¿Qué sucede cuando se investiga a los más ricos de Guatemala? ¿Qué pasa si la élite tiene posibilidades reales de ir a la cárcel sin poder detener los señalamientos en su contra con todo su dinero?  ¿Reaccionan? Sí, y lo hacen mal, destruyendo a su paso cualquier experimento que luche contra la impunidad.

La élite de Guatemala casi nunca muestra su forma humana. Son una enorme y pesada sombra de dinero, fincas y empresas gigantescas. Así han revoloteado, influyentes, a lo largo de los años. Pero un día de abril de 2018, fueron obligados a materializarse en carne y hueso. Fueron invocados, por nombre, empresa y apellido, acusados de haber manipulado las elecciones presidenciales de 2015 gracias a su dinero.

Aparecieron casuales y elegantes, envejecidos. Felipe Bosch de Negocios Bursátiles Consolidados S.A; Guillermo Castillo de Cervecería Centroamericana; José Torrebiarte Novella de Cementos Progreso S.A; Salvador Paiz del Grupo Paiz del Carmen PDC; Fraterno Vila de Ingenio San Diego S.A.; Andrés Botrán del Ingenio Santa Ana; Ramiro Samayoa de Ingenio Pantaleón y Herbert González de Ingenio Palo Gordo.

Estos empresarios habían convocado a una conferencia de prensa. Una muy poco común. Improvisada. Apenas pocas horas después de que la entonces Fiscal General Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez, los señalaran de haber aportado millones de quetzales mediante operaciones clandestinas a la campaña del ex presidente Jimmy Morales y su partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) para ganar las elecciones. 

Cuando aparecieron esa noche en algunos canales de televisión y en las redes sociales, pocas veces se les había imaginado así de preocupados y ruborizados. Todo contrastaba con la imagen/sombra de éxito que por años habían instalado. 

Al menos Salvador Paiz mantuvo la compostura empresarial cuando leyó su comunicado: “Ante el entorno electoral del 2015, los aquí presentes o representados decidimos participar facilitando la movilización de fiscales electorales para el partido FCN Nación, dicho partido no contaba con fiscales en las mesas electorales que resguardaran la voluntad de voto”. 

Luego, tras recibir una suave palmada en la espalda por parte de Felipe Bosch, Paiz dijo: “Estamos acá dando la cara, conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones personales y reconocemos con humildad que, sin saberlo, se pudo haber cometido un error”.

Según las investigaciones de Ministerio Público (MP), y gracias a la colaboración eficaz de dos empresarias, se había descubierto una trama de la élite guatemalteca que operó en 2015, inyectando más de US$1 millón, mediante simulacros de contratación de personal, que fueron a dar a las cuentas bancarias del partido de FCN-Nación. Ese dinero nunca fue reportado al Tribunal Supremo Electoral y eso constituía un delito. En los testimonios de colaboración, se narraba cómo el expresidente Morales fue quien sugirió el mecanismo ilícito para recibir el dinero. Los empresarios, a pesar de algunas alertas dentro del mismo grupo, aceptaron colaborar de forma anómala con el entonces candidato, cuyo eslogan de campaña era “Ni corrupto ni ladrón”.

En Guatemala financiar campañas políticas siempre ha sido un proceso plagado de oscuridad. Es deuda y conflictos de interés. Cuando un político gana las elecciones está comprometido con sus financistas, maniatado en sus decisiones políticas y cercado por las peticiones de sus patrocinadores. Muy poco se piensa en realidad en los ciudadanos, o en el bien común. Y desde la época democrática que empezó en 1985, este control ha sido ejercido por la élite empresarial. Los presidentes han sido únicamente ejecutores de planes más grandes orquestados por constructores, cafetaleros, bancos, ingenios azucareros, cementeras y cervecerías. “El financiamiento ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca, es la puerta de entrada al círculo vicioso de la corrupción, para la sustitución del bien común por intereses sectoriales y para la perpetuación de la vieja clase política en el ejercicio del poder”, esto lo dijo el comisionado Iván Velásquez al presentar el informe El financiamiento de la política en Guatemala a finales de 2015. Con ese informe la CICIG anunció, entre líneas, que esta sería una de las nuevas propuestas de investigación en la agenda de la política criminal de la CICIG. Y con eso se anticipó implícitamente que se escarbaría en las profundidades de las campañas políticas, el dinero detrás de los candidatos, donde todos los caminos conducirían a la élite más conservadora e influyente en el país.

