Guatemala se enfrenta a la siembra de coca desde 2018, cuando se localizó la primera plantación. Cinco años después, el país da indicios de empezar a producir pasta base de cocaína. Las autoridades aún no capturan a ningún narcotraficante vinculado a la siembra, sólo algunos campesinos.
“Lo que se sembró en Guatemala dio buen resultado”, dice una persona identificada con un seudónimo en el expediente al que tuvo acceso Guatemala Leaks.
La llamada fue interceptada en enero de 2022 en una investigación iniciada hace meses por la Fiscalía de Colombia. Las escuchas captaron el momento en el que dos personas investigadas por narcotráfico discutían sobre los resultados de experimentos con siembra de hoja de coca en Guatemala, un fenómeno identificado en territorio nacional por primera vez en 2018.
En el audio quedó registrada una frase que podría tener impacto en la economía y seguridad de Guatemala: el cultivo de la materia prima para la elaboración de cocaína superó la fase de experimentación y alcanzó los “ estándares de calidad” de grupos de narcotráfico vinculados a estructuras colombianas, donde además de Bolivia, Ecuador y Perú, históricamente se ha sembrado hoja de coca para la elaboración de la droga.
La llamada es una de las pruebas más relevantes tras un fenómeno que las autoridades guatemaltecas descubrieron en 2018: el país ya no es solo un corredor para el tránsito de drogas que vienen del sur, principalmente desde Colombia, y se transportan hasta México y Estados Unidos.
En Guatemala grupos de crimen organizado transnacional, que todavía no han sido identificados por el Ministerio Público, experimentaron con éxito sembrar hoja de coca en el norte del país, específicamente entre Izabal, Alta Verapaz y Petén, una región que se caracteriza por ser cálida, montañosa y de lluvia abundante. La principal variante de la planta encontrada en Guatemala proviene de Perú y fue vista por primera vez en Centroamérica en 2013, específicamente en Panamá.
Honduras, que ya es considerado un “narco-Estado”, vive una situación similar; en 2017 se descubrieron las primeras plantaciones, las erradicaciones van en aumento con los años sin que hasta la fecha se reporte una captura relevante para conocer las redes criminales detrás. Mientras tanto, en abril de 2022, Juan Orlando Hernández, expresidente de ese país, fue extraditado a Estados Unidos por una acusación de haber facilitado, durante sus dos períodos como gobernante, el traslado de miles de kilos de cocaína hasta el país norteamericano a cambio de ganancias millonarias.
El inicio
Las primeras cosechas de hojas de coca erradicadas en Guatemala, 74 mil 368 matas, fueron descubiertas en 2018 en Alta Verapaz, al noroccidente del país.
Desde entonces hasta marzo de 2023, las autoridades han incautado 11 millones 360 mil 266 matas de arbustos de hoja de coca. «En Guatemala el cultivo de coca ya es algo formal y establecido», asegura el coronel Rubén Téllez, vocero del Ejército del país centroamericano.
El Ministerio de la Defensa es parte del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG), que junto al Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, coordinan las acciones contra el narcotráfico en el país. Esta unidad fue creada en 2022, en el apogeo del cultivo de coca.
Las hectáreas de hojas de coca han sido localizadas especialmente en un corredor cercano a la Franja Transversal del Norte, entre Alta Verapaz, Izabal y Petén, climas semitropicales que favorecen su crecimiento. Sin embargo, el área no es exclusiva. Este año se descubrió una plantación en Chiquimula, un hallazgo inusual que señala que ya se está expandiendo a otras regiones más calurosas del país.
El aumento de los sembradíos ha sorprendido a las autoridades que, según entrevistas con la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional Civil, carecían de capacidades técnicas para identificar la hoja y comprender el fenómeno. Han buscado asesoría de Colombia y Perú, y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito (UNODC) sobre cómo operan estas estructuras y qué herramientas legales y tecnológicas se utilizan para combatirla.
Tanto en Guatemala como en Honduras se ha identificado que las estructuras de narcotráfico envían a integrantes colombianos para explorar los terrenos donde se realizará la siembra y que al cosechar la planta “capacitan” a personas centroamericanas en la preparación de la pasta.
