proyectos.
“Grupo HAME no presiona para que se firme ningún documento en agradecimiento por los proyectos. Sin embargo, Grupo HAME está certificado con la Norma ISO37001, enfocada en la ética y transparencia, por lo que cumpliendo con el proceso de debida diligencia todo apoyo, colaboración o donación de parte de la empresa a cualquier comunidad, institución pública o privada, así como a cualquier organización, debe quedar debidamente documentada y registrada, involucrando los actores clave en el proceso como soporte de la entrega de dichas gestiones”, indicaron.
El economista y analista de El Observador, Luis Solano, considera que los dueños de tierras siguen acaparando más áreas afectando a las familias, pues cientos de campesinos quedan encerrados en las grandes extensiones de las propiedades y se ven obligados a vender.
“Mucha de la compra de tierras por parte de las grandes empresas se da bajo amenazas o desplazamiento forzado, lo cual es muy grave”, resaltó Solano, quien agregó que debe ponerse atención al departamento del Petén, pues la siembra de palma crece a ritmo acelerado y sin control.
El investigador señaló que los tres factores que ayudan a que Guatemala sea de los principales productores de palma de aceite son la cantidad de ríos, la lluvia y la buena tierra.
Enfatizó que la siembra de palma requiere de grandes cantidades de agua y precisamente ese es uno de los principales conflictos en torno a su cultivo.
Solano dijo que “el boom” en la siembra de palma en Guatemala se dio a partir del año 2000, siendo uno de los principales motivos el aumento de la comida chatarra y consumo de agrocombustibles. El aceite de palma es más barato y sustituye a otros más caros como el de oliva, canola, soya y algodón.
Ante los señalamientos de apropiación de tierra, la contaminación de ríos y el desgaste de los suelos producto de la palma de aceite, el Estado no ha emitido resoluciones para regular o enfrentar estos efectos negativos. En octubre de 2019 el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales publicó el acuerdo ministerial 204-2019 (Listado Taxativo de Proyectos, Obras y Actividades Industriales).
El acuerdo modificó la clasificación de cada actividad agroindustrial según su impacto en el medio ambiente, una de ellas la siembra de la palma de aceite. Dicho listado señalaba que toda plantación de monocultivos por arriba de las 500 hectáreas se clasificaba como categoría A, es decir, de alto riesgo para el ambiente. Con la modificación de la categoría, las siembras por arriba de 500 hectáreas ya no son consideradas como alto riesgo. Esto benefició a medianos y grandes empresarios de palma de aceite.
Días antes de esa modificación, el entonces presidente Jimmy Morales estuvo presente en el III Congreso Palmero. Ahí felicitó a la Gremial de Palmicultores de Guatemala por su “compromiso” por no deforestar. Además, rechazó que la palma de aceite sea una de las causas de la destrucción de bosques del país.
Dos años antes, en 2017, Morales decidió declarar non grato a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de Naciones Unidas que investigaba corrupción. El sector empresarial representando en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) avaló la decisión del gobernante por medio de un comunicado de prensa, lo mismo hizo Grepalma.
El 14 de agosto pasado, el presidente Alejandro Giammattei participó en un acto de Grepalma en el que se presentó “Los aportes de la agroindustria de aceite de palma en Guatemala”. En la reunión, el mandatario dijo que con ese tipo de actividades agroindustriales se puede sacar de la pobreza a los guatemaltecos.
“Somos el país con mejor tierra para cultivar esto, somos el más productivo. Somos el tercer lugar en el mundo y podríamos ser el primero. Apelo al sector privado organizado a que fijemos juntos los objetivos del país, solo así podemos sacar a la gente de la pobreza, la gente lo que quieren son oportunidades”, dijo Giammattei.
Los impactos negativos
Sin embargo, algunos no están de acuerdo con la afirmación del presidente. Julio González, de la organización ambientalista Madre Selva, reiteró que la siembra de palma genera impactos negativos en las comunidades como el desvío de ríos, contaminación, deforestación y enfermedades para los pobladores.
