Ronald García Navarijo, ex gerente general del Banco de los Trabajadores (Bantrab), implicado en un caso de corrupción investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), acusa al presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, de “chantaje”, por supuestamente pedirle Q200 mil a cambio de no implicarlo en un caso de lavado de dinero. Un movimiento inesperado de la fiscalía obligó a Zamora a pedir la suspensión de la audiencia para cambiar a sus abogados.

“Este es un montaje diseñado, fabricado y ejecutado con eficacia por el presidente, la fiscal general y otras personas. El testigo de la contraparte; el señor Ronald García Navarijo, lo conozco desde el año 2 mil y pico”, dijo Zamora de 66 años con impavidez, después de la suspensión de la audiencia de primera declaración, donde se conoció el nombre del testigo que asegura haber sido chantajeado por el periodista, y al menos un pequeño atisbo de lo que implica este caso en contra del presidente de elPeriódico de Guatemala. 

La jornada del 3 de agosto inició con el intento de parte del Organismo Judicial obstinado en limitar el trabajo de la prensa para poder cubrir la audiencia contra Zamora y la fiscal auxiliar Samari Gómez;  incluso la seguridad del OJ restringió el paso en el nivel cinco de la Torre de Tribunales, donde se llevaría a cabo la audiencia, incluso horas antes de la llegada de Zamora y Gómez. Sin embargo, la propia Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), como parte acusadora, solicitó finalmente retirar la reserva del caso. 

La fiscal Cinthia Monterroso, quien ejecutó la orden de captura contra Zamora en su hogar el pasado viernes 29 de julio, tomó la palabra ante el juez séptimo de primera instancia penal, Fredy Orellana, e inició su intervención indicando que el presidente de elPeriódico habría recibido Q200 mil de parte del banquero García Navarijo. Monterroso presentó a este ex alto ejecutivo del Bantrab como el testigo clave que acusa a Zamora de pedir esa cantidad de dinero a cambio de no revelar su participación en el Caso Arca o también llamado Caso Brantrab.  

Los delitos que se señalan contra Zamora son: 1. Lavado de Dinero 2. Conspiración para el lavado de dinero 3. Chantaje. Mientras que a la fiscal Samari Gómez, ligada al mismo proceso, se le acusa del delito de revelación de información confidencial. 

Monterroso aseguró que la FECI del ex fiscal Juan Francisco Sandoval -desde hace un año en el exilio- no había “investigado suficiente” como para determinar la vinculación de Zamora en este caso de lavado de dinero. El ex fiscal Sandoval fue consultado sobre la afirmación de la fiscal indicó y respondió: “hubo dos informes de análisis financieros en los que quedó acreditada una operación financiera, se discutió quiénes serían los eventuales imputados y todo estaba listo previo a la salida de la Cicig. De hecho este fue el primer caso que se diligenció tras la salida de la comisión”. 

Sandoval agregó que el actuar de la fiscal Monterroso le pareció “temerario y de mala fé”, por tratar de involucrar a más personas sin un sustento real ni evidencia. 

El presidente de elPeriódico aceptó ante las cámaras de los medios de comunicación que en 2013 recibió, efectivamente, un préstamo de Q200 mil porque tenía problemas financieros en su medio de comunicación, pero negó rotundamente que el dinero fuera parte de un soborno. De hecho Zamora rindió una declaración como prueba anticipada ante la Feci antes de que el Caso Bantrab se hiciera público, ya que la fiscalía había detectado esa misma operación financiera que aparece en el expediente del proceso.

“Ellos hablan de que me prestaron Q200 mil, el me pidió cita, me pidieron la presencia de abogados y la documentación correspondiente porque efectivamente a mi me prestaron los Q200 mil para elPeriódico”, enfatizó Zamora

“García Navarijo me visitó la última semana de junio” 

Zamora aseguró que quien ahora figura como su acusador lo visitó en su oficina durante la última semana de junio, llegó sin previo aviso y le contó que el Ministerio Público le había congelado Q33 millones. Fuera de tribunales, Zamora también comentó que el fiscal Rafael Curruchiche, el jefe de la FECI, le pedía el 15% del dinero a Navarijo para que obtuviera de vuelta su dinero.  