Para ese abril de 2018, el trabajo de investigación de la CICIG sobre las campañas políticas era algo que ya rendía algunos frutos. ¿Qué significaba que los empresarios más poderosos de Guatemala tuvieran posibilidades reales de ir a prisión? ¿Se evidenciaba que este sector, con su dinero, siempre había influido en la forma de elegir presidentes? ¿Cómo reaccionaría la élite? Pero sobre todo, ¿cómo alguien se atrevía a cuestionar abiertamente su poder?

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“Cuando Bosch, Paiz y los Castillo salieron a defenderse y pedir disculpas por financiar a Jimmy Morales, las cámaras empresariales ya estaban enturbiadas. Revueltas y enojadas”. Estas palabras son de un empresario constructor, amigo cercano de José González Campo-Hinojosa, el expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) acusado en uno de los casos más grandes de corrupción que vio la luz en abril de 2017 y que fue llamado Construcción y Corrupción, donde se implicaba al ex ministro de comunicaciones y ex candidato presidencial, Alejandro Sinibaldi, y decenas de empresarios y representantes de las constructoras más poderosas en el país de dar sobornos a cambio del pago exprés de deuda acumulada por proyectos construidos en gobiernos anteriores. 

Hablé con este constructor bajo la condición de no revelar su identidad y de publicar únicamente lo que, según él, “aportara como contexto”. Esta es una de esas declaraciones autorizadas: “Cuando se acusó a los constructores por los sobornos a cambio de poder cobrar por fin la deuda de arrastre acumulada durante años, en 2017, el CACIF se dividió. Siempre ha habido diferencias entre las cámaras. Comercio versus café. Azucareros versus palma africana. Etcétera. Pero con el caso Construcción y Corrupción parecía que algo se había quebrado. No se lograba un acuerdo. Estaban los que entendían que si las empresas no cobraban la deuda y pagaban la extorsión del ministro se iban a la quiebra y los que no comprendían  esa situación porque no la habían vivido. Pero cuando se señaló a la cerveza, al cemento y al azúcar… eso puso en qué pensar a muchos. Todos irían a la cárcel. Eso instaló el miedo. Y unidad. Internamente lo llamaron El plan de punto y aparte”, me dijo el constructor.

Al indagar sobre este plan con algunas fuentes dentro de las cámaras empresariales, la respuesta breve es que nunca existió. No obstante, su origen se puede rastrear a noviembre de 2016, cuando, según un asesor técnico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), un tanque de pensamiento utilizado por el empresariado, se publicó un largo editorial en el diario Siglo 21, uno de los diarios más tradicionales de Guatemala y que fue utilizado por la ex vicepresidenta Roxanna Baldetti para lavar dinero. El diario sobrevivió convirtiéndose en un diario digital desde 2016, albergando el discurso de la derecha empresarial y haciendo cada vez más un periodismo poco riguroso. El artículo mencionado se titulaba, en efecto, “Guatemala necesita un punto y aparte” y uno de sus primeros párrafos tenía el siguiente contenido:

“Guatemala viene desde abril de 2015 –el año en que CICIG y MP desmantelaron una red de defraudación aduanera dirigida por el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxanna Baldetti– atravesando una serie de acontecimientos que, en principio, deberían de estar transformando nuestro país en un mejor lugar para la inversión y la generación de empleo. Pero algo pasa que no está funcionando bien. La economía se está paralizando y las proyecciones de desempeño económico para 2017 no son nada halagadoras”. 

