Una fosa clandestina en uno de los barrios de la ciudad de Guatemala donde más mujeres desaparecen, en su mayoría niñas y adolescentes, devuelve la mirada a la zona 18 donde predomina el silencio frente al asedio de las pandillas y las ausencias de sus muertos.

Cada día se reporta la desaparición de una mujer en la ciudad de Guatemala y cada alerta de búsqueda parece diluirse ante la frágil institucionalidad. Muchos vecindarios coexisten con las pandillas a costa de temor y silencio, como el de Lomas de Santa Faz, la colonia de la zona 18 donde se encontró una fosa clandestina con los cuerpos de siete mujeres. A pocos días de cumplirse un año del hallazgo no hay responsables por el crimen ni una explicación de qué pasó con las siete víctimas, entre ellas tres adolescentes, cuya desaparición fue reportada entre abril y mayo de 2022. La única pista es que la casa donde se cavó la fosa está en el territorio de uno de los líderes del Barrio, Rudy Alfaro Orozco, alias Smurf.  

La zona 18 es la más poblada en la ciudad de Guatemala y los investigadores antipandillas la llaman “zona máster” y uno de los principales territorios del Barrio 18, la pandilla que surgió en Los Ángeles, Estados Unidos hace ya más de 40 años. En las colonias con más incidencia delictiva y exposición a las pandillas, la población evita hablar con extraños, se cuida de “hablar de más”, cuenta un ex vecino de la zona 18 a quien llamaremos Alex en resguardo de su identidad. “Uno se acostumbra a no meterse en nada ni con nadie, es como una regla de supervivencia”, asegura.

Bajo ese acuerdo tácito de silencio se comprende que sean pocas las personas quienes se animen a hablar de sus temores, de los riesgos que enfrentan y las ausencias de sus muertos. Es así como también puede explicarse por qué predomina en la zona 18 el silencio ante la desaparición de mujeres: cada año se reporta un promedio de 50 desapariciones de niñas y adolescentes, casi una por semana, y de 10 mayores de 18 años, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público (MP). En todo el país, se reporta una media de 631 mujeres desaparecidas, unos 11 casos por semana y cada día se activa un promedio de seis alertas Isabel-Claudina. El departamento de Guatemala y la capital son los territorios con mayor incidencia.

Un temor latente de las familias en los barrios con más presencia de pandillas es el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, cuentan profesores de la escuela Fe y Alegría, uno de los 148 establecimientos que imparten educación primaria en la zona 18. Y aunque muchas personas se sienten inseguras, en sus 35 años de vivir en esa zona, ni Julia ni su familia han sido víctimas de alguna extorsión o hecho violento. “Lo que miramos alrededor es alarmante, pero tratamos de convivir con nuestros hijos y darles el mejor ejemplo”, dice la mujer de 47 años. Cuando se convirtió en madre, Julia dejó de trabajar para dedicarse por completo a la crianza de sus tres hijos, para siempre estar cerca de ellos y evitar que el entorno violento los absorbiera. La mayor trabaja y va a la universidad, el mediano es adolescente y el más pequeño va a la primaria.

Otras madres entrevistadas para este reportaje, expresaron bajo anonimato, su preocupación por el bienestar de sus hijos adolescentes. Laura y su esposo, ambos trabajadores en la empresa privada, decidieron mudarse de la zona 18 cuando su hija llegó a la adolescencia como una medida para mantenerla a salvo del interés de alguno de los “muchachos que andan metidos en cosas”.

Un reciente estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que “en múltiples ocasiones las mujeres, incluso niñas, son hostigadas y acosadas por pandilleros para que accedan a convertirse en sus parejas”. El informe publicado en febrero pasado también advierte “muchas mujeres acceden de manera consentida a relaciones sentimentales con pandilleros motivadas por la protección que tal relación pudiera brindarles”.

