El juez Miguel Ángel Gálvez renunció a su cargo acosado por denuncias de la Fundación Contra el Terrorismo luego de 23 años de carrera. Gálvez tenía bajo su responsabilidad procesos de narcotráfico, gran corrupción y crímenes del conflicto armado. La salida de Gálvez del país refleja una incertidumbre generalizada para cualquier operador de justicia en Guatemala. Y es una pieza más en el desmantelamiento de todo vestigio de independencia judicial.

La expresión “honorable juzgador” es un término usado por fiscales y abogados para referirse a los jueces durante una audiencia. El calificativo se popularizó en 2015 para designar al juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar a raíz de las retransmisiones de audiencias de casos de corrupción presentados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Extensas jornadas en las que algunos de los secretos mejor guardados de las élites políticas y económicas eran detallados durante la exposición de casos de corrupción de alto impacto.

#HonorableJuzgador pronto se volvió una etiqueta para seguir las audiencias de grandes casos presididos por Gálvez. Casos como La Línea, que condujo a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti; o como Cooptación del Estado, con alrededor de 90 involucrados entre ex ministros, empresarios y los propios mandatarios. 

La carrera de Gálvez en el Organismo Judicial, sin embargo, ha concluído tras su renuncia ante la amenaza de enfrentar un proceso de antejuicio sin garantías de una defensa justa. 

El pasado miércoles 15 de noviembre, el juez Gálvez presentó su renuncia al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mediante una carta enviada desde San José, Costa Rica, país al que se había marchado en su periodo vacacional. El funcionario judicial señaló, en un comunicado difundido a través de las redes sociales, que tras una larga carrera dedicada a procesar casos de crimen organizado, corrupción y crímenes durante el conflicto armado; no podía contar con un proceso independiente. Un día más tarde, el pleno de magistrados de la CSJ anunció que aceptaba su renuncia y que abrirán la convocatoria para llenar su vacante.

“En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada”, dijo Gálvez al anunciar su renuncia al cargo. No hay justicia para el #HonorableJuzgador.

Comparto este mensaje a mi querido pueblo de Guatemala, de parte de un servidor que ha dedicado su vida a la defensa de una justicia independiente y el imperio del Estado de Derecho en el país. ¡Florecerás Guatemala! pic.twitter.com/EVj2ttUa1M

— Miguel Ángel Gálvez Aguilar (@Miguelgalvezag) November 15, 2022

La acusación de la Fundación contra el Terrorismo 

La acusación contra Gálvez surgió de una denuncia planteada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), una organización de extrema derecha creada para la defensa de militares retirados procesados por crímenes durante el conflicto armado. 

Esta organización fue ganando peso desde la elección en 2018 de la actual fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, y actualmente ha extendido su función a impugnar a fiscales y jueces que tienen a su cargo investigaciones sobre corrupción. Además, el presidente de la FCT, Ricardo Méndez Ruiz, y el abogado de la organización Raúl Falla Ovalle, dirigen a menudo mensajes a periodistas, activistas sociales, políticos y  particulares con “advertencias” sobre posibles investigaciones en su contra. 

Aunque Gálvez enfrentaba denuncias por parte de la FCT desde 2013 por procesos que conducía sobre crímenes durante el conflicto armado interno, ninguna de estas acusaciones había logrado avanzar hasta este año. 

En mayo de 2022 la Fundación contra el Terrorismo acusó a Gálvez de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales. Y esta vez, con la CICIG fuera de juego y Consuelo Porras al frente del MP, la denuncia sí prosperó. 

La FCT denunció a Gálvez citando un estudio académico elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), titulado “La prisión preventiva en Guatemala” y que aborda el fenómeno de la “prisión provisional”. Esta investigación explica las falencias físicas y normativas del sistema judicial y del sistema penitenciario para procesar de manera rápida a los acusados respetando su presunción de inocencia.  

Según explica la investigadora, Corinne Dedik, una de las co autoras el estudio usa la FCT para fundamentar la acusación contra Gálvez, “lo peligroso es que se usa parte del estudio sin el contexto en el que se ha hecho, ni los resultados que se tienen. Para sostener una acusación así hay que mostrar que se da un uso sistemático (de la prisión provisional). Habría que sostener eso con evidencia muy clara”. 