El empresariado ponía en claro  que la lucha contra la corrupción, estaba desbaratando las finanzas del país. Pero al mismo tiempo, en tribunales, decenas de empresarios, ex presidentes del CACIF, ex presidentes de la Cámara de la Construcción, desfilaban ante los jueces pidiendo disculpas al pueblo de Guatemala. Una frase recurrente en las audiencias era la siguiente: “Si no pagábamos la extorsión, no nos pagaban, y nos iríamos a la quiebra”. 

Mientras se señalaba de corrupción a los empresarios en los tribunales de mayor riesgo, el mismo diario, días antes, publicaba una solicitud urgente de las cámaras empresariales: una cultura de negociación y diálogo. “Desde su llegada a Guatemala, Iván Velásquez no ha tenido diferencias de criterio con la sociedad civil. Sí las ha habido, y en abundancia, con la derecha política, el empresariado y el Ejército. Pero dicen que siempre hay una primera vez. Y a Velásquez ya le llegó”.

¿Qué querían negociar con este mensaje? ¿Por qué dialogar con Iván Velásquez? ¿En qué términos? ¿Era un mensaje o una amenaza de parte de los empresarios que semana con semana eran llevados a los juzgados cada jueves en lo que se conoció en redes sociales como #JuevesDeCicig?

El constructor amigo del ex presidente del CACIF capturado me contó que “parte del contexto” para muchos empresarios era no amanecer los jueves en Guatemala y viajar a Miami o a El Salvador de miércoles a domingo. “Había desesperación. Miedo a ser capturados”, dijo.

Entonces, un día Iván Velásquez aceptó reunirse con la élite que quería negociar. “Negociar el punto y aparte, una ley para reducir las condenas a aquellos que se declararan culpables. Encontrar una solución”, recuerda el constructor. “Pero no quiso. No escuchó”.

Las fuentes en off son una molestia para el periodismo de rigor. Los empresarios no hablan de estos temas a menos que pertenezcas a su círculo social. Y eso produce meta narrativas que más bien podrían ser solo monólogos aislados compartidos por un solo grupo. No obstante, en una entrevista con el medio Plaza Pública, Iván Velásquez, luego de la salida de la CICIG en septiembre de 2019, confirmó que la reunión con los empresarios sí se llevó a cabo. La cita ocurrió en casa de Felipe Bosch. “Llego yo solo, y hay 20 o 30 de los más importantes empresarios de Guatemala que me dicen que ya habían aprendido la lección y que esto tenía que parar. Que si no parábamos, lo que había que hacer era ponerle una cerca al país, rejas al país, porque todos quedarían presos”, recordó el ex comisionado.

Velásquez, en esa entrevista, llamaba “plan de punto final” a lo que los empresarios nombraron como “plan de punto y aparte”. 

El editorial de S21, continuaba así: “La evaluación compartida por varios analistas coincide en que este combate a la corrupción en la medida que siga siendo SELECTIVA, DOSIFICADA, VIOLENTANDO PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PENALES, HACIENDO CASO OMISO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, MEDIATIZADA EN EXTREMO, Y HACINANDO LAS CÁRCELES ABUSANDO DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD COMO MEDIDA CAUTELAR, la lucha contra la corrupción contradictoriamente seguirá profundizando la crisis económica y el desempleo”.

El mal de toda la corrupción en el país, según los editorialistas, radicaba en su totalidad en los funcionarios públicos. Los burocráticos, los delegados públicos, etcétera, esos eran corruptores. Los empresarios, por su parte, eran víctimas y no eran responsables  del cobro de los favores o la incidencia en las decisiones de los gobernantes tras financiar a los partidos políticos. 