“La expansión de los monocultivos ha provocado el desalojo de comunidades, ya que muchos pobladores son expulsados de distintas formas, entre ellas, la compra de tierra bajo amenazas. El uso intensivo de agroquímicos es grave para la salud de los trabajadores y de los pobladores que viven cerca de las plantaciones. Además, deja la tierra inservible por muchos años”, explicó.
Para esta investigación, se solicitó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) el número de hectáreas usadas para la siembra de palma de aceite en Guatemala, así, como su ubicación y las empresas propietarias. La respuesta fue: “no contamos con la información que solicita, puede comunicarse con la Gremial de Palmicultores de Guatemala”.
Así, el estudio Perfil Ambiental de Guatemala 2010-2012 elaborado por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar, señala que la expansión de monocultivos como la palma aceitera provoca la deforestación de Guatemala. La expansión de la palma aceitera ha llevado a que se invadan áreas protegidas por el Estado donde se busca la conservación de la flora y fauna silvestre en esos territorios.
El informe revela que 22,967 hectáreas de plantación de palma se encuentran en áreas protegidas, lo que equivale al 13.38 por ciento de las hectáreas de palma de aceite reportadas en 2019, que son 171,581. La Universidad Rafael Landívar señala que el 90.6 por ciento de las áreas protegidas en las que se siembra este monocultivo se encuentra en el departamento de Petén.
De esas 22,967 hectáreas de palma de aceite, 80 están en reservas naturales privadas, las demás están en terrenos de reservas, refugios, monumentos y zonas de amortiguamiento que pertenecen al Estado de Guatemala, según el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP-.
El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Abraham Estrada, dijo que cualquier monocultivo conlleva un impacto relevante sobre la diversidad biológica. Si no se toman las medidas de mitigación necesarias esto puede implicar pérdida de ecosistemas importantes y únicos, humedales contaminados y afectados que son hábitat de especies nativas y de aves migratorias.
“La deforestación para implementar plantaciones de palma, lleva también a la defaunación de las áreas que son destinadas a estos cultivos, ya que los animales no pueden desplazarse por estas grandes extensiones de cultivo, porque no encuentran en ellas los recursos que necesitan para sobrevivir”, añadió.
Sobre el ingreso de la palma de aceite en áreas protegidas, Estrada mencionó “no puedo hablar sobre las causas que provocan la invasión de áreas protegidas (para la siembra de palma de aceite) pues las desconozco. Lo que sí puedo decir es que si en el CONAP recibimos denuncias de invasiones en áreas protegidas esta es verificada y trasladada al Ministerio Público”
En 2017 el Consejo Nacional de Áreas Protegidas presentó el informe titulado “Evaluación de los factores causantes del uso de la tierra, causas y agentes de deforestación y degradación de bosques en Guatemala” sobre la situación de las áreas protegidas y la plantación de monocultivos.
En el documento se asegura que las plantaciones de palma de aceite se han extendido en territorios que tradicionalmente eran usados para el desarrollo ganadero. Además, que dichas plantaciones han desplazado a poblaciones indígenas.
“En los últimos diez años la expansión de las corporaciones dedicadas al cultivo de caña de azúcar y palma africana en la región norte de Guatemala han invadido las tierras habitadas históricamente por las poblaciones indígenas Q’eqchies, habiendo desplazado a cientos de familias y comunidades enteras, generando incremento en la pobreza, hambre, desempleo y falta de tierras para su sustento”, puntualiza el escrito.
El informe hace la recomendación al Congreso de la República a que legisle para controlar el crecimiento de los monocultivos como la palma de aceite.
Las áreas protegidas también son afectadas por la contaminación que deja a su paso la palma de aceite. La falta de controles estatales en la producción de esta sustancia vegetal provoca que las empresas contaminen ríos. Un ejemplo, es lo ocurrido en 2015 en el río La Pasión, ubicado en el municipio de Sayaxché del departamento de Petén.