Con estos hallazgos el país da muestras de haber empezado a producir pasta de coca, una mezcla de la planta combinada con cemento y combustible, el paso previo para la elaboración de clorhidrato de cocaína, el polvo blanco, un proceso que según las autoridades todavía no ocurre en Guatemala.
En los últimos cinco años, desde que se detectó la primera siembra, cerca de las plantaciones se han localizado 30 estructuras rústicas hechas de palos y nylon donde se elabora pasta de coca, un compuesto entre las hojas, gasolina y cemento, o thiner y cal. Pese a eso hasta la fecha no se han encontrado narcolaboratorios sofisticados que arrojen indicios de que en Guatemala se elabore clorhidrato de cocaína (el polvo blanco que se consume).
“Hemos encontrado covachas donde se hace el primer proceso, es decir la pasta o la base para la elaboración de cocaína”, explica Alan Ajiatas, subjefe de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad de Guatemala. Esta pasta es trasladada hacia el norte, México y Estados Unidos, agrega.
La Fiscalía de Delitos de Narcotráfico se reserva revelar si hay indicios de carteles mexicanos o colombianos detrás de las siembras. En escasas ocasiones la PNC ha capturado a agricultores en las plantaciones y solo uno de ellos fue condenado por un delito menor.
Mientras el fenómeno crece, las autoridades todavía no pueden dimensionar el impacto social y económico que tendrá en el país, solo saben que podría cambiar las dinámicas de seguridad y podría incidir en el incremento de violencia por disputas de territorio. Lo que sí es certero es que los grupos de crimen organizado detrás están produciendo la base para la cocaína en Guatemala y Honduras y acortando su frontera con México y Estados Unidos, lo que supone ahorrarse la mitad del camino en el tráfico y abaratar sus costos.
Guatemala es territorio fértil para la coca
Los departamentos de Izabal, Petén y Alta Verapaz son los lugares con más erradicaciones de arbustos de coca en los últimos cinco años. Aunque también se han localizado algunas plantaciones en Zacapa, Chiquimula y Santa Rosa. El MP determinó que el 90% de las siembras de hoja de coca en el país son de la variante peruana, que es la que mejor se adapta a las condiciones agrícolas y climáticas.
El subjefe de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad señala que la mayoría de los terrenos donde localizan hoja de coca no les pertenecen a propietarios particulares, están en zonas no controladas, áreas protegidas, tierras municipales o pertenecientes al Estado.
En la Sierra Santa Cruz, un área de protección especial, detectaron plantaciones de hoja de coca en 2019.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) incluye a esta sierra en el listado de lugares de conservación. Es la fase previa a presentar su declaratoria en el Congreso para convertirlas en área protegida. Mientras no sea reconocida como tal, sigue vulnerable a la deforestación, invasiones y mal uso de los recursos naturales.
La Sierra Santa Cruz se ubica en el municipio costero de Livingston, Izabal, a unos 460 kilómetros de distancia de la ciudad de Guatemala. Este territorio es una selva lluviosa tropical. Según la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), en esta sierra viven alrededor de 50 comunidades, en su mayoría indígenas q’eqchi’es, quienes se dedican al cultivo de maíz, frijol, arroz y chile y en menor escala cardamomo, cacao, achiote y frutales. También son jornaleros en fincas ganaderas o plantaciones de monocultivos como palma africana y hule.
La mayoría de las zonas de cultivo de coca se encuentra en comunidades de personas campesinas, con escasos recursos, donde hay poca presencia de fuerzas policiales y son de difícil acceso por vía terrestre o área. Helver Beltetón, jefe de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), reconoce que «grupos nacionales y de otros países contactan a personas campesinas en lugares donde hay poco acceso de las fuerzas de seguridad».
En 2014, una investigación de Connectas y Prensa Libre mostraba la problemática de la tala ilegal en Sierra Santa Cruz. La madera de rosul era codiciada debido a su alta demanda y cotización en el mercado asiático. En 2016, Fundaeco apuntaba que la importancia de esta sierra radica en que es una de las pocas regiones de Guatemala con un alto porcentaje de cobertura natural.