La figura de la “prisión provisional” no está reconocida en la jurisprudencia guatemalteca, y consiste en el tiempo de detención qué transcurre entre el momento de la captura de una persona acusada por un delito y su presentación ante un juez. En la práctica, explica Dedik, la prisión provisional es una fase preliminar a la “prisión preventiva”, es decir, cuando un juez decide enviar a prisión a un acusado mientras se conduce una investigación. 

«Lo peligroso es que se usa el estudio sin el contexto en el que se ha hecho, ni los resultados que se tienen», Corinne Dedik, investigadora del CIEN.

Sin embargo, en casos como los conducidos por Gálvez en el juzgado de Mayor Riesgo “B”, con decenas de acusados y muchos elementos de prueba, las audiencias se pueden extender por días o semanas, por lo que muchos jueces ordenan que los acusados pasen a “prisión provisional” mientras llega su turno de defender su inocencia. Se trata de un recurso del que echan mano numerosos jueces cuando tienen procesos en los que, por el número de personas involucradas, o la falta de espacio para realizar las audiencias, se retrasa la toma de su declaración y, por ende, dificulta que el juez o jueza pueda resolver dentro de los plazos de ley.

“En los megacasos ya no se tiene que hacer una audiencia por una o dos personas, sino en ocasiones hasta por 50 personas o más. Además, muchas veces no hay condiciones en los tribunales para que el Sistema Penitenciario traslade a los acusados. Es casi imposible en estos casos que se hagan en un tiempo prudente”, señala Dedik.

Los límites para su defensa

Como parte del proceso, la defensa de Gálvez intentó separar al juez pesquisidor a cargo del proceso, el juez Roaldo Chávez. El argumento era que el juez no era imparcial, al tener amistad con el abogado de Fundación contra el Terrorismo, Raúl Ovalle. Aunque el juez Chávez admitió la amistad con Ovalle, indicó que esto no afectaba su práctica profesional: “tampoco tengo relaciones de amistad íntima con el abogado Raúl Amilcar Falla Ovalle como lo quiere hacer ver el interponente, pues la amistad y el profesionalismo son cuestiones totalmente independientes”, indicó el juzgador en una respuesta la CSJ. 

Otro de los argumentos para separar al juez pesquisidor, Roaldo Chávez, es que éste laboró en el DECAM, el Departamento de Control, Armas y Municiones del Ministerio de Defensa (actualmente Digecam), y fue asesor del Ministerio de Gobernación durante la gestión del ex ministro Mauricio López Bonilla. Y ambos antecedentes lo vinculan a instituciones y funcionarios que enfrentan procesos conocidos por Gálvez en casos de crímenes durante el conflicto armado y corrupción. 

Además, la defensa del juez Gálvez argumentó que la acusación presentada por la FCT incluía la investigación de cinco casos estudiados en el estudio del CIEN, de los cuáles sólo dos fueron conocidos por el juzgado de Gálvez: el proceso contra el exintendente de Aduanas de la SAT, Claudia Méndez Asencio, en el caso La Línea; y del exministro de Gobernación, López Bonilla, en el caso Cooptación del Estado.

Ninguno de estos alegatos fueron tomados en cuenta y el proceso de antejuicio prosiguió.

Durante el proceso, la defensa de Gálvez también buscó que las audiencias por el caso fueran públicas, para que se conocieran los indicios que presentaban en su contra, lo cual también le fue negado.  

El perfil de Gálvez, casos de alto impacto

¿Pero por qué se concentraron tantos esfuerzos para procesar a Gálvez u conducirlo a renunciar?

El perfil del jurista Miguel Ángel Gálvez en el Organismo Judicial arranca en 1999 en juzgados penales en los departamentos de Quiché, Baja Verapaz y por último Chiquimula, donde conoció casos de narcotráfico de alto impacto durante seis años. 

En 2011, Gálvez obtuvo su traslado como Juez de Primera Instancia a los Juzgados de Mayor Riesgo, creados para tratar con estructuras del crimen organizado dentro y fuera del Estado.