“Por desesperación él seguramente comenzó a trabajar con ellos (Feci, de Curruchiche), antes entre 2010 y 2015, García Navarijo me ayudó a mí y a elPeriódico. Estoy seguro que para recibir sus Q33 millones, se prestó para armar casos en contra mí o y en contra de otras gentes que no se quiénes son (…) estoy seguro que optó por acogerse a la invitación que le hizo Curruchiche para que le liberaran su dinero”, recalcó Zamora. 

No-Ficción intentó obtener una respuesta del fiscal Rafael Curruchiche ante el señalamiento realizado por Zamora, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta a las múltiples llamadas telefónicas y al mensaje enviado a su persona.  

El caso Bantrab 

García Navarijo, que ahora es el colaborador de la Feci en el caso contra Zamora, fue capturado el 7 de febrero del 2018 tras pasar dos años prófugo. La Cicig y la antigua Feci de Sandoval, requirió su captura por ser parte de los miembros de junta directiva del Bantrab que configuraron una asociación criminal que tenía como finalidad saquear las arcas de la entidad bancaria. 

El caso tuvo origen el 18 de julio del 2011, cuando el Bantrab publicó una subasta de 10 fincas, con un precio de Q4 millones que fue pagado al banco por la empresa Desarrollos 2812 S.A. El monto era menor a los Q7 millones que correspondía al valor real asignado al avalúo de la propiedad. Además Navarijo y los directivos del banco autorizaron pagar Q5.5 millones a la abogada Flores Paz, simulando el pago de su salario, cuando el dinero fue trasladado a una empresa de cartón que pertenecía a los directivos. La CICIG acusó directamente a García Navarijo. 

El dinero, según las investigaciones, fue utilizado para adquirir 10 inmuebles en Villas de Elgin en la zona 13 de Ciudad de Guatemala. Se trataba de una propiedad que formaba parte de los activos extraordinarios del Bantrab, no obstante, la venta fue autorizada por los directivos procesados. 

Seis ex directivos fueron enviados a juicio en 2018: Juan Miguel Arita, Sergio Lemus, Karen Flores, Bodgan Aguirre, Astrid Overbeck y García Navarijo. Sin embargo, este último recobró su libertad el 15 de enero del 2020, cuando la CICIG fue expulsada del país por el ex presidente Jimmy Morales.

Un giro inesperado 

El propio José Ruben Zamora tuvo que pedir la suspensión de la audiencia, cuando la Feci señaló ante el juez que sus abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya serán acusados de conspiración para la obstaculización de la justicia dentro del mismo caso. Zamora, ante este imprevisto, decidió buscar un nuevo equipo de defensa para evitar un posible conflicto de interés y todas las partes se vieron en la necesidad de suspender la audiencia. 

La auxiliar fiscal de la FECI, Samari Gómez, también acusada en el caso, junto a su defensa deseaba que la acusación en su contra fuera leída en esta misma jornada, sin embargo el juez Fredy Orellana decidió que la primera declaración de ambos tendrá que esperar hasta el lunes 8 de agosto a las 9:00 am; día en el que se retomará el proceso y se darán más detalles de la acusación.

Al finalizar la audiencia, el procurador de los derechos humanos, Jordan Rodas, advirtió ante los medios de comunicación que el caso contra Zamora refleja la vulneración y ataque frontal que vive la libertad de expresión en Guatemala actualmente. “Dicen que el caso no es por el periodismo, pero ¿por qué congelan las cuentas de elPeriódico?, la ley prohíbe que esto se haga”,  enfatizó. 

Zamora se retiró del recinto rodeado de periodistas y una decena de guardias del Organismo Judicial que generaron un cinturón de seguridad a su alrededor, subió al elevador que lo conduciría hasta el sótano de tribunales donde posteriormente sería trasladado a Mariscal Zavala donde tendrá que permanecer al menos hasta el próximo 8 de agosto.