Insistían, sin embargo, en que era momento de un punto y aparte: “Focalizar el sistema en corregir un largo pasado, no pareciera ser el mejor camino, porque se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Quizá poniendo un punto y aparte y empezar a partir de HOY, sería más efectivo. Cabe aclarar que lo anterior no significa seguir perpetuando un mal que ha convivido con nosotros desde siempre, más bien buscar una estrategia eficaz con el objetivo de combatir la corrupción y, por otro lado, que no genere más males que los que se quieren corregir. La corrupción en el sector público en Guatemala aún continúa y con toda razón la población sigue más que inconforme”.

Así se sintetizaba el pacto empresarial preparado para un punto y aparte. Pero necesitaban de un viejo aliado, el personaje que habían llevado a la presidencia para poder operativizarlo.

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Apenas con un año en el gobierno, en 2017, el presidente Jimmy Morales, el mismo que había recibido el dinero de los empresarios para su campaña, el mismo que había sugerido cómo ocultar las transacciones hacia su partido, enfrentaba la primera solicitud para el retiro de su inmunidad por parte del Ministerio Público. El Congreso de la República lo protegió y no permitió que fuera investigado en esa primera ocasión, acusado precisamente de financiamiento electoral ilícito. Se trataba, sin embargo, del primero de muchos pulsos de fuerza entre el Ejecutivo y la CICIG, como un juego de RPG, por turnos, que duraría cerca de dos años. 

Desde entonces, las crisis políticas de Guatemala fueron intermitentes: Si la CICIG acusaba de fraude al hijo y al hermano de Morales al haber alterado facturas en un contrato  con el Estado por US$26 mil en 2013… el presidente viajaba a la Organización de Naciones Unidas en Nueva York para solicitar una reunión de emergencia con Antonio Guterres, el jefe de Iván Velásquez. Lo hacía en secreto, tratando de ocultarlo a la prensa y a la ciudadanía.

Si el presidente, desde un cuarto oscuro, un domingo de madrugada, declaraba Non-Grato al jefe de la CICIG… El MP presentaba un caso en el que Morales había recibido durante nueve meses un sobresueldo por parte de Ministerio de la Defensa por más de US$61mil, en el que también pedía el retiro de su inmunidad. La Corte Suprema de Justicia desestimó este señalamiento. 

Si la CICIG presentaba cheques, correos, documentos y grabaciones donde se evidenciaba que la cúpula empresarial de la cervecería, los ingenios azucareros, los bancos habían aportado dinero de forma anómala a la campaña electoral de Jimmy Morales, y pedía por tercera ocasión el retiro de antejuicio del presidente… El Congreso, mediante el partido oficialista, reformaba el delito de financiamiento electoral ilícito para que la responsabilidad no recayera sobre los secretarios generales de los partidos políticos –como lo fue Morales-, sino en sus contadores y administradores. Ese día los diputados reformaron el código penal y anularon la responsabilidad del presidente en un caso presentado por la CICIG. Pero también, los diputados, en su afán de controlar las acusaciones en contra de todos los políticos señalados por corrupción, fueron más allá y cambiaron una sección de la ley penitenciaria cuyo efecto dejaba en libertad a más de un 70 por ciento de criminales que cumplían condena en las prisiones de Guatemala. Era algo inaudito y muy irresponsable. Los congresistas recularon dos días después Pero ya era demasiado tarde, y esa noche de septiembre de 2017, tras manifestaciones ciudadanas que rodearon al Congreso de la República por más de 10 horas, sin dejar salir a ninguno de los diputados, surgió un nombre que por fin categorizaba el actuar de todos los sectores políticos y empresariales que buscaban frenar la lucha contra la impunidad: “El pacto de corruptos”. 

Esa manipulación del Código Penal fue la versión más burda de un “plan punto y aparte” proveniente de la clase política de Guatemala. 

Impopular, desgastado, un Jimmy Morales  durante casi año y medio capitalizó su puesto como presidente para sobrevivir y buscar impunidad ante cada uno de los señalamientos en su contra. Utilizó los 14 ministerios bajo su cargo para establecer una “política” en contra de la CICIG, donde la Cancillería y Gobernación fueron los mayores articuladores de un discurso que se trasladó en acciones a nivel internacional, ante la ONU y varios lobbys políticos en Washington y Nueva York, y desde lo local, con cambios en la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC), entidad en la que se empezó a detectar fuga de información relacionada a casos de alto impacto donde habían órdenes de captura en contra de varios empresarios. 