En 150 kilómetros del río murieron peces, reptiles, mamíferos y otras formas de vida que habitaban y se alimentaban del cuerpo de agua. El desbordamiento de las piletas de oxidación de la Reforestadora de Palmas del Petén (REPSA), perteneciente al Grupo HAME, causó la contaminación, según una investigación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, que concluyó que REPSA arrojaba sus desechos más contaminantes al río.
Este informe es usado por las organizaciones ambientalistas que demandan a la empresa por los daños provocados.
Sin embargo, desde el 2015 a la fecha el caso no ha avanzado penalmente porque el equipo jurídico de Repsa ha presentado acciones legales para retrasar el proceso que después de cinco años continúa impune. Lo que hizo el Estado a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales fue imponer multas a la empresa por 15 mil dólares.
Rafael Maldonado, quien fungió como abogado del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), organización ambientalista que denunció la contaminación, resaltó que el caso penal contra Repsa es delicado porque tienen mucho poder. “Hubo acoso en contra mía y amenazas con el objetivo de que diera marcha atrás con el proceso penal”, dijo.
Maldonado ejemplifica el poder que a su juicio tiene esta empresa. En septiembre de 2015 la jueza de Delitos Contra el Ambiente de Petén, Carla Hernández, ordenó un cese de operaciones de Repsa para que se investigara más a fondo la contaminación, pero la empresa la demandó civilmente por el delito de responsabilidad de funcionarios públicos.
“Acciones como de este tipo tienen detenido el caso contra REPSA. Nunca hubo capturas y el caso se encuentra detenido en la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente desde 2015. Esta empresa usó sus argucias legales para empantanar el caso y evitar más investigaciones”, comentó el abogado.
“Existe una investigación en curso por esos eventos derivado de la denuncia penal presentada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ante el Ministerio Público en contra de Reforestadora de Palmas de El Petén, S.A. (REPSA), empresa miembro de Grupo HAME, por los incidentes del mes de abril y junio de 2015 en el Río la Pasión en el Departamento de Petén. El proceso se encuentra aún en fase de investigación a cargo del Ministerio Público con el cual se ha colaborado sin ninguna restricción para el esclarecimiento de los hechos. Repsa, es respetuosa de la ley y del debido proceso, es el más interesado en que se resuelva esta situación, por lo que estamos anuentes a toda la colaboración que se requiera”, dijo Xiomara Lima gerente de comunicación corporativa del Grupo HAME.
Aura Marina López, jefa de la Fiscalía de Delitos Contra el Medio Ambiente del Ministerio Público, mencionó que en el caso contra Repsa se va a presentar una salida procesal alterna como resarcimiento a las comunidades afectadas porque no se encontró responsabilidad de la empresa aceitera.
“No hay indicios suficientes para procesar penalmente a los propietarios o ejecutivos de la empresa por la contaminación”, dijo López, quien añadió que, pese a que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos concluyó que REPSA arrojaba sus desechos más contaminantes en el río, su oficina no pudo documentar esa situación en el proceso penal.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas es querellante en el proceso legal contra Repsa. El secretario ejecutivo, Abraham Estrada, respondió que la empresa busca que el sistema judicial les otorgue la opción de dar resarcimiento por el daño causado a las comunidades que dependían de la pesca.
Debido a la magnitud de la contaminación en el río La Pasión, en 2018, la multinacional suiza de alimentos y bebidas Nestlé, anunció la suspensión de las compras de aceite de palma a Repsa porque no quería verse involucrada en actos contra el ambiente.
Según datos de la Gremial de Palmicultores de Guatemala hay 235 productores de palma de aceite. El 12 por ciento (29) son productores que tienen más de 500 hectáreas de siembra, es decir, controlan los cultivos de palma en el país. Detrás de este negocio hay grandes corporaciones y giran alrededor de varias familias en Guatemala.