Cinco años después, la siembra de coca se convertiría en un problema en la Sierra Santa Cruz.
En septiembre de 2019, la PNC localizó las primeras plantaciones de coca en la Sierra Santa Cruz. Durante la pandemia por Covid-19, en mayo de 2020, la PNC reportó, de nuevo, erradicaciones de hoja de coca en ese sector. Un año después, en enero de 2021, también erradicaron arbustos.
Pedro Arenas, especialista con 25 años de experiencia trabajando en el tema de políticas de drogas en Colombia y director de Viso Mutop, organización que monitorea programas de sustitución y de erradicación de cultivos declarados ilícitos, explica que la planta de hoja de coca es adaptable y resistente, sólo necesita sol y lluvia para crecer.
«Excepto un frío exagerado, la planta puede adaptarse porque es muy resistente. Nosotros (en Colombia) la hemos encontrado en cercanías al nivel del mar, por las costas, hasta más o menos unos 1,800 metros sobre el nivel del mar. En temperaturas entre 14 grados a poco más de 30 grados de temperatura, donde hay buena luminosidad solar y lluvias», indica Arenas.
El especialista colombiano apunta que no se requieren grandes conocimientos botánicos o tecnológicos para sembrar hoja de coca, más que los cuidados propios de cualquier otro cultivo: aplicar abono y fertilizantes, usar insecticidas.
Arenas opina que las crisis políticas y económicas, aunado a la alta inestabilidad en países como Honduras y Guatemala, podrían generar un ambiente propicio para que grupos del crimen organizado se instalen en zonas donde el Estado tiene poco control. También explica que el mercado mundial de cocaína se mantiene y tiende a crecer.
«En Honduras observamos que los grupos de narcotraficantes, que comercializan el producto hacia el norte del mundo estaban transportando preferiblemente pasta base de coca. En caso de caer en manos de las autoridades significa una menor pérdida económica», comenta Arenas.
En 2018, en Guatemala se desató una crisis política que pudo ser un detonante para que grupos del crimen organizado empezaran a sembrar coca en el país. El gobierno de Jimmy Morales puso fin al acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano independiente internacional que apoyaba la investigación del Ministerio Público. En conjunto, habían revelado casos de corrupción que involucraban a expresidentes, diputados, alcaldes y empresarios.
Ajiatas destaca que lo más cercano a un narcolaboratorio para producir cocaína, fue localizado en 2019 en Río Dulce, Livingston, Izabal. En este lugar descubrieron hoja de coca en campos cercanos, un área de dormitorios con literas para alrededor de 20 personas, un área para resguardar la pasta base y otro de clorhidrato, con microondas, plantas eléctricas y otros insumos que se necesitan. Pero todo estaba nuevo, aún no habían empezado la producción.
El caso todavía se encuentra en investigación. El fiscal confirma que ya tienen individualizados a sospechosos y estarían involucradas personas de nacionalidad colombiana, pero no brinda más detalles del grupo criminal o si está vinculado a un cartel del narcotráfico.
El fiscal recalca que el problema de la siembra de coca es un fenómeno regional; en los últimos años también empezaron a incrementarse los cultivos en Honduras y México. También reafirma que las estructuras están en constante cambio, se adaptan y mutan cuando se las detecta. En años anteriores, entre 2012 y 2015, la amapola era uno de los principales cultivos ilícitos, pero ahora la tendencia es a la baja.
Machetes y drones para combatir la siembra
Los policías que guían los operativos de erradicación son llamados gepesistas. Con machete en mano, un aparato de GPS y una bitácora emprenden el viaje hacia las plantaciones de hoja de coca. Pueden caminar hasta ocho horas para llegar a las zonas montañosas o selváticas de Izabal, Petén y Alta Verapaz.
El equipo que participa en las erradicaciones se conforma por miembros de la SGAIA, soldados del Ejército y fiscales del MP. Los soldados y policías se encargan de arrancar de raíz, quemar los arbustos de hoja de coca y en algunos casos rociar con insecticidas. Mientras, los fiscales buscan evidencias para la investigación y dialogan con pobladores de las comunidades, si encuentran resistencia a la erradicación.