Ese fue el escenario en el que la élite empresarial, al no lograr acuerdos con Iván Velásquez y no lograr detener las acusaciones en su contra, planteando una ley de punto y aparte para volver a empezar desde cero, recurrió al presidente Jimmy Morales, ya convertido en un personaje oscuro, para que fuera su aliado en pro de la impunidad, contra la CICIG y su comisionado. 

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Mientras se hacía más evidente el enojo del presidente Jimmy Morales por el actuar de la CICIG, los casos en contra de los empresarios también iban en aumento. 

¿Cuántos empresarios habían sido señalados de corrupción en menos de dos años? ¿Qué implicaba capturar a los accionistas mayoritarios de gigantescas  e importantes corporaciones guatemaltecas? ¿Cómo reaccionaba la élite con su prestigio, su vida, completamente mancillados? 

La lista de los grandes empresarios capturados era larga y empezó en mayo de 2015 con Max Quirín, expresidente de la entidad que regula los precios de exportación del café (Anacafé). Quirín había sido señalado por la CICIG en el caso IGSS-Pisa, donde era parte de la junta directiva del Seguro Social que no se opuso a un soborno de US$2.3 millones para un contrato de diálisis otorgado a una empresa de cartón que costó la vida de 50 pacientes renales. 

En 2016, uno de los accionistas mayoritarios de Banco Industrial, José Luis Gabriel Abularch fue arraigado y citado en tribunales, cuando su empresa Aceros de Guatemala, la mayor metalúrgica en el país, fue señalada de haber utilizado 30 empresas fantasmas, en un esquema complejo que tenía como propósito evadir el pago de US$100 millones en impuestos y conseguir devoluciones de crédito fiscal por US$1.5 millones.

Ese mismo año, 19 empresarios de alto rango fueron llevados a tribunales por haber financiado de manera ilegal al Partido Patriota, a través de la ex vicepresidenta Roxanna Baldetti. Entre los implicados de este caso llamado Cooptación del Estado había ex presidentes de la Cámara de la Construcción, miembros de la Cámara de Finanzas, gerentes generales de la industria extractiva de Montana Exploradora y de Claro, la gigante de las telecomunicaciones en Guatemala. 

En 2017, el caso Construcción y Corrupción llevó al banquillo a decenas de constructores, acusados de pagar sobornos millonarios al ex ministro Alejandro Sinibaldi a cambio del pago de deuda por obras públicas realizadas en años anteriores. 

Y en 2018, la lista de empresas tuvo una escalada importante cuando el caso Traficantes de Influencias, presentado un jueves de CICIG, daba cuenta de una estructura criminal que funcionaba dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dedicada a tramitar expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de sobornos para las siguientes empresas: Maya Quetzal (US$350 mil 600), Industria de Tubo y Perfiles S.A. Inturpesa (US$700 mil 500), Reforestadora de Palma El Petén, REPSA (US$ 5 millones), Producción y Negocios Industriales (US$500 mil), Ingenio Palo Gordo (no se concretó el crédito fiscal), Grupo Magdalena (US$ 2 millones 500 mil). Fue el año en que también se presentó el caso Odebrecht en su versión guatemalteca pero con el mismo patrón de sobornos a cambio de contratos para la construcción de obra pública.

El punto máximo llegó ese 2018 cuando la cervecería, la industria del azúcar, la banca, fueron acusados de financiar la campaña de Jimmy Morales de manera ilícita. Ese fue el día en que los empresarios pidieron perdón públicamente por sus errores. Y fue el día en que inició la implementación, de manera más formal, del “plan punto y aparte”. 