En la zona 18, un territorio bajo asedio de las pandillas, son frecuentes las noticias sobre desapariciones y asesinatos que pasan inadvertidos, pero el 15 de diciembre de 2022 la atención se volcó en una casa abandonada en Lomas de Santa Faz, donde fueron sepultadas siete mujeres.

Las siete mujeres que fueron encontradas en la fosa de Loma de Santa Faz fueron reportadas como desaparecidas entre abril y mayo de 2022, cuatro de ellas desaparecieron en la zona 18, y tres tenían entre 15 y 16 años, como Carol Mishel Díaz Ordóñez, quien fue vista por última vez el 25 de abril cuando salió de su casa para cenar con una amiga que había conocido en las redes sociales. Ese fue el relato que la madre compartió con un reportero de la cadena radial Sonora siete meses después de la desaparición. La mamá de Carol estaba desesperada y encontró en la prensa un canal para tratar de localizarla. “Que alguien se apiade, que me digan qué fue de ella”, dijo a la emisora que dedica buena parte de su programación al reporte de sucesos.

La mamá de Carol asegura que vio la foto de su hija con la supuesta amiga en las actualizaciones de WhatsApp. Como en muchos casos, se desconoce qué tipo de procedimientos se efectuaron para tratar de encontrar a Carol y a las otras seis mujeres. Un expolicía que asesora a familiares de personas desaparecidas asegura que el rastreo de los celulares o el análisis comunicacional es una diligencia urgente en el caso de desaparición de mujeres, pero no siempre se gestiona con la agilidad necesaria.

Varios exinvestigadores y exfiscales coinciden en que las primeras diligencias son fundamentales para tener pistas sobre una mujer desaparecida. También señalan los obstáculos que se presenta en esta labor, desde las cargas de trabajo, el desinterés, los prejuicios y los criterios de los jueces para autorizar ciertas solicitudes de información u otras tareas de búsqueda. El prejuicio hacia la víctima pasa por el cuestionamiento o descalificación a su forma de vida -salir de noche, embriagarse o tener algún nexo con una pandilla, por ejemplo-.

Las deficiencias en el seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres guardan relación con las que se denunciaron ante Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la gestión del caso por la desaparición de Claudina Velásquez Paiz y por las que condenó al Estado de Guatemala en 2015. Velásquez, de 19 años, fue vista por última vez el 12 de agosto de 2005 cuando salió de su casa hacia la universidad donde estudiaba para abogada. Un día después, su cadáver fue encontrado con signos de violencia y al paso de 18 años, el crimen sigue en la impunidad. Los padres de Claudina denunciaron la ausencia de su hija apenas horas después de su desaparición, pero la policía no activó la búsqueda inmediata. Lo que sí hizo la policía con rapidez fue adelantarse a cuestionar a la víctima y a emitir juicios equivocados sobre ella. La trataron como “una cualquiera” ha repetido con indignación, Jorge Velásquez, el padre que persiste en la búsqueda de justicia. “Vivimos en un Estado fallido, desde antes de 2005, un Estado que no se preocupa por sus ciudadanos y unos ciudadanos que no provocan que el Estado se preocupe por ellos”, dijo el padre de Claudina, Jorge Velásquez, en una entrevista con el medio digital Factor 4 en septiembre de 2022.

El caso de Claudina Velásquez se mantiene vigente “porque insistimos, si no sería uno de tantos que sigue en impunidad” apunta Velásquez, pero nota que no todas las familias de las víctimas tienen las herramientas ni el tiempo para recurrir ante las cortes internacionales en busca de justicia.

Un remedio que no termina de probar su eficacia

Las mismas deficiencias se encontraron en 2001, con la desaparición y femicidio de María Isabel Véliz Franco, de 15 años. Ambos casos llegaron hasta la Corte IDH que entre las medidas de reparación ordenó crear mecanismos de búsqueda. Y así, en 2016, surgió la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas y la Alerta Isabel-Claudina, que se implementó en 2018. Cinco años después, el mecanismo no ha llegado a su plenitud, ya que no se han establecido los equipos locales de búsqueda que manda la ley. Consultado para este reporte, el MP respondió que la metodología de los equipos se aprobó en el 2021 y “está en proceso de institucionalizar su integración y la asignación de recursos para su funcionamiento”.