Téllez refiere que en cada operativo van entre 80 a 100 soldados, llevan machetes y carpas para acampar, porque las diligencias pueden extenderse por varios días. Cada unidad militar tiene un dron. También usan una aeronave no tripulada, similar a un dron, con un radio de 80 kilómetros de distancia, una cámara especial de visión nocturna, infrarrojos y mejor enfoque para captar imágenes.
«El que aspira a ser gepesista tiene que poseer excelente condición física porque debe caminar bastante entre barrancos, terrenos agrestes, en la montaña, cerros, planicies, entre aproximadamente 15 a 20 kilómetros diarios, pero además debe dominar a cabalidad la lectura de mapas, el uso de la brújula y por supuesto el aparato GPS», comentó el policía Inocente Yajcal.
Fuente: Subdirección General de Información Antinarcótica
El fiscal Ajiata afirma que combaten la siembra de hoja de coca con rastreos aéreos, terrestres y reciben asesorías para implementar el uso de tecnología satelital. En Guatemala suelen localizar arbustos de hoja de coca dispersos en medio de milpa y en zonas boscosas, lo que dificulta detectar las plantaciones con imágenes satelitales.
“En una hectárea podemos encontrar plantas dispersas, no como en los campos colombianos. No se pueden ver las plantaciones por imágenes áreas, incluso para Colombia es complicado determinar. El uso de la tecnología es primordial para hacer más efectivos (los operativos)”, explica Ajiatas.
El vocero del Ejército enfatiza en que han implementado tecnología con el uso de los drones para detectar las plantaciones, pero “al final de cuentas todo es trabajo a mano”. Por las dificultades para llegar a los territorios, los soldados y policías no pueden ir en camiones o helicópteros y deben caminar largas distancias.
Autoridades aún no detienen a narcos detrás de la siembra
El 1 de julio de 2020, las alarmas se encendieron. Reportaron algo que, en teoría, no ocurría en esa zona de Guatemala.
Ese día ingresó una llamada a la línea 1184 de la SGAIA. Alguien denunció la existencia de una plantación de arbustos de hoja de coca en un terreno cercano a la aldea Jumaytepeque, en el municipio de Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa. No tenía sentido porque, de nuevo, en teoría, la zona no reunía las condiciones climatológicas para la siembra.
Al llegar las fuerzas de seguridad junto con el Ministerio Público, se percataron de que las siembras estaban rodeadas de otras plantaciones y una separada de la otra, muy diferente en la forma que se cultiva en los países exportadores de cocaína.
El operativo tuvo dos resultados: la erradicación de 44 mil 344 arbustos de coca; y la captura de José Amaya Barrera de 61 años, quien estaba a cargo de la limpieza y cuidado del cultivo.
GuatemalaLeaks solicitó estadísticas de capturas en plantaciones y laboratorios para producción de pasta de coca, pero la PNC no brindó los datos.
Desde 2018, el MP y la PNC reportaron en sus cuentas institucionales de redes sociales sólo tres detenciones en laboratorios y plantaciones de coca. Los tres detenidos tienen un perfil más parecido al de Amaya que al de los grandes capos que lucran con el tráfico de drogas.
En agosto de 2020, Ignacio Isaías Xol Coc fue detenido cuando se encontraba en un laboratorio de producción de pasta de coca, cercano a campos donde erradicaron arbustos de coca.
A inicios de 2023, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad dirigió el proceso de inspección y destrucción de un pequeño laboratorio y plantaciones de coca ubicadas a más de 236 kilómetros de la ciudad capital, entre las aldeas de San Antonio 1 y San Francisco, del municipio de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz.
En el operativo capturaron a José Antonio Pop Rodríguez, de 41 años, quien almacenaba dos bolsas de base de coca y soda cáustica. La fiscalía determinó que esos eran insumos para la elaboración de pasta de cocaína.