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Un atisbo de cuánta molestia se había acumulado en las cámaras empresariales llegó con una publicación del diario digital Nómada, en septiembre de 2018, en el que se aseguraba que las cámaras empresariales aglutinadas en el CACIF habían invertido más de US$135 mil para que dos firmas dedicadas al cabildeo con funcionarios del Senado y el Congreso en Washington intercedieran en diversos temas económicos de interés para Guatemala y Estados Unidos. 

Según el reportaje, el CACIF creó una oficina en Washington llamada US Guatemala Business Council con el propósito de “tender puentes para fortalecer las relaciones económicas entre ambos países”. Y se sugería, entre certezas y dubitaciones, que había sido utilizado para interferir en la lucha contra la impunidad en Guatemala.

Édgar Villanueva, el director ejecutivo de la oficina del CACIF en Washington se defendía con la siguiente declaración: “La agenda del US-Guatemala Business Council se enfoca estrictamente en temas que permitan mejorar el clima de negocios, el crecimiento económico y el fortalecimiento de la relación entre Guatemala y Estados Unidos. Dicha iniciativa valora la lucha contra la corrupción al ser parte importante de esa agenda de mejoramiento del clima de negocios por lo que hemos pedido que ambos gobiernos sigan colaborando para fortalecerla. Rechazamos cualquier afirmación sobre gestiones en contra de CICIG, pues no es parte de nuestra misión ni de nuestros objetivos”.

Si el CACIF movía sus piezas en Washington, el Ejecutivo también jugaba en la misma parte de este tablero de ajedrez, enviando delegados, pagados con fondos públicos, como también denunció Nómada en otro reportaje, para que hicieran lobby con altos funcionarios del Congreso y el Senado estadounidenses. 

El objetivo del gobierno de Jimmy Morales, no obstante, era cambiar al embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, y en consecuencia alterar el apoyo político y financiero que recibía la CICIG para operar en Guatemala. Esta vez, con más certezas que dubitaciones, la publicación periodística destacaba los viajes del entonces embajador de Jimmy Morales en temas migratorios, Marvin Mérida, y el de cuatro diputados (como plan B) a Washington. Miembros de una alianza con el oficialismo, los cuatro diputados eran Jaime Regalado, señalado de tener vínculos con el narcotráfico en Petén y electo diputado por el PP en 2016;  Oscar Quintanilla Villegas, electo en 2011 por la UNE y más tarde tránsfuga a Líder, cuyo hermano Carlos Quintanilla fue capturado por el caso de corrupción del Transurbano; Julio Lainfiesta, del partido Unidad del Cambio Nacional (UCN), cuyo líder y excandidato presidencial, Mario Estrada, fue extraditado a Estados Unidos acusado de negociar con el cártel de Sinaloa el financiamiento para su campaña a cambio de dar permisos para aterrizajes de vuelos cargados con cocaína en el país y negociar el asesinato de rivales políticos; por último estaba Fernando Linares Beltranena, del PAN, un abogado conservador, miembro de una familia acaudalada, que articulaba el discurso del empresariado dentro del Congreso. 

Los intereses del ex presidente Morales coincidieron con los de la élite y las cámaras industriales internacionalmente en el afán de frenar el trabajo de la CICIG y procurar impunidad a toda costa. El sueño de volver a empezar desde cero, con un punto y aparte solo se transformó en la continuidad de un punto y seguido que acrecentó y afianzó la corrupción. 

Los dos lobbys, el de Jimmy y el de la élite empresarial, lograron que los congresistas republicanos retuvieran los fondos de la CICIG, por más de US$6 millones, durante seis meses en 2018. 

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Meses después, a finales del 2020, me volví a comunicar con el constructor que quería ayudar aportando con contexto. Estaba contento, porque a varios de sus amigos les habían reducido la condena, o bien estaban a punto de recobrar la libertad con prisión preventiva desde sus casas. Los empresarios empezaron a ser favorecidos por las decisiones de las Salas de Apelación, integradas por magistrados zombies, que debieron haber entregado su cargo desde octubre de 2019, pero debido a un caso de tráfico de influencias, donde se señaló al empresario y operador político de ex presidentes y partidos políticos, Gustavo Alejos, de haber contaminado todo el proceso de elección de cortes, el cambio de magistrados ha quedado paralizado indeterminadamente.