La ley, aprobada en 2016, crea una Coordinadora Nacional y asigna al Ministerio Público a cargo de la Secretaría Ejecutiva por lo que es esa institución la que ha ejercido la dirección de la alerta Isabel-Claudina. Sin equipos locales de búsqueda que integren a liderazgos y autoridades vecinales, la acción del mecanismo se centraliza en las instituciones de seguridad.

Varios exfuncionarios de la PNC y del MP señalan que el avance de las investigaciones penales tiene que ver con la agenda de prioridades de la fiscalía General. Durante la gestión de Claudia Paz y Paz, las energías se concentraron en los casos del conflicto armado interno y delitos contra la vida; en la época de Thelma Aldana en los casos de corrupción. La segunda administración de Consuelo Porras se ha caracterizado por la persecución de opositores de la alianza política en el gobierno.

Hasta el 31 de agosto de 2023 se habían registrado 44 alertas Isabel-Claudina en la zona 18 y tres de las desaparecidas no habían sido localizadas. En el mismo periodo se activaron 29 alertas Alba Kenneth por la desaparición de niñas y adolescentes. De acuerdo con la vocería del MP, en los casos de desaparición de mujeres se realizan diligencias urgentes durante las primeras 6, 48 y 72 horas de recibido el reporte en coordinación con las otras instituciones que integran el Mecanismo de Búsqueda y comprenden visitas, entrevistas y recolección de información, verificación de redes sociales, movimientos migratorios y autorización judicial para el análisis de comunicaciones.

El seguimiento de las alertas Isabel-Claudina está a cargo de la Unidad de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas de la Fiscalía de la Mujer, bajo la dirección de una Fiscal de Sección Adjunta, un auxiliar que coordina y otros cinco auxiliares de turno y tres que dan seguimiento al bolsón de alertas activas. En total, diez personas están al pendiente de un promedio de seis alertas por día en todo el país. Según el MP, entre la toma de denuncias cotidiana, cada fiscalía distrital y municipal tiene la instrucción de asistir los casos por desapariciones de mujeres.

A lo largo de su búsqueda de justicia por el asesinato de su hija Claudina, Jorge Velásquez nota una gran indiferencia entre los funcionarios del sistema de justicia. “No les importa, no se identifican con las víctimas ¿Cómo hacer que el andamiaje camine si lo que hay es indiferencia?”, dijo en la entrevista con Factor4.

En los despachos fiscales se acusa una alta carga de trabajo y muchas veces, con poco tiempo y recursos, las y los fiscales están obligados a elegir a cuáles casos otorgarles prioridad. Si la familia de las víctimas no hace ruido, no reclama, su caso corre más riesgo de quedar en el olvido. Tanto Velásquez como familiares de otras mujeres víctimas de violencia acusan el desgaste que supone seguir un proceso penal en Guatemala. Se necesita tiempo, dinero y acompañamiento terapéutico, resume la madre de Andrea, una niña cuyo padrastro fue condenado por violación al cabo de casi tres años de ir y venir de las audiencias. Eso sin tener en cuenta las represalias de los agresores, sobre todo cuando se trata de estructuras criminales como las pandillas, por lo que para muchas de las familias de las desaparecidas, la búsqueda termina en las morgues. La justicia es una utopía.