El caso de Amaya y Xol fueron archivados, mientras que Pop fue sentenciado por encubrimiento propio el 19 de mayo de 2021. Según el artículo 474 del Código Penal, la pena de este delito es de dos meses a tres años. Pop fue condenado a tres años de cárcel.
“Hay algunos casos de gente que se captura en el lugar, otras investigaciones están en seguimiento”, refiere Ajiatas sin dar casos puntuales. Su versión coincide con la de Helver Beltetón, jefe de la SGAIA de la PNC, quien indica que se realizan capturas por siembra y comercio de sustancias ilícitas.
Agrega que en derecho penal es personalísimo y sus circunstancias pueden variar incluso por un mismo delito. “Un ejemplo de ello es que a alguien que le pagan 100 quetzales (13 dólares) por cuidar la siembra no se le va a imputar un delito grave”, refiere el fiscal entrevistado.
Tanto los investigadores de la PNC como los del MP señalan que las estructuras utilizan poblados donde viven personas con escasos recursos. Los entes involucrados en la investigación y erradicación del cultivo señalan que en estas zonas, generalmente alejadas a núcleos urbanos, no se tiene la suficiente fluidez comercial de otros productos —es decir, que por la lejanía no compensa sembrar productos como el maíz o el frijol—, por lo que los terrenos se convierten aptos para este tipo de cultivo de ilícitos.
Según explica el fiscal, en ciertas zonas del país se requiere que la presencia de las fuerzas de seguridad sea más “robustas” ya que existe oposición de las comunidades. El investigador aclara que eso no significa que todos los pobladores apoyen la siembra de coca, ya que se detectó el caso en que una organización criminal se hizo pasar por una entidad no gubernamental para proponer sembrar un cultivo desconocido. En otras situaciones las personas de las comunidades no revelan las identidades de los dueños de las plantaciones de coca por temor a represalias.
“Se usan protocolos de diálogo para poder acceder a las áreas y es ahí en donde encontramos que utilizan terrenos no controlados y que no pertenecen a nadie”, dijo Ajiatas.
“Uno de los indicios que encontramos es que cuando la población obstaculiza el trabajo policial o del Ejército es porque existen grupos de organizaciones (vinculadas al narco) detrás de ellos”, aclara el jefe de la SGAIA.
La versión coincide con la del MP. “Hemos tenido investigaciones que incluso se aprovechan de las personas de ciertas comunidades y les dicen que este tipo de cosechas les dará mayor rendimiento”, expresa Ajiatas, y agrega que muchas veces los agricultores desconocen qué tipo de producto les dan para sembrar.
Para los investigadores entrevistados existen indicios de la existencia de “más cabezas detrás de este tipo de acciones”, pero saben que el tema es complejo porque convergen muchas cuestiones sociales en las comunidades, y eso complica la presencia de las fuerzas de seguridad.
El presidente Alejandro Giammattei presume que su gobierno dejará un Ejército más equipado, profesional y con mejores capacidades. En agosto de este año, el presidente entregó cuatro vehículos tácticos blindados de última generación para incursionar en áreas de alto riesgo.
A pesar del equipo y recursos tecnológicos, desde que se descubrió la primera plantación de hoja de coca, en 2018, Guatemala no ha capturado a ningún líder del crimen organizado vinculado a la siembra de hoja de coca o ha desarticulado estructuras criminales que quieren establecer un sistema de producción de coca en el país.
Carlos Mendoza, director de la asociación civil Diálogos y quien fue comisionado para la revisión de la política de drogas en Guatemala en el periodo de 2014-2015, opina que el peligro de que Guatemala se convierta en un país productor de coca es que el crimen organizado llegue a controlar territorios y a sus pobladores, mayor ingobernabilidad, cooptación de las instituciones públicas y financiamiento electoral ilícito para garantizar políticos afines.
Beltetón cree que las fuerzas de seguridad del Estado aún mantienen el control territorial. “Gracias a Dios y derivado de todas estas operaciones que se han hecho contra el narcotráfico, podemos decir que el control de los territorios lo tenemos nosotros hasta el momento. Hay mucho que hacer, todavía falta”.
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