La CICIG terminó su mandato en 2019, en septiembre. Jimmy Morales fue el responsable de dar por terminado a más de 12 años de buscar un cambio democrático a través de la justicia. Le pregunté al constructor únicamente si el lobby, el del ex presidente y el de los empresarios, habían sido coordinados. Dijo que “en esencia no, o no tanto”, pero que sirvió de reencuentro, no tanto para limar asperezas, porque nunca se habían distanciado, sino para intentar ser funcionales en sus intereses comunes. Si se referiría al interés común de detener por completo a la CICIG, el empresario no quiso responder. “Hubo valor”, indicó.

En treinta y dos años de democracia, seis de los diez presidentes que han estado al frente del gobierno de Guatemala fueron condenados o enfrentaron procesos judiciales.  

A la fecha, uno de estos exmandatarios, Álvaro Colom, goza de libertad con medida sustitutiva, acusado de haber cometido fraude contra el Estado, US$35 millones, en el caso Transurbano, tras una investigación en la que participó la CICIG. Otto Pérez Molina, otro de los expresidentes de Guatemala guarda prisión acusado en varios casos de corrupción.

Un tercero, Álvaro Arzú, enfrentó un proceso de antejuicio, promovido por CICIG, y mantuvo su inmunidad falleciendo antes de que se resolviera una apelación presentada por el Ministerio Público (MP) ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

El cuarto expresidente en este conteo, Jorge Serrano Elías, rompió el orden constitucional dando un golpe de Estado y actualmente reside en Panamá.

Por último, el expresidente Alfonso Portillo, quien fue investigado por el MP y CICIG, y absuelto en Guatemala por el desvío de fondos a cuentas personales, fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero obtenido mediante sobornos. Portillo cumplió su condena e intentó ser candidato a diputado en las elecciones de 2015; no logró inscribirse por impedimento constitucional. Para 2019 impulsó un nuevo partido llamado Bienestar Nacional (Bien).

El sexto en esta lista es Jimmy Morales, que goza de inmunidad tras dejar la presidencia y convertirse en diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Morales en 2018 y 2019, respaldado por la cúpula empresarial, además de contar con el apoyo del ex presidente Arzú y su esquema de inteligencia militar que lo acompañaba desde la municipalidad de Guatemala, con miembros del extinto Estado Mayor Presidencial (EMP) que operaron como un Cuerpo Ilegal y Aparato Clandestino de Seguridad (CIACS) en los años noventa y ahora formaban parte de una estructura más compleja, como una Red Político-Económica Ilícita (RPEI) mediante el Partido Unionista, se atrevió a cuestionar aún más a la CICIG, esta vez desde lo local, en terreno guatemalteco.  

Para anunciar que no renovaría el mandato de la CICIG, en octubre de 2018, Jimmy Morales creó una escena que recordó los años del conflicto armado. Jeeps G8 (donados por Estados Unidos para combatir al narcotráfico) circularon por la ciudad y sitiaron durante horas las instalaciones de la CICIG. En tanto el presidente, en cadena nacional, se hacía acompañar del alto mando del ejército al compartir el mensaje del cese definitivo a la CICIG. 

Luego utilizó a la Cancillería con una táctica que consistió en suspender las visas de cortesía a varios de los investigadores extranjeros que investigaban casos de alto impacto para la comisión. Gobernación anunció después que no dejaría entrar a Iván Velásquez a Guatemala luego de haber salido a una reunión de trabajo en Washington. 

El último acto público de Jimmy Morales en contra de la CICIG selló su postura definitiva. Montó un show extraño dentro del Palacio Nacional, a inicios de 2019, donde había reunido a una serie de personajes que habían “sufrido” la “persecución selectiva” de la CICIG. 