Sepultar cuerpos, ocultar evidencias

Las fosas clandestinas son un mecanismo de las estructuras criminales para ganar impunidad, porque se supone que sin un cuerpo no hay delito. En Guatemala el antecedente más escalofriante se remonta a 2014, cuando la Fiscalía de Delitos contra la Vida extrajo seis cuerpos que habían sido sepultados en una arenera de Amatitlán. El hallazgo ocurrió en seguimiento a las operaciones de la banda Los Sierra Ovando, que operó entre 2008 y 2014 en ese municipio al sur de la ciudad de Guatemala. La fiscalía sospechaba que en el sitio había alrededor de cien cuerpos, pero las excavaciones debieron detenerse por falta de recursos para costear la maquinaria y tener a un equipo que trabajara en la zona. En 2020, un tribunal condenó a 16 miembros de Los Sierra Ovando por 21 asesinatos que los integrantes de la banda trataron de justificar como “limpieza social”. Durante el juicio, el acusado Cristian Melgar reconoció haber matado a dos de las víctimas porque eran extorsionistas.

En el caso de la fosa en Lomas de Santa Faz, la sospecha recae en uno de los líderes del Barrio 18, Rudy Alfaro Orozco, alias Smurf, que está en prisión desde 2009 por varios asesinatos y violación. Uno de los primeros casos en los que se utilizó el método especial de interceptaciones telefónicas, bajo la dirección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, permitió establecer que Alfaro coordinó el asesinato de su antigua pareja y la sustracción de su pequeña hija. La ejecutora del plan fue Jeimy Interiano -pareja de Wilmer Mendez, de la clica Little Psycho Criminal del Barrio 18, al igual que Smurf- quien estuvo prófuga durante once años.

En la pandilla, las mujeres cumplen roles tradicionales como ser compañera sexual de su pareja, ser madre, cocinar, limpiar, cuidar a los enfermos, visitar a los presos, como canal de comunicación y proveedoras de insumos o drogas a los detenidos, de acuerdo con el estudio Violentas y Violentadas que varias organizaciones desarrollaron en el triángulo norte de Centroamérica. Además las tareas que reproducen los roles de cuidados del patriarcado, a las pandilleras también se les asignan funciones de vigilancia, traslado de drogas y armas, cobro de extorsiones y en algunos casos se las reta a cometer asesinatos para legitimarse en el entorno masculinizado. Y si fallan, las matan.

El Smurf también es recordado porque en 2017 lanzó mensajes amenazantes al entonces director de presidios Nicolás García, durante el traslado de los integrantes del Barrio 18 desde Fraijanes I, hasta un centro de máxima seguridad en Escuintla, a unos 35 kilómetros de la ciudad. En 2020 los integrantes del Barrio 18 volvieron a Fraijanes I, desde donde los 76 líderes de clicas coordinan las extorsiones y asesinatos en las calles. La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) calcula que la población pandillera crece al mismo ritmo que la población. “El reclutamiento puede ser por herencia, un legado de padres a hijos, o por necesidad económica; se aprovechan de la pobreza de las personas y lo que no se les da en el hogar la pandilla se los ofrece”, explica Ángel Cámbara, el jefe de esa unidad”.

A Cámbara le preocupa el prejuicio respecto de la criminalidad en la zona 18, lo que crea un estigma social, de que es una “zona roja” o que toda su población tiene algún nexo criminal. Los datos evidencian más incidencia delictiva en ese territorio:  hasta septiembre de 2023, en el municipio de Guatemala se han registrado 432 homicidios, de los cuales 109 -10 mujeres y 99 hombres- ocurrieron en la zona 18. Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) para los años anteriores van en el mismo sentido, la zona 18 es donde se mata a más personas, al igual que en las zonas 1, 6 y 7 de la capital.

Cámbara atribuye que muchas de las muertes ocurren por disputas de territorio de las bandas criminales. Si alguien traspasa una calle de otro grupo criminal, hay muertes… Ante los repuntes, se refuerza la presencia policial, cuando se quita la vigilancia, hay más muertes, concluye el jefe de Dipanda.