La creación de los Juzgados de Mayor Riesgo fue parte de los compromisos que adquirió Guatemala al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y aprobar su propia Ley Contra la Delincuencia Organizada. Por su naturaleza, cuando se creó la CICIG, los procesos que apoyaba fueron trasladados a estos juzgados especializados.

Como juez de primera instancia penal para procesos de Mayor Riesgo, Gálvez tuvo en sus manos durante casi 13 años decidir si se enviaba a juicio a acusados por casos de gran corrupción, que involucraban a altos funcionarios e incluso mandatarios; masacres relacionadas con el narcotráfico, con jefes de algunas de las estructuras más poderosas del país; o por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, donde fueron acusados desde oficiales de bajo rango hasta altos mandos del Ejército. 

En cuanto a los de justicia transicional, los que más de cerca tocan a la Fundación contra el Terrorismo, Gálvez decidió enviar a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt, en el proceso por genocidio que más tarde fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad.

Otro de los casos de violaciones a derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno conocidos por Gálvez es el denominado Diario Militar. Este proceso involucra a ex oficiales de inteligencia acusados de secuestros y asesinatos de opositores al gobierno. Dos días después de que el juzgador enviara a juicio a los nueve acusados de este caso, el presidente de la FCT, Ricardo Méndez Ruiz, escribió en twitter una amenaza para Gálvez: “por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura, la cual prostituyó ante la agenda socialista”, y aseguró que lo vería “preso o exiliado”.

Al prevaricador Miguel Ángel Gálvez, la @FCTGuatemala lo hará pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura, la cual prostituyó ante la agenda socialista.
Lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Erika Aifán.
Empeño mi palabra en eso. pic.twitter.com/by86uiB0Mz

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) May 8, 2022

La independencia judicial contra las cuerdas

El 15 de noviembre, tras conocerse el envío de la carta de renuncia del juez Gálvez, el presidente de la FCT, Ricardo Méndez Ruiz, tuiteó que su “complicada situación” debía servir “como ejemplo a los jueces” del Organismo Judicial para que “apliquen la ley de forma independiente, y no de manera servil”. El mensaje incluía además una nada velada amenaza “@FCTGuatemala va por quienes faltan”. 

Con la aceptación de su renuncia por parte de la Corte Suprema de Justicia ahora iniciará un nuevo proceso para elegir un titular para el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, una decisión que quedará en manos del pleno de magistrados de la CSJ, los cuales han excedido en tres años su mandato al frente de la corte de manera irregular. 

La salida de Gálvez del país refleja una incertidumbre generalizada para cualquier operador de justicia en Guatemala. Y es una pieza más en el desmantelamiento de todo vestigio de independencia judicial. Algo que ya es reconocido internacionalmente, pero que tiene pocos o nulos efectos locales.

Al día siguiente de conocerse la renuncia del juzgador, la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (FECAJUD) se pronunció en respaldo a la decisión del juzgador de dejar el país “por los ataques en su contra y la imposibilidad de continuar ejerciendo la judicatura en Guatemala”. 

Su salida se une a una larga lista de ex fiscales, ex funcionarios de la CICIG, otros jueces y periodistas guatemaltecos que han optado por exiliarse ante el riesgo de una persecución penal en su contra. 

Esta lista incluiría, entre otras personas, a la exfiscal general, Thelma Aldana, quien salió del país en 2019 cuando buscaba ser candidata presidencial; al ex fiscal Andreí Gonzalez en el mismo año, luego de denunciar injerencia de la fiscal general, Consuelo Porras, en un caso de financiamiento electoral ilícito; o el exilio de la exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, quien fue electa para el tribunal constitucional, pero no se le permitió asumir el cargo.

Hace un año y medio, con la destitución del ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien investigaba al presidente Alejandro Giammattei en un caso de corrupción, se anuló el último reducto de investigación independiente. En marzo de 2022, cuando la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán, renunció a su cargo para abandonar también el país, se paralizó el seguimiento casos que tocan a las élites económicas en el financiamiento del sistema de partidos políticos. Ahora, con la salida de Miguel Ángel Gálvez, se completa un movimiento de piezas en el sistema de justicia guatemalteco. Además de trastocar el seguimiento de casos de corrupción, se remueve a un juzgador independiente para conocer procesos de narcotráfico y crimen organizado. 

Los engranajes de la impunidad están alineados.