En la televisión y las redes sociales aparecieron en escena los invitados del presidente. “Vamos a presentar casos emblemáticos”, dijo Morales. Pasaron al frente los Bitkov, la familia rusa que llegó a Guatemala tras la compra de documentos de identidad falsificados, se presentaron como perseguidos políticos del gobierno de Vladimir Putin. Ante las cámaras, los Bitkov explicaron su sufrimiento a causa de la CICIG.

Francisco y Estuardo Valdez Paiz, señalados de ser los autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg en 2009, fueron los siguientes en aparecer en los monitores de televisión. Su caso fue cerrado por falta de pruebas en agosto de 2017. “Nuestro caso no lo inició Iván Velásquez, sino Carlos Castresana (primer comisionado de CICIG en 2007), lo continuó Francisco Dall’Anese (segundo comisionado de la CICIG 2010-2013). Un caso de más de 10 años con litigios maliciosos”, explicaron.

Continuaron los hijos del ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, en prisión preventiva desde agosto de 2018, acusados de ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2006 dentro del Sistema Penitenciario en un caso llamado Operación Pavo Real. Maite y Carlos Vielmann Abascal, expusieron el caso de su padre como el de una víctima de una doble judicialización promovida por la CICIG.

 “Si CICIG no es parte de ONU… Si no responde a EEUU. Si no responde al gobierno de Guatemala… ¿A quién responde?”, preguntó Morales.

Ese show fue el anticipo de nuevos discursos anticicig por parte de los medios de comunicación tradicionales. Los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo apoyaron la decisión del presidente. Y el CACIF, publicó un comunicado indicando que todos los casos presentados en la conferencia de Morales, ya habían sido señalados por el sector empresarial organizado como faltas graves al debido proceso. 

Los siguientes meses, sin una solución por parte de la ONU, sin un comisionado sustituto de Iván Velásquez en Guatemala, la Comisión intentó llevar la inercia de su trabajo hasta su paralización por completo en septiembre de 2019. Investigadores de métodos especiales, agentes de policía, forenses, asesores, no fueron asimilados por completo por el Ministerio Público. La transición de funciones recayó en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Juan Francisco Sandoval, un joven fiscal que acompañó muchas investigaciones de alto impacto al lado de la CICIG.

Y el MP, en general, tomó una postura “vigilante” a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, una ex magistrada constitucionalista elegida por Jimmy Morales para ocupar el cargo.

Durante 2019, el crecimiento económico de Guatemala fue del 3,5 %, una cifra muy similar a la de años anteriores, como ha evaluado el diario El Economista. No hubo disminuciones drásticas o crecimientos importantes que se relacionen directamente a la lucha contra la impunidad. El 2020, no obstante, el país cerró con una caída del 2% en el crecimiento de su economía, pero dentro del contexto de una pandemia global tras la llegada del nuevo coronavirus. 

Las proyecciones económicas de 2021, se asemejan a las de 2016, 2017 o 2018… los años en que trabajó la CICIG en investigaciones en contra del empresariado. La economía no sufrió a causa de la lucha contra la impunidad en Guatemala. Era únicamente la evidencia de un sistema corrupto, aceptado durante décadas por los más ricos del país, lo que afectó directamente bolsillos particulares. La reacción de la élite, el plan de punto y aparte, hoy es solo la inercia del contragolpe, con un presidente como Alejandro Giammattei que en esencia configura tres particularidades: 1) Proviene de una familia acomodada. 2) Fue acusado de asesinatos extrajudiciales cuando fue director de presidios en 2006 por la CICIG. 3) Es quizás el presidente con la mayor deuda política de toda la etapa democrática desde 1985, con un desgaste de 20 años de campaña permanente, con más de cuatro partidos políticos sobre su espalda, donde nunca hemos conocido por completo el nombre de sus financistas. Un Deja Vu para Guatemala.