Los cuerpos sepultados en Lomas de Santa Faz fueron encontrados por un grupo de Bomberos Municipales que llegaron a pedido del Ministerio Público. Los socorristas son llamados a ese tipo de escenas del crimen por su experiencia para rescatar cuerpos de entre los escombros por el colapso de estructuras o desastres. Un año después, no se sabe bajo qué circunstancias ocurrieron los asesinatos o femicidios de siete mujeres. La alerta de desaparición se desactivó porque fueron localizadas sin vida, como ocurrió con otras 259 mujeres desde 2018. De ellas, se calcula que 124 fallecieron de forma violenta y en 82 casos no es posible especificar bajo qué contexto murieron, de acuerdo con las entrevistas de seguimiento que hace la coordinación de la alerta Isabel-Claudina. En otros 23 casos se concluyó que la muerte fue por causa natural, 22 por accidente de tránsito y seis posibles suicidios.

Un fenómeno complejo

La fragilidad de la respuesta institucional quedó en evidencia ante los asesinatos de las siete mujeres sepultadas en Lomas de Santa Faz, localizadas meses después de que se les reportó como desaparecidas. Hasta agosto de 2023, la PNC reporta 73 denuncias por desaparición de niños y adolescentes hombres y 221 niñas y adolescentes mujeres en todo el país. En el mismo periodo y territorio, la PNC registra 94 denuncias por la desaparición de mujeres mayores de 18 años y ningún hombre ha sido reportado como desaparecido. La ausencia de las mujeres se reporta con más frecuencia que la de los hombres y en la mayoría de los casos (788 alertas equivalentes al 46%) se relaciona con la violencia simbólica, es decir con el “continuo de actitudes, gestos, patrones de conducta y creencias” que sostienen el maltrato hacia las mujeres y lo perpetúan, de acuerdo con el quinto informe Alerta Isabel-Claudina, publicado en agosto pasado.

Detrás de cada desaparición por violencia simbólica, hay una mujer que huye de la violencia que ejercen los padres, hermanos, primos o su círculo cercano, explica Sonia Acabal de la Red de la no violencia contra las mujeres (Rednovi). Al decir simbólico no debe confundirse con irreal, sino a las amenazas, violencia sexual, embarazos forzados y otras expresiones de dominación patriarcal. Todo el contexto antes de las desapariciones y los femicidios debería investigarse, practicar una “autopsia social”, pero es más fácil negar esa violencia poniéndole una etiqueta de violencia simbólica, reflexiona Acabal.

A nivel nacional, el departamento y la ciudad de Guatemala concentran la mayor cantidad de casos de desapariciones de mujeres y alrededor del 40 por ciento de las denuncias provienen de las zonas 1, 18 y 7. Hasta el 31 de agosto, el MP ha desestimado 309 casos de desaparición de niñas y adolescentes y 69 denuncias están bajo investigación. En cuanto a los casos de las mayores de edad, 21 están en investigación, 86 fueron desestimados, es decir que la fiscalía los cerró porque no encontró delitos que perseguir y 5 sí fueron concluidos. Durante semanas se buscó una entrevista con algún funcionario del MP para indagar sobre el seguimiento de los casos, pero no accedieron a dar explicaciones, más que con la mediación de la vocera María José Mansilla.

Entre 2018 y 2022, 55 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en la zona 18 y solo cuatro de ellas fueron localizadas, según los reportes estadísticos del MP, aunque no fue posible confirmar si permanecen en ese estatus porque no se actualizaron los registros. De esos casos, cinco permanecían bajo investigación, mientras el resto de las denuncias fueron desestimadas y/o archivadas porque para el MP no había algún delito que perseguir.