La familia Molina Espinoza es la propietaria de los grupos HAME y MEME, fundados por los hermanos Hugo Alberto y Milton Enrique Molina Espinoza. De acuerdo a un estudio realizado por Luis Solano, estas empresas tienen más de 45 mil hectáreas de palma aceitera a nivel nacional distribuidas en los departamentos de Petén, Escuintla, San Marcos y Quetzaltenango.
De acuerdo con datos de la revista de análisis El Observador, el grupo HAME y MEME también tienen presencia en otros países de Centroamérica como Honduras y Nicaragua. Pronostica que el cultivo aumentará debido a la alta demanda del aceite en varios mercados, entre ellos, el mexicano y el holandés.
Beneficios fiscales
Todas las empresas que se dedican al cultivo de palma de aceite se encuentran beneficiadas por el régimen de la Ley de Maquila decreto 29-89. Esta normativa permite que este tipo de negocios no paguen el Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto de Solidaridad (ISO) y aranceles de importación de maquinaria durante diez años.
Además, les otorga un mecanismo de rápida devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por exportaciones durante toda su vida. Y cuando compran insumos en el mercado nacional, pueden solicitar que el IVA les sea devuelto.
Algunas instituciones han recomendado al Congreso de la República que se legisle, para poner un alto a la contaminación de ríos, invasión de áreas protegidas y uso correcto de los suelos. Sin embargo, no hay avances en esta materia.
La diputada Sonia Gutiérrez, integrante de la Comisión de Ambiente del Congreso, señala que durante la actual legislatura no se ha puesto el tema sobre la mesa porque hay grupos de diputados afines a este sector empresarial. Explicó que debe analizarse tanto la expansión del monocultivo como los apoyos fiscales.
“Es fundamental legislar en torno a la siembra de palma africana, ya que los cultivos crecen a un ritmo acelerado y sin control por parte del Estado. La fiscalización en la siembra de palma es un tema al que se le debe dar prioridad, pues giran muchos problemas en torno a esa industria, desde explotación laboral hasta contaminación de ríos, así como los beneficios fiscales”, resaltó la congresista.
Al consultar al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre el impacto de la siembra de palma se indicó de forma general que las empresas deben cumplir con la legislación nacional y evitaron hacer comentarios sobre los señalamientos en contra de las empresas.
“Existen instrumentos jurídicos y técnicos disponibles para prevenir y reducir los impactos de cualquier proyecto, obra, industria o actividad. Como eje estratégico se tiene el fortalecimiento institucional para que el Estado, en coordinación con los sectores, logre la aplicación efectiva de los diferentes instrumentos para prevenir y reducir los impactos”, resaltó el MARN.
La postura de Grepalma
La Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA) por medio de su comunicadora, Leticia Enríquez, respondió las interrogantes y resaltaron que la siembra de palma es positiva para Guatemala.
“El cultivo de palma de aceite se localiza en la región norte, nororiente y sur de Guatemala. En estos lugares, la agroindustria guatemalteca de aceite de palma genera 30 mil empleos directos y 143 mil empleos indirectos, generando oportunidades de crecimiento para los pobladores y sus comunidades vecinas en áreas donde había escasas o nulas inversiones previo al establecimiento de proyectos palmeros. En el año 2020, pese a la crisis por covid-19, el sector de palma logró mantener e incrementar en un cinco por ciento los empleos directos generados, contribuyendo de esta manera con la reactivación económica y las oportunidades para el país”, destacó Enríquez.
Agregó que el aporte de las empresas asociadas a GREPALMA al desarrollo local de las comunidades vecinas va más allá de la creación de fuentes de empleo y la dinamización de economías locales, promoviendo el bienestar de los pobladores con la implementación de programas y proyectos en materia de salud, seguridad alimentaria, educación, acceso a agua potable, acceso a energía eléctrica y acceso a infraestructura vial.