Si siete mujeres que estuvieron desaparecidas por varios meses fueron asesinadas y sepultadas en la zona máster de las pandillas ¿se abre una nueva caracterización de la violencia que las pandillas ejercen en desaparición y muerte de mujeres? La respuesta institucional del MP es que a través de la Unidad de Enlace Fiscalía de la Mujer de la Dirección de Análisis Criminal se implementa una base de datos estadísticos sobre mujeres desaparecidas que permite conocer y analizar el fenómeno. “Debido a la complejidad que implica la comprensión del fenómeno criminal y como este se vincula con la desaparición de mujeres, se han establecido factores para identificar los riesgos durante la búsqueda de las mujeres desaparecidas, dentro de estos se indaga si la mujer está asociada y/o tienen vínculos familiares o afectivos con miembros de pandillas u otros grupos criminales o si en el lugar donde vive operan estos grupos”.

Si la indagación en torno a un femicidio se limita al nexo de la mujer con la pandilla o sus vínculos, sin una autopsia social o análisis del contexto de la violencia, los prejuicios fácilmente empujarán las investigaciones al fondo del cajón, expone Acabal. Además, la saña o la desaparición de los cuerpos ya no son una práctica exclusiva de las estructuras criminales, varias condenas de femicidio recaen en las parejas o exparejas. “Más de 400 mujeres han muerto de forma violenta este año y no todas fueron víctimas de las pandillas”, enfatiza.

Además, reducir que un femicidio o un asesinato ocurrió por nexos con alguna pandilla también silencia la demanda social de justicia, como se observó en el crimen contra los payasos Charquito y Chispita, que estuvieron dos meses desaparecidos y fueron localizados en una fosa clandestina en un asentamiento de Villa Nueva, en julio 2022, recuerda Acabal. Los apoyos a los familiares y exigencia de justicia por la desaparición de los esposos Joselin Chacon y Nelson Villatoro, se diluyeron después de que la policía, sin abundar en detalles, señaló que tenían alguna relación con pandilleros.

Las mujeres y violencia de las pandillas

Un investigador de femicidios que pide no ser citado explica cómo las condiciones de desintegración y carencias socioeconómicas son aprovechadas por los pandilleros para captar o reclutar a las niñas, adolescentes y mujeres. “Sabemos que hay niñas que ya no quieren estar en el hogar, que tratan de buscar una ayuda” fuera del círculo familiar, explica. “Las pandillas tienen a personas que se encargan de la captación en centros educativos”, entre otros sitios y “cuando ven un detonante como carencias afectivas o de dinero, las encaminan a la estructura delictiva”, detalla.

Ya en la pandilla, ellas “son utilizadas para el cobro de extorsión o para vigilar personas o negocios y ahí se ve la discriminación hacia las mujeres, porque ellas nunca les van a dar un rango, como los hombres que nombran a coordinador de calle o sicario”. También son utilizadas para que, muchas veces contra su voluntad, visiten a los líderes de las pandillas que están en prisión, que podría llevarnos a casos de trata, dice el policía. Un extrabajador del sistema penitenciario señala que los controles carcelarios no son exhaustivos por lo que no se puede descartar el ingreso de niñas y adolescentes.

En la pandilla, las mujeres “son desechables” porque si “planchan en una situación”, es decir, si fallan o incumplen con la tarea que les mandan, las matan, dice el investigador. La incorporación y la permanencia de las mujeres a la pandilla puede ser voluntaria o bajo amenazas, con manipulación. “La mayoría de las personas que hemos tenido fallecidas han tenido una alerta Isabel-Claudina, por eso es importante darle seguimiento a ese mecanismo”, recalca. 

Alex, el ex vecino de la zona 18 que de adolescente se escapó de las garras de la pandilla, recuerda que uno de sus amigos desapareció durante varios días y luego se enteró, por otros amigos, que “los muchachos le habían dado para abajo”, es decir que los pandilleros lo habían matado y lanzaron el cuerpo al barranco. Desde entonces, Alex tiene la idea de que los barrancos al final de las colonias El Paraíso y Lomas de Santa Faz “son grandes fosas clandestinas” donde nadie baja a buscar a sus muertos.

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) por parte de los medios ConCriterio y No-Ficción.